AMPARO INDIRECTO. ELEMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA CONTRA LA OMISIÓN DE CUANTIFICAR LOS INTERESES MORATORIOS EN LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO FIRME.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 93/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al nueve de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 93/2026, suscitada entre el Primer,(1) Segundo(2) y Tercer,(3) Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
El aparente problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se estableció en auto de Presidencia de la siguiente manera: “DETERMINAR SI, ANTE LA OMISIÓN DE CUANTIFICAR LOS INTERESES DERIVADOS DE LA MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE GUERRERO, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO AL ESTIMARSE QUE EL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA EN DICHO PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIONES IV Y V, APLICADAS EN SENTIDO CONTRARIO, DE LA LEY DE AMPARO”.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido de manera electrónica en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional el nueve de julio de dos mil veintiséis, la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 33/2026, 55/2026, 80/2026, 93/2026, 101/2026, 115/2026, 119/2026 y 143/2026; el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al dictar sentencia en los recursos de queja 79/2026, 81/2026, 104/2026 y 155/2026; y, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al dirimir el recurso de queja 186/2026.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Por acuerdo de diez de julio del año en curso, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 93/2026.(4)
3. En el mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran las versiones digitalizadas de las sentencias que dieron origen a los criterios en posible disputa, informaran si se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. De igual manera, se requirió que se pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos respectivos.
4. Turno. En esa misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(5) para su estudio, al Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán, titular de la ponencia “B”.
5. Vigencia de criterios. Por acuerdos de cuatro y diez de agosto de la presente anualidad, se tuvo a los órganos contendientes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes y, que habilitaron las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
6. Informe del Alto Tribunal. Por auto de dieciocho de agosto de la presente anualidad, se recibió el oficio signado electrónicamente por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, a través del cual, comunicó a este Pleno Regional que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su vez, le informó que durante los últimos tres meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guarde relación con el que se denuncia en el presente.
7. Confirmación de turno. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado este asunto, en la misma fecha (dieciocho de agosto de dos mil veintiséis), se confirmó el turno electrónico,(6) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
8. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el uno de septiembre de dos mil veintiséis.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1, y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
10. Lo anterior, por tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito semiespecializados en las materias civil y laboral, respecto de los cuales este Pleno Regional ejerce jurisdicción tanto por razón de materia como de territorio; máxime que la problemática jurídica examinada en los criterios contendientes es de naturaleza laboral.
11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 227, fracción III,(8) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante quien se encuentran radicados los juicios de amparo indirecto, en los cuales se emitieron los actos recurridos.
13. Además, de conformidad con el artículo 8° del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(9) en relación con el numeral primero, fracción XXI, del diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo cuerpo colegiado, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito,(10) el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, se encuentra dentro de la circunscripción territorial del Vigésimo Primer Circuito, que pertenece, a su vez, a la Región Centro-Sur; y aunque es un órgano mixto, la materia del juicio de amparo indirecto que dio origen a los criterios contendientes es laboral, por lo que corresponde a la especialización de este Pleno Regional; por tanto, la persona juzgadora se encuentra legitimada para hacer la denuncia correspondiente, en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.
14. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 165/2026 (12a.),(11) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
“DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS REMITIDA POR RAZÓN COMPETENCIAL. LOS PLENOS REGIONALES PUEDEN DECLARARLA IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN SI EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE NO PERTENECE A LA REGIÓN CORRESPONDIENTE.
Hechos: Dos Plenos Regionales discreparon en torno a si, cuando reciben una denuncia de contradicción de criterios remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual el órgano jurisdiccional denunciante no pertenece a la región correspondiente, pueden declararla improcedente por falta de legitimación o deben avalar dicho presupuesto procesal.
Al conocer de la contradicción de criterios, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó como punto a dilucidar el siguiente: ¿Si un Pleno Regional recibe una denuncia de contradicción de criterios, en la cual el juzgado de distrito o tribunal colegiado denunciante no forma parte de su región, puede declarar improcedente el diferendo por falta de legitimación o debe avalar ese presupuesto procesal?
Criterio jurídico: Cuando un Pleno Regional reciba una denuncia de contradicción de criterios remitida por este Alto Tribunal por razón competencial, en la que el órgano jurisdiccional denunciante no pertenece a la región correspondiente, válidamente puede declararla improcedente por falta de legitimación.
Justificación: De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo se desprende que la legitimación conferida a las personas titulares de tribunales colegiados de circuito y apelación, así como de los juzgados de distrito, para denunciar contradicciones de criterios suscitadas entre tribunales colegiados de circuito de la misma región, se encuentra condicionada a que tales personas juzgadoras pertenezcan a la citada región.
En el actual sistema de creación de jurisprudencia por contradicción en plenos regionales, existe una correspondencia entre los órganos encargados de su resolución, su competencia por razón de territorio y de las materias de las que conocen, así como por la obligatoriedad de los criterios que emiten.
De esa manera, sólo a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen y, concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para la resolución de los casos sometidos a su potestad.”
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente traer a contexto los antecedentes y los aspectos más relevantes de las resoluciones denunciadas.
16. A. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al resolver los recursos de queja 33/2026, 55/2026, 80/2026, 93/2026, 101/2026, 115/2026, 119/2026 y 143/2026.
17. De inicio, es conveniente precisar que los aspectos procesales de cada asunto, así como los razonamientos jurídicos adoptados por el Tribunal resolutor en las sentencias denunciadas como discrepantes, son similares, por lo que la relatoría correspondiente se hará en su conjunto.
18. Demandas laborales. Diversas personas trabajadoras promovieron demandas laborales en contra de distintos Ayuntamientos Municipales del Estado de Guerrero.
19. De esas demandas conoció el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.
20. Laudos. Substanciados los procedimientos por todas sus etapas legales, la autoridad responsable dictó las resoluciones correspondientes en las que, en lo que interesa, condenó a los citados municipios al pago de diversas prestaciones.
21. En este apartado, es importante precisar que en todos y cada uno de los asuntos de origen, los actores solicitaron la cuantificación de los intereses moratorios ante el incumplimiento de la ejecución del laudo firme, sin que la autoridad responsable hiciera pronunciamiento alguno al respecto, motivo por el cual, se promovió demanda de amparo indirecto contra dicha omisión.
22. De igual manera, se considera relevante destacar la fecha de solicitud de la cuantificación de los intereses en comento y, la fecha en que fue desechada la demanda de amparo,(12) a saber:
Ver tabla 1
23. Juicios de Amparo Indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de los asuntos al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, cuyos juicios de amparo fueron desechados al estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII,(13) en relación con el diverso 107, fracciones IV y V,(14) ambos de la Ley de Amparo, pues la omisión reclamada no constituía la última resolución dictada en la etapa de ejecución del laudo.
24. Recursos de queja. Inconformes con esas decisiones, las partes quejosas interpusieron sendos recursos de queja.
25. Criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
26. Como preámbulo, se itera que el problema jurídico planteado y la solución adoptada por el órgano jurisdiccional en los recursos de queja 33/2026, 55/2026, 80/2026, 93/2026, 101/2026, 115/2026, 119/2026 y 143/2026, son esencialmente coincidentes, de modo que resulta innecesario reiterar de manera aislada el mismo razonamiento en cada expediente, por lo que se desarrollará el análisis de forma conjunta, lo que permite emitir una sentencia práctica y breve por los motivos que se verán a continuación.
26.1 Respecto al tema central que nos ocupa, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que los agravios resultaron infundados.
26.2 Indicó que de conformidad con el artículo 113(15) de la Ley de Amparo, el desechamiento de una demanda no es potestad ilimitada del juzgador, ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que opera exclusivamente cuando el órgano constitucional encuentra una causa manifiesta e indudable de improcedencia, debiendo entenderse por "manifiesta", lo que se advierte de manera patente, notoria y obvia; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, es decir, que no puede ponerse en duda por lo seguro y evidente que es.
26.3 Afirmó que la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, en cada uno de los citados juicios de amparo indirecto determinó desechar de plano la demanda al advertir que se actualizaba de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV y por no estar ante el supuesto de excepción de procedencia previsto en la fracción V, todos de la Ley de Amparo.
26.4 El Tribunal determinó que en el caso de actos derivados del procedimiento de ejecución, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en éste, por la cual debe entenderse aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante el procedimiento, en caso contrario, el juicio de amparo es improcedente.
26.5 En apoyo a su consideración, invocó la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: “EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.” (16)
26.6 El órgano colegiado apreció que los recurrentes reclamaron vía constitucional, la omisión de cuantificar los intereses moratorios ante el incumplimiento del laudo firme, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, esto, naturalmente, dentro del procedimiento de ejecución del laudo.
26.7 Destacó que la decisión adoptada por la juzgadora federal se encontró ajustada a derecho, porque no se trataba un acto que sea una excepción a la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en atención a que la omisión de cuantificar intereses moratorios en la etapa de ejecución de un juicio laboral no se considera un acto con "autonomía propia" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino que es un acto intraprocesal cuya finalidad es, precisamente, lograr la ejecución total de la sentencia, dado que los intereses son una condena accesoria que emana directamente de la condena principal, es decir, el cumplimiento de la obligación de pago.
26.8 Asimismo, señaló que la omisión de cuantificar los intereses hasta en tanto se cumpla el laudo es un vicio de carácter procesal dentro de la etapa de ejecución y, por tanto, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos de manera irreparable fuera del juicio, la parte actora debía esperar a que se dicte la última resolución, para reclamar todas las violaciones cometidas durante dicha etapa.
26.9 Citó en apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.),(17) de rubro: “ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA.”
26.10 Por todo lo anterior, declaró infundados los recursos de queja.
27. B. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al resolver los recursos de queja 79/2026, 81/2026, 104/2026 y 155/2026.
28. Se precisa que los aspectos procesales de cada asunto, así como los razonamientos jurídicos adoptados por este Tribunal resolutor en las sentencias denunciadas como discrepantes, son similares, por lo que la relatoría correspondiente se hará en su conjunto.
29. Demandas laborales. Diversas personas trabajadoras promovieron demandas laborales en contra de Ayuntamientos Municipales y de algunos organismos públicos del Estado de Guerrero.
30. De dichas demandas conoció el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.
31. Laudos. Seguidos los procedimientos por sus etapas procesales, la autoridad responsable resolvió en definitiva los asuntos, en los cuales, en lo que aquí interesa, condenó a las partes demandadas al pago de diversas prestaciones.
32. Una vez que quedaron firmes los laudos correspondientes, cada uno de los actores solicitaron, en todos los asuntos, la cuantificación de los intereses moratorios ante el incumplimiento de la ejecución del laudo, sin que la autoridad responsable hiciera pronunciamiento alguno al respecto, por lo que promovieron sendas demandas de amparo indirecto en su contra.
33. En este apartado, se considera relevante destacar la fecha de solicitud de la cuantificación de los intereses en comento y, la fecha en que fue desechada la demanda de amparo,(18) esto es:
Ver tabla 2
34. Juicios de Amparo Indirecto. Correspondió el conocimiento de los asuntos, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, cuya titular los desechó al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracciones IV y V, ambos preceptos de la Ley de Amparo.
35. Recursos de queja. En desacuerdo con lo anterior, las partes quejosas interpusieron recursos de queja.
36. Criterio adoptado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
37. De inicio, se destaca que el problema jurídico planteado y el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente en los recursos de queja 79/2026, 81/2026, 104/2026 y 155/2026, son prácticamente iguales, por lo que, resulta innecesario reiterar de manera aislada el mismo razonamiento en cada expediente, en ese sentido, se desarrollará el análisis de forma conjunta.
38. El órgano jurisdiccional en aparente contienda, sostuvo que, por regla general, en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo es procedente, en términos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, contra la última resolución pronunciada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, cuando se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; cuando se dicta resolución que declara la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento; y la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente.
39. El órgano colegiado relató que, el Alto Tribunal ha sustentado la existencia de una excepción a dicha regla, cuando se promueva el juicio de amparo en contra de los actos dictados después de concluido el juicio, siempre y cuando se trate de actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural(19) y, de actos que tienen autonomía propia y que no tienen por finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural.(20)
39.1 En el caso concreto, el Tribunal Colegiado en disputa señaló que, del escrito inicial de demanda de amparo, la quejosa señaló como acto reclamado la omisión de cuantificar los intereses moratorios por el incumplimiento del laudo, ya que lo solicitó expresamente y la autoridad omitió hacer pronunciamiento alguno al respecto.
39.2 Explicó que la omisión de la autoridad responsable es susceptible de conocimiento en sede constitucional pues, si bien se trata de una actuación dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no tiene por finalidad directa e inmediata ejecutarlo; por el contrario, podría implicar un obstáculo para su ejecución y consecuente cumplimiento de la cosa juzgada, cuyo estudio está ligado al fondo del asunto.
39.3 Además, no soslayó que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que, tratándose de actos dictados después de juicio sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; sin embargo, indicó que el retraso en la ejecución del laudo, como se acreditó en cada asunto, según lo narrado por la parte quejosa en su demanda de amparo, en caso de no encontrarse justificación jurídica, genera para la parte que ya venció en el juicio, una violación a su derecho fundamental de administración de justicia, consagrado en el artículo 17 Constitucional, el cual no sólo incluye el dictado de la sentencia, sino la posibilidad de que ésta se ejecute.
39.4 Por tanto, el tribunal estimó que, aunque el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que, aquellas determinaciones dictadas en el procedimiento de ejecución son susceptibles de impugnarse hasta el final de esa etapa, la omisión de la autoridad señalada como responsable de cuantificar los intereses moratorios por la falta de cumplimiento del laudo, impide una eficaz ejecución, cuando dicha determinación no encuentra justificación alguna; lo cual, en todo caso, sería materia de estudio en la sentencia de fondo, una vez que se cuente con las constancias suficientes para analizar las actuaciones del procedimiento de ejecución; no así, en el acuerdo inicial de la demanda de amparo, como lo realizó la Juzgadora Federal.
39.5 En ese contexto, el órgano colegiado determinó que fue incorrecta la determinación de la Juzgadora Federal de desechar la demanda de amparo, dado que no se acreditó de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, en tanto, el acto reclamado sí causa una afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa, la cual debe ser dilucidada en el juicio de amparo indirecto; por tanto, concluyó que sí es procedente el juicio de amparo, de conformidad con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues se transgrede el derecho a una tutela judicial efectiva.
40. C. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, al resolver el recurso de queja 186/2026.
41. Demanda laboral. Dos personas demandaron en conjunto al Ayuntamiento Municipal de Taxco de Alarcón, del Estado de Guerrero, de quien reclamaron diversas prestaciones derivadas de los despidos injustificados que sufrieron.
42. De dicha demanda conoció el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero.
43. Laudo. Substanciado el procedimiento por todos sus causes legales, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó la resolución correspondiente en la que se condenó al citado ente municipal al pago de lo demandado.
44. Una vez que adquirió firmeza el laudo, mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veinticinco, los actores solicitaron la cuantificación de los intereses moratorios ante el incumplimiento de la ejecución del laudo, petición que fue negada el veinticuatro de abril siguiente, y contra lo cual se promovió juicio de amparo indirecto.
45. Juicio de Amparo Indirecto. Por razón de turno, conoció de la demanda de amparo la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, quien decidió desecharla al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracciones IV y V, ambos preceptos de la Ley de Amparo.
46. Recursos de queja. Inconforme con esa decisión la parte quejosa interpuso recurso de queja.
47. Criterio adoptado por Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
47.1 El Tribunal en aparente oposición determinó que las personas quejosas reclamaron del tribunal laboral responsable la negativa expresa de cuantificar los intereses moratorios y, no así la “omisión de cuantificar los intereses moratorios por la mora en cumplir el laudo”, como lo indicó la Jueza Federal; lo que de suyo, se traduce en el reclamo de una dilación dentro del procedimiento de ejecución de laudo.
47.2 Posteriormente, señaló que el artículo 113 de la Ley de Amparo, ciertamente faculta a los Jueces de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla, adviertan un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de las aclaraciones o de los documentos que se anexen a esas promociones.
47.3 En el caso concreto, el Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veinticuatro de abril de dos mil veinticinco, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual negó cuantificar los intereses moratorios, solicitud que se hizo mediante escrito de siete de enero de dos mil veinticinco.
47.4 No obstante, la Jueza de Distrito desechó la demanda de amparo al considerar que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia y que la omisión reclamada no constituye la última resolución en esa etapa, porque no se trata de aquella que aprueba o reconozca el cumplimiento total del laudo o declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirlo y, tampoco ordena el archivo definitivo del expediente. Decisión que el Tribunal Colegiado en confrontación estimó incorrecta.
47.5 Precisó que, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, consistente en el auto que negó la cuantificación de intereses moratorios dictado en la fase de ejecución del laudo, sí procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que la negativa de cuantificar intereses moratorios no sólo incide en aspectos formales del procedimiento, sino que afecta de manera directa un derecho sustantivo de contenido patrimonial, al impedir la determinación de una prestación económica que forma parte del cumplimiento integral del laudo.
47.6 Por tanto, sostuvo que la afectación no es meramente adjetiva o intraprocesal, sino que trasciende a la esfera jurídica del particular, lo que justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto sin necesidad de esperar a la emisión de la última resolución dentro del procedimiento de ejecución.
47.7 La procedencia en comento, la justificó, además, atento a que la omisión de cuantificar intereses moratorios de un laudo firme constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo emitido en el juicio que no puede reputarse como un acto en ejecución a que alude el numeral 849 de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34311-5474c196/amparo-indirecto-elementos-que-deben-examinarse-para-determinar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE CUANDO SE IMPUGNA UN ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE SUPRIMEN Y DETERMINAN COMPETENCIAS TER (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DESECHARLA, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LA UNIDAD PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SALARIO REMUNERADOR DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA PREVISIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, APARTADO C, NUMERAL 6, DE LA CONSTI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DESTITUCIÓN DE PERSONAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS. NO PUEDE EMPLEARSE COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, AL TRATARSE DE UNA SANCIÓN DE NATURALEZA D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL PROVEÍDO DICTADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIR (III.5o.C.5 K (10a.))
- INCONFORMIDAD. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN COMPETENCIA DELEGADA ES, POR REGLA GENERAL, DEFINITIVA E INATACABLE, A MENOS DE QUE ÉSTOS ESTIMEN (2a. CXXXIII/2008)
- QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. PROCEDE DICHO RECURSO CONTRA EL ACUERDO QUE DETERMINA CONTINUAR EL PROCEDIM (I.13o.A.1 K (10a.))
- QUEJA, ES IMPROCEDENTE LA QUE SE PROMUEVE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA DE AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis