TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. AL RESOLVER SI LES ASISTE ESE CARÁCTER, DEBE ATENDERSE A LAS FUNCIONES ACREDITADAS EN EL JUICIO, AUN CUANDO EL PATRÓN HUBIERA INVOCADO UN INCISO ESPECÍFICO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.
AMPARO DIRECTO 933/2017. 1 DE FEBRERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. DISIDENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIA: ALETHIA GUERRERO SILVA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—El estudio de los conceptos de violación se realizará de manera conjunta, atento a su estrecha vinculación, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
La impetrante aduce que la responsable transgrede sus derechos, específicamente en el considerando sexto, al determinar que no cuenta con estabilidad en el empleo, acorde con lo establecido por los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que carece de fundamentación y motivación, pues determinó que desempeñó funciones de confianza, sin que se haya acreditado que fungió con facultades de dirección permanente y general, mucho menos que se desempeñara a nivel director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, consideradas en el inciso a) de la fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Que tampoco se acreditó que el puesto apareciera como de confianza en el presupuesto de egresos de la dependencia, tal como lo prevé el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Sostiene que el titular demandado no demostró la existencia de una partida presupuestal donde el puesto en el que se desempeñó fuera considerado como de confianza.
Señala que se demostró en la secuela procesal que las actividades que desempeñaba siempre se regían bajo las órdenes de un director, en este caso, el del jurídico, por lo que no gozaba de dirección general, ni poder de decisión y, por ende, no podía ser considerado personal de confianza, sino como una trabajadora de base, inclusive se podía asemejar a un actuario judicial de cualquier tribunal, pues si bien gozan de cierta y limitada representatividad, están sujetos a las órdenes de un superior y sus funciones son limitadas por una cadena de mando, por lo que con independencia de algunas atribuciones que tienen son considerados como personal de base, invoca en apoyo de lo anterior la tesis aislada I.5o.T.158 L, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTUARIO JUDICIAL. EN RAZÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO, DEBE CONSIDERARSE COMO DE BASE."
Expone que, al no acreditar la tercero interesada todos los extremos de sus excepciones y defensas y la quejosa demostró que el puesto donde se desempeñaba debía ser considerado como de base, resultaba procedente la reinstalación, ya que la Secretaría de Salud debió haber dado cumplimiento a lo previsto en los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Manifiesta que la determinación que era de confianza se contrapone al artículo 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, del que se desprende una exigencia para considerar los puestos contenidos como de confianza en el Catálogo de Puestos del Gobierno Federal, que determina que los sindicatos respectivos y los titulares de las dependencias participarán conjuntamente en su emisión, en este caso de la Secretaría de Salud y su sindicato titular de las condiciones generales de trabajo, por lo que la responsable, a efecto de dar validez a esta probanza, debió asegurarse que dicho catálogo contara con la firma de la representación sindical, lo que no ocurrió.
Solicita se supla la deficiencia de la queja en su beneficio. Invoca en apoyo de lo anterior los criterios de rubros: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. NO SE REQUIERE LA EXPRESIÓN CONCRETA Y PRECISA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PARA SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO)." y "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."
Es infundado el concepto de violación.
**********, demandó de la Secretaría de Salud, la reinstalación en su empleo y el otorgamiento de la base en la plaza de soporte administrativo "A".
En los hechos de su demanda manifestó que el dieciséis (16) de mayo de dos mil ocho (2008) inició a prestar sus servicios personales y subordinados para los demandados en el puesto de apoyo administrativo en salud-A7, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, adscrita a la Dirección de Asuntos Contenciosos y Administrativos; que el uno (1) de octubre de dos mil diez (2010) debido a su buen desempeño y desarrollo profesional le asignaron una nueva plaza, como soporte administrativo A, adscrita a la Dirección de Asuntos Contenciosos y Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y dijo:
"...que desde que inicié mis labores ante las demandadas, realicé siempre actividades jurídicas, es decir, revisaba los expedientes que día a día nos eran entregados, toda vez que los demandados, no autorizaban que los abogados que conforman el área jurídica en diversas materias, se nos asignaras (sic) expedientes específicos; dicha revisión era para indicar el estado procesal en que se encontraban, si requería alguna promoción ya sea para contestar la demanda, ofrecer pruebas, interponer algún recurso o incidentes y, en su caso, interponer el juicio de garantías; los cuales eran revisados y autorizados, no teniendo nunca ninguna faculta (sic) de decisión sobre los asuntos; de igual forma nos eran asignadas las audiencias a las cuales compareceríamos de los expedientes que nos eran asignados un día antes de la celebración de la audiencia y realizar la promoción que resultara para poder llevar a buen término la audiencia correspondiente, derivado de ello y como es sabido por este Alto Tribunal, que para poder comparecer a juico (sic), se debe tener documento fehaciente con el cual tener facultades para comparecer a juicio, por lo que las hoy demandadas otorgaron mandato a favor de la suscrita, para poder comparecer a juicio, exhibiendo en dichas comparecencias mi nombramiento y acuerdos plenarios dictados el 5 de marzo y 22 de abril de 2014, los cuales obran depositados en el expediente de registro de poderes V-35-43 de ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como se acreditará en el momento procesal oportuno, y de lo anterior se traduce que dichos poderes, son otorgados por las demandadas para que la suscrita pueda comparecer a juicio y no entenderse que los mismos son otorgados, por considerarme un trabajador de confianza, toda vez que el mismo es otorgado para los únicos fines de representar en juicio a las demandadas, sin tener en ellos insertos cláusula que indique que es un poder para actos de dominio o actos de administración.—De igual forma contestaba oficios, depuraba bases..."
En cuanto al hecho del despido, dijo que sucedió el diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014), aproximadamente a las nueve (9:00) a.m. en la puerta de entrada y salida de su trabajo por **********, subdirector de lo contencioso administrativo.
El titular de la Secretaría de Salud contestó la demanda negando acción y derecho a la actora, basado en que ésta dejó de presentarse a laborar a partir del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014) en la plaza de confianza de soporte administrativo "A"; señaló que sus funciones de apoderada de la Secretaría de Salud ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, adscrita al Departamento de Procedimientos Laborales de la Dirección Contenciosa en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, de manera ejemplificativa consistían en:
"Funciones.—Intervenir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en representación de la titular de la Secretaría de Salud y en los asuntos laborales concernientes a la Secretaría de Salud, sus unidades administrativas y órganos desconcentrados.—Ejercer las acciones o realizar los actos y promociones derivadas de los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y demás leyes y reglamentos aplicables.—Conteste las demandas y reconvenciones que se entablen en contra de la Secretaría de Salud.—Oponga defensas y excepciones a favor de la Secretaría de Salud.—Rinda toda clase de pruebas a favor de la Secretaría de Salud.—Objete las pruebas ofrecidas por la contraria.—Reconozca firmas y documentos a favor de la Secretaría de Salud.—Redarguya de falsos las firmas y documentos que se presenten por la parte contraria.—Interrogue, repregunte y tache testigos en representación de la Secretaría de Salud.—Articule y absuelva posiciones formuladas a la Secretaria de Salud.—Recuse Magistrados y Jueces a favor de la Secretaría de Salud.—Oiga autos, laudos, sentencias, interlocutorias y definitivas, consienta las favorables o promueva el juicio de amparo y se desista del mismo a nombre de la Secretaría de Salud.—Se apersone como tercero interesado a favor de la Secretaría de Salud.—Promover todos los recursos que favorezcan los derechos de la Secretaría de Salud, en uso de todas las facultades generales y especiales, incluyendo las que legalmente requieran cláusula especial.—Sustituir el mandato conferido por la Secretaría de Salud."
Con base en lo anterior, sostuvo que las funciones que realizaba la actora en su calidad de apoderada legal de la Secretaría de Salud implicaban poder de decisión, tenía facultades de representación ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 134, segundo párrafo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y con base en los artículos 5o., fracción II, inciso h) y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, quedaba excluida del régimen de los trabajadores de confianza, situación en la que se encontraba la actora.
En el laudo reclamado, la responsable sostuvo que:
"SEXTO. Del estudio de los anteriores elementos de convicción debidamente valorados, adminiculados y vinculados entre sí, en términos del artículo 137, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, nos conducen a las siguientes conclusiones: La actora **********, reclama como prestación principal la reinstalación en el puesto de soporte administrativo ‘A’, en los mismos términos y condiciones en que venía prestando sus servicios, argumentando que fue objeto de despido injustificado el 17 de septiembre de 2014.—Por su parte, la Secretaría de Salud se excepcionó argumentando que la actora carece de acción y de derecho para reclamar sus pretensiones, ya que jamás fue despedida, ni justificada, ni injustificadamente, sino que ella misma dejó de presentarse a laborar a partir del 15 de septiembre de 2014, en la plaza de confianza de soporte administrativo ‘A’, con funciones de apoderada legal de la Secretaría de Salud ante este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, adscrita al Departamento de Procedimientos Laborales de la Dirección Contenciosa en la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, con código **********, por lo que es claro y evidente que la intención de la actora era no continuar laborando para dicha secretaría, y que al ser una empleada de confianza, se encuentra excluida de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no goza del derecho a la estabilidad en el empleo, y consecuentemente carece del derecho para reclamar la reinstalación.—Vista la excepción de la secretaría demandada, se procede a analizar si **********, prestó sus servicios como empleada de confianza y, por tanto, carece del derecho a la estabilidad en el empleo.—Cabe señalar que el carácter de confianza de un trabajador al servicio del Estado, no depende de la denominación del puesto o de la clave que ostente, sino de la naturaleza de las funciones que desempeñe, es decir, que sean de las descritas en el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.—Así, primeramente, de la confesión expresa de la actora, vertida en el hecho 1, al señalar en su parte conducente lo siguiente: ‘...que desde que inicié mis labores ante las demandadas, realicé siempre actividades jurídicas, es decir, revisaba los expedientes que día a día nos eran entregados, toda vez que las demandadas, no autorizaban que los abogados que conforman el área jurídica en diversas materias, se nos asignaras (sic) expedientes específicos; dicha revisión era para indicar el estado procesal en que se encontraban, si requería alguna promoción ya sea: para contestar la demanda, ofrecer pruebas, interponer algún recurso o incidente, y en su caso interponer el juicio de garantías; los cuales eran revisados y autorizados, no teniendo nunca ninguna faculta (sic) de decisión sobre los asuntos, de igual forma nos eran asignadas las audiencias a las cuales compareceríamos de los expedientes que nos eran asignados un día antes de la celebración de la audiencia y realizar la promoción que resultara para poder llevar a buen término la audiencia correspondiente, derivado de ello y como es sabido por este alto tribunal, que para poder comparecer a juicio, por lo que las hoy demandadas otorgaron mandato a favor de la suscrita, para poder comparecer a juicio, exhibiendo en dichas comparecencias mi nombramiento y acuerdos plenarios dictados el 5 de marzo y 22 de abril de 2014, los cuales obran depositados en el expediente de registro de poderes V-35-43 de ese H. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje...’, dicha confesión se valora en términos de artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y tiene valor para acreditar que la actora desempeñaba funciones como apoderada legal de la secretaría demandada.—Asimismo, de las propias pruebas aportadas por la actora, particularmente con la copia simple de oficio número **********, de 27 de febrero de 2014, dirigido al doctor **********, entonces presidente Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, suscrito por la doctora **********, entonces, Secretaria de Salud y con la copia de acuerdo de 5 de marzo de 2014, dictado por el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro del expediente V-35-43, documentales que obran a fojas 35 a 37 de autos, mismas que son pruebas comunes de las partes, con las cuales se acredita que se designó como apoderados legales de dicha secretaría, entre otros, a la licenciada **********.—También, con las pruebas ofrecidas por la secretaría demandada, consistentes en la testimonial a cargo de **********, desahogada en audiencia de 9 de marzo de 2016 (F. 456-461 de autos), la cual tiene valor para acreditar que los testigos conocen a **********, que la conocen porque trabajaban en la Dirección Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud, que saben que ya no labora allí, ya que se presentó a laborar el 15 de septiembre de 2014 y ya no regresó a laborar posteriormente, que saben que su horario de labores es de las 9:00 a las 18:00 horas con una hora de comida fuera de las instalaciones de las 15:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, que tenía la categoría de empleada de confianza, siendo sus funciones de apoderada legal de la Secretaría de Salud, en el puesto de soporte administrativo ‘A’, así como con la copia certificada de diversas audiencias, comparecencias, contestaciones de demanda, promociones y actuaciones judiciales realizadas en diversas Salas de este Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que obran de fojas 237 a 275 de autos, con las cuales se acredita que la actora comparecía como apoderada legal de la Secretaría de Salud, en diversos juicios tramitados ante este tribunal.—Con todas las anteriores probanzas, adminiculadas y vinculadas entre sí, se acredita fehacientemente que la actora **********, desempeñó funciones de representatividad y asesoría, como consecuencia del ejercicio de las atribuciones legales que le fueron conferidas como apoderada legal de la Secretaría de Salud, en materia laboral, funciones que son consideradas de dirección en virtud de que implican poder de decisión en su ejercicio, funciones que la actora realizaba en forma permanente y para las cuales fue contratada en términos del artículo 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo suficiente con ello para determinar que realizaba funciones correspondientes a un trabajador de confianza; las cuales se encuadran en el inciso a), fracción II, del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que de conformidad con el artículo 123, apartado ‘B’, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus derechos se encuentran limitados, por lo que los trabajadores de confianza no gozan de la protección de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en cuanto hace a la estabilidad en el empleo, y no pueden válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho como es la reinstalación, porque deriva de una prerrogativa que la Constitución y la ley no les confiere.—Al efecto, el inciso a) de la fracción II, del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a la letra señalan: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe).—En este orden de ideas hay que señalar que se trata de funciones que la ley contempla como conceptos generales y pueden derivan en un sin número de funciones, las cuales por definición se conciben como: Dirección: 1. Acción y efecto de dirigir.—5. f. Conjunto de personas encargadas de dirigir una sociedad, un establecimiento, una explotación, etc.—6. f Cargo de director.—7. f. Oficina o casa en que despacha el director o los directivos.—Representatividad: 1. adj. Que sirve para representar algo.—2. adj. Que representa con justos títulos. ‘Presidirá el acto una figura representativa de las letras’.—Definiciones extraídas de manera directa y por conjugación del Diccionario de la Lengua Española ubicado en la página de internet de la Real Academia Española de la Lengua.—En tal virtud, de conformidad con el artículo 123, apartado ‘B’, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que ********** carece de la protección de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, consecuentemente, no cuenta con estabilidad en el empleo, acorde a lo establecido por los artículos 5o. y 8o., de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no puede demandar prestaciones derivadas de ese derecho, como es la reinstalación o la indemnización constitucional, porque derivan de un derecho que la Constitución y la ley no le confiere, por lo que el hecho de que la actora haya dejado de presentarse a laborar, resulta irrelevante, ya que carece del derecho a la estabilidad en el empleo.—En consecuencia, resulta procedente absolver a la Secretaría de Salud de la reinstalación de la actora **********, en el puesto de **********, con funciones de apoderada legal, que venía desempeñando, así como de la indemnización constitucional, consistente en tres meses de salario; veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados, a razón de su salario integrado."
Determinación que es correcta, pues la responsable concluyó que la demandada con sus pruebas demostró que la actora era trabajadora de confianza.
Ahora, de lo expuesto se advierte que es infundado que el laudo viole lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al carecer de la debida fundamentación y motivación, pues como consta, la Sala del conocimiento, ajustándose a la litis planteada, con base en el material probatorio aportado por las partes, haciendo una adminiculación y concatenación de las probanzas debidamente desahogadas, y tomando en cuenta que la carga probatoria correspondió a la parte demandada para acreditar que la trabajadora era de confianza, estimó que ésta lo colmó con las pruebas documentales ofrecidas.
Lo cual pone de manifiesto que el laudo dictado por la responsable satisfizo el requisito de motivación, así como la exigencia de fundamentación que deben contener sus determinaciones, pues tratándose de resoluciones jurisdiccionales, no se requiere necesariamente de la cita del precepto legal, si al momento de analizar la litis, la autoridad expone los razonamientos que involucran las disposiciones que sustentan la resolución. Toda vez que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía de legalidad sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las apoyan, porque está implícita dentro del examen de la controversia.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. CXVI/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 143, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.—La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."
Así como la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Dicho lo anterior, el artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece:
"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
"II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de:
"a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, sub-directores y jefes de departamento."
La hipótesis contemplada en el artículo 5o., fracción II, inciso a), fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 160/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 123, del tenor siguiente:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.—La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando."
Respecto de los empleados de confianza, el Pleno del Máximo Tribunal emitió la jurisprudencia P./J. 36/2006, que se aprecia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10, que lleva por rubro y texto:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL.—De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de conf
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27867-c65c0937/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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