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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMA LA SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DEL PAGO DE SALARIOS POR UN ORGANISMO O DEPENDENCIA PÚBLICA Y LA PERSONA QUEJOSA DESCONOCE EL FUNDAMENTO Y LOS MOTIVOS DE ESA DETERMINACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 79/2026. · Registro digital (IUS): 34347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: Entre los sustentados por el Séptimo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 79/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.

El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 79/2026, suscitada entre el Séptimo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de Primer Circuito,(1) al resolver los recursos de queja ********** y **********, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y el 226 de la Ley de Amparo prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción para que el Pleno Regional resuelva cuál criterio debe prevalecer.

2. En ese sentido, mediante escrito de cinco de junio de dos mil veintiséis, firmado electrónicamente por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se denunció la posible existencia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de Primer Circuito, al resolver los recursos de queja ********** y **********, respectivamente. En consecuencia, se actualizó formalmente la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

3. Trámite ante este Pleno Regional. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción, recabando los informes de los tribunales involucrados y notificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar si existe jurisprudencia sobre la materia.

4. Por lo anterior, el escrito mencionado fue recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el ocho de junio de dos mil veintiséis; por lo que, el nueve siguiente la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió al presidente del Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito para que remitieran la versión electrónica con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado de su índice seguía vigente; asimismo, remitieran su determinación y pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico de tales asuntos, a través del Sistema Electrónico del Órgano de Administración Judicial; además, informaran si existía alguna circunstancia por la cual los asuntos referidos no hubieren causado ejecutoria.

5. De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: DETERMINAR SI LA DEPENDENCIA QUE ORDENA EL DESCUENTO O SUSPENSIÓN DEL PAGO DEL SALARIO DE UN TRABAJADOR, NO OBSTANTE DE HABER GOZADO DE LAS LICENCIAS MÉDICAS AUTORIZADAS POR EL ISSSTE CONSTITUYE O NO UN ACTO DE AUTORIDAD QUE PERMITA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO DESDE SU PRESENTACIÓN.

6. Por último, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

7. Posteriormente en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio signado por la presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el cual, comunicó que se encuentra vigente el criterio sustentado en el recurso de queja **********; asimismo indicó que el expediente electrónico se encontraba a disposición de este Pleno Regional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

8. Posteriormente, en acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio signado por la presidencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el cual, comunicó que se encuentra vigente el criterio sustentado en el recurso de queja **********; además, indicó que el expediente electrónico se encontraba a disposición de este Pleno Regional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); dando cumplimiento a lo solicitado mediante auto admisorio del nueve de junio de dos mil veintiséis.

9. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos tres meses no había sido radicada en ese máximo tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema fuera el ya precisado en párrafos precedentes.

10. Por lo que, al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

11. En proveído de cinco de agosto de dos mil veintiséis se hizo del conocimiento la licencia médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otorgada al Magistrado Antonio Salazar López, titular de la ponencia "C" de este Pleno Regional, por lo que se encuentra legalmente imposibilitado para desempeñar las funciones inherentes a su cargo durante el periodo que comprende dicha licencia.

12. En virtud de lo anterior, al no encontrarse integrado este órgano jurisdiccional en los términos previstos por los artículos 17 del Acuerdo General 67/2022, del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe imposibilidad jurídica para llevar a cabo los actos procesales cuya emisión requiera la participación del Pleno Regional debidamente integrado, en tanto subsista la referida circunstancia.

13. Por tanto, al no encontrarse debidamente integrado este Pleno Regional para resolver de manera colegiada, ante la ausencia por cuestiones médicas de uno de ellos, se ordenó suspender el plazo para emitir la sentencia correspondiente, hasta en tanto este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones jurídicas y materiales para ello.

14. En acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiséis se estableció que este Pleno Regional quedaba debidamente integrado para reanudar sesiones, toda vez que el Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación aprobó designar en sesión celebrada el trece de agosto de dos mil veintiséis al Licenciado Alan Antonio Morán Herrera, como persona secretaria en funciones de magistrado, en sustitución del Magistrado Antonio Salazar López, con motivo de su licencia médica, con efectos a partir del catorce de agosto de dos mil veintiséis, mientras subsistan las condiciones o hasta que el Órgano de Administración Judicial así lo determine.

15. De esa manera, se levantó la suspensión decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiséis, por lo que al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

II. COMPETENCIA

16. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1o., fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

17. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

18. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN

19. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien dictó las resoluciones materia de examen de las ejecutorias que emanaron de los recursos de queja que denuncia.

20. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, el referido juzgador pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (trabajo) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que se encuentra legitimado para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.

21. De ahí que el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, cuente con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

22. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

A. Antecedentes que dieron origen al recurso de queja 88/2026, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

23. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, una persona, por propio derecho, promovió demanda de amparo contra el Director General del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; Director de Administración y Finanzas; Encargado de Despacho de la Subdirección de Administración de Capital Humano; y Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Personal, de quienes reclamó la ejecución de una determinación consistente en la suspensión total del pago de sus percepciones salariales, mediante la aplicación de descuentos derivados de un "pago en exceso" relacionado con incapacidades médicas; así como la emisión de una respuesta que, en opinión del quejoso, no satisface el derecho de petición, ni justifica la afectación total de sus percepciones.

24. Radicación e incompetencia. Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México radicó la demanda de amparo y se declaró legalmente incompetente por razón de materia respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de una determinación consistente en la suspensión total del pago de percepciones salariales, pues estimó que dicho acto es de naturaleza laboral.

25. Aceptación de competencia y admisión. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis, el Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México tuvo por recibidas las constancias remitidas por su homólogo y aceptó la competencia declinada, motivo por el cual radicó la demanda de amparo con el expediente 1306/2026, no obstante, la desechó al estimar que los servidores públicos señalados como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que actúan en su carácter de patrón equiparado en un vínculo laboral que tienen con el promovente, en el marco de una relación de coordinación.

26. Recurso de queja. Contra la determinación anterior, por escrito presentado electrónicamente el diez de abril de dos mil veintiséis, ante el Juzgado de Distrito, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuya Presidenta, lo registró con el expediente 88/2026, y previo turno que se efectuara del asunto, en sesión ordinaria de veintiuno de mayo de dos mil veintiséis, el pleno de dicho órgano estimó fundado el recurso de queja y ordenó al juzgador que, de no existir diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, admitiera la demanda de amparo.

• Consideraciones jurídicas respecto al tema de la denuncia que nos ocupa:

27. En el considerando sexto de la ejecutoria en contienda, el tribunal antagónico consideró fundados los motivos de disenso formulados por el recurrente y al respecto, precisó que, el artículo 113 de Ley de Amparo(2) dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.

28. Así, estimó que de dicho numeral se advierte que, para desechar una demanda de amparo, el Juez de Distrito debe asegurarse que la improcedencia de la acción constitucional sea manifiesta, es decir, que la simple lectura del escrito revele de forma patente, notoria y absolutamente clara, la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

29. Además, la causa de que se trate debe ser indudable, es decir, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es, y que, aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento respectivo, no será posible arribar a una diversa convicción respecto a la hipótesis acreditada, con independencia de las pruebas que pudieran ofrecer las partes.

30. Lo anterior, lo ilustró con la tesis 2a. LXXI/2002,(3) de la extinta Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO"

31. Sobre esas premisas, el tribunal contendiente coligió que, es requisito indispensable para el desechamiento de una demanda de amparo, que la causa que genera su improcedencia quede acreditada en forma manifiesta e indudable, porque de no colmarse tal exigencia, o de existir duda al respecto, el Juez de Distrito que conozca del asunto debe admitirla y darle el trámite correspondiente, a fin de no privar al gobernado de su derecho a instar la acción constitucional.

32. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVII/97(4) resolvió que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades.

33. En el caso, el tribunal consideró que, la hipótesis que invocó el Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo, es la establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) los cuales señalan que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicha legislación; habida cuenta que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

34. Además, puntualizó que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; así como que, para los efectos de dicha Ley, las y los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad que, afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

35. De esa manera, el tribunal colegiado consideró que la parte quejosa recurrente, señaló en su demanda de amparo, como autoridades responsables al Director General; Director de Administración y Finanzas; Encargado de Despacho de la Subdirección de Administración de Capital Humano; y Titular de la Jefatura de la Unidad Departamental de Control de Personal, todas ellas del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, de quienes reclamó:

a) La ejecución de una determinación consistente en la suspensión total del pago de las percepciones salariales del suscrito, mediante la aplicación extemporánea de descuentos derivados de un supuesto "pago en exceso" relacionado con incapacidades médicas, sin notificación previa, sin otorgar derecho de audiencia y sin la sustanciación de procedimiento alguno, colocándola en un estado de privación total de ingresos, con efectos directos sobre mis condiciones de subsistencia.

b) La emisión de una respuesta incompleta, incongruente y carente de debida fundamentación y motivación, que no satisface el derecho de petición, ni justifica la afectación total de mis percepciones.

36. De esta forma, precisó que el acto reclamado materia del juicio de amparo indirecto del que emanó la resolución recurrida era el señalado en el inciso a), y al respecto, el tribunal destacó lo manifestado por el quejoso en vía de hechos en su demanda, al tenor siguiente:

- Que es trabajador del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, desempeñando el cargo de docente, tutor e investigador y que el veintiuno de septiembre de dos mil veinticinco inició un periodo de incapacidad médica no derivada de riesgo de trabajo, el cual concluyó el veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

- Durante dicho periodo, recibió quincenalmente el pago íntegro de su salario, con excepción de la primera quincena de diciembre de dos mil veinticinco, en la que se le descontó la mitad del mismo bajo el concepto "DEDUCCIÓN POR EXCESO DE INCAPACIDAD", sin que previamente se le notificara el origen y motivación de la retención.

- Reincorporado a sus labores, en la segunda quincena de febrero de veintiséis se le aplicó nuevamente un descuento por el mismo monto correspondiente a la mitad de su salario.

- Ante ello, el veintisiete de febrero de dos mil veintiséis solicitó vía correo electrónico a la Subdirección de Administración y Capital Humano del Instituto se le informara el origen, fundamento y monto del supuesto adeudo.

- En respuesta a lo anterior, la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal del Instituto, vía correo electrónico, señaló que existía un adeudo y que se continuarían realizando descuentos hasta cubrirlo.

- Ante la respuesta proporcionada, presentó un escrito ante la Jefatura de Unidad Departamental de Control de Personal del Instituto, solicitando la aclaración del adeudo.

- La respuesta a dicho escrito fue emitida por la Subdirección de Administración de Capital Humano del Instituto, en la que únicamente citó disposiciones de la Ley del ISSSTE, sin explicar su aplicación concreta y se le informó que tal situación (descuentos) persistiría dos meses más (cuatro quincenas adicionales).

- En la primera quincena de marzo de dos mil veintiséis, se le retuvo la totalidad de su salario.

- El trece de marzo de dos mil veintiséis sostuvo una reunión con las autoridades responsables, en la que se le informó que las retenciones obedecían a la aplicación de la Ley del ISSSTE, señalándole que podía tramitar un subsidio ante dicho Instituto; además, se acordó posponer la aplicación de los descuentos por cuarenta y cinco días (tres quincenas) y concluido dicho plazo, aplicarlos conforme al procedimiento de notificación previa establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y sus trabajadores; no obstante, las autoridades responsables no han dado cumplimiento a dicho acuerdo, manteniéndolo sin percepción salarial.

37. A partir de lo anterior, el tribunal colegiado consideró incorrecto el desechamiento de la demanda de amparo, pues la causa de improcedencia invocada por el Juzgador Federal, no era notoria ni manifiesta, pues de la demanda de amparo no se advertía si las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en alguna ley emitieron el acto reclamado consistente en la suspensión total del pago de percepciones salariales del quejoso, el cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del quejoso, lo cual, conforme a la jurisprudencia P.XXVII/97 antes aludida, daría lugar a que tuvieran el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo.

38. Aspecto que, la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la diversa tesis 2a. XXI/2018 (10a.),(6) robusteció, en cuanto resolvió que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama algún acto relacionado con la retención o descuento al salario de los trabajadores, la competencia para conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas en él corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo.

39. Asimismo, apuntó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en la jurisprudencia XXI.2o.C.T. J/2 L (11a.)(7) resolvió que cuando un trabajador promueve demanda de amparo en contra de la retención de su salario y manifiesta desconocer las razones o motivos de dicho acto, no es susceptible desechar de plano la demanda, en tanto no se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo.

40. Lo que implicaba, en criterio del tribunal que, el Juez de Distrito debía admitir la demanda de amparo, requerir los informes justificados a las autoridades responsables y con ellos tener la certeza si con fundamento en una ley emitieron el acto reclamado y no desechar el ocurso constitucional.

41. Por ende, el órgano en contienda concluyó que la causa de improcedencia invocada por el Juez Federal no era notoria ni manifiesta, pues del análisis de la demanda de amparo se desprendía un motivo suficiente para admitirla y continuar con el procedimiento.

B. Antecedentes que dieron origen al recurso de queja 91/2026, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

42. Demanda de amparo indirecto. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el treinta y uno de marzo de dos mil veintiséis, una persona, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto, contra el Director General de Recursos Humanos, Director de Administración de Recursos Humanos, Director de Relaciones Laborales, y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, todos adscritos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de quienes reclamó la privación injustificada de su salario, el cual, en palabras de la quejosa "es fundamental para continuar con el tratamiento médico" al que se encuentra sujeta; así como la vulneración a su derecho humano a la salud, seguridad social y trabajo, pues la responsable omitió tener a la vista y atender los efectos de su licencia médica vigente.

43. Incluso, la quejosa precisó como antecedentes del acto reclamado, los siguientes:

"Presto mis servicios para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desde el 16 de diciembre de 2018, desempeñando el cargo de Directora General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Es el caso que, desde el mes de mayo de 2024, sufrí un evento vascular cerebral, comúnmente conocido como derrame o infarto cerebral, padecimiento que constituye un riesgo de trabajo, en virtud de que el accidente o enfermedad se generó con motivo de las jornadas excesivas de trabajo en el desempeño de las funciones que realizaba para las autoridades responsables en una jornada de más de doce horas al día, porque el ejercicio de funciones implicaba estar disponible en cualquier hora y en cualquier día del año.

Dicho infarto cerebral me ha impedido presentarme a laborar durante diversos períodos, por lo que me he visto en la necesidad de buscar atención médica tanto con médicos particulares como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Siendo que, derivado de las valoraciones médicas correspondientes, dicha institución me ha expedido diversas licencias médicas, al determinar que me encuentro temporalmente incapacitada para desempeñar mis labores debido a las secuelas derivadas del infarto cerebral, las cuales han incidido de manera directa en mi movilidad y en diversas afectaciones a mi estado general de salud, tales como debilidad en cara y cuerpo del lado izquierdo, debilidad en mano derecha, rigidez muscular en el lado derecho que dificulta el movimiento, dificultad para hablar, leer o escribir, dificultad para caminar o mantener el equilibrio.

Cabe hacer mención que, al vencerse la licencia con medio sueldo que me había sido otorgada y debido a que continúa la imposibilidad para presentarme a laborar por motivos de salud, se me concedió licencia médica sin goce de sueldo. No obstante, lo anterior (sic), se me ha venido cubriendo la compensación garantizada o subsidio, percepción que no forma parte del sueldo y que se ubica en los supuestos del artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En ese sentido, desde diciembre de 2024, la autoridad responsable venía cubriendo regularmente dicho salario a la suscrita, como parte de las percepciones económicas a las que tengo derecho.

La última licencia médica con la que cuento me fue expedida el 6 de marzo de 2026, mediante la cual se me otorgaron 14 días de incapacidad, comprendidos del 6 al 19 de marzo de 2026.

Dicha licencia fue debidamente presentada ante las autoridades responsables desde la fecha de su expedición, con la finalidad de justificar mi ausencia al centro de trabajo.

No obstante, lo anterior, bajo protesta de decir verdad el 11 de marzo de 2026 me percaté de que no se me realizó el pago de mi salario íntegro, como se me venía cubriendo de manera regular y con el que la suscrita contaba para hacer frente a los gastos de alimentación, atención médica incluidos traslados y medicamentos y demás necesidades básicas. Al comunicarme vía telefónica con las autoridades responsables, se me informó que dicho pago ya no me sería cubierto, sin que se me proporcionara explicación o fundamento alguno.

Razón anterior por la que con fecha 27 de marzo de 2026, ingresé un escrito libre dirigido al Director General de Recursos Humanos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, solicitando me informe cuáles eran las causas por las que fue suspendido el pago de mis salarios por el mes de marzo, aun y cuando dicha dirección contaba con una licencia médica vigente expedida en favor de la quejosa, respuesta que a la fecha no ha sido emitida por dicha responsable.

Por tal motivo, me veo en la necesidad de promover la presente demanda de amparo, con fin de que esa autoridad analice la violación a los preceptos legales arriba señalados como a mis derechos y, en su oportunidad, determine lo conducente para que cesen los actos reclamados y se me restituya en el goce de mis derechos laborales y de seguridad social". (Lo subrayado no es de origen).

44. Trámite del amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juez Primero de Distrito en Mate

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34347-7aaf294d/amparo-indirecto-no-se-actualiza-una-causa-manifiesta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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