AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL. GENERAN INTERESES CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 23 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, AUN CUANDO SE CALCULEN DE FORMA AUTÓNOMA AL SALARIO BASE DE LA CONDENA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 147/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE MARZO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIOS: LUCINA BRINGAS CALVARIO Y LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 147/2024, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito(1) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,(2) pertenecientes al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
I. Antecedentes
1. Denuncia de la contradicción. A través del oficio 43/2023 de veinte de agosto de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 147/2024.(3)
3. En esa misma determinación, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes remitieran la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o, bien, superados o abandonados, y de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
4. Además, se hizo del conocimiento al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión del presente asunto y se le solicitó que comunicara si existía o no una diversa contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio radicado en ese Alto Tribunal sobre el tema a dilucidar.
5. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, a la ponencia de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.
6. Mediante acuerdo de siete de noviembre del año pasado, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema a dilucidar en esta contradicción.
7. Vigencia de criterios. Por autos de trece y veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, la Presidencia del Pleno Regional recibió los oficios del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante los cuales informaron que su criterio se encuentra vigente y que habilitaron y pusieron a disposición el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
8. Sin embargo, al advertirse diversas irregularidades en la integración del expediente electrónico y en la digitalización de la sentencia emitida en el amparo directo 196/2017, se requirió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito a efecto de que las subsanara.
9. Luego, mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por cumplido el requerimiento de mérito y al encontrarse integrado el presente asunto, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
10. El proyecto de trato se listó para su resolución el veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.
II. Competencia
11. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
12. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados del Primer y Tercer Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. Legitimación
13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III de la Ley de Amparo,(7) al haber sido formulada por los Magistrados integrantes de uno de los tribunales colegiados contendientes.
IV. Amicus curiae
14. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la sesión en que se programe la resolución del asunto.
15. Con relación a este tópico, antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. En caso de recibir alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la sesión programada para resolverla, será señalado en la resolución respectiva.
V. Criterios denunciados
16. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
17. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral 196/2017.
17.1 Demanda. Una persona trabajadora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante IMSS), la reinstalación en el puesto que desempeñaba, así como otras prestaciones derivadas del despido injustificado del que estimó ser objeto; de ese asunto conoció la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México.
17.2 Laudo. El once de noviembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó el laudo correspondiente, en la que, entre otras cuestiones, condenó al IMSS a la reinstalación de la parte actora en el puesto, así como al pago de salarios e intereses correspondientes.
17.3 Amparo directo. Inconforme con esa determinación, la apoderada legal del IMSS promovió amparo directo.
17.4 Postura adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Concedió el amparo solicitado; en lo que aquí interesa, precisó, que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce y que entró en vigor al día siguiente, establece que la condena a salarios vencidos no debe exceder de un periodo máximo de doce meses, computados desde la fecha del despido y que si al término de dicho plazo no ha concluido el procedimiento o dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario al dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago.
17.5 El tribunal consideró incorrecta la decisión adoptada por la autoridad responsable, pues por salario debe entenderse, en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.
17.6 Determinó que, prestaciones como el fondo de ahorro, aguinaldo y prima vacacional, previstas respectivamente en las cláusulas 144, 107 y 47 del Contrato Colectivo de Trabajo, forman parte del salario a que se refiere el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, cuando éstas se calculen de forma autónoma al salario base de las condenas, por tratarse de prestaciones semestrales, anuales u otro periodo, también su condena debe ser hasta por un periodo máximo de doce meses, por cuanto que forman parte del salario y, por tanto, no se ubica en la excepción que contempla el tercer párrafo del citado artículo, en razón de que se refieren al propio salario; ergo, también debe considerarse que aquéllas generan intereses sobre el importe proporcional de quince meses a razón de dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago.
17.7 Por tanto, concedió el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y dictara uno nuevo, en el que, respecto a las prestaciones de fondo de ahorro, prima vacacional y aguinaldo, condenara a su pago por un periodo máximo de doce meses, toda vez que forman parte del salario y, además, que dicha autoridad considerara que aquéllas generan intereses sobre el importe proporcional de quince meses a razón de dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago.
17.8 El criterio de referencia generó la tesis aislada I.3o.T.40 L (10a.),(8) de rubro y texto siguientes:
"FONDO DE AHORRO, AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL. AL SER PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL SALARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SU CONDENA DEBE SER HASTA POR UN PERIODO MÁXIMO DE 12 MESES Y GENERAR INTERESES, AUN CUANDO SE CALCULEN DE FORMA AUTÓNOMA AL SALARIO BASE DE LAS CONDENAS. El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, párrafos segundo y tercero, establece que la condena a salarios vencidos no debe exceder de un periodo máximo de 12 meses, computados desde la fecha del despido, y que si al término de dicho plazo no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario al 2% mensual, capitalizable al momento del pago; en este sentido, en términos del artículo 84 de la propia ley, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo; por ende, prestaciones como el fondo de ahorro, el aguinaldo y la prima vacacional, cuando éstas se calculan de forma autónoma al salario base de las condenas, por tratarse de prestaciones semestrales, anuales u otro lapso, su condena también debe ser hasta por un periodo máximo de 12 meses, ya que forman parte del salario a que se refiere el artículo 48 aludido y, por tanto, no se ubican en la excepción prevista en el tercer párrafo del citado artículo, en razón de que se refieren al propio salario; ergo, también debe considerarse que aquéllas generan intereses sobre el importe proporcional de 15 meses a razón de 2% mensual, capitalizable al momento del pago."
18. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 533/2023.
18.1 Demanda. Una persona servidora pública demandó del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco, la reinstalación en el puesto en que venía desempeñando, así como otras prestaciones derivadas del despido injustificado del que estimó ser objeto; de ese asunto conoció el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
18.2 Laudo. El dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó el laudo correspondiente, en el que, entre otras cuestiones, condenó a la patronal a la reinstalación de la parte actora en el puesto que venía desempeñando, así como al pago de salarios e intereses correspondientes y, por otro lado, absolvió al pago de diversas prestaciones.
18.3 Amparo directo. Inconforme con esa determinación, el apoderado legal de la parte actora promovió amparo directo.
18.4 Postura adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Respecto al tema que nos ocupa en la presente contradicción, dispuso que en cuanto al pago de los intereses sobre los conceptos de aguinaldo y prima vacacional que fueron topados a doce meses, estimó que éstos se originan mientras no se paguen los conceptos a que se refiere exclusivamente el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Jalisco.
18.5 Explicó que de dicho numeral se desprenden dos hipótesis normativas, a saber:
a) Si en el juicio correspondiente la entidad pública no comprueba la causa de terminación o cese, o se resuelve que el despido fue injustificado, el servidor público tendrá derecho a la indemnización constitucional o a la reinstalación, así como al pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses; y
b) Si al término del lapso de doce meses no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago y que esos intereses no serán aplicables para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
18.6 Sostuvo que respecto de los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, al apreciar el proceso legislativo, concretamente la iniciativa de reformas a la referida legislación de diecinueve de septiembre de dos mil trece, se desprende que la finalidad de aquéllos es la de sustituir la generación de los salarios vencidos por un lapso prolongado, dada la práctica que se ha dado de dilatar indebidamente la duración de los procedimientos burocráticos.
18.7 Luego de relatar los antecedentes legislativos de la reforma de treinta de noviembre de dos mil doce al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, el tribunal sostuvo que el objetivo de la modificación a la norma fue evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente, preservando el carácter indemnizatorio de los salarios vencidos, así como lograr la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y la conservación de las fuentes de empleo.
18.8 Indicó que el legislador estableció dos supuestos para cumplir con esos fines, cuando no se resuelva el juicio en un periodo de doce meses y, cuando el patrón no cumpla con el laudo se obliga a pagar los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, el cual se capitalizará o actualizará al momento de hacer el pago.
18.9 Dispuso que el pago de interés del dos por ciento mensual tiene la misma naturaleza que los salarios caídos, respecto de los cuales la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2003,(9) ha determinado que constituyen una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal intentada.
18.10 Expuso que esa indemnización fue establecida para sustituir el pago ilimitado de salarios vencidos al trabajador despedido injustificadamente, que se contemplaba anteriormente en la ley hasta que fuera cumplimentado el laudo.
18.11 Bajo ese orden de ideas, precisó que, de acuerdo con la actual reforma, la obligación al pago de esa indemnización, representada por el dos por ciento del interés se va a generar durante todo el tiempo que se tarde el demandado en pagar dichos salarios y en reinstalarlo, pues el monto que se genere equivale al rendimiento que en ese plazo producirá.
18.12 Señaló que el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en la parte final de su tercer párrafo, dispone que el pago del interés del dos por ciento no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
18.13 Concluyó que el pago del interés no garantiza la falta de pago de otras prestaciones e indemnizaciones, sino únicamente funciona como una compensación por el tiempo en que el trabajador deje de percibir las que expresamente alude ese párrafo, esto es, el pago de salarios vencidos, así como hasta que se le reinstale, en su actividad laboral.
18.14 En ese sentido, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que el interés se va a generar mientras la demandada sea omisa en efectuar el pago de las prestaciones a que se refiere exclusivamente ese numeral, pues el que el trabajador no los obtenga, es lo que producirá que se generen tales intereses, por disposición expresa del legislador.
18.15 Hizo hincapié en que la propia norma establece que dichos intereses no serán aplicables para otro tipo de prestaciones y que, al analizar los fines del legislador, se obtiene que el propósito de fijar el interés fue para no dejar en estado de indefensión al trabajador con el tope de salarios vencidos, es decir, para que no quede sin recibir un resarcimiento por la falta del pago de salarios vencidos.
18.16 Reiteró que la condena al pago de aguinaldo y prima vacacional topado a doce meses no debe incluir el pago de los intereses con que se origine a partir del treceavo mes y que comprenda hasta el momento en que se reinstale al actor.
VI. Requisitos para la existencia de la contradicción
19. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
20. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de "tesis", basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
21. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(10) 22. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
23. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
24. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
25. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(11) así como la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(12)
26. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VII. Existencia de la contradicción
27. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México determina que sí existe contradicción de criterios entre lo sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al dictar las sentencias denunciadas.
28. Ello es así, porque del análisis que se practica a las sentencias aquí involucradas, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en los argumentos que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.
29. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo en las partes considerativas de la sentencia que sustentaron.
30. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional considera que el segundo requisito se cumple con relación al criterio emitido por los Tribunales Colegiados en disputa.
31. Se afirma lo anterior, porque los órganos contendientes resolvieron sendos juicios de amparo directo, en los que adoptaron posturas divergentes, respecto a si el pago de aguinaldo y la prima vacacional, demandados en un juicio laboral, generan intereses o no sobre el importe proporcional de 15 meses a razón de 2% mensual, capitalizable al momento del pago, previsto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo y en el 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
32. Así, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito resolvió que fue apegado a derecho que se limitara al plazo de doce meses el pago de esas prestaciones, sin que se generara el interés mensual a que alude el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (de idéntico contenido al numeral 48 de la Ley Federal del Trabajo), porque el interés del dos por ciento, no es aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones, sino únicamente funciona como una compensación por el tiempo en que el trabajador deje de percibir las que expresamente alude ese último párrafo de la norma analizada.
33. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito concluyó lo contrario, esto es, que la condena del pago de esas prestaciones, generan intereses sobre el importe proporcional de 15 meses a razón de 2% mensual, capitalizable al momento del pago.
34. De acuerdo con lo anterior, es claro que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios divergentes respecto de un mismo problema jurídico, consistente en determinar si el pago de aguinaldo y la prima vacacional, demandados en un juicio laboral, en el que se condenó a su pago de forma autónoma al salario base, generan o no los intereses sobre el importe proporcional de 15 meses a razón de 2% mensual, capitalizable al momento del pago, previstos en el artículo 48, tercer párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que es de similar contenido al tercer párrafo del numeral 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
35. De lo anterior, se advierte que en efecto, los órganos contendientes realizaron ejercicios interpretativos para determinar si, el pago de aguinaldo y la prima vacacional como acciones demandadas en un juicio laboral por despido, constituyen parte del salario integrado u otro tipo de indemnizaciones o prestaciones, ello a fin de determinar si deben ser considerados en el cálculo de los intereses a pagarse al trabajador, una vez que ha transcurrido el plazo para el cumplimiento del laudo o sentencia laboral.
36. En ese sentido, como los Tribunales contendientes realizaron un ejercicio interpretativo respecto de un mismo punto de derecho y sus conclusiones resultaron opuestas entre sí; entonces, deviene inconcuso que se acredite el segundo requisito, para la existencia de la contradicción de criterios.
37. Cabe señalar que, el criterio que surja dará lugar a una jurisprudencia temática, pues se analizarán dos legislaciones que, aunque son de distinto fuero, son de igual contendido y fueron aplicadas en el mismo contexto (cálculo para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33166-511f224a/aguinaldo-y-prima-vacacional-generan-intereses-conforme-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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