ASESORES JURÍDICOS DE UN AYUNTAMIENTO. TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES DE CONFIANZA DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 9 DE ABRIL DE 2019. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, FERNANDO LÓPEZ TOVAR, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, GUILLERMO ESPARZA ALFARO, FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO Y HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. LOS MAGISTRADOS MARTHA CRUZ GONZÁLEZ Y GUILLERMO ESPARZA ALFARO FORMULARON VOTO CONCURRENTE. PONENTE: FERNANDO LÓPEZ TOVAR. SECRETARIA: JANETT FABIOLA PÉREZ TINOCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Décimo Primer Circuito (sin especialización) es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y numerales 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis sostenida entre dos Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, lugar donde este Pleno ejerce su jurisdicción.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado Guillermo Esparza Alfaro, integrante en ese momento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; artículos que establecen, respectivamente, lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:
"...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO.—Consideraciones de los órganos contendientes.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en sesión de diez de marzo de dos mil once, por unanimidad de votos, resolvió el amparo directo laboral 702/2010, al tenor de las consideraciones siguientes:
"Sexto. Resultan en una parte infundados y en otra fundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso y suficientes en esta última para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado.—Previamente a abordar el estudio y decisión de los motivos de disenso, prudente resulta señalar que de la demanda laboral se obtiene que el ahora quejoso, en su demanda laboral, manifestó que reclamaba, en la planilla de liquidación: ‘1. ...por concepto de indemnización constitucional, a que tengo derecho por el despido injustificado de que fui objeto, a razón de noventa días o tres meses de salario, de acuerdo a lo señalado, por el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo’ (foja 1). Y en el cuarto de los hechos, en la última parte: ‘En su caso a partir de la fecha del despido solicito ... se me reinstale a mi lugar de trabajo con la categoría y sueldo de $********** (********** pesos **********/100 M.N.) diarios que venía percibiendo anteriormente ya que ...’ (fojas 3 y 4).—Entonces, este Tribunal Colegiado advierte que lo que realmente reclamó el solicitante de amparo fue la acción de indemnización por despido injustificado, virtud a que como se señaló de la demanda laboral se advierte que el trabajador intentó en primer lugar la acción de indemnización en el empleo, lo anterior conforme a lo que señala el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo pues no se advierte de otra forma, porque en primer lugar demandó la indemnización, ya que hasta el final del cuarto de los hechos de la demanda, señaló que en su caso se le reinstalara a su lugar de trabajo con la categoría y sueldo que venía percibiendo con anterioridad.—De ahí que, se reitera, la acción ejercitada fue la indemnización, lo anterior atendiendo a la forma en que las acciones fueron ejercidas por el actor en el juicio de que emanan los actos reclamados. Toda vez que en la especie, no se hizo requerimiento al aquí quejoso para que aclarará cuál de las dos acciones era la que ejercitaba, por lo que no sería justo ni legal, que por la forma en que se ejercitaron las acciones, éstas se nulifiquen procesalmente, sino que debe reconocerse que solamente se excluyen, y entonces resolver que se tiene por ejercitada la acción que dentro de la conducta procesal de las partes parezca la más lógica, y decidir lo que proceda según las pruebas aportadas, en relación con lo reclamado y las excepciones opuestas. De ahí que se reitera la acción ejercida lo es la indemnización constitucional, en mérito a que es la primera que se reclamó.—Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 16, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo V, Parte SCJN, Materia Laboral, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto: ‘ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL, SE EXCLUYEN PERO NO SE NULIFICAN.—Cuando a una demanda laboral le falta claridad, y nada hay que la haga menos clara que el ejercicio simultáneo de acciones contradictorias, el deber del juzgador es mandarla aclarar en lo conducente, de acuerdo con el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley Federal del Trabajo, antes de la audiencia en que corresponda contestarla. En tal virtud, si no se hace el requerimiento mencionado, no es justo ni legal, que se considere en el laudo que se pronuncie, que por la forma en que se ejercitaron las acciones, éstas se nulifiquen procesalmente, sino que debe reconocerse que solamente se excluyen, y entonces resolver que se tiene por ejercitada la acción que dentro de la conducta procesal de las partes parezca la más lógica, y decidir lo que proceda según las pruebas aportadas, en relación con lo reclamado y las excepciones opuestas.’.—Así las cosas, procede el estudio y decisión de los motivos de desacuerdo que esgrime el solicitante de amparo.—Dada la íntima correlación de los conceptos de violación segundo, tercero y quinto, este Tribunal estima el estudio de los mismos en forma conjunta, porque están orientados a impugnar la calidad de trabajador de confianza que le atribuye la responsable al quejoso.—La ilegalidad de esos segmentos del laudo reclamado la hace derivar de lo siguiente: a) En el segundo concepto de violación el quejoso argumenta que se violan en su perjuicio los artículos 2o., 3o., 9o., 17, 18, 48, 50 y demás aplicables de la Ley Federal del Trabajo por su inobservancia e inexacta aplicación, en cuanto a que pasa por alto que la citada ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución.—b) Asimismo refiere en el tercer motivo de inconformidad, que la autoridad responsable, no obstante que estableció en el laudo reclamado que la carga de la prueba le correspondía a la parte patronal para demostrar que las actividades que realizaba el aquí quejoso lo eran de confianza, violentando así sus garantías constitucionales y en específico el artículo 784 de la Ley Federal Ley Federal del Trabajo; lo cierto es que no advirtió que la parte demandada no aportó medios objetivos que así lo demuestren, pues sólo exhibió documentales de carácter unilateral, por lo que transgredió el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, el cual refiere que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto; que tienen aplicación al caso las tesis de los títulos: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. REQUISITOS PARA PROBAR TAL CARÁCTER.’ y ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA. RESULTA INSUFICIENTE PARA ACREDITAR DICHA CALIDAD EL CATALOGO DE PUESTOS ELABORADO POR EL PATRÓN.’, sustentadas por su orden, por el Octavo y Sexto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que invoca en el concepto de violación tercero. d) (sic) En el quinto concepto de violación el quejoso reitera que en la especie no se demostró su calidad de trabajador de confianza; que si bien es cierto que recibió una carta rescisoria suscrita y firmada por el director de Administración del H. Ayuntamiento de **********, también lo es que dicho documento carece de las formalidades legales especificadas por la ley de la materia para tenerlo como documento idóneo para dar por terminada la relación laboral ya que no cita la causa de rescisión por lo cual es un despido injustificado; que tiene aplicación la tesis del título: ‘TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO.’, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de nueve de mayo de dos mil siete, que derivó de la contradicción de tesis 53/2007-SS.—Argumentaciones que son infundadas.—Lo anterior es así porque, la autoridad responsable se apegó a derecho al considerar que la litis consistió en determinar que si como lo afirmó el ahora quejoso con fecha dieciocho de septiembre de dos mil ocho, en las oficinas del H Ayuntamiento de **********, Michoacán, fue despedido del cargo de asesor que desempeñaba en este último, o si por el contrario el Ayuntamiento le notificó la rescisión de la relación laboral en aquella fecha, que se trataba de un trabajador de confianza por lo que la rescisión se debió a la pérdida de esta última.—Asimismo, también es legal la consideración de la responsable al arrojarle la carga de la prueba al tercero perjudicado para acreditar que las actividades que realizaba aquél lo eran de confianza.—Sin embargo, contra lo que señala el solicitante de amparo, la responsable actuó en forma legal al considerar que en la especie quedó justificada la calidad de trabajador de confianza que le atribuyó la demandada, por lo siguiente: El artículo 5o., fracción V, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo que interesa establece: Se entenderá como trabajadores de confianza todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, fiscalización de orden general dentro de las dependencias o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad deban tener tal carácter, de acuerdo a la siguiente clasificación: ... V. En los Ayuntamientos: El secretario, tesorero, cajero, oficial mayor, comandante de policía, policías preventivos y de tránsito, directores y jefes de urbanística y secretario particular.—De cuya lectura se advierte –en su primer párrafo– en forma genérica, quiénes son considerados por la ley como trabajadores de confianza, de acuerdo con las funciones que el propio artículo señala, es decir, de dirección, vigilancia, fiscalización de orden general, manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad; en tanto la fracción V, enuncia en forma concreta los puestos que deben estimarse como de confianza en los Ayuntamientos, sin soslayarse que tal clasificación no es limitativa, sino enunciativa, ya que los trabajadores no incluidos, pero que realicen las funciones genéricamente señaladas en el primer párrafo del artículo en cuestión, también deben estimarse como de confianza, en atención a las funciones que desempeñan, lo que resulta lógico si se toma en cuenta que en la práctica de la vida actual, moderna, en el quehacer diario, existen trabajadores al servicio de las dependencias que sin tener alguno de los supuestos precisados, ejercen diversas funciones del carácter anotado, como aconteció en la especie, dado que de la demanda laboral, se obtiene que el quejoso, manifestó que el uno de febrero de dos mil cinco, fue contratado por el H. Ayuntamiento de **********, Michoacán, con el cargo de asesor adscrito a la Oficina de Asesoría Jurídica y que con posterioridad se le dio de alta como asesor jurídico de la Fracción Priista del H. Cuerpo de Regidores (fojas 2 y 3 del juicio laboral). Manifestaciones que asintió la demandada en su escrito de contestación de demanda (fojas 18 a la 25 del expediente laboral).—Ahora, si por asesoramiento jurídico, se entiende el patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que prestan sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales.(1) Luego el H. Ayuntamient
de esta ciudad, al contratar a una persona con esa calidad asesor jurídico, inconcusamente que toma en consideración las calidades o cualidades del mismo, lo que equivale a decir que una persona o un ente jurídico nombra a otra como su asesor jurídico, porque este último cuenta con características personales que permiten otorgar la confianza para resolver problemas jurídicos y procesales.—De donde se sigue, que el asesor jurídico también es de confianza, precisamente porque el H. Ayuntamiento, tomó en consideración las calidades o cualidades del quejoso (asesor jurídico) al realizar su designación, lo que equivale a decir que una persona nombra a otra su asesor jurídico, porque esta última cuenta con características personales que permiten al mandante confiarle los asuntos que, se reitera por su confidencialidad deban tener tal carácter, sobre todo los que están relacionados con cuestiones jurídicas. De ahí que si como ya se señaló si el mandatario es una persona nombrada por la confianza, luego, es inconcuso, que el asesor es de confianza por mayoría de razón.—Es de invocarse la tesis de éste órgano colegiado al sustentar la tesis XI.1o. A. T.46 (sic) L, del rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES BURÓCRATAS DE BASE, DE CONFIANZA, Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SUS DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Acorde al artículo 6o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, son trabajadores-burócratas de base, los no incluidos en el artículo 5o., en tanto que conforme al último precepto citado, son trabajadores-burócratas de confianza, todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, fiscalización de orden general dentro de las dependencias o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad deban tener tal carácter, de acuerdo a la siguiente clasificación: I. Dentro del Poder Ejecutivo: los titulares de las dependencias básicas, que establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública; los secretarios particular y privado del gobernador; el subprocurador, subtesorero; directores, jefes y subjefes de departamentos; secretarios particulares y asesores o consultores de los titulares de las dependencias básicas, direcciones y departamentos; presidentes titulares y auxiliares y secretario general de Acuerdos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; secretario y vocales de la Comisión Agraria Mixta; agente del Ministerio Público; los Jueces del Registro Civil; jefes y subjefes de las corporaciones policiacas y los elementos uniformados; II. Dentro del Poder Legislativo: el oficial mayor, contador general de glosa y subcontador; los asesores, visitadores o auditores y los jefes de sección; III. En el Poder Judicial: sin ser limitativa se considerarán como tales: El secretario general de Acuerdos, el subsecretario de Acuerdos, el oficial mayor, el director del Instituto de Especialización, el director de Administración y Desarrollo de Personal, el director de Contabilidad y Pagaduría, los titulares de los Juzgados de Primera Instancia, Municipales y de Tenencia; los jurados y árbitros; los asesores y secretarios particulares; y, los secretarios auxiliares o proyectistas de las Salas; IV. En los organismos descentralizados y empresas de participación estatal: los directores generales y subdirectores; jefes de departamentos, asesores, secretarios particulares y ayudantes; y, V. En los Ayuntamientos: el secretario, tesorero, cajero, oficial mayor, comandante de policía, policías preventivos y de tránsito, directores y jefes de urbanística y secretario particular. En cambio funcionarios públicos tanto del Gobierno del Estado de Michoacán como de los Municipios de la misma entidad, son aquellos quienes además de tener la representación de las distintas oficinas gubernamentales, por disposición constitucional y legal, se les autoriza para extender nombramientos como titulares de cada oficina gubernamental; esto es, son personas físicas que representan al Estado-Patrón o al Municipio-Patrón.’(2) Criterio conforme al cual, para determinar cuándo un servidor público es un trabajador de confianza o de base, debe atenderse a las funciones que le corresponde desarrollar, con independencia de la denominación del puesto que ocupe.—Opuestamente a lo que el quejoso sostiene en los motivos de disconformidad que expresa en los conceptos de violación a examen, tal distinción resulta relevante para efectos constitucionales, en virtud de que el trabajador de base goza de estabilidad en el empleo y el de confianza no.—Además, como en el laudo reclamado lo señaló el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o., fracción V, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, los empleados de confianza sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario, así como a los beneficios de la seguridad social, pero no a demandar una indemnización constitucional.—Lo que tiene sustento jurídico en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 5o., fracción V, de la ley burocrática estatal citada, dado que el Más Alto Tribunal del País ya determinó que los trabajadores de confianza al servicio de las entidades públicas no tienen derecho a la reinstalación ni a la indemnización ni aun cuando hubiera sido injustificado el cese o despido.—De suerte que si un trabajador de confianza, que de manera ordinaria sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, a pesar de que la parte demandada no oponga la excepción o se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación –en todo tiempo– de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas.—Consideraciones que encuentran orientación y apoyo en el criterio que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 36/2003, de rubro: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA.—El hecho de que por no contestar en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas.’(3) Además, es de invocarse por analogía, sobre la base de que donde existe la misma razón debe imperar igual determinación, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 22/93 de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO. NO ESTÁN PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO; POR TANTO, CARECEN DE ACCIÓN PARA SOLICITAR SU REINSTALACIÓN O EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE.—De conformidad con los artículos 115, fracción VIII, in fine; 116, fracción V y 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 2o., 4o., 6o., 8o., 9o., 37 y 96 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal del Estado de México, únicamente tienen derecho a demandar la indemnización constitucional o la reinstalación en el empleo, los trabajadores al servicio de esa entidad que ocupen puestos de base o supernumerarios, mientras que los de confianza sólo pueden acudir ante los Tribunales de Arbitraje para dirimir conflictos que pudieran afectar sus derechos laborales en otras cuestiones, como las que se refieran a la protección de su salario y a las prestaciones del régimen de seguridad social.’(4) De lo que se sigue que –al margen de lo justificado o injustificado del despido del que el hoy quejoso considera haber sido objeto– incluso derivado de la falta de aviso de la fecha y causa de la rescisión, es legal que la responsable determinara la improcedencia de la acción de reinstalación que se ejercitó en el juicio laboral subyacente, pues como se vio, al ser el actor empleado de confianza carecía de acción para solicitar su reinstalación en el empleo o el pago de la indemnización constitucional; por tanto, los conceptos de violación que controvierten esa decisión resultan infundados e inaplicable como sustento de la procedencia de la acción, el criterio que invoca, postulado por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en la Jurisprudencia 2a./J. 95/2007 de rubro: ‘TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL PATRÓN ESTÁ OBLIGADO A DARLE EL AVISO ESCRITO DE LA FECHA Y CAUSA DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN, POR SÍ SOLO, TORNA EN INJUSTIFICADO EL DESPIDO.’(5) En consecuencia, la autoridad responsable se apegó a derecho al analizar las pruebas documentales consistentes en el original del oficio 91 de fecha veinte de mayo de dos mil ocho, suscrito por el director de Administración del H. Ayuntamiento de mérito, porque como bien lo consideró no fue objetado por la contraparte en cuanto a su autenticidad de contenido y firma.—Ahora por tratarse de un juicio laboral que promueve el trabajador supliéndose la deficiencia de la queja que autoriza el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, es fundado lo siguiente: De la demanda laboral se obtiene que el quejoso reclamó entre otras prestaciones a la demandada en el punto tres de la planilla de liquidación el pago de $********** pesos, por concepto de cuarenta y cinco días de vacaciones, tomando como base que el último periodo de vacaciones lo fue el año dos mil seis, y que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, son dos periodos de quince días por año y en el apartado cuatro de la misma planilla de liquidación, el pago de $********** pesos por concepto de prima vacacional de conformidad al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo.—A lo que la demandada contestó que es improcedente el pago de cuarenta y cinco días de vacaciones, porque el actor perdió su derecho a reclamarlo, ya que el quejoso reclama el pago de 2006, (dos mil seis) habiendo prescrito este derecho, y que la parte actora lo dejaba en estado de indefensión al no manifestar el cálculo aritmético que utilizó para obtener ese resultado; y que por lo que respecta al pago de prima vacacional la misma era improcedente y la negaba por lo antes vertido.—La responsable consideró que respecto de las prestaciones laborales que reclama el trabajador como son vacaciones y prima vacacional del año dos mil seis, su pago resulta improcedente en virtud de que la demandada opuso la excepción de prescripción respecto de las reclamadas del periodo dos mil seis, y aunado a que su reclamación no fue apoyada en hechos no se encontraba en posibilidades de definir el periodo que reclama, al no tener elementos necesarios para su análisis por lo que absolvía a la demandada de su pago (foja 79 del juicio laboral).—Consideración que carece de fundamentación y motivación, y por ende es violatoria del artículo 16 de la Carta Magna.—Así es, porque no debe olvidarse que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.—En el caso a estudio la responsable no acató la aludida garantía de legalidad, porque como ya se vio únicamente señaló que la demandada opuso la excepción de prescripción respecto de las prestaciones laborales relativas a vacaciones y prima vacacional del año dos mil seis y que esa reclamación no había sido apoyada en hechos y que por esa razón no estaba en condiciones de definir el periodo reclamado y que por ello se absolvía a la demandada de su pago. Esto es, la responsable omitió indicar por qué estimó que estaba prescrito ese derecho, es decir, no expuso las razones lógico jurídicas por lo que así lo estimó y menos aún invocó el precepto en el que apoyó aquella decisión.—Por otro lado, respecto a que el trabajador no precisó el periodo reclamado por esos conceptos, es de señalarse que sí lo hizo puesto que en el punto número tres de la planilla de liquidación de su escrito de demanda del texto: ‘El pago de la cantidad de $********** (********** PESOS **********/100 M.N.), por concepto de cuarenta y cinco días que corresponden a las vacaciones, tomando en consideración que el último periodo vacacional fue en el año 2006 (dos mil seis) o sea que son dos periodos de 15 quince días por año de conformidad al artículo 25 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.’ De lo que se advierte que el trabajador lo que reclama son los dos periodos del año dos mil siete; así como el primer periodo correspondiente al año dos mil ocho, siendo este el último que laboró para ese Ayuntamiento.—Sirve de orientación y apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 que dice: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundament
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29040-e660ee1f/asesores-juridicos-de-un-ayuntamiento-tienen-el-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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