PRUEBA PERICIAL CONTABLE EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL ES INADMISIBLE CUANDO SU OBJETO ES CUANTIFICAR EL SALARIO INTEGRADO O LAS CONDENAS EN UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DERIVADAS DEL PAGO DE PRESTACIONES PREVISTAS EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 41/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2026. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO SALAZAR LÓPEZ Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. DISIDENTE: MAGISTRADA VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. SECRETARIA: EUGENIA ISLAS RIVERA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al diez de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Que resuelve la contradicción de criterios 41/2026, entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 165/2024 y el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al emitir sentencia en los amparos directos 17733/2002, 1024/2010, 24/2011, 1238/2011 y 1301/2011; del primero de los mencionados derivó la tesis I.13º.T.12L, con registro digital 185099 de rubro: “PRUEBA PERICIAL CONTABLE. ES INADMISIBLE CUANDO SU OBJETO TIENDE A DETERMINAR EL SALARIO INTEGRADO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES CONTENIDAS EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.”(1)
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante escrito signado electrónicamente por el apoderado legal y autorizado del recurrente adhesivo,(2) en el amparo en revisión 165/2024, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por ese Tribunal Colegiado y por el diverso Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México.
2. Por tanto, se tuvo por formalmente actualizada la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.
3. Trámite ante este Pleno Regional. En auto de treinta de marzo de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, radicó la denuncia remitida por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, quien informó la vigencia del criterio que sostuvo en el amparo en revisión 165/2024, que puso a disposición la consulta del referido expediente electrónico y remitió la resolución respectiva, en versión electrónica con firmas.
4. Asimismo, requirió al diverso órgano contendiente para que informara si el criterio sustentado, en cada uno de los asuntos de su índice, se encuentra vigente o, en su caso, informe del nuevo criterio; asimismo, se le requirió la resolución de los expedientes correspondientes y que pusiera a disposición la consulta de los expedientes electrónicos respectivos e informara sobre si las citadas sentencias habían causado ejecutoria o estado y, si fue interpuesto recurso de revisión en su contra.
5. Igualmente, se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, o cualquier otro asunto que pudiera constituir precedente obligatorio, en el que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.
6. Además, se estableció como tema jurídico preliminar el siguiente:
“ESTABLECER SI ES ADMISIBLE LA PRUEBA PERICIAL CONTABLE CUANDO SU OBJETO TIENDE A DETERMINAR EL SALARIO INTEGRADO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES CONTENIDAS EN UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO O CUANDO TENGA POR OBJETO DETERMINAR LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO EN EL QUE PRETENDAN INCLUIRSE CONCEPTOS EXTRALEGALES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, YA QUE ELLO ES UN PROBLEMA JURÍDICO QUE PUEDE RESOLVER LA JUNTA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE OTROS MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR LAS PARTES.”
7. Turno. En la misma fecha, se turnó electrónicamente el asunto para su estudio a la ponencia a cargo del Magistrado Antonio Salazar López, con la precisión que el turno electrónico sería confirmado una vez que concluyera su integración.(3)
8. Vigencia de criterio. Por acuerdos de ocho y veintisiete de abril dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo al Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes; que habilitó las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y que los fallos contendientes se encuentran firmes.
9. También, precisó que las ejecutorias D.T. 17733/2002, 1024/2010, 24/2011, 1238/2011 y 1301/2011, de su índice y la tesis I.13º.T.12 L integraron la jurisprudencia I.13º.T J/21 (9ª) con registro digital: 160109 de rubro: “PRUEBA PERICIAL CONTABLE. ES ILEGAL SU ADMISIÓN SI TIENE POR OBJETO DETERMINAR LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO EN EL QUE PRETENDEN INCLUIRSE CONCEPTOS EXTRALEGALES PARA EL PAGO DE PRESTACIONES, YA QUE ELLO ES UN PROBLEMA JURÍDICO QUE PUEDE RESOLVER LA JUNTA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE OTROS MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR LAS PARTES.”,(4) la cual dijo contiene idéntico criterio sustancial y el mismo no ha sido modificado o abandonado.
10. Información del Tribunal Constitucional. Mediante proveído de trece de mayo del año en curso, se tuvo por recibido el informe del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual señaló que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios alguna en la que el tema a dilucidar se vinculara con el delimitado preliminarmente en el presente asunto.
11. Confirmación de turno. En razón de lo anterior, en el mismo proveído, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94 y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III,(6) 38(7) y 39, fracción I,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14 y 15 del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y en los artículos 1°, fracción II(9) y 2°(10) del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
13. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de trabajo suscitada entre Tribunales Colegiados del Primer y Décimo Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
14. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(11) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
15. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(12) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III(13) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el apoderado legal y autorizado del recurrente adhesivo en el amparo en revisión **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, órgano contendiente en el presente asunto.
16. Es aplicable al caso, la tesis 2a. XXIX/2009, sostenida por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, abril de 2009, página 727, que indica:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes.”
17. En ese mismo orden de ideas, resulta aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.”
18. No se soslaya que los criterios antes transcritos analizan la Ley de Amparo abrogada y el último de ellos una figura jurídica distinta a la del apoderado de la parte quejosa y recurrente -que es quien formuló la denuncia que dio lugar al presente asunto-; sin embargo, como se indicó, resulta aplicable por identidad jurídica, pues la actual legislación conserva el mismo diseño esencial de legitimación de las partes para denunciar contradicción de criterios.
19. Para hacer patente dicha aplicación, se considera necesario precisar que, al comparar los artículos 225 a 227 de la Ley de Amparo vigente, con el esquema antes previsto en el numeral 197-A de la legislación abrogada, se advierte que el apoderado de alguna de las partes en el juicio de amparo, sí cuenta con legitimación para formular la denuncia de contradicción de criterios.
20. Ello es así, porque tanto antes como ahora, se reconoce que pueden denunciar la contradicción las partes que intervinieron en los juicios de los que derivan los criterios en conflicto, sin exigirse comparecencia personal ni excluir a quienes actúan mediante representación.
21. Aunado a ello, al resolver la entonces contradicción de tesis 213/2008, de la que surgió la tesis 2a. XXIX/2009, previamente transcrita, la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el derecho a denunciar la contradicción deriva de la condición de representante de una de las partes que intervinieron en esos juicios.
22. Por ello, el apoderado del quejoso y recurrente en amparo, bajo la legislación vigente, se encuentra en una situación legalmente equivalente al apoderado jurídico del trabajador regulado por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo y del autorizado en amplios términos de la Ley de Amparo, ya que, en ambos casos, el denunciante actúa como representante de una parte que participó en los juicios que originan la contradicción.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
23. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 165/2024.
24. Antecedentes. Una persona demandó de Pemex Exploración y Producción, diversas prestaciones; conoció la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el número de expediente laboral **********.
25. El doce de junio de dos mil diecinueve, se dictó laudo en el que se condenó a la demandada al reconocimiento y pago de diversas de las prestaciones reclamadas; para su cuantificación ordenó la apertura del incidente de liquidación. Tal determinación a la postre adquirió firmeza.
26. Aperturado el incidente, durante su tramitación la parte demandada ofreció la prueba pericial contable a efecto de que el perito constatara los factores que se utilizaban en los contratos colectivos de trabajo vigentes entre mil novecientos ochenta “a la presente fecha” para cuantificar las condenas al pago de tiempo extra festivo, ajuste de pensión jubilatoria, diferencia salarial entre la jornada 19 y la jornada 20, tiempo extra fijo, tiempo extra ocasional, tiempo extra por concepto de espera, arrastre y cambio de rol, tiempo extra tolerancia y tiempo extra penado, todos ellos de acuerdo a los factores establecidos en diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo, respecto de las cuales únicamente a efecto de ilustrar la presente determinación se transcriben las siguientes:
Ver transcripción
27. El uno de julio de dos mil veintidós, se desahogó la audiencia incidental de liquidación y el seis de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió la resolución en el incidente.
28. Amparo indirecto. Inconformes con esa determinación la parte actora y la demandada, promovieron sendos juicios de amparo indirecto, de los cuales tocó conocer al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, bajo los números ********** y **********, respectivamente; en acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó su acumulación.
29. El veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, el Juez de Distrito, dictó sentencia en la que emitió los siguientes razonamientos:
a) Adujo en principio que abordaría los conceptos de violación expuestos en la demanda origen del juicio **********; en el primero de ellos la quejosa ********** **********, por conducto de su apoderado legal, sostuvo que la determinación reclamada era ilegal, toda vez que existieron diversas violaciones al procedimiento que trascendieron al resultado de dicho fallo; entre ellas que, la junta responsable omitió ordenar el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la quejosa en comento en su planilla de liquidación, pese a que dicha probanza sí fue admitida, lo que trascendió al resultado del fallo.
b) Tal concepto de violación sostuvo el Juzgado de Distrito que resultaba fundado, en virtud de que si bien la Junta responsable en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, proveyó respecto de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del incidente de liquidación del laudo relativo al juicio laboral ********** y, en específico, respecto de las pruebas de la parte demandada, señaló:
“(...) A la demanda (sic) ********** ********** se le admiten todas y cada una de sus pruebas ofrecidas mediante escrito de pruebas de fecha 01 de julio de 2022, con excepción de la confesional ofrecida de su parte bajo el apartado V de sus pruebas y a cargo del actor por inútil e intrascendente con fundamento en el artículo 779 de la Ley de la materia y para las pruebas que ameritan de una diligenciación especial al efecto SE SEÑALAN LAS ONCE DEL DIA ONCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga lugar el desahogo de la diligencia de inspección ofrecida por la demandada bajo el apartado II de sus pruebas en el domicilio de la Junta con base en la jurisprudencia 2ª/ J.90/2018(10ª) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada, en la gaceta del seminario judicial de la federación, libro 58, septiembre 2018, tomo 1 página 1044 décima época con registro digital 2017933, que establece PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI SE OFRECE PARA EXAMINAR LOS DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO PUEDE SEÑALARSE VÁLIDAMENTE PARA SU DESAHOGO EL LOCAL DE LA JUNTA, DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SI SE TOMA EN CONSIDERACIÓN QUE CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 784 y 804 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, ES OBLIGACIÓN DE LA PARTE PATRONAL CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO LOS DOCUMENTOS, apercibida la demandada que de no exhibir la documentación materia de su inspección se le tendrán por no acreditados los extremos que con la misma pretende probar con fundamento en el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo.- Se comisiona al C. Actuario adscrito de esta H. Junta para que desahogue la referida diligencia en el domicilio de esta H. Junta debiendo dar a las partes la intervención que en derecho proceda y levantando acta circunstanciada de la misma, de igual forma notifique a las partes el presente acuerdo en sus domicilios señalados en autos corriéndoles traslado con copia del mismo y dejando en autos constancia de su cumplimiento.- Gírese atento oficio al Juzgado Décimo Cuarto anexando copia certificada del presente acuerdo para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar dentro de los autos del juicio de amparo **********... Y una vez que se desahoguen las pruebas se turnará el expediente a la resolución incidental de liquidación tanto por el allanamiento efectuado por la parte actora y la cuantificación de las diversas condenas (...)”
c) De esa transcripción, sostuvo el Juez de amparo se obtiene que la junta de origen admitió todas las pruebas ofrecidas por la paraestatal quejosa en su escrito de uno de julio de dos mil veintidós, con excepción de la confesional a cargo de la parte actora, la cual desechó por inútil e intrascendente.
d) Agregó que la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, se desahogó en la fecha y hora señaladas por la junta, lo que se constataba de las constancias relativas al juicio de origen y, seguidamente, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, se dictó la determinación combatida, sin que existiera alguna otra actuación de la que se evidenciara que fue desahogada la prueba pericial contable ofrecida por la paraestatal bajo el número romano IV de su escrito de uno de julio de dos mil veintitrés.
e) Circunstancia con la que el Juzgador de Distrito consideró que la responsable cometió una violación procesal que afectó la defensa de la parte demandada, pues no le permitió demostrar si eran correctas o no las cuantificaciones de los conceptos a que fue condenada, realizadas en su correspondiente planilla de liquidación.
f) Por tanto, estimó que con el actuar de la responsable se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, precisamente porque la autoridad responsable al no proveer lo conducente respecto al desahogo de la pericial contable ofrecida por la parte condenada, tampoco la tomó en consideración al momento de dictar la resolución combatida, transgrediendo con ello el derecho de la parte demandada de desahogar las pruebas en que finque su defensa.
g) Ante tal violación, concedió el amparo a la entonces quejosa Pemex Exploración y Producción, en el juicio de amparo indirecto **********, para efecto de que la Junta laboral responsable:
1. Dejará insubsistente la resolución incidental de liquidación de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente laboral **********, de su índice.
2. Repusiera el procedimiento en el incidente de liquidación, a fin de que proveyera lo necesario para el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por Pemex Exploración y Producción, que fue admitida en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés; y,
3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva resolución respecto del incidente de liquidación del laudo de doce de junio de dos mil diecinueve.
h) Sostuvo que, al concederse la protección de la Justicia Federal para los efectos precisados, se tornaba innecesario ocuparse de los restantes conceptos de violación hechos valer por la moral quejosa.
i) Por otra parte, en el juicio de amparo indirecto **********, promovido por el quejoso, por conducto de su apoderado legal, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo sobreseyó al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, esto es, que habían cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, en virtud de que con la concesión de amparo en el juicio de amparo indirecto **********, quedaría insubsistente la resolución reclamada.
j) Lo que dijo guardaba íntima relación con el hecho de que el quejoso alegaba violaciones de fondo, que a su juicio se cometieron en la resolución de liquidación; sin embargo, como ya se había determinado, en el juicio de amparo acumulado, se concedió la protección constitucional por actualizarse una violación procesal; por lo que, era evidente que el tema de fondo litigioso se encontraba subjúdice, y el resultado de ello, dependería de lo que en su momento una vez subsanada la violación procedimental resolviera la responsable.
k) Así, resolvió, por una parte, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la paraestatal quejosa y, por otra, sobreseer en el juicio **********.
30. Recurso de revisión y revisión adhesiva. Inconforme con la citada sentencia, el organismo quejoso, interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el número de expediente **********.
31. Por auto de diez de junio de dios mil veinticuatro, se admitió el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el trabajador quejoso, por conducto de su apoderado legal.
32. Razonamientos del Tribunal Colegiado contendiente. En sesión de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, el Tribunal Colegiado emitió la ejecutoria en la que en lo que interesa sostuvo lo siguiente:
33. Revisión principal.
34. Señaló el Tribunal contendiente que la empresa recurrente expresó que la sentencia pronunciada por el juez de Distrito no cumplía con los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que no se analizaron los conceptos de violación que eran independientes de la violación procesal declarada fundada.
35. Precisó que en concreto, la parte recurrente aludía a los siguientes temas, como los que debieron ameritar un pronunciamiento por parte del Juez de Distrito: a) La determinación de reconocer al actor un salario diario ordinario de y, b) Que no se pueden cuantificar prestaciones distintas a las establecidas en el escrito de demanda y en el laudo firme, así como la carga de la prueba para acreditar las prestaciones extralegales, en específico el tiempo extra fijo, tiempo extra ocasional, tiempo de espera, arrastre y cambio de rol, tiempo extra tolerancia y tiempo extra penado.
36. Lo anterior, porque en apreciación de la recurrente, el juzgador incorrectamente determinó que al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal para desahogar la prueba pericial contable, resultaba innecesario analizar dichos argumentos
37. Manifestaciones que el Tribunal contendiente calificó como fundadas y suficientes para modificar la sentencia recurrida y reasumir jurisdicción para dar contestación a esos conceptos de violación.
38. Ello, porque sostuvo que el Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ********** -Pemex Exploración y Producción-, para que se dejara insubsistente la resolución incidental impugnada, se repusiera el procedimiento del incidente de liquidación, a fin de que se proveyera lo necesario para el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por la citada empresa y se dictara una nueva determinación.
39. Esto, bajo la consideración de que la junta responsable en auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, admitió dentro del incidente de liquidación del laudo emitido en el juicio laboral ********** de su índice, las pruebas de la citada quejosa, con excepción de la prueba confesional a cargo del actor, sin que del expediente de origen se evidenciara el desahogo de la prueba pericial contable ofrecida por Pemex Exploración y Producción, en el numeral IV de su escrito de uno de julio de dos mil veintitrés.
40. En tanto que el juzgador determinó que resultaba innecesario el estudio de los diversos conceptos de violación hechos valer por esa parte quejosa; sin embargo, sostuvo el Tribunal contendiente ello es inexacto, pues existen los argumentos aludidos que son independientes de la violación procesal que se declaró fundada.
41. En consecuencia, el Tribunal contendiente reasumió jurisdicción y declaró inoperantes, infundados y fundados los conceptos de violación, en los siguientes términos:
Inoperantes:
• El atinente a que el juzgador modificó las prestaciones reclamadas materia de condena, tanto en el número de horas extras cuantificadas, como en el tipo de prestaciones; asimismo, que cuantificó la totalidad de las mismas, pasando por alto que el actor reclamó las diferencias del pago de las horas extras, no el pago total y completo.
Ello, porque dijo el Tribunal contendiente que de la lectura del laudo cuya liquidación era la materia de análisis, se aprecia que la Junta responsable no comprendió en la interlocutoria reclamada, prestaciones distintas de las que fueron materia de condena, en específico, en lo referente a los distintos tipos de tiempo extra laborado, a saber tiempo extra fijo, tiempo extra ocasional, tiempo de espera, arrastre y cambio de rol, tiempo extra tolerancia y tiempo extra penado; sin embargo, aclaró no podía analizar la legalidad de la cuantificación hecha en el incidente reclamado, debido a que tal monto depende del resultado de la prueba pericial ofrecida precisamente, por la empresa quejosa, para establecer los factores y formulas a que debe sujetarse cada una de las prestaciones extras de tiempo extra, según cada año materia de condena.
• El relativo a que, la junta laboral no consideró que las prestaciones denominadas tiempo extra fijo, tiempo extra ocasional, tiempo de espera, arrastre y cambio de rol, tiempo extra tolerancia y tiempo extra penado, por tratarse de prestaciones extralegales, correspondía al actor acreditar los extremos de su pretensión.
Tal manifestación dijo el Tribunal era inoperante debido a que lo relativo a la legalidad de la condena referida, basado en la distribución de cargas probatorias, debió ser materia de concepto de violación en el amparo directo que se hubiere promovido contra el laudo, pero es un tema que ya no puede discutirse en la liquidación del laudo.
Acotó el órgano colegiado que, no obstante que en el concepto de violación la quejosa sostuviera que a virtud de la concesión de un diverso amparo otorgada al trabajador, el Tribunal Colegiado del conocimiento constriñó a la Junta a condenar en los términos pretendidos por la moral peticionaria, pues contrario a ello, dicha protección constitucional se otorgó con plenitud de jurisdicción, por lo cual lo decidido pudo impugnarse en un nuevo juicio de amparo.
Infundado:
• El concerniente a que la junta responsable incurre en una violación procesal al desechar la prueba confesional que ofreció, bajo el argumento de que no es el medio idóneo para demostrar los extremos sujetos a debate; pues está obligada a admitirla al no ser contraria a la moral ni a las buenas costumbres.
Sostuvo el Tribunal contendiente que era infundada esa aseveración porque contrario a lo manifestado, la referida actuación de la junta laboral se encue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34142-53c3e42a/prueba-pericial-contable-en-materia-laboral-por-regla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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