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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 7/2013. · Registro digital (IUS): 25336
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-11-14
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Pág. 2838.

AMPARO DIRECTO 7/2013. 21 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL MENDOZA MONTES. SECRETARIA: LILIANA SANTOS GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación.

Previo al pronunciamiento de fondo, debe precisarse que el laudo reclamado se emitió en cumplimiento de una diversa resolución protectora a favor de la parte contraria, sin que la quejosa haya promovido amparo adhesivo, situación que no impide a este tribunal el estudio de alguna violación procesal planteada por considerarla consentida, en virtud de que aquella formalidad no le era exigible a la impetrante del amparo.

Se sostiene así, en virtud de que si bien el amparo directo adhesivo se incorporó en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre de ese año, lo cierto es que se reglamentó hasta la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, cuya sanción de preclusión del derecho se plasmó de forma expresa en el párrafo penúltimo del numeral 182 de la ley citada, mas no en aquel precepto constitucional, por lo que no puede sancionarse procesalmente a la amparista, dado el desconocimiento de los términos, plazos y condiciones para la interposición del amparo directo adhesivo, en aras del principio pro persona.

Lo anterior, en términos de lo establecido en la tesis 2a. CIII/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE DECLARAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUEN VIOLACIONES PROCESALES SI NO SE PROMOVIÓ AMPARO ADHESIVO CONTRA UNA PRIMERA SENTENCIA O LAUDO FAVORABLE, EN EL PERIODO EN QUE NO EXISTÍA LEY REGLAMENTARIA QUE LO REGULARA. El amparo directo adhesivo se incorporó en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre de ese año; no obstante, el legislador ordinario no lo reglamentó dentro de los 120 días como lo estableció el artículo segundo transitorio de ese decreto, sino hasta la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. De esta manera, cuando no se promueve amparo adhesivo, pero sí un juicio de amparo principal contra la segunda sentencia o laudo que ahora perjudica al justiciable -dictada en cumplimiento de una resolución protectora a favor de la parte contraria-, no es aceptable jurídicamente declarar inoperante el concepto de violación en el que se alegue alguna violación procesal surgida desde el dictado del primer fallo y tenerla por consentida, en virtud de que la sanción de preclusión del derecho se estatuyó expresamente en el párrafo penúltimo del numeral 182 de la ley citada y no en aquel precepto constitucional, por lo que no puede sancionarse procesalmente al quejoso ante el evidente desconocimiento de los términos, plazos y condiciones en que habría de operar el amparo directo adhesivo; por ende, ante la incertidumbre jurídica que prevaleció en el periodo apuntado, en aplicación del principio pro persona resguardado en el artículo 1o. constitucional, debe realizarse el examen correspondiente en el marco de respeto al derecho de acceso a la justicia de que goza todo gobernado."(1)

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los motivos de disenso, los que son inoperantes en parte, en otra infundados y, fundados en una diversa, por las razones siguientes:

1. Violación a las formalidades del procedimiento, por indebida admisión y desahogo de la prueba de inspección.

En el primer concepto de violación se aduce que la responsable, al admitir la prueba de inspección, sin justificación alguna señaló como domicilio para su desahogo las instalaciones de la propia Junta, no obstante que en el escrito de ofrecimiento manifestó que el lugar para su desahogo sería la zona de distribución Puebla Poniente, ubicado en la calle diecisiete norte número dos mil uno de la colonia **********, de la ciudad de Puebla, específicamente en el área de personal y servicios generales.

Por lo que al llevarse a cabo dicha diligencia en un lugar distinto al ofrecido, se vulneró su derecho para elegir tal aspecto, lo que la dejó en estado de indefensión, porque la obligación de exhibir la documentación es del patrón, la cual, consiste en dos libros de nómina por catorcena, que son más de ciento cincuenta, y que debieron ser trasladados para su exhibición ante la resolutora, lo que hubiere sido innecesario de haberse señalado el domicilio de forma correcta.

La compañía inconforme cita para reforzar sus argumentos la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro: "PRUEBA DE INSPECCIÓN EN MATERIA LABORAL. EL SEÑALAMIENTO DEL LUGAR EN DONDE DEBE DESAHOGARSE ES UN DERECHO POTESTATIVO DEL OFERENTE, POR LO QUE SI SE LLEVA A CABO EN UN SITIO DISTINTO AL INDICADO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."(2)

Las anteriores manifestaciones, según se señaló, son inoperantes.

En efecto, como se ve, la quejosa combate una violación a las leyes del procedimiento; sin embargo, no precisó la forma en que trascendió en su perjuicio al resultado del fallo, aspecto que era menester plasmarlo en su concepto de violación para que este tribunal esté en posibilidad de abordar su estudio, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo vigente, mismo que será analizado más adelante.

Ahora, para estar en condiciones de explicar la inoperancia aludida, se hace necesario traer a contexto el artículo 158 de la anterior Ley de Amparo que disponía:

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados."

Su interpretación sistemática que, en este sentido, reitera lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política Federal, conducía a establecer que los requisitos a satisfacer para el análisis de los conceptos de violación, eran los siguientes:

a) Que se cometa durante el procedimiento.

b) Que afecte las defensas del quejoso.

c) Que trascienda al resultado del fallo.

Respecto del primer supuesto, se planteaban las violaciones procesales cometidas en el curso del procedimiento.

Por lo que hace al segundo caso, se estimaba que una violación a la ley adjetiva provocaba indefensión, cuando coartaba en alguna forma el derecho procesal que la parte tiene para evidenciar ante el juzgador la existencia o amplitud de su derecho sustantivo, o la inexistencia del que en su favor alega la contraria.

En cuanto a la tercera hipótesis, se consideraba que esa violación trascendía al resultado del fallo, si por su naturaleza, determina o influye en el sentido de la decisión.

Para este último supuesto, su estudio se emprendía de la siguiente forma:

En primer lugar, se debía hacer la enunciación de la violación procesal reclamada, para que se hiciera saber al lector, cuál era el tema a tratar.

En segundo lugar, debía constatarse si la violación existía, para lo cual debía realizarse una relación cuidadosa de los actos procesales correspondientes.

Si al hacer esta relatoría, se desprendía que la violación procesal aducida era inexistente, entonces, se declaraban inoperantes los conceptos de violación.

En tercer lugar, si resultaban ciertos los hechos, entonces, se constataba si se satisfacían los siguientes requisitos, que al igual que la norma que comentamos, los establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal.

1. Que se haya cometido en el curso del juicio, precisando preferentemente el estadio procesal respectivo;

2. Que se hayan afectado las defensas del quejoso, estableciendo la razón por la que se consideraba de esa manera; o si se quería abreviar, se establecía simplemente que ello era así, porque el caso se contenía en algunas de las fracciones de los artículos 159 o 160 de la citada Ley de Amparo; y,

3. Que trascendiera al resultado del fallo. También estableciendo la razón por la cual se estimaba de esa manera.

Tal narrativa pone de relieve que en el anterior ordenamiento no existía obligación para el quejoso de señalar en sus conceptos de violación la forma en que las violaciones procesales que alegara trascendieron al resultado del fallo; dado que no existía un sustento legal que así lo estipulara; incluso, así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 27/2013 (10a.), de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. AL PLANTEARLAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON AL RESULTADO DEL FALLO."(3)

Empero el artículo 174 de la Ley de Amparo vigente -a partir del tres de abril de dos mil trece-, establece para la impugnación de las violaciones procesales lo siguiente:

"Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

De la transcripción se desprende que ahora la Ley de Amparo regula de forma distinta el planteamiento de violaciones procesales, pues se deben colmar los siguientes requisitos:

a. En la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, los promoventes del amparo deben impugnar todas las violaciones procesales que estimen se cometieron;

b. Las violaciones procesales que no se reclamen se tendrán por consentidas; y,

c. Debe precisarse la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

Como se puede advertir, uno de los cambios trascendentales para el planteamiento y estudio de las violaciones procesales se hace depender de la necesidad de que se precise la forma en que trascendieron al resultado del fallo. Esta condición es, sin duda, exigible en los supuestos en que es improcedente suplir la queja deficiente; es decir, para los casos en que el tribunal de amparo debe limitarse a estudiar los argumentos del quejoso, o del quejoso en amparo adhesivo, a la luz del principio de estricto derecho, de tal manera que en aplicación de este principio, dado su rigorismo, no podrá analizarse una violación procesal, si su planteamiento carece de la explicación sobre su trascendencia al resultado del fallo.

Esta precisión se exige como condición esencial a partir de la premisa de que no todas las violaciones procesales revisten de esa singular relevancia, ya que aun cuando sea inobjetable su demostración, la prueba de su existencia, per se, haría nugatoria la posibilidad de tenerla por fundada si no incide en el resultado de la decisión definitiva, o peor aún, si tiene el impacto requerido sobre el resultado del fallo, pero por descuido, no se planteó la trascendencia.

Ahora bien, la inserción de un enunciado normativo que antes no se encontraba en la Constitución ni en la ley, que exige una condición especial para el planteamiento de las violaciones procesales, abre una brecha en que se debe dividir la doctrina y jurisprudencia que se generó antes de la reforma,(4) de la que surgirá con motivo de ella y, en este sentido, si se consideró en un tiempo que no era exigible exponer las razones de la trascendencia de una violación procesal porque la Constitución ni la Ley de Amparo fijaban este requisito, ahora que sí es exigible no pueden seguir cobrando aplicación las interpretaciones de una Constitución y de una Ley de Amparo que han sido reformadas.

En el particular, la empresa inconforme únicamente se constriñe en destacar en qué consiste la violación procesal cometida por la Junta resolutora respecto de la prueba de inspección que ofreció en la audiencia de ley. En su opinión, fue admitida de forma indebida porque para su desahogo se señaló como domicilio las instalaciones de la propia Junta, soslayando que precisó otro lugar para su desahogo, lo que vulneró su derecho potestativo de decidir el lugar, lo que la dejó en estado de indefensión.

Manifestaciones que de ninguna forma precisan o, en su caso, tienen la intención -atento a la causa de pedir- de reflejar la forma en que trascendió la violación procesal reclamada en su perjuicio al resultado del fallo.

Por lo que ante dicha omisión en precisar la trascendencia de la violación, no es factible atender las inconformidades planteadas en el motivo de disenso que nos ocupa y, en ese tenor, se reitera, es que resultó inoperante.

2. Violación en el dictado del laudo, por omisión de valorar la prueba documental aportada al juicio.

La segunda inconformidad expuesta es inoperante, como consecuencia de lo resuelto en el apartado anterior.

Se plantea que ante la consideración de rebeldía de la parte demandada de no exhibir documento alguno en la diligencia de inspección, la Junta responsable tuvo por cierto el salario diario integrado y tabulado señalados por el actor, no obstante que la patronal ofreció en el juicio la documental consistente en el recibo de pago de la tercera catorcena de marzo de dos mil siete, respecto a cada uno de los puntos de los hechos y prestaciones de la contestación de la demanda, entre ellos, el correspondiente al salario tabulado que percibía el trabajador; sin que la responsable le otorgara valor probatorio alguno.

Así es, deviene innecesario analizar la omisión alegada, en virtud de que el citado recibo data del mes de marzo de dos mil siete, cuya finalidad es desvirtuar el salario alegado por el actor percibido hasta el año de dos mil nueve; luego, como se desprende del estudio que precede, al haber resultado inoperante la violación procesal respecto de la prueba de inspección ofrecida por la quejosa, ello implica que subsistan los términos en que ésta se desahogó, consistentes en que ante la inasistencia de la demandada se le tuvieran por presuntivamente ciertos los hechos, entre ellos el salario alegado como percibido hasta el año de dos mil nueve; entonces ningún beneficio le puede aportar ya dicha probanza, puesto que sólo se limita a demostrar un sueldo dos años atrás de la fecha motivo de presunción.

De ahí que no prospere la inconformidad en comento.

3. Condena incorrecta al pago de horas extras.

Previo a dar contestación al motivo de disenso, este tribunal analizará la verosimilitud de la jornada extraordinaria por la que se condenó a la parte patronal, cuyo estudio, en principio, debe emprenderse a partir del análisis de los hechos en que se funda.

En el caso, se tiene que el actor afirmó que laboró dos horas extras diarias, cinco días a la semana, durante el tiempo que duró la relación laboral, como lo estableció en su escrito de demanda y que le generó el derecho a que se le pagaran por la prestación de sus servicios.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 7/2006, determinó que cuando se reclame el pago de horas extras, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia o respecto de la duración de la jornada, siempre corresponde al patrón; sin embargo, cuando la acción de pago de ese concepto se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, la autoridad laboral puede válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas, deberá actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive, absolver de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica, en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de amparo, debe resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, para lo cual, puede apartarse de resultados formalistas y apreciar las circunstancias en conciencia.

Tal apreciación racional del tiempo extraordinario de trabajo debe aplicarse para estimar, tanto su inverosimilitud como si es viable y acorde con la naturaleza humana y, para ello, es menester tener en cuenta todos los aspectos involucrados con el desempeño del trabajo dentro de la jornada señalada por el trabajador, como lo son la naturaleza de la actividad desempeñada, ya sea física, intelectual o ambas; condiciones personales del trabajador, como la edad, sexo, estado físico, presencia o no de discapacidades físicas o mentales; así como factibilidad de satisfacción de necesidades fisiológicas del ser humano, que incumben a aspectos relativos a la necesaria actividad continua o no del trabajo, con independencia de que en el horario de trabajo se contemplen o no lapsos de descanso.

Ilustra al anterior argumento, la tesis aislada VI.3o.(II Región)1 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de rubro y texto siguientes: "TIEMPO EXTRAORDINARIO. ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA DETERMINAR RACIONALMENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 7/2006, derivada de la contradicción de tesis 201/2005-SS, publicada en la página 708 del Tomo XXIII, febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.’, estableció, fundamentalmente, que cuando la acción de pago de horas extras se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas y el tribunal de amparo pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación de los hechos en conciencia. Ahora bien, tal apreciación racional del tiempo extraordinario de trabajo debe aplicarse para estimar, tanto su inverosimilitud como si es viable y acorde con la naturaleza humana; para lo cual deberán tenerse en cuenta todos los aspectos involucrados con el desempeño del trabajo dentro de la jornada señalada por el trabajador, relativos a: 1. La naturaleza de la actividad desempeñada, ya sea física, intelectual o ambas; 2. Condiciones personales del trabajador, como edad, sexo, estado físico, presencia o no de discapacidades físicas o mentales; y 3. Factibilidad de satisfacción de necesidades fisiológicas del ser humano, que incumben a aspectos relativos a la necesaria actividad continua o no del trabajo, con independencia de que en el horario de trabajo se contemplen o no lapsos de descanso."(5)

Así, al examinar la jornada indicada por el trabajador, se advierte que precisó que empezó a prestar sus servicios a partir del tres de febrero de dos mil hasta el catorce de enero de dos mil nueve, ocupando el puesto de ayudante de cuadrilla y realizaba sus labores de ocho a dieciocho horas de lunes a viernes; por lo que, resulta creíble que las efectuara en una jornada de diez horas, ya que no se advierte la existencia de probanzas que demuestren que su trabajo implicaba mayor desgaste físico, pues incluso el lapso en el que desempeñó sus labores ni siquiera fue tan prolongado como para considerar que no lo hubiese podido soportar.

Por otro lado, según la reclamación de diez horas extras a la semana de lunes a viernes, se puede interpretar que la parte obrera no incluyó en el tiempo extraordinario la media hora de descanso a la que tiene derecho, en términos del artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el 64 del mismo ordenamiento, lo que significa que gozó de ese tiempo para descansar y consumir alimentos, lo que hace creíble que laboró ese tiempo extraordinario.

Asimismo, el sábado y domingo no prestaba sus servicios por corresponder al descanso semanal, tiempo que lo podía utilizar para atender sus asuntos personales, sociales y convivir con su familia, aunado a que estas actividades también las podía atender después de las dieciocho horas de lunes a viernes; de ahí que sea creíble la jornada que refirió.

Dadas las razones expuestas, se estima correcto el proceder de la Junta responsable.

Una vez desahogado el estudio de la verosimilitud de la jornada extraordinaria, se pasa a atender el concepto de violación en el que la moral inconforme alega que la responsable agregó una hora triple, sin que el actor realizara manifestación alguna, porque en su demanda sólo adujo haber laborado dos horas extras diarias; por lo que el cálculo, al ser erróneo, transgrede el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo y las garantías de seguridad y certeza jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Contrario a lo anterior, debe señalarse que la actora sí reclamó el pago del concepto de horas extras al trescientos por ciento, pues de su escrito de demanda se lee:

"3. El horario bajo el cual presté mis servicios en favor de los demandados fue precisamente el comprendido entre las 8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes de cada semanada (sic), por lo que se deberá estimar que el suscrito en el desempeño de mi trabajo laboré durante todo el tiempo que presté mis servicios un total de 10 horas extras todas y cada una de las semanas que presté mis servicios en favor de los demandados y que ante su falta de pago se reclaman en la presente demanda. Con la finalidad de que los demandados no aleguen oscuridad en la demanda señalo que el tiempo extra que se reclama en esta demandada (sic) es el comprendido entre las dieciséis horas un minuto y las dieciocho horas de lunes a viernes de cada semana durante todo el tiempo (sic) presté servicios en favor de los demandados, es decir, que cada una de las semanas laboradas trabajé un total de diez horas en forma permanente de las cuales reclamo su pago a razón de un doscientos por ciento las primeras nueve horas y a el (sic) trescientos por ciento la última hora restante, de todas y cada una de las semanas que presté mis servicios a favor de los demandados y de las cuales se reclama su pago en la presente demanda.

"Señalando a esta Junta que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obrero patronales en (sic) Comisión Federal de Electricidad, la jornada máxima de trabajo es de cuarenta horas a la semana." (foja 4 del expediente laboral).

Pues bien, la anterior transcripción revela con claridad que la parte trabajadora señaló haber laborado un total de diez horas extras semanales, reclamando su pago a razón de un doscientos por ciento las primeras nueve horas y al trescientos por ciento la última hora restante; por lo que la inconformidad planteada es errónea, con independencia de que el monto a pagar sea correcto o no, en virtud de que la operación aritmética realizada por la responsable no fue impugnada por la quejosa y, por ende, debe regir en el laudo.

4. Condena doble por los conceptos de aguinaldo y fondo de ahorro.

Este argumento resulta fundado.

La inconforme aduce, en esencia, que de tenerse como válido el salario pretendido por el actor, no se le debieron integrar los conceptos de aguinaldo ni fondo de ahorro, ya que se duplica su pago en la condena impuesta al pago por cada una.

Que si el actor afirmó tener un salario catorcenal por la cantidad de $********** pesos, con ********** centavos, el cual se conforma, entre otras prestaciones, por el aguinaldo y el fondo de ahorro, éstas se deben restar, resultando un salario integrado catorcenal por el total de $********** pesos con ********** centavos, que arroja un salario diario integrado por el monto de $********** pesos con ********** centavos.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente de origen, se desprende que la parte actora señaló percibir un salario de $********** pesos, ********** centavos, mismo que en el tabulador de la empresa demandada corresponde a la categoría de ayudante de cuadrilla, categoría a la cual corresponde un salario que se integra por los siguientes conceptos: a) salario, b) aguinaldo, c) ayuda de renta, d) despensa, e) transporte, f) fondo de ahorro, g) incentivo por puntualidad; y, h) energía eléctrica; resultando un salario diario integrado de $********** pesos con ********** centavos.

Mientras que en el laudo que se reclama, la responsable tuvo por cierto el salario tabulado e integrado en los términos expuestos por el trabajador y emitió las condenas con base en él, en las que se incluyó el pago de aguinaldo y fondo de ahorro.

De lo anterior, resulta fundado el concepto de violación, puesto que si el salario que le fue reconocido al actor se integra por los conceptos de aguinaldo y fondo de ahorro, de suyo, éstos ya están tomados en cuenta y, no obstante esa decisión, se condena también a su pago como prestaciones independientes, sin que se explique en la resolución impugnada la razón para arribar a la conclusión de que deban pagarse dos veces, lo que desde luego genera un perjuicio a la patronal.

Por lo que el laudo en cuestión, incumple con el artículo 841, ya que no se dictó a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, como tampoco se expresaron los motivos y fundamentos legales para su emisión.

Motivo por el cual habrá de concederse el amparo solicitado.

OCTAVO.-Contestación de alegatos.

En otro orden de ideas, debe precisarse que el planteamiento hecho por el tercero interesado en vía de alegatos, respecto a los temas hechos valer por la moral quejosa consistentes en: a. Violación procesal alegada por indebida admisión y desahogo de la prueba de inspección; b. Omisión de la responsable de valorar la prueba documental consistente en un recibo de salario catorcenal; y, c. Condena incorrecta al pago de horas extras.

Resulta innecesario su estudio, en virtud de que los conceptos de violación expuestos al respecto en el escrito de demanda, no prosperaron para conceder el amparo solicitado; por lo que a nada práctico conduciría emprender su contestación.

Por otra parte, en relación con el alegato en que se aduce que carecen de sustento las manifestaciones de la amparista respecto a que el fondo de ahorro y el aguinaldo no integran el salario, debe precisarse que habrá de concederse el amparo peticionado, en virtud de que la responsable reconoció que el salario del actor se integra -entre otros- por los conceptos de aguinaldo y fondo de ahorro, los cuales ya están tomados en cuenta y, no obstante esa decisión, se condena también a su pago como prestaciones independientes, sin que se explique en la resolución impugnada la razón para arribar a la conclusión de que deban pagarse dos veces.

Tomando en consideración que, como se demostró, el laudo resulta ilegal, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta responsable:

1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

2. Dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, funde y motive la condena al pago de las prestaciones de aguinaldo y fondo de ahorro de forma independiente, no obstante que forman parte del salario reclamado por el actor y que se tuvo por cierto en la secuela procesal.

Medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria.

De conformidad con lo establecido por los artículos 192, 193, 258, en relación con el 238 y 239 de la Ley de Amparo, requiérase, sin demora, a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibidos sus integrantes: ********** (presidente), ********** (representante de los trabajadores) y ********** (representante de los patrones) que, de no hacerlo así sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se les impondrá a cada uno, una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en ese momento.

En la inteligencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tal sanción se debe imponer al titular, es decir, a la persona física que ejerce el cargo del órgano responsable.

Asimismo, en caso de incumplimiento, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación.

Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo la Junta responsable se encuentra integrada por personas distintas a las antes referidas, cuyos nombres se obtuvieron del laudo reclamado, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellos.

De la misma manera, infórmese a los integrantes de la Junta responsable que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25336-e59aeb75/violaciones-procesales-conforme-al-articulo-174-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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