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Modo: Corpus Pro

RECUSACIÓN PLANTEADA CONTRA EL JUEZ DE CONTROL QUE CONOCIÓ DE UN PROCEDIMIENTO PENAL. EL AUTO INICIAL EN EL TRÁMITE DEL AMPARO INDIRECTO NO ES EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA DETERMINAR SI LA RESOLUCIÓN QUE LA RESUELVE ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR ENDE, SI SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 3/2026. · Registro digital (IUS): 33978
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-04-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Abril de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.579.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 3/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE MARZO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día once de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 3/2026 entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado, al fallar el recurso de queja 262/2025, y por el Segundo Tribunal Colegiado, al resolver el diverso recurso de queja 153/2025, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción correspondiente, a fin de que el Pleno Regional determine cuál criterio debe prevalecer.

2. En ese contexto, mediante escrito signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por los Tribunales Colegiados Primero(3) y Segundo,(4) ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.

3. Por tanto, se tuvo por formalmente actualizada la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

II. TRÁMITE ANTE ESTE PLENO REGIONAL

4. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción de criterios, para lo cual debe recabar los informes de los tribunales involucrados y notificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de verificar la existencia o no de jurisprudencia obligatoria sobre la materia.

5. En cumplimiento de lo anterior, el nueve de enero de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional radicó la denuncia y requirió a los órganos contendientes para que remitieran las determinaciones respectivas en copia certificada, pusieran a disposición la consulta de los expedientes electrónicos correspondientes, informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados y precisaran si las sentencias respectivas habían causado ejecutoria o estado.

6. Asimismo, ordenó notificar al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la admisión del asunto y se turnó la presente contradicción de criterios, a la Ponencia “A”, a cargo de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta; con ello, se tuvieron por cumplidas las diligencias iniciales previstas para la admisión de la contradicción de criterios.

7. Para delimitar con precisión el objeto del debate, en el referido proveído, este Pleno Regional estableció como tema preliminar de la presente contradicción de criterios, el siguiente: “PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN SEGUNDA INSTANCIA, EN LA QUE SE DECLARÓ INFUNDADA O ILEGAL LA RECUSACIÓN PLANTEADA CONTRA UN JUEZ DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE VÍA AMPARO INDIRECTO O ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.”

8. La tramitación de la contradicción de criterios exige que se alleguen los elementos documentales necesarios para la debida integración del expediente y su turno a la ponencia correspondiente. En ese sentido, mediante acuerdos de Presidencia de catorce y diecinueve de enero de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los oficios signados, respectivamente, por los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados, Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito, a través de los cuales informaron, en lo que interesa, que los recursos de queja 262/2025 y 153/2025, respectivamente, se encuentran vigentes, así como que se habilitó la visualización de los expedientes electrónicos correspondientes.

9. En proveído de presidencia de seis de febrero de dos mil veintiséis, este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio CCST/X/064/02/2026, a través del cual, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal, en los últimos seis meses, alguna contradicción de criterios, relacionada con el tema preliminar fijado para esta contradicción de criterios, previamente reseñado. Por tanto, se confirmó el turno electrónico definitivo.

10. En consecuencia, el expediente quedó debidamente integrado y se encuentra en estado de resolución por parte de este Pleno Regional.

11. La presente contradicción de criterios se listó el día veintisiete de febrero de dos mil veintiséis.

III. COMPETENCIA

12. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1°, fracción II, punto 1, así como el ordinal 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del otrora Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado mediante diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.

13. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y por territorio.

14. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(5) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

IV. LEGITIMACIÓN

15. La denuncia de contradicción de criterios debe provenir de una parte legitimada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(7)

16. En el caso, la denuncia fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande; en consecuencia, se cumple con el requisito de legitimación procesal para la procedencia de la contradicción de criterios planteada.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de queja 262/2025.

17. Antecedentes. Una persona, por conducto de su asesor jurídico, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y otra autoridad, a quienes reclamó la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, dictada en el toca *****/*****, en la que se determinó improcedente la recusación planteada en contra de la Jueza adscrita al Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes Especializados en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en el Centro de Justicia para la Mujer de Guadalajara, que conoce de la carpeta administrativa *****/*****, derivado de la investigación *****/*****, así como su ejecución.

18. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la referida demanda de amparo, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien por auto de catorce de octubre de dos mil veinticinco, la registró bajo el número de expediente *****/***** y la desechó de plano, al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo.

19. Inconforme con dicha determinación, el quejoso, por conducto de su asesor jurídico, interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto bajo el número de expediente 262/2025 (criterio contendiente en la presente contradicción de criterios), en el sentido de declararlo fundado, atendiendo a las consideraciones siguientes:

a. El Tribunal Colegiado contendiente, en suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, calificó los agravios como esencialmente fundados y suficientes para revocar el desechamiento recurrido, como consecuencia de que, a su consideración, la causa de improcedencia analizada no era manifiesta ni indudable, como lo exige el numeral 113 de la referida legislación.

b. Indicó que la parte quejosa reclamó la resolución de dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco, dictada en el toca *****/*****, en la que la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco declaró improcedente la causa de recusación planteada por la parte quejosa, en términos de la fracción VII del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales (en la que determinó que la juez de control señalada como responsable realizó promesas que implicaban parcialidad en favor del denunciado); la ejecución de dicha resolución; y, el levantamiento de la suspensión del proceso en la carpeta administrativa *****/*****.

c. Precisó que, el a quo determinó desechar la demanda de amparo indirecto, al haber estimado que el único efecto que podría tener la resolución reclamada, sería que la juzgadora recusada continuara conociendo de la controversia, al no encontrarse impedida para ello y, en consecuencia, la reanudación del procedimiento; lo cual indicó no afectaba en sí mismo, ningún derecho sustantivo de la quejosa, de manera actual e inmediata; sino que, en todo caso, de llegar a ser demostrado, resultaría ser una violación intraprocesal e invocó la jurisprudencia 2ª./J. 29/2021 (10ª.), de rubro: “RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.”(8)

d. El órgano colegiado contendiente estableció que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está facultado para desechar una demanda de amparo únicamente cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

e. Puntualizó que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 128/2001, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN ‘MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA’ PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA”,(9) determinó que una causa de improcedencia es manifiesta cuando se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de la ampliación, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que es indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de que efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa.

f. Agregó que, no puede estimarse que deba desecharse de plano una demanda de amparo, si para ello se requiere un examen profundo y acucioso, pues de ser así ya no podría considerarse como un motivo notorio y manifiesto para no conocer del juicio; por lo que no sería factible desechar la demanda, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

g. Reiteró que, de no existir una causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener incertidumbre de su actualización, no debe ser desechada la demanda, al contrario, por regla general debe admitirse a trámite, en atención al principio pro actione; sin demérito de sobreseer en el juicio de amparo si el estudio propio de la sentencia dictada en la audiencia constitucional, así lo impone legalmente.

h. Concluyó, en el sentido de que la causa de improcedencia analizada por el a quo, a la luz del supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo, no es manifiesta ni indudable, toda vez que al devenir de un procedimiento penal, que tiene como principios generales la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, entre otros, en términos del artículo 20 constitucional, la afectación que pueda llegar a ocasionar, es decir, si únicamente trasciende a derecho adjetivos o si puede llegar a dañar derecho sustantivos, no es susceptible de ser analizada en el auto inicial, ya que para justificarla tendría que realizarse una argumentación más compleja, a fin de establecer porqué la determinación de la Sala responsable que declaró improcedente la causa de recusación prevista en la fracción VII del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, su consecuente ejecución, para que la juez de control continúe conociendo de la causa penal, es impugnable a través del amparo directo, a la luz de lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Amparo y porqué en la etapa procesal en la que se encuentra actualmente el proceso penal, no se le causa una afectación de imposible reparación a la parte quejosa, lo cual no es propio del auto inicial.

i. En ese orden de ideas, consideró que el juzgador federal debe allegarse de los medios necesarios para resolver la controversia planteada en vía de amparo, como lo es el informe justificado de la autoridad responsable, para conocer la forma y condiciones de la recusación, pues hasta este momento, no se cuenta con los elementos necesarios para establecer que se trata de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

j. Indicó que, no es obstáculo a lo anterior, que el juez de Distrito haya sustentado su determinación en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: “RECUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA PLANTEADA RESPECTO DE LA PERSONA JUZGADORA DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO.”,(10) ya que además de que no resultaba de aplicación obligatoria para ese órgano colegiado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, a su consideración, tampoco era aplicable al caso concreto, en virtud de que la recusación se enderezó en contra de la juez de control que conoce del proceso y, no de algún integrante del Tribunal de Enjuiciamiento, cuyas violaciones efectivamente pudieran analizarse en el amparo directo.

k. En ese orden de ideas, estimó que lo reclamado por la parte quejosa, cuando menos hasta ese momento procesal, podría señalarse como un acto irreparable, al no ser posible examinarlo y repararlo en amparo directo, toda vez que conforme al artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sentencia que se emita en el juicio oral -que sería el acto reclamado en la vía uniinstancial de amparo- no podría declarar la nulidad de actos realizados en las etapas previas al juicio, lo que significa que lo relativo al impedimento de la juez de control que haya participado en la audiencia inicial y subsecuente fase procesal y etapa intermedia, quedaría consumado de manera irreparable, pues no podría ser objeto de examen al dictarse la sentencia en la etapa de juicio oral, al no ser nulificables los actos de las etapas previas. Invocó las tesis aisladas II.3º.P.10 P (11ª.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: “RECUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTA CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO, AL NO SER NOTORIO NI MANIFIESTO QUE CONSTITUYE UN ACTO QUE SÓLO AFECTA DERECHOS INTRAPROCESALES [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2ª./J. 29/2021 (10ª.)].”(11) y, I.7º.P.6 P (11ª.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro: “RECUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA DE PLANO EL INCIDENTE RELATIVO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.”(12)

l. Como consecuencia, determinó que existe la posibilidad de que con la ejecución del acto reclamado, se ocasionen perjuicios de imposible reparación a la parte quejosa; razones por las que estimó, en atención al principio pro actione, que el juzgador federal debió admitir a trámite la demanda, sin perjuicio de que al dictar la sentencia respectiva pudiera considerar actualizada una diversa causa de improcedencia; motivo por el cual, declaró fundado el recurso de queja y ordenó que se dejará sin efectos el auto recurrido y se admitiera a trámite la demanda de amparo indirecto.

Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al fallar el recurso de queja 153/2025.

20. Antecedentes. Una persona promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y otra autoridad, a quienes reclamó la resolución de once de junio de dos mil veinticinco, dictada en el toca penal *****/*****, en la que declaró infundada la recusación planteada en contra del Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Jalisco, en la causa penal *****/*****, así como su ejecución y el levantamiento de la suspensión del proceso en la correspondiente carpeta administrativa.

21. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la referida demanda de amparo, al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien por auto de diecinueve de junio de dos mil veinticinco, la registró bajo el número de expediente *****/***** y la desechó de plano, al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 107, fracción V (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo.

22. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto bajo el número de expediente 153/2025 (criterio contendiente en la presente contradicción de criterios), en el sentido de declararlo infundado, atendiendo a las consideraciones siguientes:

a. El Tribunal Colegiado contendiente declaró infundados los agravios y no advirtió necesaria la actualización de la suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. b. Calificó como un acierto que el Juez de Distrito haya estimado actualizado el motivo de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V -aplicado en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo.

c. Precisó que, según lo dispuesto por los numerales en comento, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición legal, ya sea de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su procedencia, es necesario que los actos de autoridad que se combatan sean de imposible reparación.

d. Señaló que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la entonces contradicción de tesis 377/2013, emitió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), de rubro: “PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).”(13) ofreció precisión acerca del alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, al establecer que por tales actos se entienden “los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, es decir, se trata de actos cuyas consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas.

e. De lo anterior, concluyó que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento, son: 1. La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, y 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva.

f. En ese orden de ideas, determinó que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque estas afectaciones o sus consecuencias, no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y, en este caso, el amparo indirecto es procedente.

g. Precisó que la parte quejosa reclamó la resolución de once de junio de dos mil veinticinco, dictada en el toca penal *****/*****, en la que la Décima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco declaró infundada la causa de recusación planteada por la parte quejosa (en la que señaló que el catorce de octubre de dos mil veintidós, el Juez recurrido, quien cubría la ausencia del juez de control del conocimiento de la causa, ordenó dejar sin efectos las medidas de restitución ordenadas a favor de la quejosa recurrente, siendo evidente la parcialidad a favor de la contraparte, pues no obstante la existencia de juicios de amparo que resolverían la legalidad de las medidas dictadas optó resolver su levantamiento, sin siquiera haber escuchado a la parte afectada), contra el Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Jalisco, en la causa penal *****/*****; así como del Juez Segundo de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado de Jalisco, la ejecución de esa resolución y el levantamiento de la suspensión del proceso en la referida carpeta administrativa.

h. El Tribunal Colegiado contendiente consideró que tal como lo estimó el juez de Distrito, el único efecto que produce el acto recurrido, es que el juzgador recusado continúe conociendo de la controversia, pues no se encuentra impedido para ello y, en consecuencia, se ordene la reanudación del procedimiento; lo cual a su consideración, no afecta en sí mismo, de manera actual e inmediata, algún derecho sustantivo de la parte quejosa, sino, en todo caso, de llegar a ser demostrado resultaría ser una violación intraprocesal.

i. Puntualizó que como ya había señalado, los actos cuyos efectos son de imposible reparación, son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, por lo que no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales.

j. En ese sentido, consideró que no podía estimarse que los efectos de dicho acto reclamado sean de imposible reparación, pues a través de él sólo se desestimó la recusación planteada por la parte quejosa, por ende, se trata de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, al menos no de modo actual e inmediato a un derecho materialmente sustantivo, ya que su único efecto es que el juez recusado continúe conociendo del procedimiento de origen.

k. En consecuencia, consideró que el juicio de amparo indirecto así planteado resulta improcedente, dado que el acto reclamado no genera una afectación irreparable, sino que constituye una cuestión de índole adjetiva o procesal, toda vez que las actuaciones que refiere no son actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la determinación final; por lo que si ésta es favorable a los intereses de la accionante, no le causaría perjuicio alguno y, en caso contrario, de resultarle adversa, podría reclamarse, si así lo desea, a través de los medios ordinarios que sean procedentes o mediante la vía idónea. Reiteró, una vez que se haya verificado que realmente la violación a derechos de la que se duele haya trascendido al resultado del fallo que en definitiva sea emitido, según la fase procesal de que se trate.

l. Insistió en que, el acto reclamado es una violación adjetiva que, de existir y llegar a trascender al resultado de la sentencia definitiva, si es que se sigue presentando en la etapa de juicio, puede impugnarse en amparo directo, en el que de conformidad con lo previsto en las fracciones III, XV y XIX, del apartado b, del artículo 173 de la Ley de Amparo, es viable analizar las transgresiones al derecho fundamental de defensa adecuada, este último, en la intervención del órgano jurisdiccional que haya conocido previamente o al haber resultado desfavorable una recusación, como sucedió en el caso en estudio, o de cualquier otro similar que se hubiera vulnerado en perjuicio de la parte quejosa.

m. Precisó que tratándose del caso en que la violación alegada subsistiera en la etapa de juicio oral, la jurisprudencia 2ª./J. 29/2021 (10ª.), de rubro: “RECUSACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.”,(14) resulta aplicable al caso, al haber abordado el tema de la recusación, precisando las razones por las que no es un acto de imposible reparación, al margen de que los tribunales contendientes en la entonces contradicción de tesis que le dio origen hayan sido de la materia civil.

n. Consideró que quedó de manifiesto que el acto reclamado, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, en virtud de que no afecta derecho sustantivo alguno; por lo que, en su estimación, fue correcto el desechamiento de la demanda de amparo efectuado por el juez de Distrito, con fundamento en los artículos 61, fracción XIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo.

o. Indicó que ello es así, máxime que según se desprendió del escrito de demanda, el juzgador recusado actuó en etapas previas, es decir, es distinto al que conocerá del juicio oral, en caso de que se llegase a dicha fase, lo que evidencia aún más la improcedencia del amparo indirecto, al resultar diferentes los juzgadores en las etapas respectivas, acorde con el diseño y reglas específicas que rigen el sistema penal, lo que hace patente que tendrá que ser un juez diverso el que eventualmente conozca del asunto en etapas posteriores, ante quien serán desahogadas las pruebas y se dictará la sentencia correspondiente. Invocó la tesis aislada II.3º.P.61 P (11ª.), de rubro: “RECUSACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA PLANTEADA RESPECTO DE LA PERSONA JUZGADORA DEL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO.”(15)

p. Concluyó el órgano colegiado contendiente que, al ser infundados los agravios, el recurso sigue la misma suerte, por lo que resultó ajustado a derecho el desechamiento de la demanda, toda vez que el acto reclamado constituye un acto de carácter intraprocesal que no causa una afectación directa o irreparable a derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que puede ser impugnado de manera diferida en amparo directo contra la resolución definitiva. Invocó la jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACT

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33978-96a5f21e/recusacion-planteada-contra-el-juez-de-control-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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