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Modo: Corpus Pro

SALARIOS CAÍDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, O DE EMPRESAS PRODUCTIVAS O PÚBLICAS DEL ESTADO. AL CUANTIFICARLOS DEBEN DESCONTARSE LOS PERCIBIDOS CON MOTIVO DE UNA DIVERSA CONTRATACIÓN CON LA MISMA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO QUE ABARCA LA CONDENA [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA PR.P.T.CS. J/1 L (11a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 18/2025. · Registro digital (IUS): 33356
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-06-27
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Junio de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1222.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 18/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIA: LUCINA BRINGAS CALVARIO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veintitrés de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 18/2025, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito con residencia en Zapopan, Jalisco.

El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, consiste en establecer en un primer momento, si existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes, y posteriormente, determinar si al cuantificar los salarios caídos, por el periodo que abarca la condena, deben descontarse los salarios devengados con motivo de una contratación diversa con la misma patronal.

I. TRÁMITE DE LA DENUNCIA

1. Denuncia de contradicción. Por oficio de siete de febrero de dos mil veinticinco, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito remitió el escrito, mediante el cual, el apoderado de uno de los quejosos (parte trabajadora) en un amparo indirecto,(1) denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional(2) y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.(3)

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de once de febrero de dos mil veinticinco, la Presidenta María Enriqueta Fernández Haggar de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, ordenó la formación y registro electrónico del expediente de contradicción de criterios 18/2025, admitió a trámite la denuncia, solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes la remisión de diversas constancias e informe sobre la vigencia de los criterios sustentados y, entre otras cuestiones, turnó electrónicamente el asunto a la ponencia a su cargo.

3. Vigencia de criterios. Las presidencias de los tribunales contendientes remitieron las constancias solicitadas e informaron la vigencia de los criterios, lo cual se acordó el dieciocho y diecinueve de febrero del año en curso, respectivamente.

4. Confirmación de turno. El tres de marzo de la presente anualidad, se tuvo por integrado este expediente y se confirmó el turno electrónico(4) para la elaboración del proyecto de sentencia.

5. Luego, el proyecto se listó el dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.

6. Retiro. En sesión de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, una vez iniciada la discusión de los asuntos y a petición de la Ponente, el asunto fue retirado y se listó con una nueva propuesta el diez de abril siguiente.

II. COMPETENCIA

7. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

8. Lo anterior, en virtud de que ambos tribunales contendientes corresponden a la materia laboral, especialización de este órgano y su jurisdicción territorial corresponde a este Pleno Regional (Décimo y Tercer Circuito, respectivamente).

III. LEGITIMACIÓN

9. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción III(6) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el apoderado de uno de los quejosos, en uno de los amparos indirectos, de los que derivó uno de los amparos en revisión génesis del presente asunto.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

10. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

A) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de revisión 118/2022.

11. Juicio de amparo indirecto. Una persona trabajadora de una institución del sector público local, a saber, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, presentó demanda en la que señaló como autoridades responsables al Pleno, a la Comisión Sustanciadora de Conflictos Laborales del Personal de Confianza y al Director de Planeación, Administración y Finanzas, todos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco;(7) reclamó la respectiva resolución incidental de liquidación, así como diversos actos relacionados, con lo que estimó, era el cálculo ilegal de los adeudos que se generaron al haberse separado del cargo, desde la fecha del despido, a la data de la reinstalación, ya que durante ese lapso, el quejoso se reintegró a laborar para la propia dependencia, pero en diverso puesto.

12. Ello porque, el puesto del que fue despedido, era el de Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Penal en el Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y el que ocupó durante la tramitación del juicio burocrático fue el de Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Décimo Séptimo de lo Penal.

13. Del juicio conoció el Juez Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco,(8) quien aceptó la competencia, lo admitió y ordenó su registro bajo el número de expediente **********.

14. Seguido el juicio, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional y se dictó sentencia, en la que se negó el amparo solicitado.

15. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa (trabajador), por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito,(9) bajo el número 118/2022.

16. Seguida la secuela procesal, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, el órgano jurisdiccional emitió sentencia en la que, revocó la determinación recurrida, sobreseyó en el juicio respecto de los actos de la Comisión Sustanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza y del Director de Planeación, Administración y Finanzas, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y, concedió la protección constitucional, por cuanto hacía al acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

17. En el estudio correspondiente, el Tribunal Colegiado, en principio advirtió que, la Jueza de Distrito omitió analizar los actos atribuidos a dos autoridades y sólo se pronunció respecto a la interlocutoria en la que se decidió el incidente de liquidación, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

18. Omisión que estimó hacía incongruente la resolución recurrida, por lo que procedió a su corrección, aun ante la ausencia de agravio, al tratarse de la correcta fijación de la litis; para ello, en primer lugar, el órgano colegiado analizó y determinó la existencia de los actos reclamados, ello al reconocer las responsables los actos atribuidos.

19. Posteriormente, declaró la improcedencia del amparo respecto a los actos reclamados de la Comisión Sustanciadora de Conflictos Laborales de Personal de Confianza y del Director de Planeación, Administración y Finanzas, ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo.

20. Ello porque, los actos atribuidos eran un acuerdo dictado dentro del incidente de liquidación y el oficio mediante el cual se dio cumplimiento al mencionado acuerdo, respectivamente, es decir, se trataba de actuaciones que se llevaron a cabo dentro del citado incidente de liquidación, las cuales no constituyen las últimas resoluciones en el procedimiento incidental y por ende, no procede el amparo en su contra.

21. Por otro lado, el Tribunal Colegiado declaró fundados los agravios del recurrente, pues contrario a lo expuesto en la sentencia de amparo recurrida, el órgano jurisdiccional determinó que, al cuantificar la condena al pago de salarios caídos, no debía descontarse el sueldo que el servidor público percibió a virtud de la expedición de un nombramiento para desempeñar las labores en otro puesto dentro de la misma entidad demandada, durante el periodo que abarca la condena.

22. Para sustentar lo anterior, el Tribunal Colegiado señaló que era necesario esclarecer si existía una distinción entre los “salarios caídos” y “salarios devengados”.

23. En cuanto a los primeros, determinó que éstos también son llamados “salarios vencidos” y son aquellos que debió percibir el trabajador, si se hubiese desarrollado normalmente en su empleo desde la fecha del despido o a partir de la data en que se separó, por causa imputable al patrón, hasta que se ejecute la resolución de condena respectiva.

24. Es decir, se trata de una consecuencia directa e ineludible de la responsabilidad en que incurre el patrón si se demuestra lo injustificado del despido, por lo que, para ser efectiva esa obligación, éste tenía que cubrir la remuneración que dejó de percibir el trabajador, lo que se traduce en una forma de reparar los perjuicios provocados por la misma.

25. Señaló que, si bien los salarios caídos o vencidos no tienen un sustento constitucional, éstos constituyen una manera de reparar los prejuicios provocados por el despido o cese injustificado, ello al compensar lo que en condiciones normales hubiera recibido el trabajador o servidor público, de no haberse interrumpido la relación laboral.

26. Así, el Tribunal Colegiado concluyó que, estos salarios constituyen una prestación que, proporciona una verdadera eficacia del derecho protegido por la Constitución, al exigir del patrón el cumplimiento del contrato de trabajo o de los términos del marco legal que rijan el nombramiento del servidor público, según corresponda, de conformidad con el artículo 123 fracción XXII y IX de los apartados A y B respectivamente.

27. Además, indicó que la naturaleza jurídica de la reinstalación o en su caso la indemnización, es la de una acción (derecho del actor cuando se considere despedido de manera injustificada) y la naturaleza jurídica de los salarios caídos es una sanción (no acción) al no demostrarse la separación justificada por parte del empleador.

28. Lo anterior lo sustentó en dos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, la jurisprudencia 2a./J. 92/2003,(10) de la Segunda Sala, de rubro: “SALARIOS CAÍDOS. LA PROCEDENCIA DE SU PAGO DERIVA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO, AUN CUANDO EL TRABAJADOR NO LO DEMANDE EXPRESAMENTE.”, y la tesis P. LXXXVIII/99,(11) del Pleno del Alto Tribunal, de rubro: “SALARIOS VENCIDOS. ES CONSTITUCIONAL EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE PREVÉ COMO OBLIGACIÓN DEL PATRÓN CUBRIRLOS EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO.”

29. Respecto a los “salarios devengados”, el órgano jurisdiccional los definió como aquellos que se pagan al trabajador como remuneración o retribución por sus servicios desempeñados, cuyo origen deriva de la Constitución Federal según se deduce de lo dispuesto por los artículos 5 y 123 Constitucionales.

30. Como conclusión, el Tribunal de referencia adujo que, la naturaleza jurídica de los “salarios caídos o vencidos” y la de los “sueldos devengados” es distinta, pues los primeros, son una sanción impuesta por la ley a la patronal que rescinde injustificadamente la relación laboral y consisten en el importe de los perjuicios que legalmente debe cubrir el patrón, como una consecuencia ineludible de la responsabilidad en que incurre si se demuestra lo injustificado del despido, y esa responsabilidad procesal, para ser efectiva, tiene que cubrir la remuneración que dejó de percibir el trabajador hasta el momento en que realmente se cumpla con la resolución que condena al patrón; en tanto, que los segundos, son aquellos que han sido originados por el trabajo desempeñado.

31. Consideró que, definidos ambos tipos de salarios y analizada la resolución combatida, era jurídicamente incorrecto que se hubiese precisado como periodo de condena del uno de enero de dos mil trece al doce de noviembre de ese mismo año (fecha en que inició el diverso encargo en la misma entidad), pues la reinstalación no se llevó a cabo sino hasta el siete de septiembre de dos mil quince.

32. Ello porque, el hecho que se hubiese reincorporado a laborar con la misma entidad patronal a virtud de la expedición de diverso nombramiento, en el periodo que abarca la condena, no tiene como consecuencia que los sueldos que percibió en ese cargo, se descuenten de la condena a los salarios caídos.

33. Así, esa sola circunstancia resultaba insuficiente para establecer que los sueldos que devengó con motivo de ese nuevo cargo, deben descontarse del quantum de la condena de salarios caídos, ya que no se está ante un doble pago, pues insistió que los salarios caídos están previstos por la ley como una consecuencia de sanción para la patronal que despidió injustificadamente a un trabajador sin que exista alguna salvedad al respecto y, los devengados deriva del desempeño de los servicios prestados y el derecho a que se le remuneren o retribuyan esos servicios con la correlativa obligación de la entidad de pagarlos.

34. Aunado a que, con independencia que el trabajador laboró para la misma entidad (con diverso nombramiento y puesto), ahí se generó su derecho a recibir su pago por los servicios ofrecidos, por lo que de ninguna manera procedía que se descontaran esos dineros que el actor tenía derecho dado el diverso nombramiento, del cual fue despedido injustificadamente y generó el pago de salarios caídos. Por lo que la condena debe abarcar desde la fecha del injustificado despido hasta que se cumplimentó como tal la resolución en que se ordenó la reinstalación.

35. El Tribunal Colegiado señaló que, establecer lo contrario, implicaría conmutar una sanción impuesta al patrón por el pago de sueldos que el actor devengó, más aún que las plazas que ocupó el trabajador eran distintas y no las desempeñó simultáneamente, por lo que no se trataba de un doble pago, pues en el caso, existen partidas presupuestarias para salarios caídos y para devengados.

36. Tomando en cuenta lo anterior, el Tribunal Colegiado advirtió que en la sentencia recurrida se condenó a la entidad pública demandada, entre otras cosas, a reincorporar al trabajador en el puesto que tenía, y el hecho de que el actor se hubiera reincorporado a laborar con la misma entidad patronal a virtud de la expedición de diverso nombramiento, en el periodo que abarca la condena, no tenía como consecuencia que los sueldos que percibió en ese cargo, se descontaran de la condena a los salarios caídos.

37. Señaló que, la materia de condena por salarios caídos, abarcó desde la fecha de la ruptura del vínculo laboral, o sea, del uno de enero de dos mil trece a la fecha de la reinstalación del actor, la cual tuvo lugar el siete de septiembre de dos mil quince, como Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de lo Criminal en el Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.

38. No obstante, el accionante se reincorporó a laborar con la misma entidad patronal, el trece de noviembre de dos mil trece, pero con el diverso nombramiento como Secretario de Acuerdos del “Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal”, mismo que desempeñó hasta un día antes de la aludida reinstalación; sin embargo, esa sola circunstancia, el órgano colegiado estimó que era insuficiente para considerar que los sueldos que devengó, con motivo de ese nuevo cargo, debían descontarse al quantum de la condena de los salarios caídos, y que no se estaba en presencia de un doble pago, como ilegalmente se estimó en la sentencia recurrida.

39. En ese tenor, el Tribunal Colegiado determinó que, la reincorporación del actor fue debido a la expedición de un nuevo nombramiento en distinto puesto, en el cual rigen distintas condiciones de trabajo, entre ellas, el cargo y el salario, lo que generó el derecho del empleado de percibir su sueldo como retribución a sus servicios prestados, acorde a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y por ende, la correlativa obligación de la entidad pública de pagárselos. Lo cual, en modo alguno, tenía como efecto liberar al patrón de la sanción que impone la legislación por haber despedido injustificadamente al trabajador actor.

40. El órgano jurisdiccional señaló que, estimar lo contrario, implicaría conmutar una sanción establecida en contra del patrón por separar injustificadamente de su encargo al trabajador, por el pago de los sueldos que el actor devengó con motivo del desempeñó de sus servicios, lo cual no es jurídicamente correcto, porque aparte de que no está previsto en la ley, ello tendría como consecuencia, considerar que el trabajador durante el tiempo que desempeñó sus funciones en diverso puesto, lo hizo de forma gratuita, lo que equivaldría a privarlo de su sueldo sin justificación alguna, lo que está prohibido por la Constitución Federal y la ley burocrática jalisciense.

41. Concluyendo que al ser los “salarios caídos o vencidos” y los “sueldos devengados”, de naturaleza jurídica distinta, el hecho de que el empleado se hubiera reincorporado a laborar, a virtud de la expedición de un nuevo nombramiento, para desempeñar un puesto diferente, con la misma patronal, le generó el derecho de percibir su sueldo como retribución a sus servicios prestados y la correlativa obligación de la entidad de pagárselos.

42. Por ende, dicha situación no tenía como consecuencia que, al resolverse el incidente de liquidación, se descontaran del quantum de la condena de los salarios caídos, las percepciones que el actor recibió con motivo de la expedición del nuevo nombramiento en la misma patronal, durante el periodo que abarcó la condena, porque ello no implicaba un doble pago, al ser prestaciones de naturaleza jurídica distinta.

43. En ese tenor, el Tribunal Colegiado revocó la sentencia recurrida y determinó que lo procedente era conceder la protección a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la interlocutoria reclamada y en su lugar emitiera una nueva en la que cuantificara los salarios caídos, en el periodo correspondiente, ello sin descontar el quantum relativo a los sueldos devengados. B) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el recurso de revisión 260/2023.

44. Trámite de amparo indirecto. Pemex Exploración y Producción (en adelante PEMEX), por conducto de su autorizado, promovió amparo indirecto contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan:

“AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad.

ACTO RECLAMADO: Resolución incidental de 08 de marzo de 2023, pronunciada en los autos del juicio laboral número ********* del índice de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad ...”

45. Conoció el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, quien lo registró con el número 400/2023 y admitió a trámite la demanda.

46. A su vez, un trabajador de la citada entonces empresa productiva del Estado, por conducto de su apoderado, presentó demanda de amparo, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, mediante la cual, solicitó la protección contra el mismo acto, atribuido a igual autoridad responsable, asunto que también fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, quien lo admitió bajo el número 407/2023.

47. Mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se resolvió la acumulación de ambos medios de control constitucional, posteriormente se celebró la audiencia constitucional, y el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se emitió sentencia en los juicios acumulados, en la que determinó, por una parte, negar el amparo a PEMEX y por otra, conceder la protección al trabajador.

48. Recurso de revisión. Inconforme con la determinación anterior, PEMEX, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el número 260/2023.

49. Seguida la secuela procesal, el órgano jurisdiccional dictó sentencia en la que, revocó el fallo recurrido, concedió la protección a PEMEX y, negó la protección al trabajador quejoso.

50. Para sustentar la anterior determinación, el Tribunal Colegiado retomó que en la sentencia recurrida, se resolvieron tanto el amparo promovido por la citada empresa, en el cual se negó la protección, como el presentado por el trabajador, donde se le concedió el amparo, ello al haber sido acumulados ambos juicios.

51. En razón de lo anterior, el órgano jurisdiccional determinó que, debía estudiar de manera separada los agravios expuestos, es decir, por una parte, aquellos en los que PEMEX controvirtió la negativa de amparo y posterior a ello, analizar los argumentos en los cuales, la misma empresa se inconformó con la protección otorgada al trabajador quejoso.

52. Respecto a la negativa de amparo, el Tribunal Colegiado declaró infundado el primer agravio, en el cual, la empresa recurrente sostuvo que fue incorrecto que la Jueza de Distrito declarara inoperante lo relativo a la modificación, de los periodos que abarca la condena al pago de salarios caídos, ello porque, contrario a lo aducido por la revisionista, en el incidente de liquidación no puede alterarse la condena, ni el periodo; que fueron establecidos en el laudo cuya liquidación se reclamó a través del juicio de amparo.

53. Por otro lado, el órgano jurisdiccional, declaró fundados el segundo y tercer agravios, los cuales analizó de manera conjunta, y en los que, la empresa productiva controvirtió que se dejara de tomar en cuenta pruebas que, a su juicio, eran determinantes en el incidente de liquidación, a saber, los recibos de pago en los que se justificaban erogaciones al trabajador durante los años dos mil dieciséis a dos mil diecinueve.

54. Omisión, que la empresa recurrente consideró, se traducía en un doble pago a favor del trabajador, ya que ocupó puestos temporales, cuyos salarios fueron cubiertos y por ende, desde su perspectiva no debió recibir más erogaciones el trabajador.

55. El Tribunal Colegiado consideró que le asistía la razón a PEMEX, al considerar que, fue inexacto que la Junta responsable, en el incidente de liquidación, no valorara los mencionados recibos de pago, correspondientes a los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, pues dichos medios de convicción resultaban idóneos para acreditar que, en efecto, el trabajador había percibido emolumentos durante ese periodo de tiempo, lo cual, incidía en la cuantificación hecha en la liquidación correspondiente.

56. Además, el Tribunal Colegiado agregó que, si bien en el incidente de liquidación se señaló que los recibos correspondientes al año dos mil diecinueve, no tenían valor probatorio, lo cierto es que, de la lectura de las constancias se advertía que, en la diligencia de cotejo ofrecida por la propia empresa productiva, visible en el expediente, sí se tuvieron a la vista los recibos correspondientes a la citada anualidad, razón por la que, el órgano jurisdiccional consideró que sí debieron ser considerados en el incidente de liquidación.

57. En ese tenor, el cuerpo colegiado determinó que, en el amparo indirecto 400/2023 (promovido por PEMEX) debía revocarse la sentencia y conceder la protección constitucional, para el efecto de, dejar insubsistente la resolución incidental de liquidación reclamada y emitiera otra en la que, le diera valor probatorio a los recibos de pago expedidos a favor del trabajador, por los periodos de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, asimismo, realizara la liquidación correspondiente, descontando los montos que ya se hubieran liquidado al trabajador.

58. Respecto a los agravios en los cuales la empresa productiva controvirtió la concesión al trabajador, en el amparo acumulado 407/2023, señaló que, fue incorrecto que, atendiendo a la suplencia de la queja, la Jueza Federal determinara que hubo falta de pronunciamiento por cuanto hace a los conceptos de prima vacacional, aguinaldo, aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro y cuota de viviendo, cuando éstos no fueron objeto de la propuesta de la plantilla de liquidación que hizo la parte actora.

59. Lo fundado del agravio atendió a que, en efecto, la suplencia de la queja no podía extenderse a los términos apreciados por la Jueza de Distrito, puesto que, en el incidente de liquidación, la parte actora en el juicio laboral de origen, sólo solicitó que se liquidaran los siguientes conceptos: salarios caídos, prima vacacional y pago de aguinaldo.

60. Y, en la sentencia recurrida, la juzgadora concedió protección, para el efecto de que, la Junta responsable se ocupara también de los aumentos y mejoras que correspondían a la prima vacacional y aguinaldo; asimismo, se liquidaran las aportaciones para el Sistema de Ahorro para el Retiro y las cuotas de vivienda, cuando estos conceptos no fueron solicitados por el promovente de la liquidación, lo cual, el Tribunal Colegiado determinó que fue incorrecto.

61. Por lo tanto, al resultar fundado el agravio, el órgano jurisdiccional consideró procedente revocar la sentencia y negar el amparo al trabajador quejoso, por lo cual, la Junta responsable, sin desatender la concesión del amparo en el juicio 400/2023 (promovido por la empresa productiva), debería suprimir del incidente de liquidación los montos que correspondan a las prestaciones referidas en el párrafo anterior.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

62. Establecidas las posturas contendientes, lo procedente es verificar si, en efecto, se cumple con los presupuestos relativos a la existencia de la divergencia de criterios.

63. En un inicio, debe tomarse en cuenta que la unificación de posturas es una cuestión que se encuentra prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la norma reglamentaria –es decir, en la Ley de Amparo– para proporcionar coherencia y congruencia cuando se presentan tesis discrepantes de distintos tribunales, con la finalidad de dotar de certeza y seguridad jurídica al razonamiento judicial dentro del sistema jurídico mexicano.

64. Asimismo, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES”,(12) que para que se actualicen las entonces contradicciones de tesis deben reunirse dos supuestos: i) que hubieran examinado cuestiones jurídicas iguales en las que ejercieron su arbitrio judicial, a través de consideraciones lógico-jurídicas para justificar la resolución y ii) que hayan llegado a conclusiones discrepantes sobre esa misma cuestión jurídica divergente en las resoluciones respectivas, a pesar de que las cuestiones fácticas no sean iguales.

65. Del citado criterio se evidencia, que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan solo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

66. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos judiciales, ya sea

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33356-7775a3a1/salarios-caidos-de-los-trabajadores-al-servicio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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