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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO. LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD CONTEMPLADO EN LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES ACTIVOS Y SINDICALIZADOS, DEBEN SER PARA DEJAR A SALVO SUS DERECHOS PARA QUE LOS HAGAN VALER UNA VEZ SUBSANADO TAL REQUISITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 31/2026. · Registro digital (IUS): 34184
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-21
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.265.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 31/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 10 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.

El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al diez de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 31/2026, suscitada entre el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Circuito,(1) al resolver los amparos directos 418/2024 y 350/2022, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y el 226 de la Ley de Amparo prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción para que el Pleno Regional resuelva cuál criterio debe prevalecer. Mediante oficio 454/2026, de trece de marzo de dos mil veintiséis, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, remitió el escrito de **********, tercero interesado en el amparo directo 350/2022, de su índice, con el cual denuncia la posible contradicción de criterios entre el referido Tribunal Colegiado, al resolver el citado juicio de amparo y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 418/2024. En consecuencia, se actualizó formalmente la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

2. Trámite ante este Pleno Regional. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción, recabando los informes de los tribunales involucrados y notificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar si existe jurisprudencia sobre la materia. Ahora bien, el oficio mencionado fue recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el trece de marzo de dos mil veintiséis; por lo que, el diecisiete siguiente(2) la Magistrada presidenta de este Pleno Regional radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado de su índice seguía vigente; asimismo, enviaran su determinación y pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico de tales asuntos, a través del Sistema Electrónico del Órgano de Administración Judicial; además, informaran si existía alguna circunstancia por la cual los asuntos referidos no hubieren causado ejecutoria.

3. De igual forma, ordenó hacer saber al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: DETERMINAR SI EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD CONTEMPLADO EN LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES ACTIVOS Y SINDICALIZADOS RESPECTO DE LA ACCIÓN DE RIESGO DE TRABAJO, CUÁL DEBEN DE SER LOS EFECTOS DEL AMPARO, DEJAR A SALVO LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR U ORDENAR LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN RESPECTO DE LA ACCIÓN EJERCIDA.

4. Aunado a ello, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

5. Por otra parte, en el oficio antes citado, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, comunicó que el criterio sustentado en el amparo directo 350/2022 se encuentra vigente, remitió la versión digitalizada, e informó que la resolución causo ejecutoria y puso a disposición dicho expediente electrónico para su consulta.

6. Mediante proveído de seis de abril del año en curso, se tuvo por recibido el oficio emitido por la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, a través del cual informó que el criterio emitido en el amparo directo 418/2024, se encuentra vigente, y causó ejecutoria, asimismo, puso a disposición el expediente electrónico para su consulta.

7. Por acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos tres meses no había sido radicada en ese Máximo Tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema fuera el ya precisado en párrafos precedentes; de igual forma se tuvo dando cumplimiento a lo ordenado en autos de diecisiete de marzo del año en curso al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito al informar que la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 350/2022 causó ejecutoria.

8. Finalmente, al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

II. COMPETENCIA

9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1o., fracción II, punto 1o. y 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN

12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el apoderado del tercer interesado en el amparo directo 350/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo órgano contiende en la presente denuncia.

13. Y conforme a lo establecido en la tesis aislada 2a. XXIX/2009 que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada digitalmente con el número 167546, que puede encontrarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, correspondiente al mes de abril de 2009, página 727, del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantía está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de criterios, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

14. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

A. Antecedentes que dieron origen al amparo directo 350/2022, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.

15. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, una persona demandó de **********, entre otras prestaciones, el reconocimiento de los riesgos de trabajo de diversas enfermedades (9) del orden profesional, entre ellas, cortipatía bilateral secundario a trauma acústico que produjo hipoacusia bilateral, disminución en funcionamiento de la columna vertebral y gonartrosis bilateral.

16. De dicha demanda correspondió conocer a la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyo presidente, mediante acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la radicó como juicio laboral ********** y, en ese mismo acto, señaló fecha para la celebración de la audiencia trifásica.

17. El cinco de enero de dos mil diecisiete, inició la referida audiencia, en la que se tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio y continuando la audiencia en su etapa correspondiente, la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda, la demandada dio contestación, y posteriormente se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por las partes.

18. El trece de octubre de dos mil veinte, se otorgó término a las partes para que formularan alegatos y por acuerdo de doce de noviembre siguiente, se les tuvo por perdido el derecho para formularlos, por lo que se certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar; finalmente, el nueve de diciembre de la misma anualidad, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó turnar los autos para su resolución.

19. El trece de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó el laudo reclamado, en el que, para lo que interesa en la presente denuncia de contradicción, se condenó a la demandada al reconocimiento de que el actor padece enfermedades de trabajo, consistentes en: cortipatía bilateral (hipoacusia), síndrome doloroso lumbar crónico (entorpecimiento de los movimientos de columna vertebral) y gonartrosis bilateral.

20. Inconforme con el laudo anterior, mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, la demandada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal; cuya demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo presidente, mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós la admitió a trámite y registró con el expediente 350/2022; ordenó notificar a la tercera interesada a fin de que estuviera en aptitud de promover amparo adhesivo y formular alegatos; y, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese tribunal.

21. De esa manera, por acuerdo de cinco de julio del citado año, se admitió a trámite el amparo adhesivo promovido por el tercero interesado, de modo que el veintinueve siguiente, al estar debidamente integrado el asunto, se turnó al magistrado ponente para la elaboración del proyecto respectivo.

22. Así, en sesión ordinaria virtual de dos de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal colegiado de mérito concedió el amparo solicitado por la demandada principal y, a su vez, negó el adhesivo promovido por el actor tercero interesado.

• Consideraciones jurídicas respecto al tema de la denuncia que nos ocupa:

23. En el considerando octavo de la ejecutoria en contienda, atendiendo al mayor beneficio, en términos del artículo 189, primer párrafo de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado contendiente estimó fundada una parte del primer concepto de violación, y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada respecto al reconocimiento de las enfermedades de tipo profesionales.

24. El tribunal contendiente estableció que, en dicho motivo de inconformidad, la patronal quejosa adujo esencialmente que el laudo reclamado es ilegal, en virtud de que la potestad laboral pasó por alto que el actor, al ser un trabajador activo de planta, incumplió con su obligación de agotar el procedimiento señalado en la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo y, por tanto, no procedía el reclamo de pensión por incapacidad permanente.

25. Ello –continuó alegando el quejoso– porque el propio actor en el hecho uno de su escrito de demanda, manifestó ser trabajador activo y en su escrito de pruebas de dos de enero de dos mil diecisiete, exhibió su tarjeta de trabajo como operario de planta, de ahí que tratara de cometer un fraude procesal porque aún labora y recibe un salario.

26. Así, dicho planteamiento fue considerado por el Tribunal Colegiado como fundado, al tener en consideración que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que los trabajadores sindicalizados en activo de la paraestatal deben solicitar que el servicio de medicina pericial de la parte patronal determine su aptitud para laborar y, en consecuencia, les expida un dictamen médico para determinarles las incapacidades derivadas del riesgo de trabajo alegado.

27. Estableció que el hecho de que los riesgos de trabajo sean calificados técnicamente por Petróleos Mexicanos en su carácter de órgano asegurador, no impide que, una vez obtenida esa calificativa mediante el dictamen médico emitido en términos de la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo, el trabajador en activo acuda directamente ante el órgano jurisdiccional laboral competente, para someter a su conocimiento la reclamación de la calificación de riesgo de trabajo realizada por el organismo referido.

28. Concluyó que, a través del cumplimiento de esos requisitos, se busca la asistencia médica y rehabilitación del trabajador para lograr su reacomodo en la fuente de trabajo, para que la relación laboral siga vigente, por lo que con ello, no se vulnera el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni hace nugatorio el derecho a la impartición de justicia que se exija agotar aquellos requisitos para la procedencia del juicio laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

29. Además destacó que, si bien los trabajadores sindicalizados en activo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios –por regla general–, cuando reclaman el reconocimiento de enfermedades del orden profesional y las indemnizaciones que de ello deriven, deben agotar previamente el procedimiento administrativo ante la patronal a que hace alusión la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo, también lo es que si el trabajador durante la sustanciación del juicio y previo al dictado del laudo, deja de tener relación laboral con la empresa paraestatal, debe considerarse como una causa de excepción a dicha regla.

30. Explicó que lo anterior es así, ya que, en esos casos, no podría exigírsele al operario cumplir con dicho requerimiento contractual en virtud de que el vínculo laboral se encuentra concluido, lo que implica una evidente imposibilidad para que los médicos de la paraestatal efectúen la valoración que impone el procedimiento en mención, toda vez que a ésta ya no le reviste el carácter de patronal respecto de una persona que ya no tiene el carácter de trabajador de la empresa.

31. Argumentos que el Tribunal Colegiado destacó, fueron plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 37/2019 (10a.),(3) de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."

32. Así, apuntó que, como se aprecia de la demanda presentada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, en específico del hecho marcado como "1", el actor manifestó ser trabajador en activo, para lo cual, incluso transcribió parte de su demanda inicial.

33. Asimismo, advirtió de la contestación a la demanda, que la patronal quejosa opuso como excepción o defensa que el actor con tal carácter no agotó el procedimiento previsto por la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo antes de instar el juicio laboral.

34. De igual manera, indicó que de la narrativa de los antecedentes, el actor durante la tramitación del juicio laboral –nueve de febrero de dos mil diecisiete– manifestó ser trabajador activo al servicio de la demandada en plataformas marinas en Ciudad del Carmen, Campeche.

35. Aunado a ello, destacó que la patronal aportó el dictamen de antigüedad ********** y situación contractual con oficio **********, ambos de trece de diciembre de dos mil dieciséis, donde se advierte la calidad del trabajador como de planta sindicalizado; medios de convicción a los que advirtió, la autoridad responsable les otorgó valor probatorio por no haber sido objetadas en su autenticidad literalidad, contenido y existencia.

36. Pruebas con base en las cuales, el tribunal contendiente concluyó que el actor era trabajador sindicalizado en activo de la paraestatal demandada.

37. Además, no soslayó la manifestación del actor efectuada después de turnados los autos para dictar laudo, en el sentido de que la relación de trabajo se mantuvo hasta el trece de diciembre de dos mil dieciséis, sin aportar constancia que avalara su dicho, pues estimó que ello se contraponía a lo afirmado en un escrito anterior, donde sostuvo que en febrero de dos mil diecisiete se encontraba en activo.

38. Asimismo, indicó que, si bien en la contestación a la demanda, la patronal quejosa sostuvo que el operario dejó de laborar, ello implicó un error mecanográfico, porque al oponer su excepción o defensa manifestó en reiteradas ocasiones que se trataba de un trabajador en activo, lo cual robusteció con el dictamen de antigüedad y situación contractual referidos.

39. Por tanto, el tribunal en contienda consideró evidente que no se demostró que el obrero dejó de tener una relación laboral con la empresa paraestatal por motivo de la jubilación correspondiente; y menos aún, que fuera un trabajador transitorio; por lo que –en el caso– no existe una causa de excepción a la regla general de agotar previamente el procedimiento administrativo ante la patronal, ya que no puede requerirse al trabajador que dejó de ser personal en activo, que cumpla con el procedimiento que para tal efecto se establece en la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo.

40. En ese sentido, el Tribunal Colegiado contendiente apuntó que, tampoco se desprende que el actor, como trabajador en activo, hubiera agotado el procedimiento contenido en la cláusula 113 del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera, en el que acudiera al servicio médico de la demandada, de su adscripción, para que fuera revisado por los padecimientos que dijo tener y, de ser el caso, se le otorgaran las incapacidades, indemnizaciones o cualquier otro derecho derivado del riesgo de trabajo o de las enfermedades que refirió.

41. Todo ello, en opinión del tribunal en contienda, puso de manifiesto –como lo refirió la quejosa– que fuera ilegal que la Junta responsable la condenara a reconocer las enfermedades de trabajo que la parte actora refirió padecer, así como el pago correspondiente a dichas enfermedades, en virtud de que el actor, como trabajador en activo, no cumplió con ese requisito de procedibilidad contenido en la precitada norma contractual.

42. En tales condiciones, indicó que la Junta del conocimiento debió dejar a salvo los derechos del actor para que dichas acciones de seguridad social las hiciera valer en la forma que correspondiera y, al no hacerlo así, el laudo reclamado está indebidamente motivado, en contravención al derecho humano a la legalidad contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razones por las cuales incluso, indicó no estudiaría lo relativo a la condena de inscripción y contratación ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los seguros necesarios para cubrir los beneficios del Contrato Colectivo de Trabajo de la Industria Petrolera, puesto que tales prestaciones se demandaron como parte de los derechos contractuales propios de la jubilación y, en el caso, al dejarle a salvo los derechos del actor en lo referente al riesgo de trabajo, con motivo de ser trabajador en activo, no habrá pronunciamiento sobre la jubilación, pues tal riesgo de trabajo se demandó como base para el incremento del porcentaje de incapacidad para efectos, precisamente, jubilatorios.

43. Así, en las relatadas consideraciones, el Tribunal Colegiado contendiente estimó procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que la Junta responsable:

"1. Deje insubsistente el laudo reclamado; y,

2. Emita otro en el que, reitere lo que no fue materia de concesión, y siguiendo los lineamientos trazados en esta ejecutoria, deje a salvo los derechos del actor para que haga valer en la forma que en derecho corresponda las acciones de reconocimiento de las enfermedades de trabajo que dice padece, así como el pago de la indemnización correspondiente derivada de las precitadas enfermedades, y

3. Absuelva a la paraestatal demandada de las prestaciones consistentes en la contratación de los seguros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social."

44. Por último, destaca que en el considerando noveno de la ejecutoria, el tribunal contendiente se ocupó de analizar el amparo adhesivo, en cuyo estudio, desestimó los conceptos de violación y negó aquél.

45. No obstante, es necesario apuntar que al ocuparse de examinar el segundo motivo de disenso adhesivo, en el que el quejoso adherente sostuvo sustancialmente que al tratarse de un trabajador transitorio sin relación de trabajo vigente, no estaba obligado a agotar el procedimiento previsto en la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo antes de acudir a la instancia jurisdiccional, aunado a que la patronal no se excepcionó en ese sentido, el tribunal contendiente lo calificó de inatendible.

46. Lo anterior, porque en el juicio de amparo principal se determinó que el operario, antes de acudir a la instancia jurisdiccional debió ser previamente evaluado por el médico de la patronal para que se determinara su incapacidad, al tratarse de un trabajador de planta sindicalizado en activo, por lo que previamente a acudir ante la autoridad jurisdiccional debió observar el procedimiento ahí establecido para que se determinara, en su caso, la incapacidad que alegó por riesgo profesional, dado que dicho precepto legal es de interpretación estricta en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, tal como lo hizo valer la quejosa principal en su contestación de demanda.

47. De ese modo, el Tribunal Colegiado contendiente indicó que, atendiendo a lo considerado en el amparo principal y los efectos de la concesión de amparo otorgado, se constriñó a la Junta responsable a absolver a la demandada de las prestaciones que el ahora adherente hizo derivar de dicho reconocimiento de enfermedades profesionales; de ahí que, a ningún fin práctico conduce el análisis de los motivos de disenso referidos.

B. Antecedentes que dieron origen al amparo directo 418/2024, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz.

48. Mediante escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, un trabajador demandó de **********, entre otras prestaciones, el reconocimiento de diversos padecimientos o enfermedades del orden profesional, entre ellas, cortipatía bilateral, disminución en funcionamiento de la columna vertebral, y gonartrosis bilateral, las que adujo fueron producto de las labores desempeñadas en el ejercicio de su trabajo al servicio de la parte demandada.

49. Así, por auto de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje admitió la demanda, la radicó con el expediente **********, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y ordenó el emplazamiento de la demandada con los apercibimientos de ley.

50. De esa manera, el apoderado de la demandada dio contestación y manifestó que la relación laboral con el actor concluyó el ocho de junio de dos mil dieciséis, como ayudante de perforación (chango), en la unidad operativa "perf. Ku-Maloob-Zaap", en Ciudad del Carmen, Campeche; asimismo, manifestó que el demandante no tiene enfermedad profesional alguna que deba reconocerle, por lo que los preceptos que invocó son inaplicables.

51. Seguido el juicio laboral en todas sus etapas procesales, el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, la Junta responsable dictó laudo en el que condenó a la demandada al reconocimiento de que el actor padece enfermedades de trabajo consistentes en: hipoacusia neurosensorial bilateral, osteoartrosis lumbar postraumática y gonartrosis bilateral que suman un 75 % de incapacidad permanente parcial.

52. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, la demandada promovió juicio de amparo directo, la cual, por razón de turno, correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo presidente, en auto de treinta de mayo de dos mil veinticuatro, la registró y admitió con el expediente 418/2024, se dio vista al tercero interesado para que formulara amparo adhesivo o bien, hiciera valer alegatos, además, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal.

53. De esa manera, el tercero interesado, mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veinticuatro, vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, promovió amparo adhesivo, el cual fue admitido por auto de cuatro siguiente, y una vez integrado el juicio de amparo directo, se turnó el asunto al magistrado ponente para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

54. Así, mediante sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado contendiente concedió el amparo principal solicitado por la demandada quejosa y negó el adhesivo hecho valer por el actor tercero interesado.

• Consideraciones jurídicas respecto al tema de la denuncia que nos ocupa:

55. En lo que resulta de interés a la presente denuncia de contradicción de criterios, en el considerando octavo de la ejecutoria en examen, se aprecia que el Tribunal Colegiado en contienda se ocupó de analizar el segundo concepto de violación hecho valer por la demandada quejosa en el que adujo que debía concederse la protección constitucional, para que la junta responsable tomara en cuenta que el actor no agotó el procedimiento para reclamar las prestaciones surgidas con motivo de padecimientos del orden profesional, previsto en la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo.

56. Al respecto, destacó que el solicitante de amparo sostuvo que la junta responsable inobservó que el operario, al tener la calidad de trabajador transitorio en activo, debió agotar el procedimiento establecido en la cláusula 113 del contrato colectivo de trabajo, la cual establece el procedimiento específico para el reclamo de las prestaciones surgidas con motivo de padecimientos del orden profesional, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 37/2019, de rubro: "PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. LA CLÁUSULA 113 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 2013-2015 (Y SUS EQUIVALENTES PARA OTROS BIENIOS), NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."

57. De esa manera, el órgano contendiente calificó de fundado el citado motivo de inconformidad, pues consideró que, la disposición del contrato colectivo en comento, establece un procedimiento para los trabajadores sindicalizados activos de la empresa demandada, con el objeto de que el servicio de medicina pericial del patrón les expida un dictamen médico para determinarles sus incapacidades y, en caso de inconformidad, se instrumente un procedimiento en el que, con la participación además del servicio de medicina, un perito designado por el trabajador y, en su caso, un perito tercero, proporcione

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34184-8ea922ec/accion-de-riesgo-de-trabajo-los-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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