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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE IMPUGNA UN ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE SUPRIMEN Y DETERMINAN COMPETENCIAS TERRITORIALES Y POR MATERIA DE LAS JUNTAS ESPECIALES DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 77, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 90/2026. · Registro digital (IUS): 34316
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: Entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Décimo Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 90/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIA: ALICIA RAMÍREZ RICÁRDEZ.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al nueve de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 90/2026, perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito(1) y su homólogo Segundo en el citado circuito.(2)

En el auto admisorio de esta contradicción, el aparente problema jurídico a resolver por este Pleno Regional, se estableció de la siguiente manera: “Determinar si se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo y derivado de ello, debe declararse fundado o no el recurso de queja.”

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El treinta de junio de dos mil veintiséis, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, denunciaron en forma electrónica, la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 531/2025 y su homólogo Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito, al dirimir el recurso de queja 526/2025, de su índice.

2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 90/2026.

3. En el mismo proveído se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si sus criterios se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio.

4. De igual manera, se pidió la remisión de las versiones digitalizadas de la ejecutoria que dieron origen a los criterios en disputa y que se pusiera a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos.

5. Paralelamente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal alguna contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que pudiera constituir precedente obligatorio, en el que el tema a dilucidar guardara relación con la presente denuncia.

6. Turno. En la misma fecha, el asunto se turnó electrónicamente(3) para su estudio, a la ponencia del Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán.

7. Vigencia de criterios. Por acuerdos de diez de julio y cinco de agosto, todos de dos mil veintiséis, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos contendientes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes.

8. Igualmente, informaron que habilitaron las constancias de sus respectivos expedientes electrónicos, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).

9. Mediante diverso proveído de diez de agosto siguiente, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que durante los últimos tres meses, no se radicó en el Alto Tribunal alguna contradicción de criterios que guardara relación con el tema a dilucidar en este asunto, por lo que se tuvo por totalmente integrado el mismo.

10. No obstante, en dicho proveído se hizo constar que por virtud de la licencia médica de la que gozaba el Magistrado Antonio Salazar López, no se encontraba integrado este Pleno Regional, y ante la imposibilidad jurídica para resolver de manera colegiada esta contradicción de criterios, se reservó proveer sobre la confirmación del turno electrónico, hasta en tanto estuviera debidamente integrado este órgano jurisdiccional.

11. Confirmación de turno. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiséis, se tuvo por integrado este Pleno Regional, con las personas magistradas Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, así como con el licenciado Alan Antonio Morán Herrera, Secretario en funciones de Magistrado, de conformidad con el oficio SEADS/1994/2026, de trece de agosto de dos mil veintiséis, suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adscripción del Órgano de Administración Judicial. Lo anterior, con motivo de la referida licencia médica otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al magistrado Antonio Salazar López, titular de la ponencia “C”.

12. En consecuencia, en esa misma data se confirmó el turno electrónico,(4) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

13. Lista. El proyecto de mérito se listó para su resolución el uno de septiembre de dos mil veintiséis.

II. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales (vigente); y el artículo 1°, fracción II, punto 1, del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el extinto Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

15. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia (trabajo) y territorio.

16. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(5) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN

17. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con motivo de la resolución del recurso de queja 531/2025 de su índice; por lo que es inconcuso que los denunciantes intervinieron en la decisión de uno de los criterios génesis de la presente contradicción.

18. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(8) el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (trabajo) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que sus integrantes se encuentran legitimados para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.

19. Sirve de apoyo a lo expuesto, a contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 165/2026 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Duodécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2032411, que dice:

“DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS REMITIDA POR RAZÓN COMPETENCIAL. LOS PLENOS REGIONALES PUEDEN DECLARARLA IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN SI EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE NO PERTENECE A LA REGIÓN CORRESPONDIENTE.

Hechos: Dos Plenos Regionales discreparon en torno a si, cuando reciben una denuncia de contradicción de criterios remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual el órgano jurisdiccional denunciante no pertenece a la región correspondiente, pueden declararla improcedente por falta de legitimación o deben avalar dicho presupuesto procesal.

Al conocer de la contradicción de criterios, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Si un Pleno Regional recibe una denuncia de contradicción de criterios, en la cual el juzgado de distrito o tribunal colegiado denunciante no forma parte de su región, puede declarar improcedente el diferendo por falta de legitimación o debe avalar ese presupuesto procesal?

Criterio jurídico: Cuando un Pleno Regional reciba una denuncia de contradicción de criterios remitida por este Alto Tribunal por razón competencial, en la que el órgano jurisdiccional denunciante no pertenece a la región correspondiente, válidamente puede declararla improcedente por falta de legitimación.

Justificación: De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo se desprende que la legitimación conferida a las personas titulares de tribunales colegiados de circuito y apelación, así como de los juzgados de distrito, para denunciar contradicciones de criterios suscitadas entre tribunales colegiados de circuito de la misma región, se encuentra condicionada a que tales personas juzgadoras pertenezcan a la citada región.

En el actual sistema de creación de jurisprudencia por contradicción en plenos regionales, existe una correspondencia entre los órganos encargados de su resolución, su competencia por razón de territorio y de las materias de las que conocen, así como por la obligatoriedad de los criterios que emiten.

De esa manera, sólo a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen y, concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para la resolución de los casos sometidos a su potestad”.

20. De ahí que los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuenten con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

21. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y aspectos relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

22. Antecedentes comunes. En este apartado es preciso mencionar que los juicios de amparo indirecto(9) génesis de los criterios contendientes, poseen semejanzas considerables, por lo que, en obvio de repeticiones innecesarias, se concentrarán en una única narración.

23. Juicios de amparo indirecto. Diversas personas físicas enderezaron dos juicios laborales en contra de Comisión Federal de Electricidad, mismos que fueron radicados ante la Junta Especial Número Treinta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, y actualmente, se encuentran en etapa de ejecución, según afirman los actores.

24. El veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual se modifica y amplía la competencia de diversas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se suprimen la Oficina Auxiliar de Poza Rica, Veracruz y la Junta Especial número 35, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en los términos que se indican.

25. En virtud de la inminente ejecución de dicho acuerdo por parte de las autoridades laborales, los trabajadores actores promovieron dos demandas de amparo indirecto, contra los actos y autoridades siguientes:

“c).- AUTORIDADES RESPONSABLES:

AUTORIDAD ORDENADORA

1.- LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU TITULAR:

(...)

AUTORIDADES EJECUTORAS:

1.- JUNTA ESPECIAL NÚMERO 38 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ-LLAVE (...).

2.- JUNTA ESPECIAL NÚMERO 5 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO (...)

d).- ACTO RECLAMADO

SE LE ATRIBUYE A LA AUTORIDAD ORDENADORA

Emitir el acuerdo de fecha 27 de octubre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de su titular, sin ser parte procesal, sin tener facultades procesales, fuera del ámbito legal, abusando de un poder jerárquico emite acuerdo de fecha 27 de octubre de 2025, al emitir y ordenar con ese acto, que los Juicios laborales en los que es demandado Comisión Federal de Electricidad (...) del índice de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, se remitan a la Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, modificando y alterando la competencia territorial establecida en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, vulnerando la garante a un tribunal previamente establecido, con reglas aplicables, A PESAR QUE MI EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN, VULNERANDO MIS DERECHOS HUMANOS AL COARTAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA ANTE UN TRIBUNAL COMPETENTE, ACCESIBLE Y CON COMPETENCIA LEGAL Y JURISDICCIONALMENTE ESTABLECIDA EN EL LUGAR EN QUE SE IMPONE LA ACCIÓN LEGAL O PREVIO AL JUICIO, violentando el numeral (sic) 1, 14, 16, 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE LE ATRIBUYE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.

A). A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 38 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ-LLAVE. Se le atribuye que desista de una obligación competencial por territorio, pese a ser el tribunal previamente establecido, y en el caso remita los juicios laborales en los que es demandado Comisión Federal de Electricidad (...) del índice de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para que se remitan a la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, modificando y alterando la competencia territorial establecida en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, vulnerando la garante a un tribunal previamente establecido, con reglas aplicables, A PESAR QUE MI EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN, VULNERANDO MIS DERECHOS HUMANOS AL COARTAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA ANTE UN TRIBUNAL COMPETENTE, ACCESIBLE Y CON COMPETENCIA TERRITORIAL LEGAL Y JURISDICCIONALMENTE ESTABLECIDO EN EL LUGAR EN QUE SE IMPONE LA ACCIÓN LEGAL O PREVIO AL JUICIO, violentando el numeral (sic) 1, 14, 16, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B).- A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 5 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio ubicado en (...) Se le atribuye que asuma una obligación competencial por territorio, de un juicio que no se instruye ante ella o no es territorialmente competente, y en el caso, reciba los juicios laborales en los que es demandado Comisión Federal de Electricidad, (...) del índice de la Junta Especial Número 38 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, para que se reciba por la Junta Especial Número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, modificando y alterando la competencia territorial establecida en el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, vulnerando la garante a un tribunal previamente establecido, con reglas aplicables, A PESAR QUE MI EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN LA SECCIÓN DE EJECUCIÓN, VULNERANDO MIS DERECHOS HUMANOS AL COARTAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA ANTE UN TRIBUNAL COMPETENTE, ACCESIBLE Y CON COMPETENCIA LEGAL Y JURISDICCIONALMENTE ESTABLECIDA EN EL LUGAR EN QUE SE IMPONE LA ACCIÓN LEGAL O PREVIO AL JUICIO, violentando el numeral (sic) 1, 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

26. Ambas demandas fueron radicadas ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, bajo los expedientes *********/********* y *********/**********, las que fueron desechadas de plano, al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77, ambos de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia de rubro: “IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUCIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES.”, emitida por la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, el acuerdo reclamado en ambos casos, fue emitido en cumplimiento a la implementación de la reforma constitucional al nuevo Sistema de Justicia Laboral, con la finalidad de transitar hacia los Tribunales Laborales federales y estatales.

27. Por lo que, de concederse el amparo, la sentencia que se emitiera en cada asunto carecería de ejecutividad, ya que no puede anularse uno de los cambios introducidos a nivel constitucional y legal en materia de justicia laboral, como es el abatimiento del rezago, pues no sería viable que a través de un mandato de amparo se obligue a las juntas laborales a continuar conociendo de un asunto, cuando su actuación debe cesar, para lograr esa transición.

28. Máxime que los gastos relativos al traslado del lugar de residencia del patrón al de ubicación de la autoridad laboral no justifican que el acto reclamado sea de imposible reparación, porque algunas actuaciones procesales requieren necesariamente la asunción de gastos ordinarios.

29. Los acuerdos de desechamiento fueron impugnados mediante recursos de queja y radicados ante distintos Tribunales Colegiados del Décimo Circuito, lo que dio lugar a los criterios denunciados como divergentes, que son los siguientes:

I. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Recurso de queja 531/2025.

30. Recurso de queja. El órgano revisor, por mayoría de votos, en sentencia de cuatro de junio de dos mil veintiséis, declaró infundado el recurso.

31. En lo que interesa, el tribunal contendiente señaló que con motivo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete,(10) se reformó el artículo 123, apartado A, fracción XX, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, que instauró los Tribunales Laborales del Poder Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, a fin de resolver los conflictos suscitados entre trabajadores y patrones.

32. El uno de mayo de dos mil diecinueve,(11) fue publicada la reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyo artículo décimo sexto transitorio prevé que para la conclusión de los asuntos en trámite, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la aprobación del decreto en cuestión, pondrán a la vista del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, un plan de trabajo con su programa para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos, cierre y conclusión de labores gradual de dichos entes.

33. El veintisiete de octubre de dos mil veinticinco, se publicó el “Acuerdo mediante el cual se modifica o amplía la competencia de diversas juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se suprimen la Oficina Auxiliar de Poza Rica, Veracruz y la Junta Especial número Treinta y cinco, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en los términos que se indican”, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que modificó, entre otras cosas, la competencia por materia y territorio de la Juntas Especiales del territorio nacional, para dejar de ser competentes en conflictos laborales cuya demandada fuera la Comisión Federal de Electricidad, los que continuarían su trámite ante la Junta Especial Número Cinco, con residencia en la Ciudad de México, hasta su terminación.

34. Conforme a ese marco normativo, consideró que los agravios eran infundados, porque si lo que pretende la parte quejosa es combatir el acuerdo antes aludido, en específico la modificación de la competencia por materia y territorio, en asuntos cuya demandada sea Comisión Federal de Electricidad, porque ello involucra la migración del expediente laboral que tramitó, radicado ante la Junta Especial Número Treinta y ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, a la Junta Especial Número Cinco, con sede en Ciudad de México, para continuar conociendo del juicio, ya que, como indicó la juzgadora de amparo, el Acuerdo reclamado obedece a un mandato constitucional relacionado con la implementación de la reforma constitucional en torno al nuevo sistema de justicia laboral, a fin de abatir el rezago de expedientes que se tramitan ante las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, para su posterior cierre y conclusión de labores.

35. En ese sentido, el tribunal contendiente señaló que el juicio de amparo indirecto era improcedente, porque se pretende constreñir a una autoridad laboral a conocer de un asunto, cuando a la postre va a desaparecer por virtud del mandato constitucional que contempla la implementación de la reforma en cuanto al Sistema de Justicia Laboral, para transitarlo hacia los Tribunales Laborales, pues no sería posible conceder el amparo, ya que no se podría obligar a una autoridad a seguir conociendo de un asunto, cuando su traslado corresponde a la redistribución de asuntos laborales y futura desaparición de las juntas.

36. Aunado a ello, el órgano contendiente estimó que la orden de traslado del expediente laboral de origen a diversa sede no constituye un acto de imposible reparación.

37. Máxime que el acuerdo reclamado ordena la modificación, supresión y determinación de la competencia territorial y por materia para que los asuntos tramitados en la Junta Especial Número Treinta y ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, sean gestionados por su homóloga Número Cinco en la Ciudad de México, tratándose de asuntos instados en contra de Comisión Federal de Electricidad, mas no la extinción de la Junta donde se originó el asunto.

38. Sin que lo anterior involucre un retraso en la impartición de justicia, porque la reforma al sistema de justicia laboral incide en la rapidez de la resolución y ejecución de los asuntos, lo que se logra a través de la especialización en la materia por el órgano al que deba remitirse para su ejecución.

39. Señaló que no se compromete el principio de tutela judicial efectiva, ya que el acuerdo reclamado no es un formalismo procesal, ni conlleva un impedimento u obstáculo para acceder a la jurisdicción, pues proviene de una reforma constitucional.

40. Que tampoco es una medida regresiva que restrinja el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, pues conlleva la celeridad en la conclusión de los asuntos que se tramitan ante las Juntas Especiales donde se gestionan conflictos en los que se encuentra demandada la Comisión Federal de Electricidad, basada en la centralización de su desahogo y resolución ante la Junta Especial Número Cinco con sede en Ciudad de México, dada su competencia para conocer conflictos entre patrones y trabajadores de la industria eléctrica.

41. Por tanto, confirmó el desechamiento de la demanda de amparo; y agregó que una sentencia amparadora alteraría el principio de relatividad de las sentencias, conforme al artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, lo que apoyó en la jurisprudencia 2a./J. 2/2022 (11a.),(12) emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

42. Además, determinó que la causa de improcedencia no transgrede los principios pro persona o pro homine, de discriminación o acceso a un recurso judicial efectivo, porque su actualización no implica que los órganos jurisdiccionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades, desatendiendo los principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional.

43. Agregó que no era factible ordenar la admisión de la demanda con base en el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque previamente, el quejoso debía superar los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia del amparo, lo que no implica una vulneración a su derecho de acceso a la justicia. Como sustento invocó las jurisprudencias 2a./J. 98/2014 (10a.) y 1a./J. 10/2014 (10a.), emitidas por las entonces Segunda y Primera Salas de nuestro máximo Tribunal,(13) respectivamente.

44. Como se anunció, el criterio referido se emitió por mayoría de votos. Cabe señalar que el voto particular se sustentó en que la causa de improcedencia no es manifiesta e indudable, a partir de las siguientes premisas:

45. La materia del asunto es administrativa no laboral, según se desprende de la contradicción de criterios 4/2025, de la que derivó la jurisprudencia PR.P.T.CS. J/44 L (11a.),(14) emitida por este Pleno Regional, en la que se determinó que el Acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y por materia de las Juntas Especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica el cambio de adscripción de una Oficina Auxiliar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado diecisiete de junio de dos mil veinticuatro, versa sobre el derecho de acceso a la justicia, cuya naturaleza es administrativa; así como del criterio emitido por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada como 2a./J. 24/2025 (11a.).(15)

46. De la lectura del acuerdo reclamado, en específico del punto tercero, se desprende que modifica y amplía la competencia por materia y territorio de las Juntas Especiales con residencia en la Ciudad de México y en las entidades federativas para dejar de ser competentes en conflictos laborales en contra de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales serán tramitados hasta su conclusión en la Junta Especial Número Cinco, con residencia en la Ciudad de México, por lo que se trata de una norma general, de carácter heteroaplicativo que para la procedencia del juicio de amparo indirecto requiere de un acto concreto de aplicación.

47. Lo anterior, porque se trata de una disposición que tiene ejecución material, pues involucra el envío de los autos del juicio en que participa como demandada la Comisión Federal de Electricidad, y por otro, la recepción y continuación del procedimiento en la Junta Especial Número Cinco, con residencia en la Ciudad de México; lo que evidencia dos condicionantes: la primera que se trate de un juicio que esté en trámite y que la demandada sea la citada persona moral.

48. En ese tenor, la disidente consideró que debió declararse fundado el recurso de mérito, toda vez que el examen realizado por la juzgadora federal para desechar la demanda era propio del fondo del asunto y no del auto inicial; máxime que era menester analizar, en su momento, los efectos que podría tener la concesión de amparo, pues dependía de un estudio previo de legalidad del multicitado acuerdo.

49. Indicó que la causa de improcedencia invocada no era manifiesta ni indudable, pues no se estaba en condiciones jurídicas ni materiales de resolver en el auto inicial los efectos que podría tener la concesión del amparo, ni si su emisión afectaba o no los derechos de la persona quejosa, pues ello ameritaba un estudio integral tanto del acto reclamado como de los conceptos de violación en los que se argumentara la afectación inmediata por su sola vigencia, ya que en ese momento no se contaba con datos objetivos para saber si el juicio laboral estaba e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34316-19262d47/improcedencia-del-amparo-indirecto-no-se-actualiza-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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