AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DESECHARLA, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE LA UNIDAD PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, DE SUPERVISAR O REVISAR LA ACTUACIÓN DE UNA PERSONA ADMINISTRADORA DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DEBE DESECHARSE DESDE EL AUTO INICIAL CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DEL ÓRGANO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO JUDICIAL, DEPENDIENTE DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, DE VIGILAR O REVISAR EL DESEMPEÑO DE UNA PERSONA ADMINISTRADORA DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 16/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 15 DE ABRIL DE 2026. DOS VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. DISIDENTE: MAGISTRADO ANTONIO SALAZAR LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: STEFFANO RAFAELLO LÓPEZ MEDRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al quince de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 16/2026, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero(1) y Segundo,(2) ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
I. TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
1. Denuncia de contradicción. El cuatro de febrero de dos mil veintiséis, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, denunciaron la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por dicho cuerpo colegiado en el recurso de queja 195/2025, frente a lo resuelto por su homólogo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito judicial, al resolver los diversos recursos de queja 196/2025 y 203/2025.
2. Radicación y admisión. El seis de febrero siguiente, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional recibió el citado escrito de denuncia; por lo que, se radicó el asunto bajo el consecutivo electrónico 16/2026 dentro de este acervo administrativo y se admitió a trámite.
3. Vigencia de criterios. En el mismo proveído, se solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes remitieran la versión digitalizada de sus respectivas ejecutorias, informaran la vigencia de ellas o comunicaran si habían sido superadas o abandonadas por un diverso criterio; asimismo, se les requirió para que pusieran a disposición la consulta electrónica de sus expedientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
4. Paralelamente, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía algún precedente judicial radicado en ese tribunal constitucional sobre el tema que guarde relación en esta contienda, que se fijó como:
“PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. DETERMINAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS A LA UNIDAD PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y LA VISITADURÍA JUDICIAL DEL ENTONCES CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (AHORA ÓRGANO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO JUDICIAL)(3) ACTUALIZAN DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO.”
5. Turno preliminar. Finalmente, se turnó de manera preliminar el asunto, para su estudio, a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, titular de la ponencia “A”.
6. Recepción de informes de vigencia. Por acuerdo de presidencia de trece de febrero de dos mil veintiséis, se tuvieron por recibidos sendos oficios de los tribunales contendientes, con los que informaron que sus criterios se encontraban vigentes, remitieron las respectivas ejecutorias vía interconexión y habilitaron la consulta electrónica de sus expedientes en controversia.
7. Informe del Tribunal Constitucional. Mediante proveído de tres de marzo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el informe del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual informó que no se radicó durante los últimos tres meses alguna contradicción de criterios sobre el tópico planteado en esta contienda.
8. Confirmación de turno. Finalmente, en esa misma data, al estar debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.
11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(4) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, puesto que se formuló por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, quienes resolvieron uno de los recursos de queja que motivaron la presente denuncia; ello, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y el diverso 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(6)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito,
con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Recurso de queja 195/2025
13. Antecedentes procesales.
14. Amparo indirecto. El Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación,(7) promovió amparo indirecto en contra de múltiples autoridades jurisdiccionales y administrativas de la judicatura federal; entre ellas, la a) Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la b) Visitaduría Judicial del extinto Consejo de la Judicatura Federal, a quienes les atribuyó, respectivamente:
- La omisión de a) supervisar y b) revisar el desempeño del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz con residencia en Emiliano Zapata, de conformidad con el artículo 9, párrafo segundo del Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.
15. Auto inicial. Conoció del asunto el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, quien radicó el juicio de amparo indirecto ********** en su acervo estadístico y mediante auto inicial:
a. Desechó parcialmente la demanda constitucional en contra de los actos atribuidos a la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema Penal y a la Visitaduría Judicial del entonces Consejo de la Judicatura Federal, al estimar, sustancialmente, que dichas autoridades no detentaban el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; ello, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción V, todos de la Ley de Amparo; y,
b. Admitió a trámite la demanda respecto de los actos reclamados en contra de un Juez de Control y el Administrador, ambos adscritos al Centro de Justicia Penal Federal antes indicado.
16. Recurso de queja. En contra de ese acuerdo, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación por conducto del Director General Jurídico, así como el tercero interesado (imputado en el proceso penal de origen) interpusieron sendos recursos de queja; por lo que se radicó el expediente 195/2025 dentro del índice administrativo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
17. Sentencia. Seguido el trámite del medio de impugnación en su cauce legal, en sesión ordinaria de treinta de diciembre de dos mil veinticinco, se declaró infundado el citado recurso y se confirmó el auto recurrido, con algunas precisiones.
18. Consideraciones jurídicas.
19. De manera preliminar, cabe señalar que este Pleno Regional advierte que el tribunal contendiente al resolver el medio de impugnación en pugna desplegó su estudio en atención a los agravios esgrimidos por la autoridad quejosa y por el tercero interesado; empero, para efectos prácticos que nos ocupa en esta contradicción de criterios, solamente se analizarán los razonamientos (respuesta a los agravios) relativos al desechamiento parcial del medio de control constitucional.(8)
20. Sentado lo anterior, el Tribunal Colegiado contendiente declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la autoridad recurrente y confirmó el auto recurrido; sin embargo, estimó que, contrario a lo dictado por el Juzgado de Distrito, en el caso se actualizaba un motivo de improcedencia manifiesto e indudable distinto al invocado en el auto inicial que conllevaba a desechar la demanda de amparo.(9)
20.1. En principio, convalidó el desechamiento parcial por lo que hace a la omisión de supervisar y revisar el desempeño del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Emiliano Zapata; actos que atribuyó, correlativamente, de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y de la Visitaduría Judicial del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
20.2. Para ello -a manera de prefacio- expuso que los actos reclamados de las multicitadas autoridades de la entonces judicatura federal actualizaban de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 61 de la Ley de Amparo (antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de trece de marzo de dos mil veinticinco), que a la letra indicaba:
“Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...)
III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; (...).”
20.3. En relación con dicho precepto puntualizó que, de acuerdo con el Sexto transitorio del Decreto por el que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial iniciaron labores el uno de septiembre de dos mil veinticinco; mientras que la demanda constitucional se presentó el dos de junio anterior a esa data.
20.4. Por tanto, en razón de esas cualidades temporales, delimitó que el texto aplicable era el que hacía alusión al extinto Consejo de la Judicatura Federal, es decir, el texto anterior al que actualmente se aprecia a la literalidad en la ley de la materia.
20.5. Superada esa acotación de leyes en el tiempo, indicó que la demanda de amparo debía desecharse de manera parcial, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la referida causa de improcedencia.
20.6. Explicó que, contrario a lo mencionado por la delegada de la parte quejosa al desahogar la vista concedida, no surtía alguna hipótesis de excepción de la multicitada causa de improcedencia que apuntara a la admisión del medio de control constitucional; es decir, que se advirtiera que fueron reclamados actos concernientes a la designación, adscripción, o remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, ni mucho menos en los que se afectaran derechos de terceros que no formen parte del Poder Judicial de la Federación por provenir del ejercicio de atribuciones que no estuvieran constitucionalmente encomendadas.
20.7. Para detallar ese silogismo categórico, en primer lugar, el órgano colegiado indicó que la quejosa oficial, en su libelo constitucional, reclamó de las multicitadas autoridades responsables la omisión de revisar y supervisar, respectivamente, la actuación de un Administrador de un Centro de Justicia Penal Federal.
20.8. En ese orden, detalló que los actos tildados de inconstitucionales no se relacionan con la atribución relativa a la designación, adscripción, o remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, en los cuales se podría sostener una excepción a la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en cuestión.
20.9. Luego, en un segundo plano, explicó que tampoco surtía un diverso supuesto de excepción a la regla de impugnabilidad de los actos del entonces Consejo de la Judicatura Federal en el que se afectaran derechos de terceros ajenos al Poder Judicial de la Federación (tratándose de amparo contra normas generales); o bien, cuando hayan sido emitidos en ejercicio de atribuciones diversas a las que dicho Consejo tenía constitucionalmente encomendadas (en cumplimiento de algún acuerdo general).
20.10. De ahí que, el órgano colegiado asumiera que debía desecharse el medio de control constitucional respecto de tales actos y autoridades de la judicatura federal; puesto que, insistió, al delimitarse los actos, respectivamente, como la omisión de vigilar y supervisar la actuación del Administrador de un Centro de Justicia Penal Federal, es inconcuso que se trataba de actuaciones relacionadas con el ejercicio de las facultades constitucionales encomendadas al entonces Consejo de la Judicatura Federal, previstas en los artículos 94, párrafo segundo y 100, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; respecto de los cuales, el juicio de amparo es improcedente.
20.11. Luego, el Tribunal Colegiado en contienda mencionó que no pasaba inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 18/2023 (11a.) de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;(11) empero, desde su perspectiva, dicho precedente judicial no resultaba aplicable al caso concreto en razón de que, como se esbozó, a su juicio, la causa de improcedencia sí era manifiesta e indudable al estar relacionada directamente con las facultades constitucionales encomendadas al extinto Consejo de la Judicatura Federal.
20.12. Así, iteró que las decisiones que emitía el referido órgano administrativo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales eran definitivas e inatacables; máxime que no se apreciaba que con lo reclamado se actualizara un supuesto de excepción como los antes desarrollados.
20.13. Finalmente, adujo que su determinación no vulneraba lo previsto en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la autoridad recurrente, que prevén el acceso a un recurso judicial efectivo; en virtud de que, a juicio del Tribunal contrincante, dichos preceptos sólo contienen un principio general cuya posibilidad debe articularse con el sistema jurídico de cada país, el cual puede establecer requisitos y criterios de admisibilidad por seguridad jurídica y administración de justicia adecuada.
20.14. Agregó que, si bien, los recursos judiciales deben estar disponibles para las partes interesadas, lo cierto es que no implica que todos los asuntos deban estudiarse de fondo, pasando por alto los requisitos de admisibilidad y procedencia; por lo que sostuvo, en sustancia, que las causas de improcedencia del juicio de amparo no vulneraban el derecho a un recurso efectivo, pues con ello, se privilegia la garantía de justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional.
20.15. Razonamiento final que sustentó con las tesis aisladas 1a. CCLXXV/2012 (10a.)(12) y 1a. CCLXXVI/2012 (10a.)(13) de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20.16. En razón de lo antes expuesto, el Tribunal Colegiado contendiente declaró infundado el recurso de queja planteado, con la precisión de que resultaba innecesario analizar los agravios formulados por la autoridad recurrente en contra de las consideraciones invocadas por el Juzgado de amparo con la que se desechó parcialmente su demanda; pues, insistió, a su juicio, el motivo de improcedencia era uno diverso al esgrimido en el auto recurrido.
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito,
con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Recursos de queja 196/2025 y 203/2025
21. Los citados recursos de queja poseen consideraciones similares en virtud de que la autoridad recurrente y los agravios formulados guardan simetría entre sí, además de que, el órgano colegiado declaró fundados ambos medios de impugnación en contra del auto que desechó parcialmente las demandas de amparo.
22. Por tanto, en obvio de repeticiones innecesarias, se constriñen a continuación los antecedentes y consideraciones jurídicas de ambos criterios.
23. Antecedentes procesales.
24. Juicios de amparo indirecto. El Director General Jurídico de la Auditoría Superior de la Federación,(14) promovió dos demandas de amparo indirecto en las que reclamó múltiples actos de autoridades jurisdiccionales y administrativas de la judicatura federal; entre ellas, la a) Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la b) Visitaduría Judicial del extinto Consejo de la Judicatura Federal, a quienes les atribuyó, respectivamente:
- La omisión de a) supervisar y b) revisar el desempeño del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz con residencia en Emiliano Zapata, de conformidad con el artículo 9, párrafo segundo del Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.
25. Radicación. El Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, radicó los expedientes 357/2025 y 359/2025 dentro de su acervo documental y, previa resolución dictada en dos conflictos competenciales en las que se determinó fincarle la competencia de tales asuntos se avocó al conocimiento.
26. Auto inicial. En ese mismo auto de avocamiento, el Juzgado de amparo determinó desechar parcialmente la demanda respecto de los actos reclamados a la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema Penal y la Visitaduría Judicial, ambas dependientes del entonces Consejo de la Judicatura Federal, bajo el argumento de que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción III, del artículo 61 de la Ley de Amparo.
27. Recursos de queja. En contra de tales determinaciones iniciales, el Director General de la Auditoría Superior de la Federación, interpuso sendos recursos de queja; los cuales fueron radicados, respectivamente, con los expedientes 196/2025 y 203/2025 dentro del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
28. Sentencias. Seguidos los trámites de los medios de impugnación, en sesión ordinaria de nueve de octubre de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado los declaró fundados; por lo cual, instruyó al Juzgado de Distrito para que de no advertir una causa de improcedencia manifiesta e indudable distinta a la estudiada en tales ejecutorias, se pronunciara sobre la admisión de las demandas.
29. Consideraciones jurídicas.
30. Como se anticipó, el Tribunal Colegiado contendiente declaró fundado el agravio de la autoridad recurrente en sus respectivos medios de impugnación, en el sentido de que, contrario a lo esgrimido por el Juzgado de amparo, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo -vigente-,(15) no era manifiesta e indudable para desechar la demanda constitucional por auto inicial.
31. Para dar sustento a ello, desplegó la siguiente línea argumentativa:
31.1. De entrada, precisó que la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de criterios 361/2022 brindó una solución a los asuntos en los que se discutía si el auto inicial era o no el momento procesal oportuno para desechar una demanda de amparo, en términos del numeral enunciado, cuando se reclamaban actos del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
31.2. Primero puntualizó que la citada Sala constitucional en dicho fallo expuso que una causa de improcedencia manifiesta es aquella que se advierte de forma patente y absolutamente clara; mientras que lo indudable implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho; esto es que, no se pone en duda por lo claro y evidente de la situación.
31.3. Agregó que, un indicador de esta posición es que aun cuando se admitiera la demanda de amparo no podría desvirtuarse el motivo de improcedencia, con independencia que las partes pudieran ofrecer medios de convicción para desvirtuar esa circunstancia.
31.4. Posteriormente señaló que, el Alto Tribunal detalló que no puede desecharse una demanda de amparo si para ello se requería de un examen profundo y acucioso, dado que, sostener dicho extremo no sería considerado un motivo manifiesto e indudable para rehusarse a conocer del medio de control constitucional.
31.5. Es decir, cuando la causa de improcedencia requiere de un análisis profundo o exhaustivo, no puede desecharse el libelo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo; en virtud de que, se estaría llegando al extremo de limitar el ejercicio de la acción constitucional de los gobernados que aleguen una violación a sus derechos fundamentales; circunstancia que es contraria a los fines perseguidos por el juicio de amparo.
31.6. Por tanto, abundó que de no actualizarse esos requisitos y -en otras palabras-, de no existir causa manifiesta e indudable, por regla general, deberá admitirse la demanda de amparo, con el objetivo de estudiar debidamente la cuestión planteada; ello, sin perjuicio de sobreseer dentro del procedimiento, si del propio estudio de la sentencia dictada en audiencia constitucional así lo impone.
31.7. Luego, en seguimiento de la ratio decidendi del mismo fallo, el órgano colegiado añadió que nuestro Tribunal Constitucional en ese asunto interpretó los artículos 94, párrafo segundo y 100, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) de los cuales obtuvo que, por regla general, las decisiones del antiguo Consejo de la Judicatura Federal que emitiera en ejercicio de las atribuciones encomendadas por el texto fundante relativas a las de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables; incluso las que se refieren a la resolución de conflictos con sus trabajadores.
31.8. Sin embargo, explicó que la propia Sala constitucional sostuvo que opera una excepción a dicha regla general de inimpugnabilidad cuando los actos del extinto Consejo:
- Afecten derechos de terceros que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación; o bien,
- Cuando se impugnaran actos del referido Consejo que emitan al margen de las atribuciones que tienen encomendadas; o incluso,
- Cuando se cuestionen artículos de leyes federales cuyos actos concretos de aplicación sean los Acuerdos Generales u otros diversos que emita dicho Consejo.
31.9. Bajo esa óptica, mencionó que la multicitada Segunda Sala concluyó que, no cabía invocar en auto inicial de trámite una causa manifiesta e indudable de improcedencia la prevista en el artículo 61, fracción III, de la ley de la materia, con la que se permita desechar la demanda de amparo o una ampliación a ésta, en tanto que ello depende del derecho sustantivo fundamental que haya hecho valer la parte interesada, en el sentido de que su ponderación requerirá necesariamente de un análisis exhaustivo que sobrepasa la materia de un acuerdo de mero trámite. Ello, porque se trata más de un pronunciamiento de una sentencia de fondo que uno de inicio.
31.10. Agregó que, para determinar si la demanda se encuentra en el supuesto o no de excepción aludido, ello deberá analizarse en cada caso concreto por los órganos jurisdiccionales en la sentencia de amparo respectiva, de acuerdo con lo planteado por la parte quejosa; consideraciones que se plasmaron en la jurisprudencia 2a./J.18/2023 (11a.).(17)
31.11. Después de sentar las bases anteriores, el Tribunal Colegiado contendiente asumió que dicho precedente judicial era aplicable al caso concreto, incluso porque a la data de la presentación de la demanda, aun fungía dicho ente administrativo de la judicatura federal.
31.12. Para ello, refirió que en dicho sumario la parte quejosa reclamó de a) la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y b) la Visitaduría Judicial del extinto Consejo de la Judicatura Federal la omisión de supervisar y revisar, respectivamente, el desempeño del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en Emiliano Zapata, en términos del artículo 9, párrafo primero, del Acuerdo General 36/2014 del Pleno del aludido Consejo.
31.13. Sobre ello, indicó que adversamente a lo resuelto por el Juzgado de Distrito, para arribar a la conclusión de que dicha omisión se relaciona directamente con las funciones de administración, vigilancia y disciplina interna del Poder Judicial de la Federación, que eran competencia del extinto organismo en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, sería necesario un examen más profundo de dicho Acuerdo General, lo cual, es propio de la sentencia y no de un acuerdo inicial.
31.14. Asimismo, adujo que en el caso no se reclamaba una decisión concreta del Consejo de la Judicatura Federal en despliegue de las funciones que se le encomendaron constitucionalmente, sino que, la autoridad quejosa reclama una omisión en el ejercicio de supervisión y revisión de la actuación jurisdiccional de una autoridad que según refiere, impacta al interior de sus derechos en un procedimiento penal de corte acusatorio y oral.
31.15. De ahí que, estimara que existía la necesidad de realizar un estudio más profundo que permitiera, en todo caso, determinar si el Acuerdo General 36/2014 fue o no emitido por citado organismo en despliegue de sus funciones de administración, vigilancia y disciplina, en la que, la omisión de supervisión y revisión pudiera considerarse inatacable a través del juicio de amparo.
31.16. Además, el órgano colegiado insistió que era necesario un escrutinio más acucioso sobre la aplicabilidad de la causa de improcedencia en cuestión porque, el artículo 61, fracción III -vigente- de la Ley de Amparo, hace alusión al Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que en el libelo constitucional se reclamaron actos del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
31.17. En atención a todo lo anterior, el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso de queja en cuestión y ordenó al Juzgado recurrido para que, de no advertir una causa diversa de improcedencia, se pronunciara sobre la admisión del medio de control constitucional; determinación que respaldó con la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.) de la multicitada Segunda Sala constitucional.(18)
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
32. La mecánica para emprender este estudio debe abordarse desde la necesidad de unificar posiciones jurídicas en la región, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía y a las personas juzgadoras.
33. Por cuestión de método en su análisis, lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas; por lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, será suficiente identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
34. Lo anterior tiene sustento con lo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(19) que en su contenido, dispone:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criter
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34052-85a0fbba/auto-inicial-de-tramite-de-la-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS (II.1o.T. J/7 (10a.))
- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS (II.1o.T.17 K (10a.))
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