Corpus
Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO A SU ADMISIÓN, EL JUZGADO DE DISTRITO DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA REPRESENTACIÓN DEL PROMOVENTE CUANDO SE OSTENTE COMO DEFENSOR PARTICULAR DEL QUEJOSO Y LOS ACTOS RECLAMADOS DERIVEN DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DISTINTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 51/2026. · Registro digital (IUS): 34187
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-21
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ASÍ COMO EL DIVERSO CUARTO DEL TERCER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA PENAL.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.340.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 51/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ASÍ COMO EL DIVERSO CUARTO DEL TERCER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA PENAL. 18 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIA: CAROLINA HERRERA RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día dieciocho de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 51/2026 entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 32/2026, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con el diverso recurso de queja 56/2024 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 73/2025.

I. ANTECEDENTES

1.- Denuncia de la contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción correspondiente, a fin de que el Pleno Regional determine cuál criterio deberá prevalecer.

2.- En ese contexto, mediante oficio signado por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional,(3) el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito(4) y el diverso Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.(5)

3. Por tanto, se tuvo por formalmente actualizada la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

II. TRÁMITE ANTE ESTE PLENO REGIONAL

4.- El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción de criterios, para lo cual debe recabar los informes de los tribunales involucrados y notificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de verificar la existencia o no de jurisprudencia obligatoria sobre el tema.

5.- En cumplimiento de lo anterior, el veintiuno de abril de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional radicó la denuncia y requirió a los órganos contendientes para que informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados, remitieran las determinaciones respectivas y pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico (exceptuando de los dos últimos requerimientos al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito por haberlo informado en el escrito de denuncia).

6.- De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: “RECURSO DE QUEJA, DEBE RESOLVERSE FUNDADO O INFUNDADO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL PROMOVIDA POR LA PERSONA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ADUZCA TENER EL CARÁCTER DE DEFENSOR DEL QUEJOSO EN DIVERSOS PROCESOS PENALES JUDICIALES.”

7.- Aunado a ello, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

8.- La tramitación de la contradicción de criterios exige que se alleguen los elementos documentales necesarios para la debida integración del expediente y su turno a la ponencia correspondiente. En ese sentido, mediante acuerdos de Presidencia de este Pleno Regional de veintisiete, veintiocho y treinta de abril de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los oficios signados, respectivamente, por los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Séptimo Circuito y el diverso Cuarto del Tercer Circuito, todos en Materia Penal, a través de los cuales informaron, en lo que interesa, que el criterio sustentado en los recursos de queja 32/2026, 73/2025 y 56/2024, se encuentra vigente, asimismo remitieron las resoluciones respectivas, e informaron que habilitaron la visualización de los expedientes electrónicos correspondientes.

9.- En proveído de presidencia de doce de mayo de dos mil veintiséis, este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio CCST/X/273/05/2026, de siete del mismo mes y año, a través del cual, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal, en los últimos tres meses, alguna contradicción de criterios, relacionada con el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios. Por tanto, se confirmó el turno electrónico definitivo a cargo de la magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

10.- En consecuencia, el expediente quedó debidamente integrado y se encuentra para el dictado de la resolución por parte de este Pleno Regional.

III. COMPETENCIA

11.- Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

12. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

13. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

IV. LEGITIMACIÓN

14.- La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) al haber sido formulada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con motivo de la resolución del recurso de queja 32/2026 de su índice; por lo que es inconcuso que el denunciante intervino en la decisión de uno de los criterios génesis de la presente contradicción.

15.- Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(8) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (penal) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que sus integrantes se encuentran legitimados para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del Pleno de la Región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.

16.- De ahí que el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuente con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

I.- Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Rio, Veracruz, al resolver el recurso de queja 32/2026.

• Antecedentes Procesales.

17.- Demanda de amparo indirecto. El veintitrés de enero de dos mil veintiséis, un defensor privado promovió amparo indirecto en el que reclamó la orden de citación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión o cualquier acto privativo de la libertad librado en contra del directo quejoso y su ejecución a cargo de diversas autoridades ministeriales. Ocurso mediante el cual, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que tanto él como el directo quejoso desconocían el origen de los actos reclamados, y que el defensor tiene reconocido dicho carácter en otras carpetas.

18.- Auto de desechamiento. En proveído de veintisiete de enero de dos mil veintiséis, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, radicó el asunto bajo el consecutivo 88/2026 y desechó de plano la demanda de amparo al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6° de la de Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

19.- Recurso de queja. Inconforme, el quejoso por conducto de su autorizada interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, registrándolo con el expediente 32/2026 en su acervo documental.

20.- Resolución. En sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, el órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja.

• Consideraciones jurídicas.

21.- Los razonamientos jurídicos que sustentó el tribunal contendiente en su sentencia, se resumen en lo siguiente:

22.- En principio, el Tribunal Colegiado contendiente determinó que para el trámite de la demanda de amparo en materia penal bastaba que la persona defensora manifestara bajo protesta de decir verdad tener tal carácter, lo cual proveyó que no aconteció, dado que por una parte precisó en el capítulo de hechos que el directo quejoso y él desconocían los actos reclamados y en el apartado de procedencia manifestó bajo protesta de decir verdad ser defensor del directo quejoso en otras carpetas. No obstante lo anterior, se hace la aclaración que esta consideración no fue acertada, toda vez que de las constancias se advierte que el promovente promovió la demanda de amparo con la manifestación bajo protesta de decir verdad.

23.- Con base en lo anterior, determinó que no se encontraba actualizado el requisito del artículo 14 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, en el sentido de que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que la persona defensora manifieste bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter, que a la letra dice:

“Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que la persona defensora manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá a la persona juzgadora o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. (...)”

24.- Determinó que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, lo cual no aconteció, ya que los actos únicamente afectaban al quejoso y el promovente (defensor privado) carecía de legitimación para promover la demanda de amparo toda vez que su pretensión se basó en posibles actos que derivaban de carpetas de investigación que desconocían por no haber intervenido en ellas.

II.- Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Rio, Veracruz, al resolver el recurso de queja 73/2025.

• Antecedentes Procesales.

25.- Demanda de amparo indirecto. Un defensor privado promovió amparo indirecto en el que reclamó la orden de citación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión o cualquier acto privativo de la libertad librado en contra del directo quejoso y su ejecución. Ocurso mediante el cual, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que tanto él como el directo quejoso desconocían el origen de los actos reclamados, y que el defensor tiene reconocido dicho carácter en otras carpetas.

26.- Auto de desechamiento. En proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintiséis, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, radicó el asunto bajo el consecutivo 116/2025 y desechó de plano la demanda de amparo al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 3° y 6° de la de Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

27.- Recurso de queja. Inconforme, el quejoso por conducto de su autorizada interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, registrándolo con el expediente 73/2025 en su acervo documental.

28.- Resolución. En sesión ordinaria virtual de treinta de abril de dos mil veinticinco, el órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja.

• Consideraciones jurídicas.

29.- El Tribunal Colegiado determinó que el Juez Federal soslayó, que quién signó electrónicamente la demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad, que tiene el carácter de defensor privado del directo quejoso, por lo que no debió desecharse de plano la demanda de garantías, sino atender lo previsto en los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo y darle trámite.

30.- Apoyó lo anterior, en lo señalado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 28/2023, en lo relativo a los alcances de la representación que ostenta el defensor en el juicio de amparo, concluyendo lo siguiente:

“80. La función que realiza el defensor de una persona imputada dentro de una controversia de naturaleza penal es tan relevante que no se circunscribe al marco de los efectos que se producen internamente en ese procedimiento.

81. En efecto, del contenido de los artículos 10 y 14 de la Ley de Amparo es posible afirmar que se reconoce la importancia del ejercicio de defensa y, por ello, facultan al defensor de una persona imputada para que, como su representante legal, pueda promover en su nombre el juicio de amparo, desde luego, porque se trata de una acción que debe considerarse necesaria para la adecuada defensa de los intereses y derechos de la persona a quien se defiende legalmente.

82. Esto significa, en principio, que la promoción del juicio de amparo por conducto de un defensor se ejerce como si se tratare de la parte quejosa, que es una persona imputada a la que se defiende en un asunto de naturaleza penal, cuya demanda debe cumplir con todos los requisitos legales regulados en el artículo 108 de la Ley de Amparo.

83. En ese sentido, bajo los efectos de dicha representación, el defensor puede precisar los antecedentes del juicio de amparo, los actos reclamados, las autoridades responsables, los conceptos de violación, entre otros factores.

84. Además, la representación que ejerce el defensor al promover la demanda de amparo también le faculta para ocupar los mecanismos que permite la propia ley para garantizar la defensa de su representado, dentro de ellos, solicitar la suspensión del acto reclamado, o nombrar autorizados en términos amplios o restringidos a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, para que lo auxilien en la defensa de los intereses de la parte quejosa a quien representa.

85. Los efectos de tales manifestaciones, precisiones, señalamientos y autorizaciones en la acción de amparo serán permanentes durante el juicio, siempre que se acredite que efectivamente la persona promovente cuenta con esa representación en el procedimiento penal de donde deriva el acto reclamado.

86. Se realiza esta precisión, porque en el caso de que la persona que promovió un juicio de amparo como defensor de la persona quejosa no lo sea ante la autoridad responsable, entonces será multado. Esto no significa que la presentación de la demanda o las providencias decretadas hasta ese momento sean nulas. Si la persona quejosa ratifica la demanda de amparo presentada en su nombre, continuará el trámite del juicio, así como las providencias que se hubieren dictado en el expediente principal y en el incidente de suspensión”.

31.- Consideraciones que se encuentran plasmadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 95/2023 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dos mil doscientos trece, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo II, de septiembre de dos mil veintitrés, Undécima Época, registro digital 2027192, que informa: “LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. CUENTAN CON ELLA LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN TÉRMINOS AMPLIOS POR EL DEFENSOR QUE PROMUEVE UN JUICIO DE AMPARO EN REPRESENTACIÓN DE UNA PERSONA IMPUTADA”.

32.- En ese sentido, puso de manifiesto que, aun cuando la demanda de amparo no fue signada electrónicamente ello no actualizaba la causal de improcedencia invocada.

33.- Incluso, discurrió que de conformidad a los artículos 10 y 14 de la Ley de Amparo, la promoción del juicio de amparo por conducto de un defensor se ejerce como si se tratare de la parte quejosa, sin que sea obstáculo que en ese momento procesal no se tenga plena certeza de la representación que ostenta el promovente.

34.- Consideró que, en el supuesto de que la defensa particular no tuviera reconocida tal calidad ante la autoridad responsable, aquélla podría hacerse acreedora a una multa; sin embargo, las providencias dictadas tanto en el expediente principal como en el incidente de suspensión no serían nulas, pues, en caso de que el quejoso directo ratificara la demanda, ésta continuaría su trámite legal.

III.- Criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de queja 56/2024.

• Antecedentes Procesales.

35.- Demanda de amparo indirecto. El veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, un defensor privado promovió amparo indirecto en el que reclamó la orden aprehensión, retención, comparecencia o cualquier acto privativo de la libertad librado en contra del directo quejoso y su ejecución a cargo de diversas autoridades ministeriales. Ocurso mediante el cual, el promovente bajo protesta de decir verdad manifestó que tanto él como el directo quejoso desconocían el origen de los actos reclamados, y que el defensor tiene reconocido dicho carácter en diversa carpeta de investigación.

36.- Auto de desechamiento. En proveído de veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, radicó el asunto bajo el consecutivo 110/2024 y desechó de plano la demanda de amparo al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la de Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

37.- Recurso de queja. Inconforme, el quejoso por conducto de su defensor particular interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, registrándolo con el expediente 56/2024 en su acervo documental.

38.- Resolución. En sesión ordinaria de cinco de junio de dos mil veinticuatro, el órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja.

• Consideraciones jurídicas.

39.- Una vez reseñados los motivos de agravio, el Tribunal Colegiado los declaró fundados, pues el Juez de Distrito señaló que desde el escrito de demanda el promovente afirmó ser defensor del directo quejoso en una carpeta de investigación, no así de las diversas de las que pudieran derivar los actos reclamados en el juicio de amparo que les ocupó.

40.- No obstante lo anterior, en el caso concreto la interpretación del numeral 14 de la Ley de Amparo efectuada resultó ser la más restrictiva al ejercicio de los derechos del directo quejoso y, por ende, violatoria del principio pro persona establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

41.- Consideró que conforme a los artículos 107, fracción I del Pacto Federal y 6° de la Ley de Amparo, el juicio constitucional sólo podrá seguirse por el agraviado, quien podrá hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado, y si se trata de un procedimiento penal podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la ley lo permita.

42.- De ahí, que de conformidad con los artículos 11, primer párrafo y el diverso 14, ambos de la Ley de Amparo y tratándose de la materia penal, determinó que para que el promovente esté legitimado para instar un juicio de amparo en materia penal como defensor, basta con que se formule la protesta a que se refiere este numeral atinente a que cuenta con dicho carácter en el asunto del que deriva el acto reclamado.

43.- Ello pues, si el promovente del juicio posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, el órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa y ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días; de ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión

44.- Añadió que, la Juez de Distrito dejó de advertir las particularidades del asunto, pues dicho defensor particular estaba reconocido en una carpeta, mismo que refirió que al momento de presentar la demanda, les estaba transcurriendo el plazo constitucional para resolver su situación jurídica, lo que no dejaba en duda que era su defensor, por lo que en aras de privilegiar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, debió admitir la demanda.

45.- Apoyó lo anterior, en lo señalado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver la contradicción de criterios 28/2023, en el tópico relativo a los alcances de la representación que ostenta el defensor en el juicio de amparo, concluyendo que es tan relevante aquella función que realiza el defensor de una persona imputada dentro de una controversia de naturaleza penal, ya que en principio, la promoción del juicio de amparo por conducto de un defensor se ejerce como si se tratare de la parte quejosa.

46.- Apuntó que tales consideraciones se plasmaron en la multicitada jurisprudencia 1a./J. 95/2023 (11a.).

47.- Asimismo, puntualizó que lo determinado fue acorde a lo señalado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CCVI/2018 (10a.)20, de epígrafe: “PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN”.

48.- De ahí que concluyera, que bastaba con que el promovente afirmara tener por acreditada su personalidad para que la Jueza de amparo admitiera su demanda; en una interpretación extensiva del artículo 14 de la norma en cita, ya que en éste se contiene el proceder del Juez cuando el juicio lo promueve el defensor particular del quejoso y ello se circunscribe al trámite del juicio mismo, más no a la etapa preliminar de admisión del ocurso de amparo.

49.- De las anteriores consideraciones emanó la tesis aislada número III.4o.P.1 K (11a.), localizable en la página 531, Libro 40, agosto de 2024, tomo III, volumen 1, materias común y Penal, registro digital 2029274, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE ADMITIRSE LA PRESENTADA POR EL DEFENSOR DEL QUEJOSO QUE AFIRMA TENER RECONOCIDO ESE CARÁCTER EN DETERMINADA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN, RETENCIÓN Y/O COMPARECENCIA QUE PUDIERA EJECUTARSE CONTRA SU REPRESENTADO, EMANADA DE OTRAS CARPETAS QUE DESCONOCE POR NO HABER INTERVENIDO EN ELLAS”

VI. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

50.- El análisis de la existencia de una contradicción de criterios debe abordarse a partir de la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país y, en el caso concreto, en la Región Centro-Sur, pues su finalidad es otorgar seguridad jurídica tanto a los órganos jurisdiccionales como a los justiciables, en la medida en que se busca preservar la unidad en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

51.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios -antes denominada de “tesis”-, basta identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que les dieron origen.

52.- Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.

De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan “tesis contradictorias”, entendiéndose por “tesis” el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia. Esto determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho.

De ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituya un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

Por ello, este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.”, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que “al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes”, se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en diferencias fácticas que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada.

Lo anterior es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento de dicho requisito se disminuye el número de contradicciones que se resuelven, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34187-961411e0/demanda-de-amparo-indirecto-previo-a-su-admision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.