SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS RESTITUTORIOS. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA MATERIAL A RECIBIR UNA SOLICITUD DE BASIFICACIÓN LABORAL, PORQUE SU CONCESIÓN IMPLICA UN BENEFICIO TOTAL QUE DEJA SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 22/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE ABRIL DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.
El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al ocho de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Que resuelve la contradicción de criterios 22/2026, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja laboral 90/2026 y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el diverso recurso de queja laboral 73/2026.(1)
I. ANTECEDENTES
1. Denuncia de contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y el 226 de la Ley de Amparo prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción para que el Pleno Regional resuelva cuál criterio debe prevalecer. Mediante oficio 2/2026 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiséis, firmado electrónicamente por la Magistrada Presidenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito denunció la posible existencia de contradicción de criterios entre los sustentados por ese Tribunal Colegiado al resolver el recurso de queja laboral 90/2026 y el Primer Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, al resolver el recurso de queja laboral 73/2026. En consecuencia, se actualizó formalmente la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.
2. Trámite ante este Pleno Regional. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción, recabando los informes de los tribunales involucrados y notificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar si existe jurisprudencia sobre la materia. Ahora bien, el oficio mencionado fue recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el veinticinco de febrero de dos mil veintiséis; por lo que, el veintiséis siguiente la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado de su índice seguía vigente; asimismo, remitieran su determinación y pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico de tales asuntos, a través del Sistema Electrónico del Órgano de Administración Judicial; además, informaran si existía alguna circunstancia por la cual los asuntos referidos no hubieren causado ejecutoria.
3. De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: DETERMINAR SI ES PROCEDENTE O NO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO ÉSTE CONSISTE EN LA RESTITUCIÓN DE UN DERECHO LABORAL (RECEPCIÓN DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL QUEJOSO PRETENDE SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE BASIFICACIÓN LABORAL), PUES ELLO IMPLICARÍA DEJAR SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO PRINCIPAL.
4. Por último, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.
5. Posteriormente, en proveídos de nueve y diez de marzo de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los oficios signados, respectivamente, por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, y por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, mediante los cuales, comunicaron que se encuentran vigentes los criterios sustentados en los recursos de queja 90/2026 y 73/2026.
6. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos tres meses no había sido radicada en ese máximo tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema fuera el ya precisado en párrafos precedentes.
7. Finalmente, al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.
II. COMPETENCIA
8. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
9. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
10. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(2) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
11. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al emitir la sentencia del recurso de queja 90/2026, de su índice, lo cual, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, los dota de legitimación. Además, porque la denuncia de mérito se hizo del conocimiento a este Pleno Regional, mediante oficio signado por la Magistrada Presidenta de dicho tribunal contendiente.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
12. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los antecedentes y aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
13. A ese respecto, se precisa que ambos asuntos tienen su origen en similares antecedentes, de modo que, para evitar repeticiones innecesarias, se hará alusión en su conjunto, para después reseñar las consideraciones que tuvieron en cuenta uno y otro tribunal contendiente.
• Antecedentes que dieron origen a los recursos de queja 73/2026 y 90/2026, del índice del Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, respectivamente.
14. Los quejosos, por propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto en contra de: a) la negativa material de recibir escrito de nueve de febrero de dos mil veintiséis, mediante el cual presentaron solicitud formal de basificación laboral; y b) la orden verbal y discrecional emitida por el secretario particular, ejecutada por el encargado de la Oficialía de Partes del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, consistente en rechazar de facto cualquier promoción relativa a derechos de estabilidad laboral (basificación). Actos respecto de los cuales solicitaron su suspensión como petición adyacente a la demanda constitucional, en los términos siguientes:
“1. Se ordene a la autoridad responsable RECIBIR DE MANERA INMEDIATA el escrito de solicitud de basificación del suscrito, debiendo sellar el acuse respectivo con la fecha en que se intentó la entrega original.
2. Se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, a efecto de que la plaza que el suscrito pretende basificar no sea asignada a diversa persona en tanto se resuelva el fondo del presente juicio.”
15. Por razón de turno, correspondió conocer de dichas demandas a la Jueza Décima de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravos, quien las admitió bajo los juicios de amparo indirecto 151/2026 y 153/2026, respectivamente; y por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis negó la suspensión provisional, al estimar que no era factible otorgarla con efectos restitutivos para obligar a las autoridades a actuar conforme a la pretensión del promovente.
16. En contra de dicha determinación, los quejosos interpusieron recursos de queja, de los cuales correspondió conocer al Primer y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de Bravo, Guerrero, en donde se radicaron bajo los expedientes 73/2026 y 90/2026, respectivamente.
A. Consideraciones jurídicas que dieron lugar al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de Bravo, Guerrero, al resolver el recurso de queja 73/2026, en lo que es materia de la presente contradicción, son:
17. En el considerando sexto, una vez que el tribunal contendiente resumió los argumentos vertidos en el único agravio que hizo valer el recurrente, los calificó de infundados.
18. A ese respecto, el tribunal contendiente reseñó las consideraciones vertidas por la Jueza de Amparo, hecho lo cual, el propio órgano colegiado expuso algunas consideraciones generales sobre la suspensión del acto reclamado, y al respecto indicó que, en el juicio de amparo procede la suspensión de los actos reclamados cuando la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
19. Sin embargo, el tribunal contendiente precisó que la suspensión no tiene por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda, por lo que para la procedencia de la suspensión debía analizarse la naturaleza de los actos reclamados para determinar si procede o no su otorgamiento.
20. Por tanto, apuntó que desde esa óptica destaca el principio legal que la suspensión sólo opera cuando se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.
21. Así, continuando con el desarrollo de su sentencia, el tribunal contendiente formuló consideraciones en torno a los efectos restitutorios de la suspensión y al respecto destacó que por virtud de las reformas constitucionales de dos mil once, así como con la expedición de la Ley de Amparo vigente, el tribunal de amparo al momento de resolver sobre la suspensión del acto reclamado, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, puede ordenar que se restablezca de forma provisional a la parte quejosa en el goce del derecho que aduce violado, hasta en tanto se resuelve en forma definitiva el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, para lo cual deben analizarse las particularidades de cada caso concreto para determinar su procedencia; por tanto estimó que la posibilidad de que la suspensión tenga efectos restitutorios ya no constituye una razón para negar la medida precautoria.
22. Consideración que apoyó en la jurisprudencia PC.I.C. J/61 K (10a.),(3) emitida por el entonces Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 16/2017, de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EL HECHO DE QUE SU CONCESIÓN TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS NO ES UNA RAZÓN PARA NEGARLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO ANTERIOR A LA ADICIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).”
23. De esa manera, el tribunal contendiente destacó que, conforme lo previsto en el artículo 147, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, para que proceda conceder la suspensión del acto reclamado es menester se tomen en cuenta las condiciones siguientes:
a) Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio.
b) Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado.
c) De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado.
24. En consecuencia, el órgano colegiado en contienda precisó que lo anterior significa que, si bien la suspensión puede tener efectos restitutorios, los efectos de la medida cautelar se encuentran condicionados a que tal restitución en el goce del derecho fundamental que se estima violado sea sólo provisional.
25. Esto es, si atento a la naturaleza del acto reclamado la restitución a la parte quejosa en el goce del derecho que estima violado es plena, entonces tal restitución no es procedente por la vía de la suspensión, pues ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, lo que significa que necesariamente la restitución que procede hacer vía suspensión del acto reclamado sólo puede ser provisional y no plena, dado que la restitución plena es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.
26. Con base en esas consideraciones, el tribunal apuntó los efectos para los cuales, en el caso concreto, el quejoso solicitó la suspensión del acto reclamado, de cuya narrativa, consideró que era claro que la pretensión del quejoso a través de la suspensión del acto reclamado era que la autoridad responsable le recibiera de inmediato su escrito de solicitud de basificación, habida cuenta que, en esencia, en su demanda de amparo, el personal de ventanilla de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, se negó materialmente a recibirle dicho documento, y al respecto, el tribunal precisó que esto último constituye el acto reclamado y es la materia del juicio de amparo.
27. Así, conforme a las particularidades del caso concreto, el órgano contendiente desprendió que el acto reclamado constituye un acto negativo liso y llano, el cual, en forma contraria a lo argumentado por el recurrente, carece de efectos positivos, pues no tiene la consecuencia de permitir la ejecución de algún diverso acto de autoridad que pueda afectar derecho sustantivo alguno del peticionario del amparo, como pudiera ser que la plaza que pretende basificar sea asignada a diversa persona en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo, toda vez que, como lo precisó la Jueza de Distrito en el auto recurrido, tal acto no constituye la materia del amparo.
28. Además, apuntó que dada la naturaleza del acto reclamado -negativa material de recibir su escrito-, implica que la restitución en el derecho que estima violado es plena -pues de concedérsele el amparo solicitado, el efecto sería precisamente que la autoridad responsable le reciba el escrito mediante el cual pretende se dé trámite a su solicitud de basificación laboral-, por lo que consideró que tal restitución no era procedente por la vía de la suspensión, toda vez que ello implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, dado que la restitución plena es materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo principal en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.
29. Por otra parte, el tribunal contendiente indicó que las consecuencias que alude el recurrente en sus agravios, relativas a que al negarse la medida cautelar se le desplaza de manera real y actual de su derecho de participar en un procedimiento de estabilidad laboral; que se le impide ejercer un derecho de petición vinculado a dicha estabilidad laboral, y el acceso a un procedimiento administrativo y a la preservación del estado de cosas; que se afectaría su estabilidad laboral y a un mínimo vital; en nada varía la naturaleza del acto reclamado, negativo liso y llano, pues el hecho de que no se hubiera recibido su escrito mediante el cual solicita formalmente su basificación laboral, no es en sí misma la generadora de las referidas consecuencias.
30. De igual forma, el tribunal contendiente consideró infundado el argumento que ante la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se debe conceder la medida cautelar, pues si bien, es cierto que tales figuras constituyen elementos de ponderación que deben tomarse en cuenta para determinar si procede o no conceder la medida suspensional, ello no significa que en todas las resoluciones en donde se decida sobre la procedencia o no de dicha institución cautelar deba hacerse un análisis expreso y exhaustivo sobre tales elementos, pues el Juzgador Federal válidamente puede advertir la existencia de algún otro elemento o dato que justifique la improcedencia de la medida en cuestión (como sucedió en la especie).
31. En efecto, como quedó asentado, el tribunal contendiente puntualizó que la juzgadora consideró que existe un impedimento jurídico que torna improcedente la suspensión pretendida, pues advirtió que de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, no se traduciría en un beneficio transitorio, de manera que si en lo principal se resolviere de forma contraria a la pretensión de la parte quejosa, puedan retrotraerse los efectos derivados de esa suspensión; por ende, no procedía para el efecto de que la autoridad responsable de manera inmediata recibiera el escrito de solicitud de basificación reclamado.
32. Por último, el tribunal en contienda indicó que carecía de razón el recurrente, al señalar que la juzgadora de origen para negar la suspensión provisional del acto reclamado sostuvo un argumento que es técnicamente anacrónico; pues contra lo argumentado por el recurrente, el Tribunal Colegiado contendiente indicó que más bien la A Quo analizó el tema de acuerdo a la época de la emisión del acto reclamado, invocando para ello, los numerales 128, 129 y 147 de la Ley de Amparo, además citó los criterios que consideró aplicables al caso concreto.
33. En tales consideraciones, ante la ineficacia jurídica de los agravios formulados por la parte recurrente, el tribunal contendiente estimó infundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiséis, en el que se negó la suspensión provisional solicitada.
B. Consideraciones del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de Bravo, Guerrero, al resolver el recurso de queja 90/2026.
34. En el considerando quinto, una vez que el tribunal contendiente reseñó los agravios expuestos por el recurrente, estimó que aquéllos eran fundados. 35. Al respecto, destacó que la apariencia del buen derecho, tratándose de materia de suspensión, consiste en que el juzgador -a primera vista- realice un juicio de valor mediante la formulación de hipótesis que le permitan adelantar, con un alto grado de acierto, el sentido de la sentencia que se dicte en el proceso correspondiente, con base, además, en los elementos probatorios aportados que le ayuden a comprobarlas, esto es, que la causa de pedir en el amparo principal resulte fundada y en beneficio del peticionario de amparo.
36. En armonía con dicho principio, el tribunal contendiente destacó que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) establece que en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los jueces decidirán sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social; precepto del cual deriva un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, consistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo.
37. Además, apuntó que en la reforma constitucional en materia de amparo de dos mil once, se dotó a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia y evitar que los particulares sufran afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto.
38. En ese sentido, el tribunal indicó que del artículo 147 de la Ley de Amparo,(5) se desprende que es posible que la suspensión tenga efectos restitutorios cuando ésta sea procedente de acuerdo a los requisitos de ley. De esta manera, el criterio de que la suspensión no debe otorgar efectos restitutorios o que anticipen la decisión final, por ser propios de la sentencia de fondo, debe superarse en aras de ser congruentes con la finalidad constitucional de preservar la materia del juicio y evitar la ejecución de actos de imposible o difícil reparación, siempre y cuando exista interés suspensional del solicitante y materia para la suspensión, para lo que es menester considerar la naturaleza del acto reclamado. Al respecto citó la jurisprudencia y tesis de rubros: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA, A PESAR DE QUE PUEDA ADELANTAR LOS EFECTOS DE LA DECISIÓN FINAL, SI ES NECESARIO PARA ASEGURAR UNA TUTELA CAUTELAR EFECTIVA QUE PRESERVE LA MATERIA DEL JUICIO Y LA CABAL RESTITUCIÓN DEL AFECTADO EN SUS DERECHOS.”(6) y “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. RELACIÓN DEL EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO QUE DEBE DÁRSELE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CON LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA.”(7)
39. Por ende, el tribunal contendiente precisó que en la actualidad, la suspensión no solamente tiene una función de esa naturaleza, como gramaticalmente podría considerarse, sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del referido precepto, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto.
40. Lo cual estimó, conlleva que se involucre una estimación de mera probabilidad de que, de no suspenderse el acto, las violaciones aducidas quedarán consumadas y se tornarán de difícil o imposible reparación en un aspecto sustantivo, y desaparecerá la materia del amparo, como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto.
41. En esas condiciones, el Tribunal Colegiado contendiente apuntó que, en relación con la naturaleza de los actos negativos frente a la medida suspensional, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la entonces contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que para efectos de resolver si se concede o no la suspensión en un juicio de amparo indirecto, carece de relevancia considerar la naturaleza del acto reclamado, esto es, si es de naturaleza positiva o negativa, simple o con efectos positivos, sino que lo objetivamente relevante es que el juzgador de amparo debe verificar que, con independencia de la naturaleza del acto que se reclame, con el otorgamiento de la medida cautelar, sea jurídica y materialmente posible restablecer el derecho vulnerado del particular, conforme con lo previsto en el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.
42. Lo anterior, porque conforme con la nueva regulación del juicio de amparo, derivada de la reforma constitucional de dos mil once, la suspensión anticipa los efectos protectores del fallo y por eso, equivale a un amparo provisional o provisorio, pues mantiene al quejoso en el goce del derecho alegado, entre tanto se dicta la sentencia ejecutoria, garantizando la eficacia de la institución de amparo.
43. Bajo el entendido de que la suspensión no puede constituir derechos que el quejoso no tenía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional, por lo que, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. En apoyo de lo anterior, el tribunal contendiente citó la tesis de rubro: “SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DISCRECIONALIDAD DE LOS JUECES Y MECANISMOS DE CONTROL Y EXCLUSIÓN DE LA ARBITRARIEDAD QUE DEBEN CONSIDERARSE CUANDO SEA NECESARIO DARLE UN EFECTO RESTAURATIVO, PROVISIONAL Y ANTICIPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 147, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA.”
44. Ahora bien, el tribunal contendiente consideró que, la parte quejosa recurrente, en su demanda de amparo señaló como actos reclamados los que denominó como la negativa de las autoridades que señaló como responsables de recibir el escrito por el cual presentó solicitud formal de basificación laboral; lo que estimó violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
45. Destacó, por otra parte, que la determinación de la Jueza de Distrito de negar la suspensión provisional obedeció a que consideró que tales actos reclamados, dada su naturaleza de carácter negativo, no son susceptibles de suspenderse porque la medida cautelar del amparo es inoperante frente a dichos actos ya que, por principio jurídico, sólo procede frente a acciones positivas o negativas pero con efectos positivos, dado que suspender una determinación de esa naturaleza implicaría darle efectos restitutorios a la suspensión, lo cual corresponde a la sentencia de fondo del amparo.
46. Sin embargo, el Tribunal Colegiado contendiente consideró que lo resuelto por la A quo era incorrecto, pues por las particularidades del caso y sin que obste la naturaleza del acto, sí era procedente conceder la medida suspensional de que se trata.
47. A ese respecto, señaló que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben atenderse para la concesión de la suspensión del acto reclamado, que son: a) que lo solicite el agraviado y; b) no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
48. Estimó que, en el caso, la parte quejosa en su demanda de amparo solicitó la suspensión de los actos que reclamó; con lo que se colma el primero de los requisitos indicados.
49. Asimismo, destacó que la suspensión pretendida por la parte quejosa no irroga perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público al no ubicarse en las hipótesis que refiere el artículo 129 de la ley de la materia; con lo que se satisface el segundo de los requisitos enlistados.
50. Por otra parte, indicó que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, del interés social y el peligro en la demora, conduce a considerar, con alto grado de acierto, que en el caso, el sentido de la sentencia que se dicte en el juicio de donde deriva el presente recurso será en beneficio de la parte que solicita el amparo.
51. Para sostenerlo así, el Tribunal contendiente tomó en cuenta, de manera preponderante, las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad vertió el quejoso en su demanda de amparo, en donde señaló, en lo que importa, que presta sus servicios para el Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero; que cuenta con la antigüedad necesaria de años de servicio para ser elegible respecto de la basificación; que elaboró escrito formal dirigido al Director General solicitando la basificación; y, que el nueve de febrero de dos mil veintiséis, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, acudió a la oficialía de partes del referido colegio, presentó su solicitud y el personal de ventanilla, cuya función es meramente receptora, tras leer el contenido del documento, le informó que tenía órdenes del secretario particular de no recibir ninguna solicitud que tratara sobre basificaciones.
52. De donde obtuvo que, existe una negativa por parte de las autoridades señaladas como responsables de recibir el escrito del quejoso recurrente, por el que solicita su basificación.
53. En ese sentido, el tribunal concluyó que los actos reclamados por el quejoso recurrente impactan directamente en el derecho de petición tutelado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Determinación que apoyó en la tesis de rubro: “DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS.”
54. Por tanto, consideró que sí era procedente conceder la medida suspensional pretendida, sin que obste la naturaleza negativa de los actos reclamados, ya que sus efectos y consecuencias se traducen en la violación al derecho fundamental del quejoso recurrente, de que reciba una contestación por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, en relación con la solicitud de basificación.
55. En apoyo de su determinación, el tribunal contendiente citó los criterios de epígrafe: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIO. PARÁMETR
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34034-eb79683f/suspension-provisional-con-efectos-restitutorios-es-improcedente-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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