SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, A LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PACTADAS. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. BAJO EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN RELACIONES LABORALES, EN ELLAS SE PUEDEN PACTAR CONDICIONES SUPERIORES A LOS MÍNIMOS LEGALES QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LAS LEYES BUROCRÁTICAS RESPECTIVAS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 39/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR RESPECTO AL CRITERIO JURÍDICO. PONENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: MAGISTRADO JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: RAÚL HUERTA BELTRÁN.
Monterrey, Nuevo León. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, en sesión pública ordinaria correspondiente al quince de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la posible contradicción de criterios, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo, ambos del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua.
El posible problema jurídico a resolver por este Pleno Regional, consiste en dar respuesta a la siguiente interrogante:
¿Cuando se trata del derecho de los trabajadores burocráticos del Estado de Chihuahua, a recibir el pago de salarios caídos es procedente o no, acudir de manera supletoria al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con el precepto 77 del Código Administrativo de esa Entidad Federativa?(1)
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito firmado electrónicamente y recibido por correo electrónico oficial el diez de agosto de dos mil veintitrés y registrado en la oficialía de partes de este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, denunciaron la posible contradicción de criterios suscitada entre el emitido por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 78/2023, en cuya ejecutoria se ordenó la denuncia indicada, en contra de lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al fallar el amparo directo 818/2022.
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés, la presidencia de este Pleno Regional, con fundamento en los artículos 24, fracción V y 36, párrafo primero(2) del referido Acuerdo General, admitió a trámite la denuncia de que se trata.
Al tiempo, con fundamento en el diverso numeral 37, párrafo primero(3) del ordenamiento en consulta, turnó electrónicamente(4) el presente asunto, para su estudio, a la magistrada presidenta, según el orden equitativo que se lleva en la secretaría de acuerdos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 ídem,(5) lo que se hizo del conocimiento a la secretaría particular del ponente para los efectos conducentes.
A su vez, con apoyo en los artículos 39 y 40(6) del multicitado Acuerdo General, solicitó vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes remitieran y pusieran a disposición, tanto la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa, como los expedientes electrónicos relativos a los amparos directos 78/2023 y 818/2022, de sus respectivos índices, así como en el mismo formato el contenido del proveído en el que informaran si tales criterios se encuentran VIGENTES o, en su caso, superados o abandonados, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, acompañando al efecto, el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
De igual modo, con sustento en el artículo 45(7) del Acuerdo General en cita, se otorgó la oportunidad a cualquier persona o institución para que ofrecieran su opinión (amicus curiae) en torno a la presente contradicción de criterios, sin que nadie actuara en consecuencia.
3. Vigencia de criterios y remisión del expediente. Mediante acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintitrés, la presidencia de este Pleno Regional recibió el oficio signado por el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, mediante el cual informó que no existe en el índice estadístico de la Segunda Sala del Alto Tribunal, alguna contradicción de criterios que guarde relación con el tema a dilucidar por este Pleno Regional en el presente asunto y una vez que los órganos contendientes informaron que sus criterios seguían vigentes y habilitaron las constancias solicitadas, tuvo por integrado este expediente y dictó el auto de confirmación de turno electrónico a que alude el artículo 41(1) del Acuerdo General 67/2022 en consulta, para la elaboración del proyecto correspondiente.
4. Temporalidad en la elaboración del proyecto de resolución. De conformidad con el artículo 44(8) del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales, el plazo genérico (en tanto no se surten en el caso ninguna de las excepciones previstas en el citado numeral) de treinta días hábiles para formular el proyecto de resolución, transcurrió del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés (día hábil siguiente a la fecha de confirmación de turno y remisión de constancias a la magistrada ponente) al seis de noviembre de dos mil veintitrés, descontándose como días inhábiles, los siguientes: dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre; uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de octubre; cuatro y cinco de noviembre por ser sábados y domingos; catorce y quince de septiembre, doce de octubre y uno, dos y tres de noviembre por ser días inhábiles; así como también el dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre; también declarados inhábiles, lo anterior, con apoyo en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, 74, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, la circular número 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés, las circulares 28/2023 y 29/2023, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los avisos de suspensión de labores emitidos por este Pleno Regional, de dieciocho, diecinueve y veinticinco de octubre, luego, si el proyecto de trato se listó el seis de noviembre de dos mil veintitrés, es claro que se cumplió en tiempo con tal obligación normativa, tal como se ilustra en los siguientes cuadros:
Ver cuadros
I. COMPETENCIA
Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, es competente para resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 6, fracción I, 7, 10 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y el diverso numeral 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, toda vez que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte del País.
II. LEGITIMACIÓN
La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III,(9) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por los magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
A fin de determinar si existe o no un punto de contacto divergente entre los criterios sustentados por los referidos órganos jurisdiccionales, deben reseñarse brevemente los antecedentes procesales de los casos que cada uno de ellos resolvió y sintetizar la parte considerativa donde quedó plasmado su criterio motivo de discrepancia.
Juicio de amparo directo 78/2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés
Antecedentes procesales:
1. Un trabajador demandó del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua, entre otras prestaciones, la reinstalación o reposición en el puesto de Auxiliar con adscripción en la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social perteneciente al Poder Ejecutivo de ese Estado, así como el pago de los salarios caídos o vencidos desde la fecha de la separación injustificada hasta su reinstalación.
2. De la demanda conoció la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, del Estado de Chihuahua, bajo el expediente JA/380/17.
2.1 Seguida la secuela procesal, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno la Junta dictó laudo, en el que condenó por una parte y absolvió en otra sobre las prestaciones reclamadas; en la condena correspondiente topó los salarios caídos a un periodo de doce meses, en términos del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, aplicando la supletoriedad prevista por el artículo 77 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua.
3. Inconforme con el laudo, la parte actora interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, bajo el número de toca TAE/026/2022, el cual fue fallado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, confirmando el laudo combatido.
4. Disconforme con la resolución emitida en revisión, la parte actora promovió amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, bajo el número 78/2023.
5. En sesión ordinaria virtual de seis de julio de dos mil veintitrés, por mayoría de votos del Magistrado Arturo Alberto González Ferreiro y la Magistrada María del Carmen Cordero Martínez, en contra del voto particular emitido por el Magistrado José Juan Múzquiz Gómez, dicho tribunal colegiado emitió sentencia en la que calificó de infundados los conceptos de violación, y negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, conforme a las siguientes consideraciones, en lo que aquí interesa:
• Que para determinar si en tratándose de trabajadores al servicio del Estado (de Chihuahua), a la condena de salarios caídos le es aplicable supletoriamente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, destaca el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.",(10) que establece los requisitos para que opere la supletoriedad de normas.
• Que sí se reúnen los requisitos para que opere la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, respecto a la procedencia y términos de la condena a los salarios caídos como prestación indemnizatoria, esto, con base en el contenido de los artículos 77 y 105, fracción IV, del Código Administrativo local, dado que:
• El requisito relativo a que el ordenamiento a suplir establezca expresamente esa posibilidad, está colmado con el contenido del ordinal 77 del código administrativo en alusión, que dispone que en lo no previsto en ese ordenamiento legal, se aplicará supletoriamente, en primer lugar, la Ley Federal del Trabajo.
• El segundo requisito, consistente en que la legislación a suplir no contemple la institución o cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, o haciéndolo no las desarrolle o se regulen deficientemente, se colma, en tanto que la normatividad estatal aplicable no establece cuáles son las prestaciones indemnizatorias que el Estado de Chihuahua está obligado a cubrir por reparación injustificada de sus trabajadores, ni los términos en que deben otorgarse.
• El tercer requisito se cumple en la medida que éste consiste en que la omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, con la limitante de que con dicha aplicación se atiendan cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la norma a suplir: satisfacción que está en la deficiente regulación del Código Administrativo local respecto de los supuestos de prestaciones indemnizatorias y sus condiciones (como son los salarios caídos), en el evento de una separación injustificada, lo cual hace necesaria la aplicación de una norma complementaria.
• El cuarto requisito, relativo a que la norma supletoria no contraríe el ordenamiento a suplir, sino que sea congruente con los principios de éste y las bases que rigen la institución correspondiente se colma, en razón de que el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo no contraría el ordenamiento a suplir, esto es, el Código Administrativo local, sino que resulta congruente con este último, respecto de la obligación del Estado de cubrir las indemnizaciones por separación injustificada del trabajo.
• Que con base en lo anterior, se advierte que la legislación estatal a suplir regula deficientemente lo relativo a las indemnizaciones en el evento de una separación injustificada del trabajo, así como los términos en que se otorgará, lo que torna necesario aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para solucionar la deficiencia legislativa.
• Que por los motivos indicados procede el pago de salarios caídos por doce meses, conforme al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente.
• Que no resultó aplicable la jurisprudencia: 2a./J. 34/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.",(11) pues en la ejecutoria que le dio origen, se examinó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuanto al numeral 43, fracción III, que establece el pago sin límites de salarios caídos, en favor de los trabajadores que acrediten en juicio haber sido separados de manera injustificada, lo cual interpretó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como que fue intención del legislador no establecer máximo o límite temporal en dicho concepto, y que ello no constituye omisión o regulación deficiente que hiciera necesaria la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pues de hacerlo, conllevaría una restricción ajena a la intención del legislador al crear la ley burocrática aludida; sin embargo, esas cuestiones fácticas no ocurrieron en la especie, pues el Código Administrativo del Estado de Chihuahua prevé indemnizaciones en caso de separación injustificada, sin precisar cuáles son, ni los términos en que se otorgan, que pudiera conllevar una restricción.
• Que no obstó que la parte quejosa hubiera referido que en las Condiciones Generales de Trabajo, se contemple la figura de los salarios caídos sin tope en el cobro, pues de los ordinales 38, fracción IX y 40, fracción XII, de dicho pacto de voluntades laboral, se advierte que si bien prevén la obligación del Estado a pagar las indemnizaciones correspondientes, en el evento de separación injustificada, así como a recibir salarios caídos, dichas condiciones no establecen los términos en que se otorgarán, lo que permite considerar que el pacto también regula deficientemente dichas cuestiones, lo que conlleva la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo.
Juicio de amparo directo 818/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, en sesión de doce de enero de dos mil veintitrés
Antecedentes procesales:
1. Un trabajador demandó de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, ambas del Estado de Chihuahua, la reinstalación en el puesto de inspector de gobernación y el pago de diversas prestaciones derivadas del alegado despido injustificado.
2. De la demanda conoció la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, del Estado de Chihuahua, bajo el expediente JA/031/17.
3. Seguido el procedimiento por sus etapas, la Junta dictó laudo, en el que absolvió a la parte demandada de la totalidad de las prestaciones reclamadas.
4. Inconformes con el resultado del laudo, las partes interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales conoció el Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, bajo el toca TAE/067/2021; al resolver el asunto modificó el laudo y condenó a la parte patronal equiparada, entre otras prestaciones, a reinstalar al actor en su puesto y funciones, así como al pago de salarios caídos, con los incrementos salariales, de la fecha del despido hasta la reinstalación formal y material.
5. En desacuerdo con la resolución, las autoridades patronales equiparadas promovieron juicios de amparo directo, de los cuales conoció el Segundo Tribunal Colegiado, bajo los números de amparo directo 818/2022 y su relacionado 815/2022.
En sesión ordinaria virtual de doce de enero de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, el referido tribunal colegiado emitió sentencia en los amparos directos indicados, en los siguientes términos.
En el amparo directo laboral 818/2022, relacionado con el diverso 815/2022, negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado, en lo que aquí trasciende, por las siguientes razones:
• Que no resulta aplicable supletoriamente al Código Administrativo local, en torno a la condena por concepto de salarios caídos, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 48, en tanto que no se actualizan los requisitos para la aplicación supletoria de normas establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."
• Que no puede acudirse a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de establecer un límite a la cuantificación de salarios caídos, pues aun cuando el artículo 77 del Código Administrativo local, prevé la posibilidad de hacerlo en lo no previsto en la legislación estatal, dicho Código contempla el pago de salarios caídos y no establece un límite para su pago, por lo que esa situación no se trata de una regulación deficiente que amerite la aplicación de una norma complementaria.
• Que por las razones anteriores, de acudirse supletoriamente a la legislación laboral, se contrariaría el ordenamiento a suplir (Código Administrativo local), pues se impondrían límites que no están previstos, lo que resultaría incongruente con el ordenamiento a suplir, en tanto que conduciría a imponer una restricción ajena a lo dispuesto en la codificación suplida; en otras palabras, lo que establece el Código Administrativo local, sí está regulado, por lo que no existe omisión o vacío legislativo.
• Que en ese contexto, en atención al principio de que donde la ley no distingue el intérprete no debe hacerlo, si en el Código Administrativo local el legislador no impuso límites en la cuantificación de salarios caídos, no se debe coartar la forma en que deben ser pagados. • En apoyo de lo anterior citó la jurisprudencia 2a./J. 34/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO."
En el amparo directo laboral 815/2022, relacionado con el diverso 818/2022, se concedió el amparo únicamente por la cuantificación salarial de las condenas, tema ajeno al que se denunció como discrepante, por lo que no participa en esta contradicción de criterios.
IV. EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la posible contradicción planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.
Por contradicción de "criterios" debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
Sirve de apoyo para esta determinación la jurisprudencia P./J. 72/2010,(12) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Así como la tesis aislada P. L/94,(13) emitida también por el propio Pleno, del contenido:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
Así, de acuerdo con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúna una serie de características formales o fácticas.
Para corroborar entonces, que una contradicción es procedente, se requiere determinar si existe la necesidad de unificar criterios, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales.
En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
Por ende, si la finalidad de la contradicción es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales colegiados contendientes resolvieron alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentra algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este examen, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
A partir de lo expuesto, se verificará si el asunto cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción entre los sostenidos por los tribunales colegiados.
Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al resolver el amparo directo 78/2023, y lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al fallar el amparo directo 818/2022.
Primer requisito: Ejercicio Interpretativo y Arbitrio Judicial.
A juicio de este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos puestos a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al resolver el amparo directo 78/2023, mediante una facultad interpretativa, llegó a la conclusión de que al dictarse condena en favor de un trabajador burocrático al servicio del Estado de Chihuahua, por salarios caídos, sí es factible aplicar supletoriamente el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al Código Administrativo local, para topar el pago de dicha condena, en los términos del referido numeral.
Mientras que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al resolver el amparo directo 818/2022, concluyó, en un escenario fáctico similar, que no era procedente la aplicación supletoria del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, para limitar la condena por concepto de salarios vencidos.
Conforme a lo expuesto, se tiene que un Tribunal Colegiado de Circuito consideró que sí era posible la aplicación supletoria del artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, al Código Administrativo local, en la condena de salarios caídos, en tanto que el diverso concluyó que no era dable dicha supletoriedad.
Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.
Este Pleno Region
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32138-576df379/salarios-caidos-de-los-trabajadores-burocraticos-al-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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