SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES INEMBARGABLE SALVO EN LOS SUPUESTOS EXPRESAMENTE PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 68/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ANTONIO GUDIÑO CICERO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 68/2023, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los salarios de los trabajadores al servicio del Estado son susceptibles de sufrir embargo fuera de los casos que establece la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Dentro del amparo en revisión 217/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Erick Alberto Parada Díaz, en su carácter de Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en extinción de dominio por el Distrito Judicial Morelos del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Chihuahua denunció la contradicción de criterios respecto la temática: "Inembargabilidad del Salario de los Trabajadores al Servicio del Estado"; entre los sustentado por los siguientes Tribunales Colegiados de diversas regiones:
• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito en el amparo en revisión 217/2022.
• Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión civil 360/2021.
• Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión civil 465/2019.
• Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión civil 410/2019.
• Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión civil 243/2021.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en el amparo en revisión civil 104/2020.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el amparo en revisión civil 153/2021.
• Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en el amparo en revisión civil 190/2019.
• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en el amparo en revisión civil 43/2021.
• Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el amparo en revisión civil 178/2019.
• Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el amparo en revisión civil 69/2011.
2. Trámite de la denuncia. Hecha la remisión correspondiente, el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el asunto con el número de expediente 68/2023, lo admitió a trámite y ordenó remitir los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
3. En este mismo acto y a fin de integrar debidamente el expediente relativo, se solicitó al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito la remisión de la versión digitalizada del original o copia certificada del acuerdo en el que se informe si el criterio sustentado en el amparo en revisión 69/2011, de su índice, se encuentra vigente, asimismo requirió a los Tribunales Colegiados Décimo Primero en Materia Civil del Primer Circuito, Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Segundo en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, Segundo en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y Tercero del Trigésimo Circuito, la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias, o bien, la versión electrónica en la que consten las firmas electrónicas correspondientes, relativas a los amparos en revisión (civil) 178/2019, 410/2019, 465/2019, 243/2021, 360/2021, 104/2020, 217/2022, 153/2021, 43/2021 y 190/2019, respectivamente de su índice, así como del proveído en el que informen si el criterio sustentado en el asunto de su índice se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, deberá remitir la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio, lo anterior para estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente en que se actúa, así como del envío a la cuenta de correo electrónico.
4. Recibidos los autos en la Primera Sala, y agregándose los oficios **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, remitidos vía MINTERSCJN por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, así como el oficio ********** de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto.
5. Finalmente, por acuerdo de presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo por recibido el informe de vigencia del amparo en revisión 153/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, asimismo, el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe de vigencia del amparo en revisión 104/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y se determinó que el asunto se encontraba debidamente integrado por lo que acordó la remisión del mismo a la ponencia designada.
I. Competencia
6. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios,(1) de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos segundo y tercero(2) del Acuerdo General Número 1/2023, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero siguiente, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, porque el presente asunto emanó de la posible contradicción entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales y regiones, y en una materia que corresponde a la especialidad de esta Sala, sin que se advierta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. Legitimación
7. Los artículos 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227(4) de la Ley de Amparo establecen en esencia, que cuando los Tribunales Colegiados, los Plenos Regionales o incluso las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten criterios contradictorios, será el órgano colegiado que corresponda en superioridad jurisdiccional, resolver cuál debe prevalecer y, dependiendo de su jurisdicción, cobraría obligatoriedad para todos los operadores jurídicos del ámbito territorial que resuelvan alguna situación análoga.
8. Se trata de una medida de autocontrol, que se mueve en el ámbito de la seguridad jurídica, cuya única finalidad es abonar a la previsibilidad objetiva del derecho.
9. En efecto, la contradicción de criterios no es propiamente una acción que busque la solución a un conflicto pasado o presente, pues como medida de previsibilidad, sus efectos son futuros y se dirigen, en principio, a quienes sostienen los criterios divergentes, pero irradia su efectividad a la colectividad mediante la obligatoriedad de su resultado.
10. A eso se refiere el último párrafo de la fracción XIII del artículo 107 constitucional, en cuanto señala: "Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos Regionales conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
11. Luego, si no se trata de una acción o recurso cuyos efectos incidan en una situación fáctica, el Poder Reformador consideró que la posibilidad jurídica para instar su resolución debía acotarse a determinados sujetos, instalados en la primera línea de cercanía con la aplicación de los criterios divergentes.
12. Así, conforme a las disposiciones invocadas, de acuerdo a la instancia en que se hubiera suscitado la divergencia, los sujetos que tienen la posibilidad jurídica de instar la resolución de una contradicción de criterios son las Ministras o los Ministros, los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito, el o la fiscal general de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.
13. En consecuencia, para efectos de determinar si la denuncia es formulada por parte legitimada, es necesario analizar el origen formal de las resoluciones de las que emanaron los criterios contrapuestos, para ubicar el supuesto que habilita jurídicamente a quien denuncia, para instar su análisis y determinación interpretativa.
14. En el caso, la denuncia de contradicción de criterios fue formulada por Erick Alberto Parada Díaz, quien se ostenta como autoridad responsable dentro del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, materia del amparo en revisión 217/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.
15. Esto es, el denunciante Erick Alberto Parada Díaz, tiene el carácter de autoridad responsable con que se ostenta, es decir, tuvo la calidad de parte y, por consiguiente, está legitimado para denunciar la contradicción de criterios que nos ocupa.
III. Criterios denunciados
16. A continuación, se precisan los puntos relevantes y conducentes de las ejecutorias pronunciadas por los órganos de amparo.
17. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión AR. 410/2019, AR. 465/2019, AR. 243/2021 y AR. 360/2021.
Ver AR. 410/2019
Ver A.R. 465/2019
Ver AR. 243/2021
Ver AR. 360/2021
18. En vista de lo anterior, podemos decir que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al emitir las anteriores determinaciones, consideró en lo que interesa, que el salario de los trabajadores al servicio del Estado es inembargable, salvo en los supuestos expresamente previstos en la ley, de conformidad con la fracción VI del apartado B del artículo 123 y, el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo, así como tomando en cuenta lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 153/2016, y la tesis aislada 1a. CCLXVIII/2018 (10a.), de rubro: "INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SE ESTABLEZCA UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE AQUÉLLOS Y LOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO, NO GENERA SU INCONSTITUCIONALIDAD NI SU INCONVENCIONALIDAD."
19. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 104/2020.
Ver AR. 104/2020
20. En vista de lo anterior, podemos decir que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en similares consideraciones que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al emitir su resolución, consideró que el salario de los trabajadores al servicio del Estado es inembargable, salvo en los supuestos expresamente previstos en la ley, de conformidad con la fracción VI, apartado B del artículo 123 y, el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo, considerando lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 153/2016, y la tesis aislada, 1a. CCLXVIII/2018 (10a.), de rubro: "INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SE ESTABLEZCA UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE AQUÉLLOS Y LOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO, NO GENERA SU INCONSTITUCIONALIDAD NI SU INCONVENCIONALIDAD."
21. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 217/2022.
Ver AR. 217/2022
22. De lo anteriormente sintetizado, tenemos que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, también suscribió las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 153/2016, en el sentido de que el salario de los funcionarios públicos es inembargable, en términos del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 10 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador y 98 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, y que, la posibilidad excepcional de que tal embargo ocurra, solamente se podría dar en ciertos casos previstos en las leyes; cuando se trate de prestaciones alimenticias a las que fue condenado el trabajador. Lo cual, no vulnera el derecho de acceso a la justicia, en ninguna de sus vertientes.
23. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 190/2019.
Ver AR. 190/2019
24. De lo relatado, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, ajustó su resolución a la conclusión alcanzada por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 422/2013, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), cuyo criterio adoptó como obligatorio de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el salario de los trabajadores sí es susceptible de ser embargado hasta por el treinta por ciento del excedente del salario mínimo, con independencia de que aquéllos sean sujetos al régimen del apartado A o B del artículo 123 constitucional.
25. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 43/2021.
Ver AR. 43/2021
26. De lo anterior, resulta evidente que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, resolvió que cuando se trate de un trabajador al servicio del Estado, previsto en el numeral 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, dicho régimen salarial está expresamente prohibido de ser susceptible de embargo, salvo en los supuestos legalmente establecidos.
27. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 178/2019.
Ver AR. 178/2019
28. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito compartió las consideraciones del Juez de Distrito, respecto del principio jurídico de inembargabilidad del salario de los trabajadores del Estado, cuyo régimen laboral regulado en el apartado B del artículo 123 constitucional, por lo que en términos de los numerales 434, fracción XI y 453 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 38 y 41 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos no son susceptibles de embargo.
29. Asimismo, precisó que en el caso no era aplicable la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30 % DE ESE EXCEDENTE.". Que derivó de la contradicción de tesis 422/2013, en la que se analizó el régimen de los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 de la Carta Magna en relación con disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
30. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 69/2011.
Ver AR. 69/2011
31. Al respecto, esta Sala advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concluyó que era inembargable el salario mínimo, en términos del artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal y 112 de la Ley Federal del Trabajo, pero no así, el excedente, mismo que era susceptible de embargo al cual debían aplicarse los parámetros de proporción que prevé el artículo 435 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente. Pero fue enfático en señalar que, de conformidad con el artículo 434, fracción XI, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos eran inembargables, pero con la modalidad de que sólo podría realizarse sobre la quinta parte del exceso sobre mil quinientos pesos anuales, hasta tres mil pesos, y la cuarta parte del exceso sobre tres mil pesos en adelante. 32. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 153/2021.
Ver AR. 153/2021
33. Conforme a lo establecido, se concluye que, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, luego de analizar el caso concreto, determinó que cuando un trabajador en servicio activo en una institución perteneciente a la administración pública, dicha relación de trabajo se rige por lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del referido apartado.
34. Asimismo, precisó que específicamente del referido numeral en su fracción VI, se desprendía que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes. Y, que de conformidad con el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo, el salario no podrá embargarse o cederse, sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. En concordancia con el artículo 434, fracción XI, del Código Federal de Procedimientos Civiles que prevé que no son susceptibles de embargo los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos.
35. Por lo que concluyó que el salario de los funcionarios públicos es inembargable, por lo que no eran aplicables los artículos 112 de la Ley Federal del Trabajo y 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como tampoco la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.) en que el Juez responsable sustentó su actuar, puesto que éstas son aplicables a los trabajadores que pertenecen al régimen privado.
IV. Existencia de la contradicción
36. Los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, son los siguientes:(5)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
37. Cabe señalar que para la procedencia de la contradicción de criterios basta que el criterio discrepante derive de las resoluciones dictadas por los órganos contendientes, por lo que no es necesario que exista una "tesis" en sentido formal y, menos aún, que constituya jurisprudencia.(6)
38. Para determinar si en el caso se reúnen tales requisitos, se procederá a hacer referencia a los casos de los que tocó conocer a los Tribunales Colegiados que participan en la presente contradicción de criterios, así como a las consideraciones que sostuvieron para resolverlos.
39. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Como se observa de lo antes narrado, en los casos, los Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto de la inembargabilidad de los salarios de los funcionarios públicos, hipótesis contemplada en los artículos 123, fracción VI, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 434, fracción XI, del Código Federal de Procedimientos Civiles y, artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo. Así como la interpretación y aplicación de las tesis 1a. CCLXVI/2018 (10a.), 1a. CCLXVII/2018 (10a.), 1a. CCLXVIII/2018 (10a.) y 1a. CCLXIX/2018 (10a.), que derivaron del amparo en revisión 156/2013 del índice de la Primera Sala, así como la aplicación e interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 42/2014 (10a.), de la Segunda Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
40. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala estima que se cumple con el segundo requisito porque, derivado de los ejercicios interpretativos, existe un punto de disenso susceptible de estudio.
41. En primer lugar, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 410/2019, 465/2019, 360/2021 y 243/2021; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 104/2020; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 217/2022; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 43/2021; el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 178/2019 y, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 153/2021, coincidieron en términos generales que, el salario de los trabajadores al servicio del Estado es inembargable, salvo en los supuestos expresamente previstos en la ley, de conformidad con la fracción VI, apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal; 434, fracción XI, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con los artículos 38 y 41 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el artículo 10 del Convenio Número 95 sobre la Protección del Salario, de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud de haber compartido las consideraciones esgrimidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 153/2016.(7)
42. En el caso de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, particularmente expresaron compartir el criterio orientador 1a. CCLXVIII/2018 (10a.), de rubro: "INEMBARGABILIDAD DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL ARTÍCULO 434, FRACCIÓN XI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES SE ESTABLEZCA UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE AQUÉLLOS Y LOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL SECTOR PRIVADO, NO GENERA SU INCONSTITUCIONALIDAD NI SU INCONVENCIONALIDAD." derivado del amparo en revisión referido.
43. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, agregó una breve precisión en la que estimó que, en el caso, no era aplicable la jurisprudencia 2a./J .42/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30 % DE ESE EXCEDENTE.". Que derivó de la contradicción de tesis 422/2013, en la que se analizó el régimen de los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123 de la Carta Magna en relación con disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
44. En ese mismo sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, concluyó que no eran aplicables los artículos 112 de la Ley Federal del Trabajo y 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como tampoco la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.) en que el Juez responsable sustentó su actuar, puesto que éstas son aplicables a los trabajadores que pertenecen al régimen privado, y en el caso que se analizaba, se trataba de un trabajador al servicio del Estado, que corresponde al régimen de servidores públicos.
45. No es óbice para esta Sala que la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo en revisión 69/2011, fue anterior tanto al estudio realizado por la Segunda Sala, al resolver la entonces contradicción de tesis 422/2013, como por la Primera Sala en el amparo en revisión 153/2016, respecto del tema de inembargabilidad del salario mínimo e inembargabilidad del salario de los apartados A y B del artículo 123 constitucional, respectivamente. No obstante, sus razonamientos estuvieron encaminados a establecer por un lado, la inembargabilidad del salario mínimo, en términos del artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Federal y 112 de la Ley Federal del Trabajo y, por otro, la inembargabilidad los sueldos y emolumentos de los funcionarios y empleados públicos, de conformidad con el artículo 434, fracción XI, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio con la modalidad de que sólo podría realizarse sobre la quinta parte del exceso sobre mil quinientos pesos anuales, hasta tres mil pesos, y la cuarta parte del exceso sobre tres mil pesos en adelante.
46. En contraposición, el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 190/2019, ajustó su resolución a la conclusión alcanzada por la Segunda Sala de este Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 422/2013, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), cuyo criterio adoptó como obligatorio de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, en el s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32001-32a6d117/salario-de-los-trabajadores-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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