TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. VALOR PROBATORIO DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS CONFORME A LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACREDITAR AQUELLA CALIDAD.
AMPARO DIRECTO 1170/2013. 21 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. DISIDENTE Y PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: OMAR DAVID UREÑA CALIXTO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Por cuestión de método y mejor claridad en el estudio, se examinan los conceptos de violación de manera diversa al planteado, en conjunto y por temas, lo que se hace de la siguiente manera.
Violación procesal.
En el cuarto motivo de discrepancia, el quejoso invoca una violación al procedimiento, consistente en que la Sala revocó sus propias determinaciones, pues al resolver el incidente de competencia que le planteó la secretaría demandada al considerarlo de confianza, se declaró legalmente competente para conocer y resolver el asunto, tan era así que sustanció el procedimiento y lo resolvió, por lo que al determinar que el actor era de confianza y que, por ello, se negaba la indemnización, violentó sus garantías, así como los artículos 146 y 139 de la ley burocrática pues, insiste, no podía revocar sus propias determinaciones.
Lo que se arguye es infundado, porque de la lectura de las constancias que conforman el sumario laboral, no se advierte que la secretaría demandada haya interpuesto la incidencia que refiere el quejoso, y menos que la autoridad responsable lo haya resuelto, por lo que no asiste razón al impetrante de amparo al sostener que la Sala revocó sus propias determinaciones.
Constitucionalidad de los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
En el primer concepto de violación, alega el quejoso que los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya primera aplicación se dio en el laudo que impugna, son inconstitucionales porque se oponen a los principios fundamentales de seguridad y certeza jurídica, consagrados en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obligan a la igualdad y equidad entre los gobernados.
Que los citados preceptos 5o. y 8o. de la ley burocrática expresan una restricción de los derechos en su perjuicio, cuando el artículo 1o. constitucional lo prohíbe, y el 17 señala que la justicia debe ser certera y eficaz; que al elaborar los señalados artículos 5o. y 8o., el legislador no tuvo la intención de violar las garantías de seguridad y de ministrar justicia, pues de lo contrario, hubiera plasmado de manera literal y clara que los trabajadores de confianza no debían demandar la estabilidad en el empleo, y que no tenían el derecho a una indemnización.
Que el artículo 8o. de la ley burocrática merma la garantía de ejercitar la acción de justicia contenida en el artículo 17 constitucional.
Que el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se opone al artículo 1o. constitucional, al establecer una distinción, diferencia o discriminación entre los gobernados, por el hecho de ser trabajador de confianza. Que el mencionado numeral de la legislación laboral burocrática demeritaba la equidad e igualdad jurídica de todos los que son iguales; que sí hacía una distinción que le perjudicaba, pues no obstante de ser ambiguo respecto a la mención de que no tenía derecho al pago de la indemnización, estaba incurriendo en un acto de aplicación e interpretación discriminatoria haciendo la distinción entre trabajadores de "primera" (de base) y los de segunda o tercera (de confianza), dando una clara denegación de justicia.
Que la negativa de obtener una indemnización con base en la ley secundaria, implicaba una violación a los tratados y convenios internacionales de trabajo, sostenidos por la Organización Internacional del Trabajo celebrados con México, que en términos del artículo 133 constitucional, se comprometió a respetar; luego, aun cuando en el laudo combatido, la responsable haya establecido que los trabajadores de confianza no están protegidos por la ley, pasó por alto que ese criterio es violatorio del convenio internacional de trabajo número 111, el cual establece que los trabajadores en ninguna forma deben ser discriminados en sus derechos, por lo que, insiste, el acto reclamado era violatorio del citado convenio, pues la Sala al distinguirlo como de confianza, estaba socavando y menospreciando sus derechos humanos, con respecto a los demás trabajadores, como eran los de base, ya que se trata de seres humanos por igual.
En otra parte del tercer concepto de violación, el amparista sostiene que el laudo reclamado, al considerarlo como trabajador de confianza y excluirlo de la acción principal, incurrió en un trato discriminatorio prohibido por el artículo 1o. constitucional, que dispone que todos somos iguales ante la ley, porque no se constataron las funciones de confianza, puesto que jamás se tuvo a la vista alguna relación de los bienes materiales que el quejoso autorizó a entrar o salir; que se le hubiera conferido nombramiento de encargado de inventario de control de bienes materiales.
En la parte conducente del quinto concepto de violación, sostiene la inconstitucionalidad de los artículos 5o. y 8o. de la ley burocrática, ya que contrarían el artículo 17 constitucional, porque le impidieron el acceso a la justicia al distinguirlo como de confianza, estableciendo una diferencia jurídica discriminatoria, como si se tratara de un trabajador de segunda clase; que al considerársele de confianza, se le excluía de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, oponiéndose a la Ley Suprema, porque al no estar cobijado por la ley secundaria, ¿ante quién se podía proteger para ejercer justicia?, pues los citados preceptos eran ambiguos, al no señalar qué autoridad jurisdiccional es la competente para dar la garantía de seguridad jurídica; además de que violaban todos los tratados internacionales de trabajo.
En el segundo motivo de disenso, alega el quejoso la ilegalidad del laudo porque la Sala estimó que al ser trabajador de confianza quedaba excluido del régimen burocrático, cuando ello sería como permitir que los principios y garantías de seguridad jurídica consagrados en la Constitución Federal, pasaran a ser únicamente principios teóricos o mandamientos éticos, perdiendo su poder como normas supremas, lo que implicaría caer en la hipótesis de anarquía y despotismo, reflejándose esa circunstancia en la determinación de la autoridad responsable al estimarlo como de confianza, con fundamento en el artículo 5o., fracción II, de la ley burocrática, ya que conforme al diverso numeral 8o,. quedó excluido de la aplicación de la ley secundaria, de ahí que dichos preceptos debieron declarase inconstitucionales. Es decir, que al aplicársele el artículo 5o., no debía aplicarse el 8o. y, por ende, debía ser incluido en la ley, por lo que procedía la indemnización.
Que la responsable soslayó que en el artículo 123, apartado B, constitucional se origina la fuente del derecho para que se le incluyera en el régimen de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues señala que los conflictos individuales, como era su caso, serían sometidos al Tribunal Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que el artículo 8o. de la ley burocrática se oponía a este mandato, al excluirlo del régimen burocrático; que si la fracción XII del citado precepto y apartado ordenaba la autoridad que debe conocer del juicio laboral, lo desacató al pretender aplicarle los artículos 5o. y 8o. de la citada ley laboral, excluyéndolo del pago de la indemnización.
Los argumentos que preceden son infundados, en atención a las siguientes consideraciones.
El artículo 123, apartado B, fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"...
"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
"...
"IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley.
"En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;
"...
"XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."
De la transcrita fracción XIV, se observa que se dejó a la ley la determinación de los cargos considerados de confianza y que las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y de seguridad social, es decir, están protegidos en el pago de prestaciones como el salario ordinario, aguinaldo, quinquenio, entre otras, que consisten en medidas protectoras de carácter general, así como en los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, lo que implica que se delimitan los derechos de estos trabajadores, pues no se instituyó en su favor, la estabilidad o inamovilidad en el empleo, que en contraposición sí se prevé expresamente en la fracción IX (también citada), para los trabajadores de base. Lo que deriva en que el trabajador de confianza y el de base, son regulados de forma distinta, tomando en cuenta sus características, también diferentes.
Ilustra lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo, en términos de su artículo sexto transitorio, la tesis aislada P. LXXIII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 176 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, cuyos rubro y contenido son:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. El artículo 123, apartado B, establece cuáles son los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza; configura, además, limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplicables a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente la fracción XIV de este mismo apartado los limita en cuanto a su aplicación íntegra, puesto que pueden disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este apartado."
De ese modo, como la inamovilidad en el empleo es exclusivo de los empleados de base, de ello se deriva que sólo éstos tengan derecho a la reinstalación o la indemnización, lo que recae en que a contrario sensu, dichas prerrogativas no son para los trabajadores de confianza; sin que sea obstáculo, el que la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Carta Fundamental, no se haga referencia expresa de su aplicación a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, pues, como se ha detallado, la estabilidad no fue concedida expresamente por el constituyente para estos empleados, por lo que es evidente que no se les puede otorgar; de ese modo, el trabajador de confianza no goza de permanencia en el empleo, pues basta considerar lo dispuesto en la fracción XIV del mismo apartado, para determinar que por exclusión quedan eximidos del derecho que otorga el apartado IX y, que por ende, se otorga ese derecho únicamente a los trabajadores de base. Lo que se sustenta en la tesis aislada P. XLVII/2005, dictada en la Novena Época por el Pleno del Máximo Tribunal, consultable en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, que dice:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. AL NO GOZAR DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, CARECEN DEL DERECHO A DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la interpretación del primer párrafo de la referida fracción IX, en el sentido de que los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, en relación con la fracción XIV del propio precepto y apartado, se advierte que sólo los trabajadores de base de los Poderes de la Unión gozan de estabilidad en el empleo, por lo que no pueden ser suspendidos o cesados, sino por causa debidamente comprobada y justificada, lo que les permite permanecer en él, incluso contra la voluntad del patrón, mientras no exista causa que justifique su despido. En ese tenor, si los trabajadores al servicio del Estado que desempeñen cargos de confianza únicamente disfrutan de las medidas de protección al salario y gozan de los beneficios de la seguridad social, sin tener derecho a la estabilidad o inamovilidad en el empleo, se concluye que no les asiste el consagrado en el segundo párrafo de la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para demandar una indemnización en caso de separación injustificada, dado que, salvo disposición en contrario de la respectiva ley reglamentaria en la que se incrementen los mínimos constitucionales, por regla general su separación no será injustificada."
En ese orden de ideas, si bien en ninguna de las fracciones citadas del apartado B del artículo 123 de la Carta Magna, expresamente se establece que los trabajadores de confianza están exceptuados de la estabilidad en el empleo, la exclusión se deriva de la fracción XIV transcrita, en la que se limitan en forma expresa, los derechos de que pueden disfrutar los trabajadores de confianza, toda vez que no se incluyó la estabilidad en el empleo, lo que implica que no puede atribuírsele un derecho que no les ha sido reconocido.
La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala:
"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
"...
"II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de:
"a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos, subdirectores y jefes de departamento.
"...
"f). En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios.
"..."
"Artículo 8o. Quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o.; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se militarice legalmente; los miembros del servicio exterior mexicano; el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios."
En los citados preceptos se materializa la exclusión de los trabajadores de confianza de la ley burocrática, sin embargo, como se ha precisado, ello no contraría el artículo 123, apartado B, de la Ley Fundamental, pues esa salvedad deriva de la norma primaria, además de que la exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecido expresamente en el texto constitucional, pues basta atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de confianza para determinar que, por exclusión, no pueden gozar de los otorgados a los de base. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 2a./J. 205/2007, sostenida en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, noviembre de 2007, que a la letra dice:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LA LEY REGLAMENTARIA QUE LOS EXCLUYE DE LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE BASE, NO VIOLA EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al legislador la facultad de determinar en la ley los términos y condiciones en que procede la suspensión o cese de los efectos del nombramiento de los trabajadores burocráticos, por lo que al armonizar el contenido de esa fracción con el de la diversa XIV, se advierte que los trabajadores de confianza no están protegidos en lo referente a la estabilidad en el empleo, sino solamente en lo relativo a la percepción de sus salarios y las prestaciones de seguridad social que se extiende, en general, a las condiciones laborales según las cuales deba prestarse el servicio, con exclusión del goce de derechos colectivos, que son incompatibles con el tipo de cargo y naturaleza de la función que desempeñan. Y si bien en ninguna de las fracciones que integran el citado apartado B se establece expresamente que los trabajadores de confianza están excluidos de la estabilidad en el empleo, ésta se infiere de lo dispuesto en la referida fracción XIV, al precisar cuáles son los derechos que pueden disfrutar, y como entre éstos no se incluyó el de la estabilidad en el empleo, no puede atribuírseles un derecho que ha sido reconocido exclusivamente a los de base. Ello es así, porque la exclusión de un derecho no necesariamente debe estar establecida expresamente en la norma constitucional, pues basta atender a los derechos que confirió el Constituyente a los trabajadores de confianza para determinar que, por exclusión, no pueden gozar de los otorgados a los de base. Por tanto, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al precisar los derechos que tiene el trabajador de base y excluir de ellos a los de confianza, no contraría el apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental."
Igualmente se cita la tesis aislada I.13o.T.11 L, sostenida por este tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 831, que a la letra dice:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, AL EXCLUIR A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO. Al prever la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la exclusión de los trabajadores de confianza de ese régimen en su artículo 8o., no transgrede la garantía de seguridad jurídica contenida en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional. Ello, porque de una interpretación armónica y sistemática de las fracciones que conforman dicho apartado, se desprende que si bien la fracción IX establece que los trabajadores al servicio del Estado sólo podrán ser cesados por causa justificada en los términos que fije la ley, que en caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación o indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal y que en casos de supresión de plazas tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente, dicha disposición debe entenderse en el contexto integral de las fracciones que conforman el apartado referido, es decir, partiendo de la existencia de trabajadores de base y de confianza, que las fracciones I a XI contemplan los derechos mínimos que deben recibir esos trabajadores derivados del salario, de la seguridad social y del derecho de asociación a cambio de la prestación de sus servicios; de la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos laborales que puedan ocurrir entre los titulares de las dependencias que conforman los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, y dentro de los cuales no pueden quedar comprendidos los casos de exclusión que se precisan en las fracciones XII, XIII y XIV, relativas a los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores; los miembros de los cuerpos de seguridad pública, militares, marinos y personal del servicio exterior que se rigen por sus propias leyes; y los trabajadores de confianza, respectivamente. De ahí que si la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional precisa que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y su postulado se refleja en la hipótesis contenida en el artículo 5o. de la ley reglamentaria de dicho apartado, y en su numeral 8o. se excluye del régimen de esa ley a los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o., esta disposición no transgrede la garantía de seguridad jurídica establecida en la Carta Magna."
De ese contexto, se concluye que los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no son contradictorios de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, constitucional, pues la excepción de los trabajadores de confianza se deriva de lo previsto en el citado texto.
Por otra parte, respecto a que los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contravienen el artículo 1o. de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Convenio 111, de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por nuestro país, por hacer una diferenciación entre trabajadores de base y de confianza, y que por ende es discriminatoria, trastocando el derecho a la igualdad, es infundado.
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, establece:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y ... Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
También se prevé que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, atendiendo a la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de la materia.
En ese sentido, debe decirse que nuestro país ha participado en tratados internacionales a través de diversos convenios, entre ellos, el 111 de la Organización Internacional del Trabajo, que invoca el quejoso, el cual es de este tenor:
"Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el sábado 11 de agosto de 1962. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República. Adolfo López Mateos, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que a los veinticinco días del mes de junio del año de mil novecientos cincuenta y ocho, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el día cuatro del mes de junio del año de mil novecientos cincuenta y ocho, en su cuadragésima segunda reunión, adoptó el siguiente Convenio: Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: ... Considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio relativo a la discriminación (empleo y ocupación) 1958. Artículo 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; b) Cualquier otra distinción, exlusión (sic) o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. 3. A los efectos de este convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo."
De los anteriores preceptos y normatividades se desprende que por "discriminación" se entiende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; las que tiendan a la excusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.
Por otra parte, los términos "empleo y ocupación", incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo.
Por su parte, la transcrita fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al legislador la facultad de determinar en la ley cuáles eran los cargos que serán considerados como de confianza, lo cual implica que dejó la puerta abierta para que en leyes secundarias, como es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de este artículo y apartado; la Ley de Seguridad Pública; la ley que rige al Instituto Federal Electoral, etcétera, se establezca quiénes deben ser considerados como trabajadores de confianza, lo cual obedece a una razón de función y protección del propio Estado; ya que su función primordial es la de velar por el bienestar común, para lo cual debe atenderse a su buena marcha, en aras de la seguridad de todos los gobernados, y para ello es indispensable distinguir a los trabajadores ordinarios, como la base operativa de los funcionarios encargados de esa buena marcha.
Es así como se divide a los empleados de base y de confianza.
Los trabajadores considerados como de base, son aquellos cuyas funciones se consideran administrativas o de apoyo que no comprometen directamente la actividad del Estado; mientras que los de confianza, son los que intervienen directamente en representación del Estado, implicando con su actuación la función del Estado como persona moral.
En esa tesitura, los artículos 5o. y 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no son inconstitucionales, ni transgreden el artículo primero del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, porque la distinción apuntada no discrimina a los trabajadores al Servicio del Estado, porque no se hace por cuestiones de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, preferencia sexual, capacidad física diferente u otra análoga atentatoria de la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; pues para ocupar un puesto de confianza, los preceptos tildados de inconstitucionales no son limitantes en esos aspectos, ya que, por ejemplo, un puesto de confianza puede ser ocupado por cualquier persona sin distinción de su color de piel, raza, sexo, religión, preferencia política u otra análoga, sino que la división, se insiste, obedece a una razón de seguridad en las funciones del Estado.
En ese tenor, se concluye que el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, relacionado con el 8o. de la misma legislación, que contemplan la falta de estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza, en manera alguna transgrede el indicado derecho fundamental plasmado en el artículo 1o. constitucional, ni el artículo 1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que la inestabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza, no se basa en función de género, edad, condición social o religión, sino que está dirigida a salvaguardar la prestación del servicio público en óptimas condiciones, las cuales podrían verse
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25045-2625a8e5/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-valor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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