ASESORES JURÍDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS. TIENEN EL CARÁCTER DE TRABAJADORES DE CONFIANZA, EN TANTO SUS FUNCIONES CONSISTEN EN OTORGAR ASESORÍA A LA ENTIDAD PÚBLICA A LA CUAL PRESTAN SUS SERVICIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
AMPARO DIRECTO 500/2018. 8 DE FEBRERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. SECRETARIA: LUCÍA DEL SOCORRO HUERDO ALVARADO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Estudio del asunto. Para mayor claridad en la exposición del presente asunto, resulta conveniente, previo a abordar el estudio de los motivos de disentimiento planteados por la parte quejosa, destacar los antecedentes relevantes del caso, que derivan de las constancias que integran el juicio laboral **********, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte lo siguiente:
• Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil catorce ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, ********** demandó del **********, las prestaciones siguientes:
"A) El pago de la indemnización constitucional consistente en 90 días de salario a razón de la cantidad de $********** diarios integrado y sobresueldo que venía percibiendo en mi puesto de labores como ********** del ********** hoy demandado, en los términos del artículo (sic) 43 y 58 de la ley estatal del servicio civil para la entidad.
"B) El pago de los salarios caídos que se generen desde la fecha de mi injustificado despido, realizado el día 2 de enero de 2014, hasta la fecha en que se me cubran todas y cada una de las prestaciones reclamadas, en términos del artículo 43 de la citada ley burocrática local.
"C) El pago de una hora y media extra diaria laborada durante todo el tiempo que duró la relación laboral, misma que trabajé y no me fue cubierta por la entidad hoy demandada, como se precisa en el hecho correspondiente.
"D) El pago de vacaciones y prima vacacional, misma que se reclama desde el inicio de mis labores hasta el año 2013, toda vez que dicha prestación no me fue cubierta en los términos del artículo 53 de la ley estatal aplicable.
"E) El pago de los quinquenios a que tengo derecho, de conformidad al (sic) contrato colectivo de trabajo que rige las condiciones laborales suscritas entre el Municipio de Córdoba y el sindicato titular de las condiciones laborales.
"F) La nulidad de cualquier renuncia de derechos que pudiera tener la entidad en mi perjuicio, toda vez que dicho documento data de enero del año 2011..." (fojas 1 a 3 del expediente laboral)
• Por auto de diez de marzo de dos mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, radicó la demanda de mérito bajo el número **********. (foja 5 ídem)
• El dieciséis de junio de dos mil catorce, se llevó la audiencia de ley, en la que previo a su celebración, los profesionistas ********** y **********, solicitaron se les reconociera su personalidad como apoderados legales del **********; petición que les fuera acordada de conformidad; hecho lo anterior, se difirió la audiencia de ley, al estar celebrando las partes pláticas conciliatorias. (fojas 9 y 24 ibídem)
• El treinta de septiembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas (fojas 24, 30, 33 y 55 del sumario laboral), en la que el tribunal del conocimiento tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio; en la etapa de demanda y excepciones, el trabajador ratificó su escrito inicial y, de viva voz, solicitó que no se reconociera la personalidad con la que se ostentaron ********** y **********, como apoderados legales del Ayuntamiento demandado; petición que no fue acordada de conformidad, bajo el argumento de que el actor tuvo el término legal de tres días para objetar el proveído de dieciséis de junio de dos mil catorce (en el que se les reconoció la misma), sin que lo hiciera, por lo que debía estarse a lo ahí acordado; por su parte, el citado ente municipal dio contestación a la demanda mediante un ocurso de dieciséis de junio del año citado, en el que opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes (fojas 25 a 29 ídem); hecho lo anterior, se abrió el periodo de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el que tuvo a las partes ofreciendo los medios de convicción acordes con sus pretensiones. (fojas 31, 32, 34 a 39 del expediente laboral)
• Posteriormente, mediante ocurso presentado el treinta de septiembre de dos mil catorce, la parte actora opuso incidente de falta de personalidad respecto de ********** y **********, quienes se ostentaron como apoderados legales del **********; incidencia que fuera admitida mediante proveído de dos de diciembre del año en cita, en el que la Junta responsable suspendió el procedimiento y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente, misma que se llevó a cabo el veinticinco de marzo siguiente; hecho esto, mediante interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Junta del conocimiento declaró improcedente el incidente planteado, al considerar que debió haberse promovido en el momento procesal oportuno, es decir, en la etapa de demanda y excepciones; debido a ello, determinó que se debería dar la intervención que en derecho correspondiera a los profesionistas anteriormente citados. (fojas 53, 54, 55 vuelta, 56, 61 vuelta y 66, 70 a 73 ídem)
• Concluida la secuela procesal, previo agotamiento del término otorgado a las partes para que formularan sus alegatos (foja 171 vuelta del expediente laboral), mediante proveído de once de enero de dos mil dieciocho, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción (foja 188 ídem); hecho lo anterior, dictó laudo el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en cuyos puntos resolutivos concluyó:
"Primero.—El actor **********, justificó parcialmente sus acciones; la demandada **********, justificó parcialmente sus excepciones y defensas hechas valer; en consecuencia.
"Segundo.—Se absuelve al **********, de pagar a **********, cantidad alguna en concepto de indemnización constitucional y salarios caídos, dado su carácter accesorio, por los motivos expuestos en el considerando tercero del presente laudo.
"Tercero.—Se condena al **********, a pagar a **********, las cantidades de $**********, por concepto de vacaciones, derivado de 20 días de salario, correspondientes al primer y segundo periodos semestrales de dos mil trece; y de $**********, por concepto de prima vacacional, derivado de 5 días de salario, como el 25% de los días hábiles de vacaciones, correspondientes al primer y segundo periodos semestrales de dos mil trece, menos la cantidad de $**********, cubierta como retribución parcial en la primera quincena de noviembre de dos mil trece, quedando finalmente la cantidad diferencial de $**********, a la base de $**********, salario diario percibido obtenido de $**********, último salario quincenal, de conformidad con los artículos 53, 54 y 66 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria; asimismo, a pagarle la cantidad de $**********, por 331.5 horas extras, laboradas en el periodo comprendido entre el diecinueve de febrero y el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, exceptuando los días sábado, domingo y festivos, a la base de $**********, doble del salario por hora ordinariamente percibido, obtenido de dividir entre ocho y duplicar $**********, como salario diario en esa temporalidad, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz, dados los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente laudo.
"Cuarto. Se absuelve al **********, de pagar a **********, cantidad alguna por concepto de quinquenio y de decretar en su favor la nulidad de la renuncia reclamada bajo el inciso F) del capítulo de prestaciones de su demanda, dados los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente laudo.
"Quinto.—Hágase del conocimiento de las partes que en la versión pública de esta resolución, se suprimirá la información considerada como reservada o confidencial, de acuerdo con los lineamientos para la elaboración y publicación en internet, de versiones públicas de expedientes judiciales, comunicados a través de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número 269, de dos de julio de dos mil trece.—Notifíquese. El presente laudo y; (sic) en su oportunidad, archívese el juicio como definitivamente concluido.—Cúmplase..." (fojas 189 a 209 del juicio natural)
Laudo este último que se erige como el acto reclamado en esta vía.
Los conceptos de violación planteados, cuyo estudio se realizará en orden distinto al propuesto y en su conjunto, por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados; sin embargo, suplidos en su deficiencia, en beneficio del quejoso, con fundamento en el artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, este tribunal arriba a la conclusión de que habrá de concederse el amparo solicitado.
En principio, es pertinente destacar que no será materia de análisis expreso la absolución decretada en favor del Ayuntamiento demandado al pago de quinquenios, bajo el argumento de que se trata de una prestación extralegal cuya procedencia no fue demostrada por el actor, al no advertirse de autos la existencia de un contrato colectivo, condiciones generales de trabajo o algún otro documento de naturaleza análoga que contemplara tal beneficio, así como que el ahora quejoso se ubicara en el supuesto de su otorgamiento; ello, al no plantearse concepto de violación alguno en contra de la referida absolución, ni advertir este tribunal queja deficiente que suplir al respecto en su beneficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.
Tampoco se abordará el estudio de la condena al pago de $**********, por concepto de tiempo extraordinario, ni de aquélla en sí, al de vacaciones y prima vacacional, al corresponder a las pretensiones del operario, además de ser objeto de estudio en el amparo relacionado con el presente.
En ese tenor, la litis constitucional se constriñe a la absolución establecida en favor de la patronal, al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, de la declaración de nulidad de cualquier documento que implicara renuncia de derechos, así como de la cuantificación del pago de vacaciones y prima vacacional.
Ahora, entrando al estudio de los motivos de inconformidad, ********** se duele, esencialmente, de la absolución al pago de la indemnización constitucional y salarios caídos, porque estima contraria a derecho la determinación de la responsable de tener por acreditado que las funciones que desempeñaba correspondían a un trabajador de confianza, cuando tal circunstancia no se encuentra demostrada en autos, sino que del poder notarial, donde se le designó como apoderado del **********, infirió que era ********** de esa entidad pública, lo que es insuficiente para considerarlo como de confianza, atento a la tesis II.1o.C.T.51 L, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 441, Tomo VI, julio de 1997, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL ASESOR JURÍDICO DE UN AYUNTAMIENTO CARECE DE TAL CARÁCTER (ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE MÉXICO).", así como en el diverso criterio contenido en la tesis I.6o.T.348 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 3340, Tomo XXVI, octubre de 2007, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL HECHO DE QUE EL PATRÓN LE HAYA OTORGADO PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN ESCRITURA PÚBLICA, Y PARA ACTUAR COMO SU REPRESENTANTE, POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE REALIZA ALGUNA DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA SER CONSIDERADO CON TAL CARÁCTER."
Agrega que el contrato de trabajo tampoco tiene validez para tal efecto, en virtud de que no fue firmado por la municipalidad demandada; además que la responsable debió tomar en consideración, al momento de resolver, la actitud procesal de su contraparte, consistente en haber presentado como prueba un escrito de renuncia alterado, con la intención de eludir su responsabilidad.
Asimismo, afirma que no debe considerársele como trabajador de confianza solamente por haber manifestado en su escrito de demanda que ********** a las personas que le indicaran sus jefes, pues ello sólo implicaba que **********, pero no al **********, **********, ********** o **********, ahora tercero interesado, cuenta habida que el encargado de ello era su jefe directo, quien tenía nombramiento de **********.
Finalmente, expone que el tribunal del conocimiento nada dijo en relación con las otras funciones que desempeñó, tales como **********, **********, **********, así como **********, ********** y **********, actividades que no encuadran en las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 7o. de la ley estatal del servicio civil; máxime que no obra en autos un nombramiento a su nombre como **********.
Los argumentos anteriores resultan infundados.
Se estima lo anterior, pues contrariamente a lo planteado por el quejoso, el tribunal responsable no determinó su calidad de trabajador de confianza por estimar que ello se evidenciara de un poder notarial o del contrato individual de trabajo celebrado el dieciocho de febrero de dos mil doce, en el cual se estableció que se comprometía a prestar sus servicios con el cargo de **********, sino de las actividades que el propio accionante constitucional reconoció que desempeñaba en beneficio de la parte demandada, consistentes en **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********.
Determinación que se estima objetivamente correcta, pues aun cuando **********, no significara **********, no debemos soslayar que las actividades señaladas en primer y segundo término implican que el operario, dentro de sus funciones, **********, al presentarse en su representación **********, **********, funciones que actualizan la hipótesis prevista en el artículo 7o., fracción III, de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, conforme a la cual, debe ser considerado como trabajador de confianza quien realice, entre otras funciones, la de asesoría, como bien lo determinó la autoridad responsable.
Cobra aplicación a lo aquí determinado, la tesis VII.2o.T.76 L (10a.) emitida por este propio órgano colegiado, visible en la página 2628, Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
" El artículo 7o., fracción III, de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece que debe ser considerado como trabajador de confianza quien realice, entre otras funciones, la de asesoría. En esa tesitura, si la labor de los asesores jurídicos de los Ayuntamientos consiste en brindar asesoría a la entidad pública que representan, ya sea compareciendo a juicio en su nombre y representación, celebrando acuerdos conciliatorios con su contraparte, elaborando contestaciones, denuncias o informes o aconsejándola en la toma de decisiones de cuestiones jurídicas; ello, ante personas físicas, morales, públicas o privadas, así como autoridades administrativas y judiciales; es evidente que les reviste el carácter de trabajadores de confianza y, por ende, carecen del derecho a la estabilidad en el empleo."
Así como, por las consideraciones que de ella emergen, la tesis XI.1o.A.T.52 L (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que se comparte y cita la parte quejosa en su demanda de amparo, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1073, del tenor literal subsecuente:
"ASESOR JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO. ES TRABAJADOR DE CONFIANZA EN TANTO QUE CUENTA CON CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE PERMITEN CONFERIRLE LOS ASUNTOS QUE DEBEN TENER TAL CARÁCTER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).—El artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, señala en forma genérica, quiénes son considerados por la ley como trabajadores de confianza, de acuerdo a las funciones de dirección, vigilancia, fiscalización de orden general, manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad; en tanto la fracción V, enuncia en forma concreta los puestos que deben estimarse como de confianza en los Ayuntamientos, sin soslayarse que tal clasificación no es limitativa sino enunciativa, ya que los trabajadores no incluidos, pero que realicen las funciones genéricamente señaladas, también deben estimarse como de confianza, en atención a las funciones que desempeñan; lo que resulta lógico, si se toma en cuenta que en la práctica de la vida actual, moderna, en el quehacer diario, existen trabajadores al servicio de las dependencias que sin tener alguno de los supuestos precisados, ejercen diversas funciones del carácter anotado. Ahora, si por asesoramiento jurídico, se entiende el patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que prestan sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales, en tanto el Ayuntamiento toma en consideración esas calidades o cualidades al contratar a una persona como asesor jurídico, se sigue entonces que también es de confianza, precisamente porque su designación equivale a que cuenta con características personales que permiten confiarle los asuntos que deban tener tal carácter, sobre todo los que están relacionados con cuestiones jurídicas."
En esa tesitura, con independencia de si el escrito de renuncia de treinta y uno de diciembre de dos mil trece agregado en la foja cuarenta y cuatro de los autos, es apócrifo o no, al quedar acreditado conforme a su propio dicho que el actor, aquí quejoso, desarrolló funciones de un trabajador de confianza al servicio del ********** demandado, es evidente que no goza del derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del despido, aun cuando se considerara ilegal, no podrían prosperar; de ahí que resulte ajustada a derecho la absolución decretada en favor del ********** demandado del pago de la indemnización constitucional y salarios caídos.
Resulta aplicable al caso, por su contenido jurídico esencial, la jurisprudencia 2a./J. 160/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1322, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas», que se lee:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO). Acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato, la remoción de un trabajador de confianza por quien carece de facultades para hacerla, no tiene como consecuencia que se declare procedente el pago de salarios vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como injustificado el despido, no pueden demandar la indemnización constitucional o la reinstalación, porque esas prestaciones dependen del análisis de lo justificado o injustificado del despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una relación laboral burocrática el titular demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable analizar la existencia de un despido justificado o no de un trabajador de confianza sobre la base de que quien lo realizó carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no goza del derecho a la estabilidad en el empleo."
También se invoca, por lo ilustrativo de su texto y en lo conducente, la tesis VII.4o.P.T.6 L (10a.), emitida por este propio tribunal, en su anterior denominación, visible en la página 1981, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 29 de agosto de 2014 a las 8:13 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. AL CARECER DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO Y EL PAGO TOTAL DE LOS SALARIOS QUE LES CORRESPONDERÍAN SON IMPROCEDENTES. El artículo 11, fracción I, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, en concordancia con el numeral 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que quedan excluidos de su aplicación los trabajadores de confianza, lo cual deriva en que éstos carecen del derecho a la estabilidad en el empleo y sólo gozan de las medidas de protección al salario y de seguridad social. En armonía con ello, en el caso de trabajadores al servicio del Estado contratados o nombrados por tiempo determinado para desempeñar labores de confianza, carecen de acción para demandar el cumplimiento o culminación de dichos contratos o nombramientos, por ser una acción similar a la reinstalación en las funciones que venían desempeñando al servicio del organismo público, cuando esa falta de estabilidad en el empleo se da tanto en un trabajo por tiempo determinado como en un nombramiento por tiempo indeterminado, pues en ambos supuestos subsiste la misma naturaleza de la relación laboral que, ante la pérdida de la confianza, debe declararse disuelta, ya que el tratamiento jurídico diferenciado está justificado en razones fácticas derivadas del servicio público que aquél está obligado a realizar por conducto de empleados de su confianza; de manera que, como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la naturaleza de sus funciones impide y justifica que el patrón-Estado continúe depositando su confianza en ellos si la ha perdido. De ahí que si se prueba la categoría de trabajador de confianza, el reclamo consistente en el cumplimiento del contrato por tiempo determinado, así como la prestación relativa al pago total que por salarios le correspondería, son improcedentes, al partir de la base de que ante el incumplimiento del contrato, la parte demandada estaba obligada a pagarle el tiempo que faltó para su total cumplimiento, pues ello equivaldría a una acción de reinstalación."
Sin que obste a la anterior conclusión, las tesis aisladas II.1o.C.T.51 L, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, de rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL ASESOR JURÍDICO DE UN AYUNTAMIENTO CARECE DE TAL CARÁCTER (ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES BUROCRÁTICOS DEL ESTADO DE MÉXICO).", y I.6o.T.348 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de epígrafe: "TRABAJADOR DE CONFIANZA. EL HECHO DE QUE EL PATRÓN LE HAYA OTORGADO PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS EN ESCRITURA PÚBLICA, Y PARA ACTUAR COMO SU REPRESENTANTE, POR SÍ SOLO ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE REALIZA ALGUNA DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA SER CONSIDERADO CON TAL CARÁCTER.", pues además de no ser de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la ley de la materia, no resultan aplicables al caso, ya que, en la especie, no se concluyó que al actor le revestía el carácter de trabajador de confianza, por estimar que sus funciones fueran "análogas" a la de **********, o porque se le hubiese otorgado **********, sino porque éstas consistían, esencialmente, en **********, supuesto que se encuentra expresamente previsto en la fracción III del artículo 7o. de la ley estatal del servicio civil.
Atento a lo anterior, resultan jurídicamente ineficaces los restantes motivos de inconformidad, en los cuales se argumenta que la responsable hizo una incorrecta valoración de las pruebas periciales que en materia de documentoscopia se rindieron en relación con el escrito de renuncia de treinta y uno de diciembre de dos mil trece, pues con ellos se pretende evidenciar que ese ocurso no es apto para demostrar que fue el actor quien dio por terminado el vínculo laboral de forma voluntaria, sino que fue separado por la patronal de su encargo; circunstancia que, se insiste, no cobra mayor relevancia en el caso particular, en razón de que, aun cuando se acreditara que el escrito de renuncia es nulo, al tratarse de un trabajador de confianza, como quiera no tiene derecho a la estabilidad en el empleo, por lo que su separación del mismo no puede considerarse, de modo alguno, injustificado.
En otra tesitura, este órgano de control constitucional advierte, de oficio, y en suplencia de la queja, que resulta incorrecto el periodo por el que se condenó a la patronal al pago de vacaciones y prima vacacional, pues si bien para establecer esa determinación la responsable atendió a la fecha en que ingresó a laborar el operario para el ********** demandado, esto es, el dos de enero de dos mil ocho; se inadvirtió que en términos de lo dispuesto en el artículo 55, párrafo segundo, de la ley estatal del servicio civil, los trabajadores que tuviesen derecho a disfrutar de un periodo vacacional, pero que por razón de las guardias hubiesen tenido que trabajarlo, podrán gozar de ese beneficio dentro de los tres meses posteriores a la fecha en que ordinariamente debió disfrutarlas.
Asimismo, cabe destacar que cuando se reclama el pago de vacaciones por parte de un trabajador que ha generado el derecho de disfrutar de las mismas, tal situación conlleva la afirmación de que éste lo laboró por haberse quedado a cubrir la guardia correspondiente, en términos de lo dispuesto por el invocado precepto legal 55, párrafo segundo, ibídem.
Orienta a lo determinado, en lo conducente y por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 63/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 951, Libro 43, Tomo II, junio de 2017, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas» de título, subtítulo y texto:
"DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y DE DESCANSO OBLIGATORIO. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE RECLAMACIONES POR AQUEL CONCEPTO. En atención al principio general de que quien afirma se encuentra obligado a probar, la hipótesis bajo la cual el trabajador sostiene que el patrón no le cubrió la remuneración correspondiente a los días de descanso semanal y de descanso obligatorio, permite estimar que el reclamo en ese sentido conlleva la afirmación de que los laboró; de manera que siempre que exista controversia, se generan dos cargas procesales basadas en el referido principio: la primera, consiste en la obligación del trabajador de demostrar que efectivamente los laboró y, la segunda, una vez justificada por el obrero la carga aludida, corresponde al patrón probar que los cubrió. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo confiere a la Junta de eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando pueda llegar a la verdad por otros medios."
Luego, si las vacaciones deben concederse a los trabajadores en los periodos preestablecidos en el calendario oficial correspondiente, por regla general o, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que de ordinario debieron disfrutarlas, y las acciones de trabajo en este punto prescriben en un año que debe ser contado a partir del día siguiente a la data en que la obligación sea exigible; para realizar el correspondiente cómputo para la prescripción de dicha prestación, en aquellos casos en los cuales no se advierta la existencia del calendario oficial correspondiente, debe atenderse a la fecha en que el trabajador entró a laborar y obtuvo el derecho a éstas, al ser ese dato el punto de partida para fijar en qué momento se cumplieron los seis meses laborados y, en consecuencia, se vuelve beneficiario de esa prestación.
Con base en lo anterior, es evidente que en el caso particular, el tribunal responsable no efectuó el análisis de la excepción de prescripción opuesta por la patronal demandada en los términos reseñados; dado que, atento a la forma en que se planteó el reclamo en estudio, la cual conlleva la afirmación de que el operario laboró el periodo de vacaciones por haberse quedado a cubrir la guardia correspondiente, así como que entró a laborar el dos de enero de dos mil ocho, entonces los días uno de julio y uno de enero de cada anualidad, se generaba su derecho para el goc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28628-114bfbdd/asesores-juridicos-de-los-ayuntamientos-tienen-el-caracter · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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