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SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2016. · Registro digital (IUS): 27071
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-04-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, Pág. 998.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 8 DE MARZO DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ALMA RUBY VILLARREAL REYES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, y no se requiere la intervención del Pleno.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, dado que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, a quienes fue reconocida su legitimación por auto de presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

TERCERO.-El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, conoció el amparo directo 124/2016 (toca auxiliar 385/2016), promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Acatic, Jalisco.

El quejoso combatió la condena relativa al pago de salarios caídos e hizo valer la violación a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.(3)

En sesión de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó:

"En cambio, en la medida que se atiende a la causa de pedir que aparece claramente expresada por el solicitante de amparo, resulta sustancialmente fundado lo que se argumenta en el segundo concepto de violación, según se verá.

"Conviene destacar que en el segundo de sus motivos de inconformidad, el síndico municipal del Ayuntamiento de Acatic, Jalisco, medularmente expone lo referente a que resultó contraria a derecho la condena al pago de salarios vencidos de la que fue objeto su representado, debido a que se indicó que los mismos deberían calcularse, a partir de la fecha del despido injustificado, acaecido el diecisiete de junio de dos mil trece, y hasta que sea debidamente cumplimentado el laudo reclamado.

"A decir del solicitante de amparo, lo ilegal de tal determinación, estriba en que al emitirla, el tribunal responsable dejó de observar el contenido del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que resulta de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el cual se contempla un límite máximo de doce meses de salarios vencidos, calculados a partir de la fecha del despido y, en todo caso, el pago de intereses, excluyendo con ello por completo, la posibilidad de que dicha prestación se prolongue hasta que sea cumplimentado el laudo, como equivocadamente lo determinó el resolutor laboral de origen en el laudo reclamado.

"El impetrante de amparo, considera aplicable el señalado numeral, en la medida que entró en vigor a partir del uno de diciembre de dos mil doce; de tal manera que, asegura, si se atiende a la fecha en que presumiblemente se verificó el despido injustificado, en este caso, el diecisiete de junio de dos mil trece, o bien, a la de presentación de la demanda con la que dio inicio el juicio laboral burocrático de origen, es decir, el cinco de julio de esa misma anualidad, es incuestionable que para resolver sobre la procedencia del pago de salarios vencidos, exigido en el juicio natural, en todo caso, debió atenderse a la actual redacción del invocado artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, por ser el que se encontraba vigente en cualquiera de las dos datas precisadas con anticipación, sobre todo, si se toma en cuenta que el dispositivo que debe estimarse aplicable, en su caso, es el que estaba vigente en la fecha en que se produjo el despido alegado.

"Lo acabado de sintetizar, resulta sustancialmente fundado, como enseguida se pasa a demostrar.

"Para evidenciarlo así, es necesario puntualizar en esta ejecutoria, de entrada, que en la época en que se verificaron, tanto el despido del trabajador accionante, como la presentación de la demanda con la que dio inicio el juicio laboral de origen, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no contemplaba disposición alguna en torno al pago de salarios vencidos.

"En efecto, basta con remitirnos a la lectura de la mencionada legislación burocrática, conforme a su redacción anterior al veintiséis de septiembre de dos mil doce, para advertir que específicamente, en su artículo 23, sí contemplaba de manera expresa la posibilidad de acceder al pago de salarios vencidos, en los términos que a continuación se precisan:"

"‘Artículo 23.

"‘...

"‘El servidor público podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba, con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas, condiciones que no (sic) venía desempeñando o por que se le indemnice con el importe de tres meses de sueldo.

"‘Si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad pública de la causa de terminación o cese, el servidor público tendrá derecho además a que se le paguen los sueldos vencidos, desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo. ...’

"No obstante ello, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, precisamente, el veintiséis de septiembre de dos mil doce, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en el aludido medio de difusión oficial, fue derogado el numeral previamente transcrito, y no fue sino hasta el diecinueve de septiembre de dos mil trece, cuando se publicó en ese mismo rotativo, un nuevo decreto mediante el cual se adicionó una nueva redacción del invocado artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para quedar como sigue:

"‘Artículo 23. El servidor público cesado o despedido injustificadamente, podrá solicitar a su elección, ante el tribunal de arbitraje y escalafón, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

"‘Si en el juicio correspondiente no comprueba la Entidad Pública la causa de terminación o cese, o se resuelve que el despido fue injustificado, el servidor público tendrá derecho, sin importar la acción intentada, además a que se le paguen los sueldos vencidos, computados desde la fecha del cese hasta por un periodo máximo de doce meses.

"‘Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplimentado el laudo, se pagará también al servidor público los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. ...’

"De hecho, cobra especial relevancia destacar en esta ejecutoria que de la exposición de motivos del Decreto Legislativo 24121/LIX/12, publicado en el medio de difusión oficial el veintiséis de septiembre de dos mil doce, en el cual, entre otras cosas, se derogó el invocado artículo 23, obtenida del dictamen presentado por las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos de Trabajo y Previsión Social, y de Responsabilidades de la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, que aparece en el portal de la propia dependencia,(4) se advierte que el señalado numeral fue derogado bajo el singular argumento de que el reformado dispositivo 26 de la invocada legislación burocrática, ya contendría las disposiciones del diverso numeral 23, según se desprende del contenido de la porción conducente del aludido dictamen que a continuación se transcribe:

"‘Artículo 26. El propuesto artículo 26, contendrá las disposiciones del vigente artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En forma, el artículo contempla una redacción ciertamente práctica y sistemática del procedimiento de responsabilidad laboral, que permita mayor entendimiento y certidumbre al servidor público procesado y a la entidad pública. ...’

"Sin embargo, la sola lectura del señalado precepto número 26 que, acorde con lo expuesto, contendría las disposiciones del entonces vigente artículo 23, ambos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, permite apreciar que en el primero de esos dispositivos, en realidad no fueron incluidas las disposiciones atinentes a los salarios vencidos que se encontraban previstas en el numeral posteriormente derogado, puesto que su redacción final quedó aprobada de la siguiente manera:

"‘Artículo 26. El procedimiento administrativo de responsabilidad laboral se desahogará conforme a lo siguiente: ...’

"Como puede apreciarse, se trata de toda una serie de disposiciones que regulan paso a paso, el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral que debe seguirse en contra de los servidores públicos del Estado de Jalisco, para rescindir o dar por terminada una relación laboral, entre las cuales, dicho sea de paso, no se contempla derecho alguno al pago de salarios vencidos; de tal manera que, al parecer, a partir de la publicación del aludido decreto que suprimió el invocado artículo 23, se generó un vacío legislativo en la legislación burocrática aplicable en el Estado de Jalisco, desde luego, en lo que atañe al pago de la aludida prerrogativa laboral.

"Lo acabado de colegir, válidamente puede corroborarse con la lectura de la porción conducente de la exposición de motivos del diverso Decreto 24461/LX/13, que se desprende de la Iniciativa de Ley presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a la LX Legislatura, obtenida de la propia página del Congreso del Estado de Jalisco,(5) de la cual se desprende que los aludidos legisladores consideraron, entre otras cosas, que si bien era verdad que en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y en la propia Ley Federal del Trabajo, que en ese orden resultan aplicables de forma supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sí se regulaba la institución de los salarios vencidos, no menos acertado resultaba que no podía dejarse esta última legislación en las mismas condiciones, es decir, sin que se incluyera lo referente a dicha prestación, debido a que se trataba de una omisión legislativa injustificable que, incluso, había sido aprovechada para que los trabajadores burocráticos demandantes, obtuvieran incentivos muy generosos en la prolongación de sus juicios laborales, concretamente en el mencionado rubro de salarios vencidos.

"Lo anterior se desprende así de las porciones conducentes del aludido dictamen que a continuación se traen a la vista:

"‘2. El tema de fondo implica una medianía entre la justicia laboral y el interés general de preservar la utilización del erario en la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de las obligaciones sustantivas de las entidades públicas. Consideramos que es el momento oportuno de regular el conjunto de las prestaciones e indemnización a que es condenada la entidad pública cuando actúa como patrón y que no tienen una regulación puntual en la legislación burocrática local. Una omisión legislativa que ha sido aprovechada para que los trabajadores demandantes obtengan incentivos muy generosos en la prolongación de sus juicios laborales, concretamente el pago de salarios vencidos.

"‘4. Pese a que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, son aplicables de manera supletoria al ordenamiento burocrático estatal para regular la institución de los salarios vencidos, dejar las cosas en el estado actual es una omisión legislativa injustificable, en virtud de la problemática expresada párrafos arriba y dado que existe una reserva a favor de la jurisdicción local para efectos de regular las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, de conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción VI y 124, con relación al 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘6. Del conjunto de estos hechos y circunstancias, surge el planteamiento de la presente iniciativa. Hemos considerado recuperar el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios, que actualmente está derogado, pero que forma parte del capítulo «De la Terminación de la Relación de Trabajo», para regular la hipótesis del despido injustificado.

"‘Nuestra propuesta tiene implícitos los siguientes dispositivos:

"‘• Se regulan las consecuencias para la entidad patronal por el despido injustificado de los trabajadores de base.

"‘• Se respeta el derecho a opción entre la indemnización y la reinstalación a que se refiere el segundo párrafo de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"‘• Se regula el monto correspondiente a la indemnización, que será por el equivalente a tres meses de salario.

"‘• Se estipula con toda claridad que el pago de los salarios vencidos será parte de condena contra el patrón, pero determina que estarán topados en el equivalente a seis meses de salario.

"‘• Se señala que el pago se realizará en una sola exhibición.

"‘• Se establece que las erogaciones por este concepto deberán estar consignadas en los presupuestos respectivos, en congruencia con lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Queda de manifiesto pues, acorde con lo expuesto, que durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor del decreto, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil doce y el diecinueve de septiembre de dos mil trece, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no contemplaba siquiera la posibilidad de acceder al pago de salarios vencidos, por parte de los trabajadores burocráticos que alegaran un despido injustificado, como en la especie.

"No obstante ello, al advertirse de las propias exposiciones de motivos referidas en párrafos precedentes, que no fue la intención del legislador ordinario el suprimir dicha prerrogativa que, por formar parte del salario que les corresponde a los trabajadores, se erige como un derecho humano insoslayable a su favor, es incuestionable que no podía sino acudirse a las legislaciones que resultaban aplicables en forma supletoria a la precisada normativa estatal, para resolver sobre el problema planteado, sobre todo, si se toma en cuenta que en el caso concreto sí fueron expresamente reclamados los salarios vencidos por parte del trabajador accionante, e inclusive, constituían un derecho al que tenía la posibilidad de acceder, según se verá.

"En efecto, ante la evidenciada existencia de dicho vacío legislativo en la norma burocrática estatal, necesariamente debía acudirse a la normatividad que resultaba aplicable de forma supletoria en la data del despido, es decir, al diecisiete de junio de dos mil trece.

"Es así, porque el propio creador de las leyes dispone de la figura jurídica de la supletoriedad, que se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones de forma que se complemente con principios generales contenidos en otras leyes.

"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, estableció los requisitos para la aplicación de la supletoriedad de una ley respecto de otra, jurisprudencia que es del rubro y tenor siguientes:

"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.’(6)

"Efectivamente, en los términos de la mencionada jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), la aplicación supletoria de una norma no puede limitar su procedencia a aquellos casos que la ley a suplir, prevea expresamente la figura jurídica a suplirse, ya que dicha interpretación puede tener como consecuencia, limitar la finalidad que persigue dicha institución, que es auxiliar al juzgador en su función aplicadora de la ley para resolver las controversias que se le sometan a su consideración.

"Consecuentemente, es manifiesto que si en la legislación burocrática estatal no se encontraba contemplada disposición alguna en lo atinente al pago de salarios vencidos, por un error del legislador que pretendió incluirlo en un diverso numeral, resultando imperfecta la integración del nuevo artículo que lo contemplaría, deviene incuestionable que dicha omisión absoluta debía subsanarse mediante la inclusión de la normatividad supletoria.

"Ahora bien, en relación con el tema de la supletoriedad, el artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dispone lo siguiente:"

"‘Artículo 10. En lo no previsto por esta ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden:

"‘I. Los principios generales de justicia social, que derivan del Artículo 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"‘II. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

"‘III. La Ley Federal del Trabajo;

"‘IV. La jurisprudencia;

"‘V. La costumbre; y

"‘VI. La equidad.’

"Como puede apreciarse, del señalado numeral se desprende que en lo no previsto por la mencionada legislación, deben aplicarse en forma supletoria, en primer lugar, los principios rectores de justicia social, que derivan del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal; entre los cuales únicamente se consagra el derecho de los trabajadores a optar por el pago de una indemnización, en caso de despido injustificado, pero no se especifican los pormenores de dicha medida resarcitoria, mucho menos se regula la forma de acceder al pago de salarios vencidos, en su caso.

"Por ello, es necesario dilucidar si la legislación que deviene aplicable en segundo término, resulta apta para resolver la problemática planteada en el presente asunto.

"Así las cosas, conviene traer a la vista el contenido del artículo 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que literalmente dispone:

"‘Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:

"‘...

"‘III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo. ...’

"Dispositivo el anterior, del cual puede advertirse que ya contempla la existencia misma de acceder al pago de salarios vencidos, aunque no regula la forma y condiciones para acceder a dicha prestación.

"Lo anterior, desde luego, no significa que por esa sola omisión, deba inferirse que tales emolumentos se entienden aplicables hasta el cumplimiento total del laudo reclamado, puesto que no está expresado así en el propio texto legal recientemente transcrito; lejos de ello, se insiste, sólo se contempla la posibilidad de obtenerlos.

"Pensar lo contrario, implicaría desconocer por completo los principios de la supletoriedad de leyes, puesto que sin que exista una normatividad que verdaderamente regule la forma de acceder a un derecho, se estarían introduciendo de manera ilegal algunas disposiciones que tampoco están expresamente previstas en la normatividad aplicable, lo que, sin duda, constituiría un acto materialmente legislativo, que está expresamente proscrito para los tribunales.

"Por ello, es necesario acudir a la norma que resulta aplicable de forma supletoria en tercer lugar, es decir, a la propia Ley Federal del Trabajo, tal como lo arguye el Ayuntamiento quejoso, en la cual sí se establece no sólo el derecho de los empleados a obtener el pago de salarios caídos, sino la forma de cuantificarlos, así como sus límites y alcances, según se verá.

"En esas condiciones, no queda lugar a duda en cuanto a que, al momento de resolver sobre el reclamo de salarios vencidos efectuado en el juicio natural, la responsable debió haber ajustado su determinación al contenido del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo vigente, mismo que literalmente dispone:

"‘Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

"‘Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.

"‘Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. ...’

"Precepto del cual se advierte, como con acierto lo destaca el solicitante de amparo, que la condena al pago de salarios vencidos en el juicio natural, en todo caso, debió limitarse hasta el máximo de doce meses, contados a partir de la fecha del despido y, en su caso, al pago de los intereses que resultaran procedentes, en términos del invocado numeral; siendo en esa medida, fundado el motivo de inconformidad atinente.

"Consecuentemente, lo que procede es concederle al Ayuntamiento quejoso el amparo peticionado, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, señalado como responsable, deje insubsistente el laudo reclamado de dos de diciembre de dos mil quince, y en su lugar emita uno diverso en el que después de reiterar todo aquello que no fue materia de la presente concesión o resultó desestimado en esta ejecutoria, deberá ajustar la condena al pago de salarios vencidos que en su momento decrete, al contenido del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, es decir, limitándola al tope máximo de doce meses y pago de intereses correspondientes, en los términos previstos en el invocado numeral, por ser ésta la porción normativa aplicable en el caso concreto, como ya se demostró en el presente fallo."(7)

CUARTO.-Por otro lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, conoció de los amparos directos 385/2015, 1076/2015, 1245/2015 y 1259/2015, cuyos puntos medulares son del tenor siguiente:

1. El jefe delegacional en Álvaro Obregón, promovió el juicio de amparo directo AD. 385/2015 en el que, en su tercer concepto de violación, combatió la condena relativa al pago de salarios caídos e hizo valer la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.(8)

En sesión de siete de enero de dos mil dieciséis, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió:

"Finalmente, en el referido tercer concepto de violación, la impetrante aduce que la sala violó en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, dado que los salarios caídos debieron cuantificarse desde la fecha del despido alegado, y hasta un periodo máximo de doce meses.

"Lo anterior es inoperante, porque del escrito de contestación de demanda, no se advierte que la demandada haya fundado los hechos de sus excepciones, en los términos que ahora pretende, por tanto, si dicha cuestión no formó parte de la litis natural, tampoco puede serlo de la constitucional, de ahí que este tribunal no esté en aptitud de abordar el estudio de aquélla.

"Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial número 328, sostenido por la anterior Cuarta Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 265 del Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que al texto es como sigue:

"‘LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.-Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.’

"A mayor abundamiento, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la impetrante, se precisa lo siguiente:

"En efecto, en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, transcrito en líneas siguientes, la Ley Federal del Trabajo, resulta aplicable de forma supletoria a la legislación burocrática, en lo no previsto en aquélla."

"‘Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.’

"Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a), que se cita en líneas siguientes, determinó que para que opere la supletoriedad de un ordenamiento legal, deben satisfacerse los siguientes requisitos:

"1. Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio;

"2. Que el ordenamiento objeto de supletoriedad, prevea la institución jurídica de que se trate;

"3. Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico, sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y,

"4. Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

"La tesis de jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a), se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, y el del siguiente rubro y texto:

"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe)

"Ahora bien, en términos de la fracción III del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es obligación de los titulares de las dependencias, reinstalar a los trabajadores que hubieren separado, así como pagarles los salarios caídos respectivos, sin que dicha disposición mencione el periodo que debe abarcar la liquidación de estos últimos, según se lee de lo siguiente:"

"‘Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta ley:

"‘...

"‘III. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo ...’

"Por su parte, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (ordenamiento supletorio de la legislación burocrática

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27071-1f3bc923/salarios-caidos-de-los-trabajadores-burocraticos-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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