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Modo: Corpus Pro

SALARIO INVEROSÍMIL. LA AUTORIDAD LABORAL DEBE DECLARAR ASÍ AL INDICADO POR EL TRABAJADOR, CUANDO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA QUE OCUPA RESULTA EXCESIVO, NO OBSTANTE QUE SE HAYA TENIDO POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 371/2012. · Registro digital (IUS): 23774
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: ROGELIO VERÓNICA HERNÁNDEZ Y OTRO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Pág. 1440.

AMPARO DIRECTO 371/2012. ROGELIO VERÓNICA HERNÁNDEZ Y OTRO. 8 DE JUNIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL MORENO CAMACHO. SECRETARIO: AMAURY CÁRDENAS ESPINOZA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación.

Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa son infundados en parte y fundados en lo restante, aunque para considerar esto último sea necesario suplirlos en su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."(1), por ser la parte trabajadora quien acude al amparo.

Previo al estudio de los agravios, debe precisarse que por cuestión de técnica jurídica serán estudiados en orden distinto al planteado; lo anterior conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo(2) y a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO."(3)

Precisado lo anterior, resulta fundado el segundo concepto de violación, mediante el cual los quejosos alegan que se violaron las normas que rigen el procedimiento laboral con el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la demandada, al privarles de la posibilidad de intervenir en ella, pues se diligenció vía exhorto sin que se les notificara la fecha respectiva, con lo que se les dejó en estado de indefensión (fojas 6 vuelta y 7 del expediente de amparo).

Para avocarse al análisis de dicha transgresión procesal, deben verificarse los presupuestos que señala el artículo 158 de la Ley de Amparo,(4) que dispone la procedencia del amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de una sentencia o laudo como la constitutiva del acto reclamado cuando no proceda ningún recurso ordinario para ser modificada o revocada, ya sea que la violación se cometa en ella o que verificada durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo; luego, conforme a la técnica que rige en el juicio de amparo directo en tratándose del estudio de violaciones procesales, éstas deben analizarse en el orden siguiente:

a) Primero debe examinarse si la violación procesal es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 o 160 de la Ley de Amparo, según sea el caso.

b) En el supuesto de que sí esté comprendida en tales numerales, el órgano de control constitucional debe determinar si el hecho en el que se hace consistir la violación procesal es cierto o no.

c) Si es cierto el hecho, debe establecerse si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Amparo (materia civil).

d) Si fue observado lo señalado por el citado precepto 161, debe estudiarse si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer la parte quejosa, aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de la queja, según sea el caso.

e) Finalmente, debe constatarse si la violación trascendió al resultado del fallo.

Tales lineamientos se encuentran contenidos en la jurisprudencia de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES EN AMPARO DIRECTO. CÓMO DEBEN ANALIZARSE LAS."(5)

En esas condiciones, respecto al inciso a), la violación argumentada se encuentra prevista en la fracción XII del artículo 159 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales,(6) en razón a que si bien la transgresión procedimental en análisis, no se encuentra enumerada dentro de las hipótesis específicas que en el citado normativo 159 se consideran violadas las leyes del procedimiento en los juicios civiles, laborales y administrativos, respectivamente, ello no impide que este órgano de control constitucional la considere como tal.

Se sostiene lo anterior, puesto que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/89, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. CUÁNDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES.",(7) consideró que al contemplarse en la fracción XI -legislación vigente en aquella época y de igual redacción a la fracción XII de la actual normatividad- como transgresiones al procedimiento, aquellos casos análogos a los de las fracciones restantes, con ello, se otorga a los órganos jurisdiccionales amplia facultad para apreciar fuera de los supuestos específicos legalmente previstos, aquellos que por analogía con éstos tengan la misma importancia y gravedad que prevé la regla general, es decir, que no debe interpretarse en el sentido de que la analogía enunciada en ese precepto se encuentra comparando la violación de que se trate específicamente con alguna en especial de las que en él se prevén, sino que tal disposición debe entenderse en el sentido de que debe acudirse, para calificar la naturaleza de esta infracción al procedimiento, en cuanto al grado de la afectación que produzca en las defensas del quejoso y trascendencia en el resultado del fallo.

Conforme a lo anterior, se debe concluir que el desahogo incorrecto de la prueba de inspección por falta de citación a las partes para su intervención en la misma, es una violación procesal comprendida en la fracción XII del artículo 159 de la Ley de Amparo, por lo que resta verificar si el hecho en el que se hace consistir la violación procesal es cierta, si es contraria a la ley y a las garantías de la parte quejosa, así como si trascendió al resultado del fallo, por lo que procede estudiar el fondo de la misma.

Para evidenciar esto último, es necesario traer a colación los antecedentes que dieron origen a la transgresión procesal destacada en este apartado.

La parte reo, al contestar la demanda propuso como prueba la inspección, a desahogarse en las oficinas de la tesorería municipal,(8) sobre los libros de registro de asistencia de personal.

En relación con la anterior probanza, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diez,(9) la responsable -entre otras- admitió la citada probanza de la patronal y, en preparación a su desahogo, ordenó girar exhorto al Juez de Paz de Copalillo, Guerrero, para que la diligenciara, el cual fue enviado el siete de junio de dos mil diez, por oficio 4814/2010.(10)

Así, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diez,(11) el Juez aludido acordó diligenciar en sus términos dicho exhorto y el uno de julio siguiente, desahogó la referida prueba de inspección ofrecida por la parte reo, empero, sin siquiera haber fijado fecha para su desahogo, menos aún que de autos se advierta constancia alguna de la que se observe que la parte quejosa tuviera conocimiento de ello.

Lo hasta aquí reseñado, evidencia el incorrecto actuar de la autoridad responsable y la violación procesal destacada en perjuicio de la parte quejosa, que repercutió en el acto reclamado, pues al no haber sido debida y oportunamente notificada de la fecha y hora en que tendría lugar el desahogo de la prueba de inspección admitida a su contraparte, se le impidió comparecer a la diligencia relativa a hacer las manifestaciones que considerara convenientes.

En efecto, de la interpretación armónica del contenido de los artículos 828 y 829 de la Ley Federal del Trabajo,(12) se desprende que para el desahogo de la prueba de inspección, por exhorto, se debe hacer del conocimiento de las partes el día y hora, así como el lugar en que deberá desahogarse la probanza aludida, pues sólo de esta forma se salvaguarda el derecho de las partes de asistir a la diligencia relativa a expresar las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; para lo cual, la autoridad exhortada estará obligada a comunicar a la exhortante, con la debida anticipación a la recepción de esa prueba, la fecha y hora exacta en que se llevará a cabo el desahogo, con el objeto de que esta última, a su vez, de conformidad con el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo,(13) lo notifique personalmente a las partes, para que, de ser de su interés, asistan a esa diligencia.

Consideración que encuentra apoyo en los criterios que se comparten, de rubros: "PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. CUANDO SE ORDENA SU DESAHOGO POR EXHORTO, DEBEN NOTIFICARSE OPORTUNAMENTE A LAS PARTES, EL DÍA, HORA Y LUGAR SEÑALADOS PARA EL EFECTO."(14) y "PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. CUANDO SU DESAHOGO SE REALIZA POR EXHORTO, LA JUNTA EXHORTANTE DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LAS PARTES LA FECHA DE SU RECEPCIÓN."(15)

Corolario de lo anterior, como en la especie, de las constancias de autos no se aprecia que para el desahogo de la diligencia se haya notificado a las partes con la anticipación debida el día, hora y lugar en que tendría verificativo el desahogo de la prueba de inspección admitida, es inconcuso que con ello se patentiza una violación procedimental, ya que con dicho proceder se les coarta el derecho a intervenir y manifestar lo que a sus intereses jurídicos consideren conveniente en el desahogo de la prueba.

Por tanto, el actuar omiso de la responsable, por ilegal, resulta violatorio de garantías en perjuicio del quejoso Rogelio Verónica Hernández, lo cual trascendió al resultado del fallo, ya que la responsable emitió un laudo absolutorio, para lo cual tomó en cuenta el resultado de la mencionada prueba, ilegalmente desahogada, por ende, en reparación de dicha violación procesal, se impone reponer el procedimiento, a fin de que la responsable desahogue nuevamente dicha probanza, notificando a las partes, con la oportunidad debida, la fecha y hora que se programe para tal efecto.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la concesión del amparo por violación a las leyes del procedimiento tiene como consecuencia que se deje insubsistente el laudo reclamado y se reponga el procedimiento en el juicio laboral, ello no impide que se analicen los conceptos de violación que se enderezan en contra de aquellas cuestiones que son autónomas e independientes de la violación procesal, motivo por el cual, con la finalidad de cumplir con los principios inmersos en el artículo 17 constitucional, este órgano colegiado considera procedente analizar los motivos de inconformidad que se expresan sobre el particular, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL FONDO EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBEN EXAMINARSE SI NO DEPENDEN DE LA VIOLACIÓN PROCESAL DECLARADA FUNDADA."(16)

Por otra parte, en suplencia de la queja en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado advierte que la responsable, indebidamente, tuvo por inexistente la relación laboral alegada por el actor Jeremías Antonio Cuevas, pues incorrectamente le impone la carga de la prueba para que acreditara el vínculo laboral con el Ayuntamiento demandado, bajo el argumento de que negó la relación laboral, ya que del escrito de contestación de demanda, se establece, por una parte, que reconoce que los operarios sí le prestaron sus servicios y, por otra, aduce que dicha relación había culminado desde la administración municipal pasada, razón por la cual es a la empleadora a quien correspondía acreditar tal extremo, como a continuación se verá.

Para justificar lo anterior, es necesario partir de la premisa de que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos litigiosos, lo cual significa que sobre éstos debe recaer la actividad de las partes encaminada a crear un estado de certeza.

La afirmación anterior implica, primero, que sólo los hechos están sujetos a prueba, pero no el derecho en el que las partes apoyen sus pretensiones, el cual debe ser plenamente conocido por el tribunal de la causa.

Además, no todos los hechos deben ser probados, sino únicamente aquellos que sean materia de controversia, toda vez que resultaría ocioso probar un hecho en cuya existencia coinciden actor y demandado.

Una vez precisado que la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos, debe analizarse a quién corresponde probarlos.

La carga de la prueba es la conducta impuesta a una de las partes para que acredite la verdad de los hechos controvertidos; se le denomina "carga probatoria" porque constituye un imperativo del propio interés, es decir, un deber de actuar que otorga un beneficio o evita un perjuicio al litigante que lo soporta.

La carga de la prueba se atribuye a cada una de las partes según los hechos que sustenten sus pretensiones y, normalmente, de conformidad con las siguientes reglas:

a) La carga de probar incumbe al que afirma;

b) El demandado que apoya sus excepciones o defensas en nuevas afirmaciones tiene la carga de probarlos, para dejar sin valor ni eficacia las afirmaciones del demandante.

c) La carga de probar recae en quien hace una negación que envuelve una afirmación.

La última de las reglas citadas, atinente a la carga de probar una negación que lleva implícita una afirmación, a su vez, puede subdividirse en dos, según que la negación se haga respecto de un hecho o de una cualidad de ese hecho.

En el primer caso, la carga de la prueba solamente recae en quien niega un hecho y tal negativa supone la existencia de otro hecho positivo, mientras que en el segundo caso, cuando se niega la cualidad de un hecho, la carga de la prueba siempre recae en quien hace la negación, en virtud de que implícitamente reconoce el hecho, pero afirma que tiene una calidad distinta.

En la especie, del escrito inicial de demanda de la parte actora,(17) se advierte que demandó del Ayuntamiento de Copalillo, Guerrero, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo y su reinstalación, además de diversas prestaciones accesorias.

Por su parte, la patronal al contestar la demanda,(18) primeramente negó la relación laboral con la parte actora, sin embargo, de dicho ocurso se aprecia que también afirmó que sí existió ese vínculo de trabajo, empero, que al parecer había terminado con la administración pasada, así como que la categoría referida por Jeremías Antonio Cuevas no era la que realmente tenía, además de que éstos tampoco desarrollaban la jornada aducida en su libelo accionario.

De ello se obtiene que la empleadora no negó lisa y llanamente la relación laboral, sino que su negativa envuelve la afirmación consistente en que la parte actora dejó de prestarle sus servicios desde la administración pasada; debe entonces concluirse, contrariamente a lo considerado por la autoridad responsable, que correspondía a la parte reo la carga procesal de acreditar esa afirmación.

Corolario de lo anterior, al imponerle la carga de la prueba a la parte accionante a efecto de que demostrara la relación laboral con el Ayuntamiento demandado, la Junta responsable actuó incorrectamente y, por ende, vulneró sus garantías individuales de la parte trabajadora, en razón a que debió observar que no existió una negativa lisa y llana de la relación laboral, sino que afirmó que el vínculo que le unía con la parte quejosa había concluido; por consiguiente, la demandada es quien debe acreditar que efectivamente culminó, tal como lo alegó al contestar la demanda, porque en la especie su negativa encierra una afirmación.

La conclusión que antecede se robustece con lo dispuesto en el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo,(19) ya que en su párrafo primero que establece que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, esto porque, precisamente, si la parte demandada afirma que la relación jurídica que tenía con la accionante dejó de existir, resulta indiscutible que estaba en posibilidad de aportar los medios de prueba que acreditaran tales aseveraciones; teniendo aplicación analógica la jurisprudencia de rubro: "RELACIÓN LABORAL. CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL PATRÓN CUANDO SE EXCEPCIONA AFIRMANDO QUE LA RELACIÓN ES DE OTRO TIPO."(20)

Por otro lado, resulta fundado el segundo argumento del tercer concepto de violación, mediante el cual alegan que la responsable valoró de manera incorrecta el acta de sesión de cabildo de dos de enero de dos mil nueve, ya que es de fecha distinta al día que señalaron que ocurrió el despido (foja 9 vuelta del expediente de amparo).

Se sostiene lo anterior, toda vez que del análisis del laudo reclamado, se colige que la responsable, de manera incongruente sostiene que con el acta de cabildo de dos de enero de dos mil nueve,(21) se acredita que el alcalde se encontraba en sesión el día que el operario refirió que lo despidieron y, por ello, no pudo haber despedido al actor.

Esto es así, toda vez que el hecho de que el presidente municipal haya estado en sesión de cabildo el dos de enero de dos mil nueve -fecha que se contiene en dicha acta-, en modo alguno puede ser factor para estimar inexistente el despido alegado por el actor Rogelio Verónica Hernández, pues del hecho tres del escrito de demanda laboral,(22) se establece que señaló como data de la separación de su empleo, el siete de enero de ese año; por ende, aun cuando en el acta de referencia conste que la sesión de cabildo en la que participó el aludido funcionario el dos del citado mes y año, hubiese iniciado a las nueve de la mañana concluyendo hasta las diecisiete horas de ese día, resulta ineficaz para controvertir los hechos del despido, pues éstos, a decir del trabajador, se suscitaron hasta el siete de enero siguiente.

Por otra parte, en el cuarto concepto de violación, el peticionario de garantías, medularmente, sostiene que el laudo reclamado transgrede en su perjuicio los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que la responsable incorrectamente absuelve al Ayuntamiento demandado de los reclamos consistentes en la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al SAR, Fovissste e ISSSTE, o en su caso, las cantidades que correspondan a esos conceptos, toda vez que dichas prestaciones se encuentran establecidas en su favor en el artículo 123 constitucional, por lo que la patronal tenía la obligación de otorgárselas.

En ese sentido, asevera que aun cuando la legislación burocrática 51 para el Estado de Guerrero, no establezca la obligación a los Ayuntamientos de otorgar las aludidas prestaciones de seguridad social, ello no es impedimento para que el tribunal del trabajo condene a éstas, ya que en términos del artículo 115, fracción VIII, de la Carta Magna, debió acudir de manera supletoria a lo que señala el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de cumplir con esa prerrogativa prevista en su favor en el apartado B del normativo 123 constitucional; e invoca como fundamento a su manifestación, la tesis de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO. LEGISLACIÓN SUPLETORIA." (fojas 9 vuelta a 11 del expediente de amparo).

Concepto de violación que resulta infundado.

Se sostiene lo anterior, porque la determinación del tribunal responsable de absolver a la patronal de la satisfacción de la expedición de los comprobantes respectivos de las aportaciones que hubiera realizado al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como al Sistema de Ahorro para el Retiro, en favor del actor, por objetivamente correcta, debe prevalecer, como a continuación se verá.

Ciertamente, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/2011, de donde emanó la jurisprudencia de rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. INSCRIPCIÓN DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.",(23) determinó que en tratándose de los trabajadores que prestan sus servicios para la administración pública municipal en cualquier entidad de la República Mexicana, debe establecerse que los mismos no tienen derecho a ser incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el simple hecho de la existencia de una relación de trabajo, sino que resulta indispensable que quede demostrado que el Municipio de que se trate ha suscrito el convenio correspondiente con dicho instituto; de lo que también derivará el derecho que pudiera existir respecto de ser sujetos de aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (Seguro de Retiro) y del Fondo de Vivienda (Fovissste).

Luego, si como se estableció por la referida Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, que no por el simple hecho de que exista relación de trabajo entre los servidores públicos y la dependencia demandada de la administración pública municipal, tienen derecho a ser incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de ser sujetos de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de Vivienda (Fovissste), sino que es indispensable que quede demostrado que el Municipio de que se trate, ha suscrito el convenio correspondiente con dicha institución de seguridad social, para estimar obligatoria la inscripción de los trabajadores al mismo.

Por tanto, si en autos no aparece que el actor hubiera exhibido el convenio correspondiente, con el que se acreditara que el Municipio demandado suscribió convenio con el multicitado instituto de seguridad social, entonces es claro que no demostró que el demandado estuviera obligado a inscribirlo ante esa institución, así como a realizar en su beneficio las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y del Fondo de Vivienda (Fovissste); de ahí que, como se dijo, dicha absolución por objetivamente correcta debe prevalecer y seguir rigiendo el laudo reclamado.

Por otra parte, el solicitante de amparo en el sexto concepto de violación, medularmente, alega que el laudo reclamado contraviene los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, al absolver a la demandada del pago de días festivos reclamados bajo el inciso l) del escrito inicial de demanda, bajo el argumento de que el quejoso no acreditó haberlos laborado; ya que dicha determinación infringe el principio de congruencia, pues no reclamó dicha prestación por haber laborado los referidos días, sino porque no se los pagó cuando tenía la obligación de hacerlo aunque los trabajara, precisamente por ser de descanso obligatorio.

En ese sentido, aduce que si bien le correspondía la carga de la prueba de demostrar que laboró los días festivos que señala el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable soslayó que con la prueba de inspección acreditó plenamente que los trabajó, ya que la demandada se negó a exhibir los documentos requeridos, por tanto, se tuvieron por ciertos los hechos que el quejoso pretendió acreditar, sin que dicha probanza haya sido desvirtuada con algún otro medio de convicción, razón por la cual merece valor probatorio pleno, ya que en términos de los artículos 776, el trabajador puede acreditar sus hechos y afirmaciones con cualquiera de los medios de prueba; y como sustento a su alegato, invoca el criterio de rubro: "RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN SOBRE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y QUE NO PRESENTÓ, ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITAR DICHA RELACIÓN SI NO APARECE DESVIRTUADA POR OTRA PRUEBA." (fojas 12 vuelta y 13 del expediente de amparo).

Concepto de violación que resulta infundado.

Se dice que resulta infundado el motivo de reproche en estudio, en razón de que este Tribunal Colegiado estima correcto el actuar de la responsable al absolver a la empleadora del pago de días festivos, ya que contrario a lo que sostiene el actor, de los hechos del escrito de demanda laboral,(24) se colige que su reclamo no lo enderezó en el sentido de que sí disfrutó del descanso de dichos días y la patronal no le pagó el importe respectivo como jornal normal, sino que su demanda derivó de que supuestamente trabajó los días feriados, habida cuenta que reclamó su pago con un salario doble, lo que conforme al artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo,(25) solamente es procedente si los operarios laboran dichos días.

Ahora, contrario a lo que sostiene el quejoso, la falta de exhibición de los documentos que le fueron requeridos a la parte reo durante el desahogo de la prueba de inspección de veintiuno de junio de dos mil diez,(26) no genera presunción alguna para concluir que el accionante laboró los días festivos que reclama, ya que su ofrecimiento no fue encaminado a demostrar que trabajó los referidos días, por ello, el desahogo de la citada probanza, por cuanto a ese punto atañe, en nada le beneficia.

Esto es así, en razón de que del ofrecimiento de pruebas realizado por la parte actora en su escrito de demanda laboral, se advierte que ofreció, entre otras, la prueba de inspección,(27) sin embargo, la forma en que la propuso, evidencia la ineficacia de la aludida prueba de inspección, puesto que la misma no puede generar presunción alguna en el sentido de que el actor laboró los días festivos, ya que del escrito de ofrecimiento, se establece que dicha prueba no se propuso con la finalidad de probar que trabajó los referidos días, por tanto, aun cuando la demandada no haya exhibido los documentos requeridos durante el desarrollo de la misma, la referida probanza en nada les beneficia para acreditar la procedencia de la prestación en examen.

En consecuencia, si para decretar tal condena era necesario, en primer término, que el operario acreditara que laboró los días de descanso obligatorio cuyo pago reclama, lo cual no hizo, la absolución decretada por la responsable fue legal, puesto que para la procedencia de su condena, no basta realizar afirmaciones sin sustento, sino que el asalariado debía demostrar haberlos trabajado, para que a la empleadora le correspondiera probar el otro extremo, es decir, que los pagó; lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "DESCANSO OBLIGATORIO, CARGA DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LOS DÍAS DE."(28)

Por otra parte, resulta infundado el segundo argumento del sexto concepto de violación, en el que sustancialmente aduce que indebidamente se absuelve al Ayuntamiento demandado de la prestación reclamada en el inciso s), consistente en la compensación quincenal, por no estar prevista en la ley de la materia, ya que las prestaciones y derechos de los trabajadores burocráticos también pueden estar contemplados en otros documentos jurídicos, convenios, contratos y hasta por la costumbre, por lo que el criterio de la responsable vulnera sus derechos al limitarle a reclamar prestaciones establecidas en la ley.

Además, la solicitante de amparo, señala que con el resultado de la prueba de inspección, acreditó tener derecho a la prestación aludida.

Asimismo, refiere que la autoridad laboral soslayó lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de la legislación burocrática 51 del Estado de Guerrero, los cuales señalan que las condiciones generales de trabajo para los empleados del Ayuntamiento demandado se establecerán al inicio de cada administración, por lo que era obligación de la parte reo fijar las mismas y, por tanto, la carga de la prueba en el juicio y, en el caso, el -quejoso-, para acreditar los extremos de la prestación de compensación, así como las reclamadas en los incisos l), n), ñ), o), p), q), r), s), t), v), w), x) e y), ofreció la prueba de inspección, sin que la demandada exhibiera los documentos que le fueron requeridos, por lo que se le tuvieron por ciertos los hechos a probar, lo que resulta suficiente para demostrar la existencia de tales prestaciones y su derecho a percibirlas, sin que se le deba limitar a que las justifique sólo con documentales, pues puede hacer uso de cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley, de ahí que afirme que en las condiciones laborales de la demandada se encuentran señaladas las prestaciones aludidas; e invoca en apoyo a sus alegaciones, la jurisprudencia de rubro: "CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PRESTACIONES DEDUCIDAS DEL. EL TRABAJADOR PUEDE VÁLIDAMENTE ACREDITAR SUS TÉRMINOS CON CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS AUTORIZADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, INCLUSIVE LA CONFESIÓN FICTA, Y NO SOLO CON EL DOCUMENTO QUE LO CONTIENE." (fojas 13 vuelta y 14 del expediente de amparo).

Lo anterior se estima así, en razón de que si bien es cierto que la prueba documental no es el único medio para acreditar la procedencia de prestaciones extralegales y que, por regla general, la no exhibición durante el desahogo de la prueba de inspección en el procedimiento laboral, de los documentos que conforme al artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo,(29) el patrón tiene obligación de conservar, produce la presunción de certeza de los hechos a probar por el actor -salvo prueba en contrario- como lo prevén los diversos numerales 805 y 828 de la legislación invocada,(30) sin embargo, dicha presunción no opera del mismo modo cuando se trata de acreditar prestaciones extralegales, puesto que en estos casos no basta que el trabajador alegue tener derecho a percibirlas y señale de manera genérica que la prueba deberá desahogarse sobre la documentación a que alude el citado normativo 804, sino que es necesario que precise dónde se encuentra previsto ese derecho y la forma en que fue pactado, ya que de lo contrario, sólo podría presumirse que no le han sido cubiertos tales emolumentos, mas no que existe obligación de otorgárselos.

Esto es así, ya que no se debe perder de vista que el Alto Tribunal, en reiteradas ocasiones, ha sostenido el criterio de que en tratándose de prestaciones extralegales, en primer término, el trabajador se encuentra obligado a demostrar que tiene derecho a percibirlas, para que e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23774-bbd19763/salario-inverosimil-la-autoridad-laboral-debe-declarar-asi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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