INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN MATERIA BUROCRÁTICA. SU JUSTIPRECIACIÓN DEBE SUJETARSE A LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 126, FRACCIÓN VII, 128 Y 138 DE LA LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS SIMILARES DE DISTINTOS ESTADOS. PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA BUROCRÁTICA. TIENE COMO PREMISA FUNDAMENTAL QUE LA PRUEBA SEA PREVIAMENTE OFRECIDA Y LEGALMENTE ADMITIDA POR LA AUTORIDAD LABORAL PARA QUE PUEDA BENEFICIAR A CUALQUIERA DE LAS PARTES EN JUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUIÉN LA HAYA OFRECIDO (LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS SIMILARES DE DISTINTOS ESTADOS). RECIBOS DE PAGO EXHIBIDOS POR LA PARTE PATRONAL DURANTE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN OFRECIDA POR LA PARTE TRABAJADORA. SU VALOR PROBATORIO QUEDA CONSTREÑIDO SÓLO A LOS PUNTOS POR LOS CUALES SE CONDICIONÓ SU INCORPORACIÓN AL JUICIO BUROCRÁTICO (LEY LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, Y LEGISLACIONES BUROCRÁTICAS SIMILARES DE DISTINTOS ESTADOS).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 35/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. 18 DE OCTUBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. DISIDENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIO: RAÚL HUERTA BELTRÁN.
I. COMPETENCIA
Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León, es competente para resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 6, fracción I, 7, 10 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y el diverso numeral 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, toda vez que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte del País.
II. LEGITIMACIÓN
La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III,(10) de la Ley de Amparo, en atención a que fue advertida por el Ayuntamiento del Municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, por conducto de su síndica municipal ********** ********** ********** **********, quien es parte legítima en cada uno de los asuntos que la motivan.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se describen.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, al resolver el amparo directo laboral 434/2022, en sesión ordinaria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós.
Antecedentes procesales.
• El nueve de julio de dos mil veintiuno,(11) diversos trabajadores promovieron juicio burocrático en contra del Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, a quien reclamaron la reinstalación, así como diversas prestaciones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala.
• En la audiencia de conciliación y mediación, se reconoció la asistencia de los actores, no así la del Ayuntamiento demandado.
• A la audiencia de demanda y excepciones, acudieron los actores a ratificar la demanda; sin embargo, al no presentarse el representante del Ayuntamiento demandado, se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas.
• En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la parte actora anunció, entre otras, la instrumental de actuaciones, así como la prueba de inspección, que sólo fue admitida para que se diera fe que sí constaba en los documentos a examinar que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos del Ayuntamiento demandado; esto es, no fue admitida para tener por demostradas las diversas prestaciones adeudadas, entre ellas, la prima vacacional y aguinaldo.
•Durante el desahogo de la prueba de inspección la representante del Ayuntamiento demandado exhibió recibos de nómina y solicitó se agregaran al expediente en que se actuaba "... como así se hizo."
• Seguida la secuela procesal se emitió laudo en el que –en lo que interesa para resolver–, se condenó entre otros aspectos al pago de los conceptos de aguinaldo y prima vacacional.
Inconforme con dicho laudo, el Ayuntamiento demandado por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado determinó conceder el amparo solicitado.
Argumentación de la sentencia constitucional.
Frente a la resolución en comento, el Tribunal Colegiado de Circuito, por unanimidad estimó –en lo que es materia de contradicción–, conceder el amparo como sigue:
• Como sostuvo el Ayuntamiento quejoso, no obstante la falta de contestación de éste a la demanda de origen; lo cierto fue que la autoridad responsable omitió analizar y valorar los múltiples recibos de nómina que aquél exhibió durante el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por los actores.
• De los recibos de nómina digitalizados apreció que los actores (terceros interesados), sí recibieron el pago por los conceptos de aguinaldo y prima vacacional; documentos que conforme al principio de adquisición procesal beneficiaban a la parte quejosa (Ayuntamiento demandado), para demostrar el pago de los conceptos ahí descritos.
• Sobre el particular consideró aplicable la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de rubro: "PRINCIPIO DE ADQUISICIÓN PROCESAL.", así como la jurisprudencia 2a./J. 30/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES."
Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, al resolver el amparo directo 410/2022, en sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, de treinta de marzo de dos mil veintitrés.
Antecedentes procesales.
• El veintisiete de agosto de dos mil veintiuno,(12) diversos trabajadores promovieron juicio burocrático en contra del Ayuntamiento de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, a quien reclamaron la reinstalación, así como diversas prestaciones ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala.
• La audiencia de conciliación y mediación se declaró fracasada.
• A la audiencia de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, únicamente acudieron los actores a ratificar la demanda, no así el representante del Ayuntamiento demandado, por tanto, se tuvo a éste por contestada la demanda en sentido afirmativo y perdido el derecho a ofrecer pruebas. Acto seguido, la parte actora anunció como pruebas, entre otras, la instrumental de actuaciones, así como la inspección.
• La prueba de inspección se ofreció con el objeto de revisar diversos documentos que el demandado tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. Por su parte, las cuestiones y hechos a acreditar con dicha probanza se describieron como sigue:
1. Que se diera fe, si de los documentos se desprendía que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos del Ayuntamiento demandado.
2. Que se diera fe, si de los documentos a inspeccionar se adeudaban los conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, horas extras o jornada extraordinaria, días festivos y descanso obligatorio, así como el de descanso semanal.
• Sobre el particular, dicha probanza la responsable únicamente la admitió para verificar que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos del Ayuntamiento, no así, respecto de las prestaciones descritas.
• Luego, tuvo lugar el desahogo de la prueba de inspección, en la cual se examinaron los documentos (entre otros, los recibos de pago), que puso a la vista el representante de Ayuntamiento demandado, a partir de ellos el actuario indicó que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos de aquél; hecho lo cual, dicho representante solicitó fueran agregados los recibos a las actuaciones del expediente laboral.
• El laudo se dictó condenando al Ayuntamiento entre otros aspectos al pago de prima vacacional, así como al aguinaldo.
Disconforme con lo resuelto el Ayuntamiento por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo. El Tribunal Colegiado de Circuito por unanimidad determinó negar el amparo solicitado.
Argumentación del fallo constitucional.
De la resolución en comento –en la parte que interesa–, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que los conceptos de violación resultaban infundados bajo sendos juicios de valor como sigue:
• El Ayuntamiento quejoso no dio contestación a la demanda de origen; de suerte que, fue posible deducir que perdió el derecho a ofrecer pruebas.
• La prueba de inspección sólo fue admitida para que se diera fe que sí constaba en los documentos a examinar que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos del Ayuntamiento demandado; esto es, no fue admitida para tener por demostradas las diversas prestaciones adeudadas, entre ellas, la prima vacacional y aguinaldo.
• El desahogo de la prueba de inspección con los recibos de nómina sólo reveló que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos del Ayuntamiento demandado (quejoso), por haberse desprendido el nombre de aquéllos en los mismos.
• Si bien obraron en autos los recibos de pago, así como la captura de pantalla que se adjuntaron al acta de inspección; en la especie, no se consideró posible examinarlos de forma independiente como instrumental de actuaciones, pues no fueron ofrecidos con las formalidades que respecto de la prueba documental dispone la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.(13) Citó para sustentar la afirmación la jurisprudencia 2a./J. 110/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN MATERIA LABORAL. SU VALORACIÓN DEBE SUJETARSE A LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 873, 875 Y 880 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."
• Consecuentemente, como los recibos de pago no fueron ofrecidos como prueba "documental" por la parte demandada carecía de aplicación la jurisprudencia 2a./J. 30/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece el valor de los mismos cuando contengan el sello y cadena de caracteres de rubro: "RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL Y CADENA DE CARACTERES GENERADA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). SON APTOS PARA DEMOSTRAR EL MONTO Y EL PAGO DE LOS SALARIOS A LOS TRABAJADORES."
IV. EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.
Con esa finalidad, conviene precisar que de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de criterios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Dicho criterio encuentra reflejo en la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, registro digital: 164120, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
Por otra parte, no es necesario que los criterios contendientes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(14) así como la tesis aislada publicada bajo la voz: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(15)
En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Vigésimo Octavo Circuito, ambos con sede en Apizaco, Tlaxcala, al resolver respectivamente, el primero, el amparo directo laboral 434/2022, y el segundo, el diverso 410/2022, como se verá a continuación:
Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.
Se acredita el primer requisito, ya que los respectivos órganos colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.
El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en Apizaco, Tlaxcala, al resolver el juicio de amparo directo de trabajo 434/2022 mediante una facultad interpretativa, llegó a la conclusión de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al Ayuntamiento-quejoso, pues no obstante la falta de contestación de la demanda de origen (y, por ende, perdido el derecho a ofrecer pruebas), a la postre, estimó que la responsable omitió examinar conforme al principio de adquisición procesal de la prueba los recibos de pago exhibidos por dicho ente moral oficial durante el desahogo de la diligencia de inspección ofrecida por la parte actora, los cuales le beneficiaron para tener por demostrado el pago de diversas prestaciones como fueron los conceptos de prima vacacional y aguinaldo.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo de trabajo 410/2022 concluyó en negar el amparo solicitado por el Ayuntamiento-quejoso, pues éste no dio contestación a la demanda, por lo que perdió el derecho a ofrecer pruebas; por ende, conforme a los requisitos de la instrumental de actuaciones los recibos de pago ofrecidos por él durante el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, no era dable analizarlos de forma independiente toda vez que no cumplieron con las formalidades que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece para las pruebas documentales. Amén de que la prueba de inspección sólo fue admitida y a la postre, desahogada para que el actuario diera fe que sí constaba en los documentos (entre otros, los recibos de pago) a examinar que los actores tuvieron el carácter de servidores públicos del Ayuntamiento demandado, es decir, sin que dicha inspección fuera admitida y ni siquiera desahogada para constatar el pago de diversas prestaciones tales como prima vacacional y aguinaldo. Aquí cabe hacer el siguiente paréntesis; si bien un tribunal hace referencia a que los recibos de nómina fueron exhibidos para a partir de ello, construir sus argumentos para conceder el amparo bajo el principio de adquisición procesal de la prueba; mientras que el otro tribunal hace énfasis en negarlo bajo la apreciación de que los recibos de nómina no fueron ofrecidos con las formalidades de ley y que por ende, no es dable perfeccionarlos bajo la óptica de la instrumental de actuaciones, lo cierto es que para la Real Academia Española de la Lengua(16) ambos vocablos convergen en el diverso de presentar como sigue:
• Exhibir.
"1. Manifestar, mostrar en público.
"2. Presentar escrituras, documentos, pruebas, etc., ante quien corresponda."
• Ofrecer.
"1. Comprometerse a dar, hacer o decir algo.
"2. Presentar y dar voluntariamente algo."
(Lo destacado no es de origen)
De las definiciones anotadas se desprende que existe comunión en el sentido de la connotación en el mundo fáctico (desahogo de la prueba de inspección en documentos) de acuerdo con los hechos en que tuvieron verificativo las expresiones "exhibir" u "ofrecer", lo cual representa paralelismo a presentar.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.
Este Pleno Regional considera que el segundo requisito también queda cumplido, pues teniendo como punto de partida la rebeldía del demandado y por lo tanto, que perdió el derecho a ofrecer pruebas por preclusión procesal, un Tribunal Colegiado de Circuito consideró conceder el amparo solicitado, ello atento al principio de adquisición procesal, pues los recibos de nómina exhibidos durante el desahogo de la diligencia de inspección benefician a quien los aportó; por su parte, el diverso órgano concluyó, en un caso semejante, negar el amparo, ya que los recibos igualmente exhibidos durante el desahogo de la prueba de inspección, no es dable analizarlos de forma independiente, precisamente por no haber sido ofrecidos con las formalidades que marca la ley burocrática de la entidad de Tlaxcala y, por ende, examinarse bajo el imperio de la instrumental de actuaciones.
De esta manera, se considera que dichos órganos jurisdiccionales se ocuparon del mismo tema jurídico. Es decir, teniendo como denominador común que el Ayuntamiento demandado fue declarado en rebeldía y perdido su derecho a ofrecer pruebas, ante lo cual operó la preclusión procesal, así postreramente los recibos de pago exhibidos por éste durante el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora beneficiaron a quien los aportó, ello bajo el principio de adquisición procesal de la prueba; mientras que en sentido opuesto, se justipreció que no deben ser valorados de manera independiente como instrumental de actuaciones, precisamente porque no cumplieron con la formalidad que establece la ley en cuanto a su ofrecimiento como prueba documental.
Para explicar mejor lo anterior, a continuación se inserta un cuadro comparativo en el que se sintetizan las razones que sustentaron las posturas referidas:
Ver cuadro comparativo
Derivado de lo expuesto, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y resultados fueron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de criterios y, por ende, se hace necesario que este Pleno Regional dirima la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.
Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción de criterios.
De lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que los criterios de los órganos contendientes nunca desconocieron que la parte demandada fue declarada en rebeldía, lo que provocó la pérdida del derecho a ofrecer pruebas, es decir, se configuró la preclusión procesal; a partir de la cual se refleja la siguiente discrepancia a dilucidar, ello acorde con la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios: ¿Cómo se deben valorar los documentos (recibos de pago) exhibidos por la patronal y que fueron agregados a petición de ésta al acta circunstanciada de la prueba de inspección ofrecida por la parte trabajadora en un juicio burocrático, cuando lo conducente o la totalidad de su contenido no guarda relación con los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con esta última? Esto es, si dichas documentales se encuentran en condiciones de ser valoradas o no como instrumental de actuaciones; y, en caso de que así sea, si deben apreciarse conforme a la institución jurídica de adquisición procesal de la prueba.
Sin que obste a lo anterior, el señalamiento del tema probablemente divergente determinado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el acuerdo de admisión de este asunto, pues este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte no se encuentra vinculado a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de criterios y justifica la legitimación correspondiente; además de que, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis.
Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis 2a. V/2016 (10a.)(18) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1292, libro 28, marzo de 2016, Tomo 2, Décima Época, registro digital: 2011246, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes."
V. ESTUDIO DE FONDO
Deben prevalecer como jurisprudencia los criterios que se proceden a desarrollar, mismos que, con el propósito de una mejor comprensión, se propone abordarlos de acuerdo al siguiente orden:
A. Marco temporal de las demandas burocráticas.
I. Sistema de supletoriedad.
B. Justipreciaciones.
I. Doctrina jurisprudencial orientadora.
II. Comparativa de la Ley Federal del Trabajo con la normativa de la entidad federativa de Tlaxcala en materia laboral-burocrática.
a) Marco normativo referente al ofrecimiento de la inspección respecto a los documentos a examinar durante su desahogo.
b) Marco normativo referente a la instrumental de actuaciones en materia laboral.
c) Principio de adquisición procesal de la prueba.
C. Criterios que deben prevalecer.
A. Marco temporal de las demandas burocráticas.
Rememórese que las fechas de presentación de las demandas burocráticas datan del nueve de julio así como del veintisiete de agosto, ambas del año dos mil veintiuno, lo que permitirá tener una exacta referencia temporal de las legislaciones a examinar tanto del ámbito federal como local, para la justipreciación del problema jurídico a dilucidar.
I. Sistema de supletoriedad.
En este apartado cabe hacer la siguiente reflexión y aclarar que la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, si bien dispone un capítulo noveno intitulado "PRUEBAS EN GENERAL"; sin embargo, no prevé en quién recae la "carga de la prueba" cuando la parte trabajadora reclama el pago de diversas prestaciones, derivado de la relación laboral que existió con la entidad pública y que se vio interrumpida con motivo de un despido injustificado, como sucedió en los asuntos que analizaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Esto es, no se desprende norma o principio alguno que regule de forma completa y eficaz a quién le corresponde la "carga probatoria" tratándose del reclamo de prestaciones que nacieron de la relación burocrática, pues el aludido capítulo que regula las pruebas en el procedimiento burocrático del Estado de Tlaxcala, sólo dispone:
"ARTÍCULO 126. En el procedimiento laboral son admisibles todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho y en especial las siguientes:
"I. Confesional;
"II. Documental;
"III. Testimonial;
"IV. Pericial;
"V. Inspección;
"VI. Presuncional legal y humana;
"VII. Instrumental de actuaciones, y (sic)
"VIII. Interrogatorio libre, y
"IX. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32051-84384be1/instrumental-de-actuaciones-en-materia-burocratica-su-justipreciacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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