Corpus
Modo: Corpus Pro

PERSONAL DE SERVICIOS MIGRATORIOS (AGENTES FEDERALES DE MIGRACIÓN). AL REALIZAR PRIORITARIAMENTE FUNCIONES DE INSPECCIÓN RESPECTO DE LA ENTRADA O SALIDA DE PERSONAS AL TERRITORIO NACIONAL, DEBEN CONSIDERARSE COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 956/2014. · Registro digital (IUS): 25476
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-02-13
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Pág. 2328.

AMPARO DIRECTO 956/2014. 30 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO RIVERA. SECRETARIO: RAÚL SANTIAGO LOYOLA ORDÓÑEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El estudio de los planteamientos formulados por la quejosa y reproducidos en el considerando que antecede, conduce a determinar lo siguiente.

Son infundados los argumentos planteados.

En el primer concepto de violación se afirma que la Sala inobservó lo que le impone el artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque ese dispositivo establece que solamente podrá ordenarse el traslado de un trabajador por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas; sin embargo, la responsable únicamente transcribió las excepciones de la demanda y se refirió al contenido del oficio mediante el cual se determinó el cambio de adscripción.

Que no expuso ni analizó los elementos de convicción para acreditar la reorganización y necesidades del servicio, es decir, que el cambio de adscripción haya sido por necesidades del servicio plenamente justificadas, pues no basta que al empleado se le haga de su conocimiento mediante un oficio su cambio de adscripción por necesidades del servicio, sino que estas necesidades del servicio deben estar plenamente justificadas, lo que el demandado no demostró, motivo por el cual, el cambio de adscripción que le fue notificado es injustificado, porque no se cumplió con lo establecido por el artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Que en el oficio número **********, de doce de noviembre de dos mil siete, no se expusieron los motivos del cambio de adscripción.

En su segundo motivo de inconformidad se dice que la responsable emitió un laudo incongruente, en razón de que se concretó a determinar que al no haberse presentado en su centro de trabajo, fue un acto unilateral y voluntario.

En el concepto de violación identificado como tercero se expresa que la Sala la dejó en estado de indefensión, al no valorar sus pruebas.

Como se dijo al principio de esta ejecutoria, sus conceptos de violación son infundados, de los cuales el primero y segundo se estudian en su conjunto, dada la vinculación existente entre ellos, tal como lo autoriza el artículo 189 de la Ley de Amparo vigente.

Los razonamientos que tuvo a bien la Sala para absolver a la ********** son correctos.

Ciertamente, en el laudo reclamado de trece de agosto de dos mil doce, la responsable consideró que el cambio de adscripción del ********** con sede en el **********, a la **********, había sido por motivos de la reorganización de servicios, con el objeto de apoyar las cargas de trabajo existentes en la referida subdelegación, razón por la cual, la Sala señaló que conforme al artículo 16, fracción I, una de las causas por medio de la cual los trabajadores pueden ser cambiados temporal o definitivamente de adscripción es por necesidades del servicio; lo que se encontró debidamente acreditado con el oficio número **********, de doce de noviembre de dos mil siete, pues en él la demandada adujo que el motivo del cambio de adscripción obedecía a la reorganización de los servicios.

El artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,(1) señala cuatro supuestos mediante los cuales un trabajador al servicio del Estado puede ser trasladado de una población a otra, mismos que son: por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas; desaparición del centro del trabajo; permuta debidamente autorizada; y, por fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En el presente asunto, la demandada acreditó haber cumplido con el lineamiento establecido en el artículo 16, fracción I, consistente en que únicamente procede el cambio de adscripción "por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas".

Es así, porque del oficio número ********** de doce de noviembre de dos mil siete se desprende que a la actora, hoy quejosa, le fue informado lo siguiente:

"... Coordinación de Administración. Dirección de Recursos Humanos. Oficio No. **********. México, D.F. a 12 de noviembre de 2007. C. **********. Presente. De conformidad con el artículo 3o., fracción VI, del Acuerdo por el que se delegan facultades al titular de Recursos Humanos del **********, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1999, en virtud de la reorganización de los servicios y con el objeto de apoyar las cargas de trabajo existentes en la ********** en **********, perteneciente a la **********, le informo que a partir de la recepción del presente oficio queda usted adscrita a dicha subdelegación local y cuenta con cinco días naturales para presentarse con el Ing. **********, en las oficinas ubicadas en **********, **********, Col. **********, **********, a efecto de que le asignen las funciones que desempeñará. Por lo que hace al menaje de casa, se le informa que deberá presentar solicitud por escrito y tres cotizaciones del monto de la mudanza ante su área administrativa, a efecto de obtener la autorización respectiva y estar en posibilidad de tramitar el pago correspondiente, de conformidad al procedimiento establecido. En cuanto al pago de los pasajes para el traslado de sus familiares a esa entidad (en línea recta ascendente, descendente o colateral en segundo grado, siempre que se demuestre la dependencia económica), se le comunica que los mismos están a su disposición con el jefe de su área administrativa, asimismo éstos deberán ser comprobados conforme a la normatividad establecida, de la cual usted tiene conocimiento. No omito manifestar que la falta de cumplimiento de lo notificado es causa de un procedimiento jurídico laboral ..."

Lo que se encuentra ajustado a derecho, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre dicho tópico, determinó lo siguiente:

"... que en el supuesto de que un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia respectiva tendrá como obligaciones hacia aquél, la de darle a conocer, en primer lugar, la causa o causas por las que se realiza y, en segundo término, la de sufragar los gastos de viaje y menaje de casa, previéndose como excepción el caso en que haya sido el propio trabajador el que haya solicitado el traslado referido ... para efectos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, resulta irrelevante la denominación que se le dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo ésta es menor o mayor a seis meses, en razón de que en forma expresa el numeral 16 de la legislación en cita ordena que la dependencia donde preste sus servicios el trabajador tendrá la obligación, ineludible, de justificar alguna de las causas que en forma restrictiva se prevén en sus diferentes fracciones, a saber: 1. Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Por desaparición del centro de trabajo; 3. Por permuta debidamente autorizada; y, 4. Por fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ... la denominación que se le dé a la orden para que un trabajador sea cambiado de adscripción de una población a otra, resulta irrelevante pues, en cualquier caso, existe la obligación de la dependencia que la emite de justificarla conforme a la ley. ..."

Conforme a los anteriores razonamientos de nuestro Más Alto Tribunal de Control Constitucional, queda más que evidenciado que la demandada cumplió con lo establecido en el artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Esto se sostiene, porque previamente a su traslado le dio a conocer las causas del mismo, que fueron por "reorganización de los servicios y con el objeto de apoyar las cargas de trabajo existentes en la **********, perteneciente a la **********".

Asimismo, cumplió con la obligación de sufragar los gastos de viaje y menaje de casa, máxime que le fue señalado que para efectos de menaje de casa, debía presentar solicitud por escrito y tres cotizaciones del monto de la mudanza y, respecto al pago de pasajes de sus familiares, se le indicó que los mismos estaban a su disposición con el jefe de su área administrativa.

Motivo por el cual y, contrario a lo sostenido, el demandado sí cumplió con el contenido del artículo 16, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues la dependencia burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas, lo que finalmente hizo.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 307/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 3240, que dice:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ. El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas."

En diverso orden de ideas, contrario a lo sostenido en su tercer concepto de violación, la Sala no la dejó en estado de indefensión, ello en razón de que la responsable sí valoró su material probatorio.

En su escrito inicial de demanda, la actora ofreció como pruebas de su parte, el oficio número ********** de doce de noviembre de dos mil siete y citatorio de ocho de ese mismo mes y año, el recibo de pago quincenal, correspondiente al periodo del dieciséis al treinta y uno de octubre de dos mil siete, así como de la primera y segunda quincenas de agosto de dos mil siete, confesionales para hechos propios a cargo de ********** y ********** y testimoniales de **********, **********, ********** y ********** (fojas 6 y 7).

En el laudo reclamado, en el considerando V (sic) la responsable analizó y valoró las pruebas admitidas de la actora, pues manifestó que el oficio número **********, de doce de noviembre de dos mil siete, fue prueba en común de las partes, la copia fotostática del citatorio de ocho de noviembre de dos mil siete, también fue prueba común de las partes, teniendo valor probatorio para acreditar que el ********** del ********** en el **********, le informó a la accionante que el doce de noviembre de dos mil siete, se llevaría a cabo una reunión a las 10:00 horas en el auditorio de sus oficinas centrales, copia fotostática y original de los recibos de pago de las quincenas quince, dieciséis y veinte, del año dos mil siete, visibles de fojas doce a quince de autos, no fueron objetadas en cuanto a autenticidad de contenido y firma; por lo tanto, tienen valor probatorio para acreditar que la accionante en la segunda quincena del mes de octubre del dos mil siete, percibió la cantidad de $********** (********** M.N.).

Por cuanto hace a su prueba confesional para hechos propios a cargo del C. **********, se desahogó en audiencia de fecha dieciocho de febrero de dos mil nueve, fojas sesenta y nueve y setenta de autos, la cual carece de valor probatorio, ya que el absolvente negó todas las posiciones que se le articularon y respecto a la confesional para hechos propios a cargo del C. **********, se decretó la deserción en audiencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve, la prueba testimonial a cargo de los **********, ********** y **********, se decretó la deserción en audiencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil nueve.

Razón por la que la afirmación de la actora es infundada, pues la responsable sí analizó y valoró su material probatorio.

Además, con independencia de las razones de la responsable, lo cierto es que la acción de la empleada era de entrada improcedente, ello porque se desempeñó como trabajadora de confianza.

De acuerdo al artículo 4o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. Asimismo, el numeral 5o., fracción II, de la indicada ley, establece quiénes serán considerados trabajadores de confianza en el Poder Ejecutivo.(2)

Como se advierte de lo anterior, para establecer quiénes tendrían el carácter de empleados de confianza, el legislador utilizó como método:

1) La enunciación de la denominación de ciertos puestos (incisos j, k y l);

2) La adscripción presupuestal (inciso i); y,

3) Las funciones inherentes al puesto (incisos a, b, c, d, e, f, g y h).

El artículo 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dispone que son trabajadores de base los no incluidos en el numeral 5o., que serán inamovibles y su ingreso y promoción se sujeta a las reglas escalafonarias.

En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha establecido que "cuando sea necesario determinar si un trabajador al Servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo", ello en términos de la jurisprudencia P./J. 36/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, visible en la página 10, que dice:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo."

La anterior jurisprudencia debe interpretarse en relación con la diversa 2a./J. 160/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 123, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS. La calidad de confianza de un trabajador al servicio del Estado es excepcional en atención a la regla general consistente en que los trabajadores se consideran de base, de ahí que conforme al artículo 5o., fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el artículo 20 de la ley citada o que efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando."

En términos del anterior criterio, para considerar que un trabajador es de confianza, no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal del puesto, sino que también debe acreditarse cualquiera de las siguientes cuestiones: a) que las funciones desempeñadas están incluidas en el Catálogo de Puestos del Gobierno Federal que prevé el artículo 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado o, b) que efectivamente las funciones correspondan a la denominación del puesto.

En el caso concreto, debe precisarse que la actora ********** demandó de la **********, su reinstalación en el puesto de ********** y prestaciones accesorias, en el hecho uno de su escrito; señaló que comenzó a prestar sus servicios a partir del dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho como **********, adscrita al **********, con sede en el ********** de la ********** (fojas 1 y 4).

Al dar contestación a la demanda, la ********** admitió que la actora se desempeñaba como **********.

El titular quejoso opuso la siguiente excepción:

"... 4. La de inestabilidad en el empleo, que se hace consistir precisamente en el hecho de que la actora se desempeñaba (sic) **********, puesto que se encuentra catalogado como de confianza y que realiza funciones inherentes a dicha categoría como lo son la inspección, vigilancia y custodia, funciones que se encuentran comprendidas en el inciso b), fracción II del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que realiza funciones de inspección, vigilancia y custodia como personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeña tales funciones y que ocupó a la fecha de su abandono en un puesto de confianza, como se acreditará en el momento procesal oportuno ..."

Para acreditar sus excepciones y defensas, entre otras pruebas, la secretaría demandada ofreció la confesional a cargo de la actora, la que se desahogó en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil nueve, la que al responder la pregunta uno, dijo:

"... a la primera. Que usted se desempeñaba en un puesto de ********** con funciones relativas e inherentes al puesto que tenía. Se califica de legal. Respuesta. Sí tenía ese puesto pero aclarando que no fue siempre, fueron en varias áreas administrativas y de atención al público ..."

Lo que se adminicula con la confesión expresa contenida en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que solicitaba su reinstalación en su plaza adscrita al **********, con sede en el **********, **********, pues se desempeñó como **********.

Confesión que se recoge, en términos del artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

Así las cosas, las labores desempeñadas por la actora son propias de un trabajador de confianza, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues a los ********** por ley, les corresponde realizar funciones de inspección, las cuales encuadran en la fracción II, inciso b) del artículo 5o. citado.

Los trabajadores de las dependencias y entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123, constitucional, serán de confianza, siempre que desempeñen funciones que de acuerdo al Catálogo de Puestos del Gobierno Federal, sean de inspección, vigilancia y fiscalización, exclusivamente a nivel de las jefaturas y subjefaturas, cuando estén contemplados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe esas funciones.

Por tanto, conforme a lo establecido en la fracción II, inciso b) del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para determinar si un trabajador que se rige por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, es o no de confianza, además de determinar, si conforme al Catálogo de Puestos de la entidad o dependencia respectiva el operario realiza funciones de inspección y vigilancia, existen dos aspectos más que se deben considerar, a saber, que el trabajador tenga el nivel de jefatura o subjefatura o, en el caso, que tales funciones de (inspección y vigilancia), se desempeñen de manera exclusiva y permanente.

El artículo 16 de la Ley General de Población, el cual fue derogado el veintiocho de octubre de dos mil doce, ya que de conformidad con el artículo primero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de mayo de dos mil once, su derogación entraría en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración, que fue el 28 de septiembre de 2012, en su artículo transitorio primero, estableció que dicho reglamento entraría en vigor a los treinta días hábiles siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el veintiocho de octubre de dos mil doce, que a la letra dice:

"Artículo 16. El personal de los servicios de migración dependientes de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal Preventiva tienen prioridad, con excepción del servicio de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República."

Del numeral en cita, se constata que el personal de los servicios de migración, realiza, de manera prioritaria, funciones de inspección respecto de la entrada y salida de personas al territorio nacional.

A su vez, el artículo 151 de la Ley General de Población, que estuvo vigente hasta el nueve de abril de dos mil doce, señala lo siguiente:

"Artículo 151. Fuera de los puntos fijos de revisión establecidos conforme a las disposiciones de esta ley, la Secretaría de Gobernación, a través del personal de los servicios de migración y de la Policía Federal Preventiva, podrá llevar a cabo las siguientes diligencias:

"I. Visitas de verificación;

"II. Comparecencia del extranjero ante la autoridad migratoria;

"III. Recepción y desahogo de denuncias y testimonios;

"IV. Solicitud de informes;

"V. Revisión migratoria en rutas o puntos provisionales distintos a los establecidos, y

"VI. Obtención de los demás elementos de convicción necesarios para la aplicación de esta ley, su reglamento y demás disposiciones administrativas procedentes."

En ese sentido, debe considerarse a la actora como miembro del personal de servicios de migración, pues así lo indica la propia denominación de su puesto, a saber **********, que por mandato legal contenido en el artículo 16 citado tiene funciones de "inspección", pues le corresponde, de manera prioritaria, "inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan", ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República.

De igual forma, debe mencionarse que la secretaría demandada señaló que la actora era trabajadora de confianza porque en forma exclusiva y permanente desempeña las funciones de inspección, lo que resulta correcto, si se toma en cuenta que la accionante, conforme al artículo 16 citado, como **********, realiza la inspección de la entrada y salida de personas al territorio nacional.

Luego, si la actora se desempeñaba como ********** y por mandato legal le corresponde realizar en forma exclusiva y permanente las funciones de inspección de la entrada y salida de personas al territorio nacional por cualquier medio de transporte, es indudable que debe considerarse que es una trabajadora de confianza, en términos de lo que establece el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la ya referida ley burocrática y en ese sentido, fue ilegal que la Sala responsable condenara a la secretaría, aquí quejosa, a reinstalar a la actora.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.6o.T.75 L (10a.), sustentada por este Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1375, que dice:

" De la adminiculación de los artículos 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 151 (vigente hasta el 25 de mayo de 2011) en relación con el 16 (vigente hasta el 12 de noviembre de 2011), de la Ley General de Población, se advierte que los agentes federales de migración pertenecen al personal de servicios migratorios, y realizan prioritariamente funciones de ‘inspección’, pues les corresponde inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma que lo hagan, ya sea en transportes nacionales o extranjeros, marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y aeropuertos de la República; por lo que, por mandato legal, les corresponde realizar exclusiva y permanentemente las funciones de inspección de la entrada o salida de personas al territorio nacional por cualquier medio de transporte; consecuentemente, deben considerarse como trabajadores de confianza en términos del citado artículo 5o., fracción II, inciso b)."

Por tal razón, la acción de la actora deviene de origen improcedente, dados los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente ejecutoria.

Finalmente, no se hace pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el demandado, ello en atención a que no se formulan causales de improcedencia, mucho menos forman parte de la litis en el juicio constitucional, además de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 14, que dice:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuesti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25476-b748135f/personal-de-servicios-migratorios-agentes-federales-de-migracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.