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Modo: Corpus Pro

SALARIO REMUNERADOR DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, APARTADO C, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE EFICACIA TEMPORAL PREVISTO EN SU ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, AUN CUANDO SEA SUSCEPTIBLE DE APLICACIÓN DIRECTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 73/2026. · Registro digital (IUS): 34356
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Décimo Primero y Décimo Sexto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 73/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, QUINTO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEXTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIA: CAROLINA HERRERA RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 73/2026 entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 548/2024, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el diverso amparo directo 212/2025, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al dictar sentencia en los juicios de amparo directo 868/2025 y 869/2025, y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al emitir resolución en el juicio de amparo directo 332/2025.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de la contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) así como el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción correspondiente, a fin de que el Pleno Regional determine cuál criterio deberá prevalecer.

2. En ese contexto, mediante oficio signado por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por ese órgano jurisdiccional,(3) el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,(4) el diverso Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito,(5) y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.(6)

3. Por tanto, se tuvo por formalmente actualizada la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

II. TRÁMITE ANTE ESTE PLENO REGIONAL

4. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción de criterios, para lo cual debe recabar los informes de los tribunales involucrados y notificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de verificar la existencia o no de jurisprudencia obligatoria sobre el tema.

5. En cumplimiento de lo anterior, el uno de junio de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional radicó la denuncia y requirió a los órganos contendientes para que informaran sobre la vigencia de los criterios sustentados, remitieran las determinaciones respectivas, pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico; asimismo informaran si las resoluciones han causado ejecutoria.

6. De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: “PROCEDE AL PAGO DE UN SALARIO REMUNERADOR IGUAL AL DOBLE DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL PAÍS, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 10, APARTADO C, NUMERAL 6, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE HUBIERE PRESENTADO LA DEMANDA LABORAL.”

7. Aunado a ello, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

8. La tramitación de la contradicción de criterios exige que se alleguen los elementos documentales necesarios para la debida integración del expediente y su turno a la ponencia correspondiente. En ese sentido, mediante acuerdos de Presidencia de este Pleno Regional de ocho, nueve, quince, dieciocho y diecinueve de junio de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos los oficios signados, respectivamente, por los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Décimo Primero y el diverso Décimo Sexto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a través de los cuales informaron, en lo que interesa, que el criterio sustentado en los juicios de amparo directo 212/2025, 548/2024, 868/2025, 869/2025 y 332/2025, se encuentra vigente; asimismo remitieron las resoluciones respectivas, habilitaron la visualización de los expedientes electrónicos correspondientes e informaron que las resoluciones causaron ejecutoria.

9. En proveído de presidencia de veintitrés de junio de dos mil veintiséis, este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio CCST/X/381/06/2026, de diecinueve del mismo mes y año, a través del cual, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no se encuentra radicada en ese Alto Tribunal, en los últimos tres meses, alguna contradicción de criterios, relacionada con el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios.

10. Por tanto, se confirmó el turno electrónico definitivo a cargo de la magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta. En consecuencia, el expediente quedó debidamente integrado y se encuentra para el dictado de la resolución por parte de este Pleno Regional.

11. Es así que, la presente contradicción se listó para ser discutida en la trigésima segunda sesión ordinaria, celebrada el dos de septiembre de dos mil veintiséis, misma que fue identificada por la Secretaria de Acuerdos en los términos siguientes: “Contradicción de Criterios 73/2026, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Décimo Primero y Décimo Sexto todo en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

12. En dicha sesión, la Magistrada Presidenta puso a consideración de sus homólogos que se retirara el proyecto de la lista, pues manifestó que, de un estudio minucioso del proyecto, le parecía necesario hacer una mayor reflexión del mismo.

13. En consecuencia, el Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán y el secretario en funciones de Magistrado Alan Antonio Morán Herrera, manifestaron no tener ningún inconveniente en lo solicitado por la Magistrada Presidenta.

14. Una vez realizado lo anterior, se requirió a la Secretaria de Acuerdos tomara la votación conducente, misma que dio fe y comunicó a los Magistrados integrantes de este Pleno Regional que el resultado de la votación nominal que se obtuvo fue que existió unanimidad de votos, a favor de retirar el presente asunto.

15. Acontecido lo anterior, en sesión de veintitrés de septiembre del año en curso, se dio cuenta nuevamente al Pleno de este órgano jurisdiccional con la presente contradicción para la resolución inherente.

III. COMPETENCIA

16. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

17. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

18. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

IV. LEGITIMACIÓN

19. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(8) al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con motivo de la resolución del amparo directo 212/2025 de su índice; por lo que es inconcuso que los denunciantes intervinieron en la decisión de uno de los criterios génesis de la presente contradicción.

20. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(9) el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (laboral) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que sus integrantes se encuentran legitimados para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del Pleno de la Región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.

21. De ahí que los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuenten con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.

V. CRITERIOS DENUNCIADOS

I.- Criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo directo 212/2025.

22. Demanda de amparo. Un quejoso promovió juicio de amparo directo contra el laudo de dos de julio de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio laboral 11027/2023, emitido por la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se demandó el pago de un salario igual al doble del mínimo general vigente en el país, en atención al derecho humano a recibir un “salario remunerador”, reconocido en el artículo 10, apartado C, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México; asimismo, demandó el pago de las diferencias salariales generadas a partir del uno de enero de dos mil veinte, así como en el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y lo relativo a la diferencia de aportaciones ante los institutos de seguridad social y se absolvió a una alcaldía de la Ciudad de México.

23. Trámite. El tribunal colegiado estimó fundado el concepto de violación hecho valer, en virtud de que la autoridad responsable solamente se ocupó de estudiar quiénes son las autoridades competentes para determinar el ajuste a los tabuladores de la Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos en que la Alcaldía Cuauhtémoc contestó la demanda de origen, sin hacer pronunciamiento alguno en torno al reclamo del accionante.

24. Asimismo determinó que aun considerando la excepción de la parte demandada en los términos antes referidos, en el sentido de que la alcaldía demandada no es la encargada de realizar el ajuste a tabuladores para pago distinto, ésta debió desestimarse, al ser la parte patronal, por lo que le corresponde responder por el pago correcto del salario y, en su caso, de realizar las gestiones correspondientes para que este derecho sea respetado.

25. En ese sentido, si el actor no demandó el ajuste a los tabuladores de la administración pública de la Ciudad de México, sino el cumplimiento a una disposición constitucional de esa demarcación, en su carácter de patrón, la defensa opuesta es improcedente, siendo desacertado que debiera demandarse a las diversas autoridades que sí participan en los ajustes a los tabuladores, lo que hizo patente la incongruencia del laudo reclamado y, por tanto, lo fundado del concepto de violación.

26. Así las cosas, en atención a que el reclamo del accionante se relacionaba con el derecho humano a percibir un salario remunerador, reconocido en una norma constitucional de la Ciudad de México, el tribunal colegiado determinó analizar la constitucionalidad y convencionalidad ex officio de las modificaciones en el artículo 10, apartado C, numeral 6, de la Constitución referida, cuyo numeral tutela el derecho a un salario remunerador así como el derecho a las prestaciones reclamadas, a través de sus publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el dos de septiembre de dos mil veintiuno y veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro, pues en función de la vigencia o vacatio legis en que se encuentre el artículo 10, apartado C, de la Constitución local, estimó que podría determinarse su aplicabilidad o inaplicabilidad al caso concreto y que a la letra dice lo siguiente:

“Artículo 10(10) Ciudad productiva

[...]

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus personas trabajadoras.

[...]

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país. [...]”.

27. Siguiendo la metodología establecida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó el control de constitucionalidad ex officio, por lo que con base en la fuente convencional, esto es, con el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (número 131) de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé en su numeral 2.13, que los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona o personas que no los apliquen estarán sujetas a las sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza; en concordancia con el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo inherente a su numeral séptimo relativo al derecho de toda persona a que goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y al numeral segundo tratándose del principio de progresividad.

28. Asimismo, con lo previsto por los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incisos b) y h), de la Constitución Federal, protegiendo la irreductibilidad de ese salario mínimo como derecho fundamental, teniendo por nula cualquier condición establecida entre las partes, que implique su renuncia; relativo al contenido del diverso 14, atinente a la irretroactividad de las normas y lo aplicable conforme al diverso numeral 1°, párrafo tercero de la Constitución Federal sobre el principio de no regresividad.

29. De igual forma, en el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo relativo al principio de legalidad en su vertiente de retroactividad; y, al artículo 26 referente al desarrollo progresivo.

30. En términos de lo anterior, determinó que el artículo Tercero transitorio no prevé condición alguna para que el artículo 10, apartado C, de la Constitución local entre en vigor, sino que basta que la persona trabajadora preste sus servicios a alguna institución de la Ciudad de México y se cumpla la fecha para su entrada en vigor, tratándose entonces de una norma autoaplicativa.

31. Determinó que, las modificaciones que sufrió el artículo Tercero transitorio vulneran el derecho humano al salario remunerador, pues de aplicarlas, conduciría a su reductibilidad, en perjuicio de las personas trabajadoras de las instituciones de la Ciudad de México.

32. De igual forma, consideró que esas modificaciones posteriores a la norma transitoria operaron sobre hechos anteriores a su vigencia, desconociendo los derechos adquiridos con la sola entrada en vigor desde el uno de enero de dos mil veinte.

33. Asimismo, proveyó que no existe una razón válida para considerar que la vigencia de esta disposición constitucional quedó en suspenso hasta que se emitió su prórroga, a partir del decreto modificatorio publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

34. Por tanto, el derecho laboral al salario remunerador ahí reconocido ingresó a la esfera jurídica del ahí quejoso desde el uno de enero de dos mil veinte, convirtiéndose en un derecho adquirido y no en una expectativa de derecho, sujeta al texto del artículo Tercero transitorio, cuya entrada en vigor actualmente está prevista para el uno de enero de dos mil treinta.

35. Estimar lo contrario, además, implicaría reducir un derecho laboral, como en el caso lo es el salario remunerador, en contravención al principio de progresividad y no regresividad, tutelado por el artículo 1 de la Constitución Federal.

36. Con base en lo anterior, declaró inconstitucionales e inconvencionales las modificaciones al artículo Tercero transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, pues además de vulnerarse el derecho humano al salario remunerador y a la irretroactividad de las normas, en el caso se vulneró el principio de no regresividad, por lo cual se actualizó la inaplicabilidad de los decretos modificatorios del artículo transitorio multicitado al caso en concreto debiendo resolverse la controversia de origen con base en la entrada en vigor del uno de enero de dos mil veinte, procediendo los reclamos realizados por el accionante, al emitir un nuevo laudo.

II.- Criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el juicio de amparo directo 548/2024.

37. Demanda de amparo. Un quejoso promovió juicio de amparo contra el laudo de veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, dictado en el juicio laboral 7447/2023, emitido por la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se demandó el pago de un salario de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, así como, el pago de las diferencias salariales.

38. Trámite. El tribunal colegiado estimó fundados los conceptos de violación hechos valer; lo anterior, al analizar el artículo 10, apartado C, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, previo a puntualizar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, en sesión de seis de septiembre de dos mil dieciocho, estableció que las facultades del Congreso Federal no se ven invadidas por la Asamblea Constituyente capitalina al regular aspectos propios del derecho laboral en la normatividad citada.

39. Con lo anterior, estableció que la atribución federal referida, no debe entenderse como un impedimento para que la Ciudad de México establezca políticas públicas, programas y acciones que, sin alterar las bases establecidas por el Congreso de la Unión, se dirijan al fortalecimiento, protección, promoción, impulso y fomento de los derechos laborales. Sin que obste que en dicha demarcación no existe legislación burocrática local, toda vez la Constitución Política de la Ciudad de México, al contener regulación en derechos laborales, es de aplicación directa, máxime que sus disposiciones mejoran las condiciones de sus trabajadores.

40. En ese sentido, de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determinó que la autoridad responsable al resolver el laudo, debió considerar la mejoría que establece el artículo 10 referido y su aplicación directa, al no existir legislación burocrática aplicable, por lo cual, lo correcto era considerar y analizar la diferencia salarial exigida por el actor, partiendo de que el salario remunerador no podía ser menor a dos salarios mínimos generales vigentes en la Ciudad de México.

41. Determinó que no fue acertado lo que argumentó la Sala en el sentido de que en la especie la pretensión del actor era improcedente, estimando que en el diverso juicio laboral que se tramitó ante la propia autoridad laboral ya había quedado determinado el salario del trabajador, en principio, porque en el propio laudo a debate se observó que al analizar la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada la responsable decidió calificarla como infundada, en virtud de que no existe identidad en cuanto a las prestaciones reclamadas entre el mencionado juicio y el expediente en que se emitió el laudo que constituía el acto reclamado en esa sede constitucional; es decir, estimó que no se reunieron las características para dar origen a la cosa juzgada.

42. Asimismo, puntualizó que el reclamo del actor para solicitar el pago de las diferencias salariales considerando que su percepción es menor a la que debía recibir constituía una prestación de tracto sucesivo que afectaba directamente al trabajador y que puede ser demandado en cualquier tiempo sin pretender que la autoridad laboral señalara que el salario es un aspecto ya definido en un diverso juicio, pues la cosa juzgada no se actualiza cuando se reclame una acción de tracto sucesivo. Por lo que procedió a conceder el amparo para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo emitido y emitiera uno nuevo en el que determinara que sí le era aplicable el controvertido artículo 10 respecto del salario remunerador y con libertad de jurisdicción realizara la cuantificación de las prestaciones relacionadas con dicho salario.

43. Por último, y relativo al amparo adhesivo promovido por el quejoso adherente, realizó el estudio pertinente en el que tuvo por inatendibles los conceptos de violación aducidos y en consecuencia negó el recurso adhesivo solicitado.

III.- Criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver los juicios de amparo directo 868/2025 y 869/2025.

Amparo Directo 868/2025

44. Demanda de amparo. Un quejoso promovió juicio de amparo contra el laudo de trece de junio de dos mil veinticinco, dictado en el juicio laboral 6355/2023, emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se demandó el pago de un salario igual al doble del mínimo general vigente en el país, en atención al derecho humano a recibir un “salario remunerador”, reconocido en el artículo 10, apartado C, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México; asimismo, demandó el pago de las diferencias salariales generadas a partir del uno de enero de dos mil veinte, así como en el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y lo relativo a la diferencia de aportaciones ante los institutos de seguridad social y se absolvió a la demandada Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

45. Trámite. El tribunal colegiado estimó infundado el concepto de violación relacionado con la aplicación del artículo 10, apartado C, numeral 6 citado, ello porque determinó que no constituye un verdadero planteamiento de inconstitucionalidad al no haber sido expuesto de manera exhaustiva y congruente, sino que la parte quejosa únicamente se limitó a aseverar la existencia de una inconstitucionalidad, sin evidenciar de que forma contravenía a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

46. Por otra parte, adujo que los diversos conceptos de violación hechos valer resultaron infundados e inoperantes, debiendo prevalecer la determinación de la sala responsable en sus términos. Ello, en lo que aquí interesa, al referir que el derecho en cuestión no era jurídicamente exigible al momento en que se promovió la demanda laboral, al no haber entrado en vigor la disposición constitucional invocada como fundamento de su acción.

47. Lo anterior, porque la norma constitucional en comento aún cuando en principio parecía de aplicación directa, lo cierto es, que determinó que fue expresamente sujeta a un régimen de eficacia diferida, lo que interpretó como que su contenido normativo no era vinculante, ni susceptible de generar efectos jurídicos antes de la fecha señalada por el legislador constituyente local. Sin dejar de advertir que si bien se estipuló el uno de enero de dos mil veinte, como primera fecha de entrada en vigor a las disposiciones relativas a los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas y los trabajadores de la Ciudad de México, también lo fue, que en atención a la emergencia sanitaria declarada por fuerza mayor por la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el dos de septiembre de dos mil veintiuno, esa fecha fue modificada, lo que hizo necesario ampliar lo relativo al orden jurídico de la Ciudad de México.

48. Máxime, que advirtió que las reformas a los artículos transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, se han enfocado en establecer plazos para a la entrada en vigor de nuevas leyes y transitar a nuevos sistemas, y al no lograrse se han ido prorrogando el inicio de la vigencia de los mismos, siendo así la última fecha establecida la diversa del uno de enero de dos mil treinta.

49. Con lo anterior, manifestó que al momento en que la trabajadora formuló su demanda laboral -veinte de junio de dos mil veintitrés- el orden jurídico vigente aún no reconocía el derecho que pretendió hacer valer, por lo que su exigibilidad anticipada resultó improcedente, por lo que aceptar lo contrario supondría la aplicación de una norma constitucional que aún es inexistente en el mundo fáctico, en perjuicio de la seguridad jurídica, y desconocer los principios fundamentales del Estado de Derecho, como la certeza normativa, esencial para la protección del debido proceso legal.

50. En consecuencia, precisó que la eficacia de la norma queda jurídicamente condicionada a que se cumpla la fecha de inicio de su vigencia.

51. Aunado a lo anterior, y relativo a la violación de los derechos humanos e instrumentos internacionales, en relación con los tratados y convenciones que México es parte, proveyó infundado el concepto de violación hecho valer, toda vez que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad así como de procedencia de cualquier juicio, mismos que no pueden ser superados, con la mera invocación de los principios rectores referidos. En consecuencia, determinó negar el amparo y protección federal.

Amparo Directo 869/2025

52. Demanda de amparo. Un quejoso promovió juicio de amparo contra el laudo de cuatro de julio de dos mil veinticinco, dictado en el juicio laboral 4576/2023, emitido por la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que se demandó el pago de un salario igual al doble del mínimo general vigente en el país, en atención al derecho humano a recibir un “salario remunerador”, reconocido en el artículo 10, apartado C, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México; asimismo, demandó el pago de las diferencias salariales generadas a partir del uno de enero de dos mil veinte, así como en el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y lo relativo a la diferencia de aportaciones ante los institutos de seguridad social y se absolvió a las demandadas Secretaría de Movilidad; así como, al Gobierno, ambos de la Ciudad de México.

53. Trámite. El tribunal colegiado estimó infundado que deba considerarse la regulación laboral prevista en la Constitución Política de la Ciudad de México, lo anterior toda vez que el actor formuló su pretensión basándose en un ordenamiento diverso a la ley de la materia, siendo que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, precisa como se deben cubrir las remuneraciones por el trabajo prestado por los trabajadores al servicio del Estado, por lo que al basarse el trabajador en el Constitución Política de la Ciudad de México, en ningún caso debe considerársele como aquella que regula el salario, remuneración o determine las cantidades de los mismos, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala y precisa como debe ser otorgado dicho salario.

54. Máxime que la norma establecida en la Constitución de la Ciudad de México, aun cuando pareciera que es de aplicación directa, lo cierto es que está sujeta a un régimen de eficacia diferida. En ese sentido, determinó que al apreciarse que el contenido normativo en el que el accionante apoyó su pretensión, generará efectos jurídicos a partir del uno de enero de dos mil treinta, es improcedente la acción al haberse ejercido antes de la data señalada por el legislador constituyente local, es decir, el orden jurídico vigente aún no reconocía el derecho que pretendió hacer valer, al ser una exigibilidad anticipada y por ende su eficacia queda jurídicamente condicionada a que se cumpla la fecha de inicio de s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34356-04cd601c/salario-remunerador-de-las-personas-trabajadoras-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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