ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA COLMAR LA EXIGENCIA POR ESCRITO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, LA RESOLUCIÓN QUE RECAIGA SOBRE AQUÉLLA DEBE DECRETARSE EN AUDIENCIA PRIVADA Y CONSTAR EN VIDEOGRABACIÓN O A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EXPEDIRSE UN ACTA MÍNIMA PARA EFECTOS DE EJECUCIÓN O CAPTURA DE LA PERSONA INVESTIGADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 36/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 25 DE JUNIO DE 2026. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA, RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: STEFFANO RAFAELLO LÓPEZ MEDRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al veinticinco de junio de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 36/2026, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo(1) y Tercero,(2) ambos en Materia Penal del Tercer Circuito y el Primer(3) Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.
I. TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN
1. Denuncia. Los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, denunciaron la posible contradicción de criterios entre los sustentados por dicho cuerpo colegiado al resolver el recurso de revisión 358/2026, frente a lo razonado por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma especialidad y circuito,(4) así como con el diverso del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.(5)
2. Radicación y admisión. El veinte de marzo de dos mil veintiséis, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la radicó bajo el consecutivo electrónico 36/2026.
3. Vigencia de criterios. En el mismo proveído, solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes remitieran la versión digitalizada de sus respectivas ejecutorias, informaran la vigencia de ellas o, comunicaran si habían sido superadas por un diverso criterio; asimismo, se requirió habilitaran la consulta electrónica de sus expedientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
4. De manera simultánea, se solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía algún precedente judicial radicado en ese tribunal constitucional sobre el tema que guarde relación en esta contienda, que se fijó como:
"DETERMINAR SI LAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN DECRETADAS DE MANERA ESCRITA Y NO EN AUDIENCIA ORAL PRIVADA O A TRAVÉS DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN PRESENCIA DEL FISCAL QUE LA PETICIONÓ CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL POR PARTE DEL JUEZ DE CONTROL RESPONSABLE."
5. Turno preliminar. Finalmente, se turnó de manera preliminar el asunto, para su estudio, a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, titular de la ponencia "A".
6. Recepción de informes de vigencia. Por acuerdos de veinticinco de marzo y quince de abril de dos mil veintiséis, se tuvo a los órganos contendientes cumpliendo con lo peticionado en auto admisorio.
7. Informe del Tribunal Constitucional. Luego, por acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el informe del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que no se ha radicado durante los últimos tres meses ninguna contradicción de criterios sobre el tópico planteado en esta contienda o uno afín a esta disputa regional.
8. Confirmación de turno. En esa misma data, al estar debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformado por el diverso Acuerdo General 38/2023, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio; todos ellos emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio; principalmente porque los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito Judicial son órganos especializados en la materia penal, mientras que, el Tribunal Colegiado del Vigésimo es un órgano jurisdiccional sub-especializado en la misma ciencia jurídica.
11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(6) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(8) al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con motivo de la resolución del recurso de revisión 358/2025, de su índice; por lo que es inconcuso que los denunciantes intervinieron en la decisión de uno de los criterios génesis de la presente contradicción.
13. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(9) el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (penal) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que sus integrantes se encuentran legitimados para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.
14. De ahí que los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuenten con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
I. Consideraciones preliminares.
15. Este Pleno Regional estima necesario hacer dos acotaciones en cuanto a los antecedentes procesales y las consideraciones jurídicas adoptadas por los órganos contendientes en este sumario; principalmente, respecto de los criterios alcanzados por los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito.
16. En primer término, se advierte –como hecho notorio– que la génesis de los recursos de revisión que motivaron la divergencia de criterios en este sumario deriva de múltiples juicios de amparo indirecto promovidos por una misma persona quejosa (imputada), quien reclamó ante los Juzgados de Distrito de ese circuito una duplicidad de órdenes de aprehensión libradas en su contra; lo cual, detonó, en vía de revisión, algunas de las posturas jurídicas que aquí contienen.
17. En segundo grado, se aprecia que los argumentos que esbozó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito guardan simetría entre sí con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en los fallos denunciados en esta contienda regional, dado que, por la identidad de razonamientos alcanzados en esos medios de impugnación no se advierte una ínfima línea de razonamientos que los distinga los unos a los otros.
18. Entonces, para efectos prácticos de este sumario, los antecedentes y consideraciones jurídicas que dieron lugar a esta denuncia de contradicción de criterios se analizarán en dos bloques relativos, como se detalla a continuación:
Bloque A
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Recursos de revisión 80/2023, 98/2023, 538/2022, 186/2023 y 167/2023
I. Antecedentes procesales.
19. Amparo indirecto. Distintas personas promovieron amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión y/o comparencia libradas en su contra, las cuales, atribuyeron respectivamente, a diferentes Jueces de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento de múltiples recintos judiciales alrededor del Estado de Chiapas, así como su ejecución a cargo de distintas autoridades ministeriales de esa misma entidad federativa.
20. Radicación. Conocieron de los medios de control constitucional los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas,(10) así como el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal(11) de la misma entidad federativa, quienes radicaron los medios de control constitucional y se avocaron a su conocimiento.
21. Sentencia de amparo indirecto. Seguidos los trámites legales, los Juzgados de amparo dictaron sentencia en sus respetivos expedientes y en cada uno de ellos, en lo que interesa al acto reclamado, se negó el amparo.
22. Recursos de revisión. Inconformes con las decisiones adoptadas por los Juzgados de Distrito, los quejosos promovieron recurso de revisión; de los cuales conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, quien los radicó bajo los consecutivos 80/2023, 98/2023, 538/2022, 186/2023 y 167/2023, dentro de su acervo documental.
23. Sentencia. Sustanciados los medios de impugnación en su cauce legal, el órgano colegiado en la materia de la revisión revocó(12) o modificó, correlativamente, la sentencia recurrida y concedió la protección constitucional a los promoventes del amparo, para efectos, en contra de la orden de captura girada en su contra.
II. Consideraciones jurídicas.
24. Este Pleno Regional aprecia en las respectivas ejecutorias el Tribunal Colegiado dejó incólume lo relativo a los sobreseimientos decretados ante la inexistencia de algunos actos y autoridades; sin embargo, concedió la protección constitucional en contra de la orden de aprehensión reclamada en cada uno de los juicios constitucionales.
25. Ahora bien, de un análisis a cada uno de los precedentes denunciados se advierte que guardan simetría entre sí, por lo cual, en aras de repeticiones innecesarias, se constriñen –respecto del tema central– en las siguientes:
25.1. En principio, en cada uno de los asuntos se declararon fundados los agravios de los recurrentes, suplidos en su queja deficiente; por lo que se revocaron las sentencias recurridas y se concedió la protección constitucional a cada uno de los impetrantes del amparo.
25.2. El órgano colegiado al reasumir jurisdicción expuso que las órdenes de captura impugnadas no se libraron en los términos de los artículos 67(13) y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales(14) al haber sido emitidas por escrito; lo cual, denotó una violación procesal en las defensas de los quejosos.(15)
25.3. En ese contexto, señaló que la orden de aprehensión es una resolución judicial en la que se decide si se restringe la libertad de una persona y necesariamente debe dictarse en: a) en audiencia oral privada; o b) través de sistema informático.
25.4. Asimismo, abonó que, si la citada orden cumple con los requisitos legales, el Juez de Control deberá prevenir al Ministerio Público por el mismo medio que la solicitó para que subsane las omisiones u irregularidades; en su caso, podrá reclasificar jurídicamente los hechos y la participación del imputado y negará la orden cuando no constituyan delito, incluso apuntó que deberá transcribir los puntos resolutivos y entregarlos a la representación social.
Audiencia privada
25.5. Respecto de la primera forma, detalló que los artículos 67 y 143 de la legislación adjetiva, estatuyen que tratándose de órdenes de aprehensión su emisión deberá ser de manera verbal y surtirá efectos a más tardar al día siguiente de su deliberación, debiendo, a su vez, constar por escrito.
25.6. Expresó que el artículo 16 constitucional y el diverso 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen el derecho a la libertad personal de las personas y regulan los supuestos para su ejercicio; sin embargo, precisó que el precepto constitucional prevé algunas excepciones al ejercicio de dicha prerrogativa, como los es la orden de aprehensión.
25.7. Sobre ésta última, el Tribunal contendiente expuso que dicha medida restrictiva es una manera de conducción del imputado al proceso penal y para su emisión, además de los requisitos de forma analizados, se debe cumplir con otros elementos materiales.(16)
25.8. Así, adujo que la resolución a la que hace alusión el precepto 143 de la legislación procedimental, en la que el Juez de Control deberá expresar el fundamento legal y los motivos por los que libró ese mandamiento es compatible con el artículo 16 constitucional que dispone que en los procedimientos regidos por la oralidad basta que exista constancia por cualquier medio, en ese caso, en videograbación.
25.9. En esa tesitura, el Tribunal Colegiado en disputa agregó que además de dictar resolución de manera oral, deberá proporcionar a los agentes ministeriales una constancia con los puntos resolutivos de la determinación oral y datos mínimos, acompañada del registro audiovisual de la audiencia privada, que permita la plena identificación del imputado para su captura. Consideraciones que sustentó con los criterios aislados 1a. XXVIII/2019 (10a.)(17) y 1a. XXIX/2019 (10a.),(18) ambos de la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
25.10. Abundó que, lo anterior es congruente con los principios de oralidad e inmediación(19) que rigen el sistema de justicia penal, los cuales, indican que toda audiencia se desarrollará de manera oral y en presencia de la persona juzgadora y que, en ningún caso, podrá delegarse en otra la admisión, desahogo o valoración de pruebas, ni la emisión o explicación de la resolución respectiva, lo cual, deberá quedar asentado en un medio de audio y video.(20)
Sistema informático
25.11. En otro plano, el órgano colegiado explicó que la emisión de la orden de aprehensión también puede librarse mediante sistema informático, en el cual, el juez de control –al igual que en audiencia privada– prevendrá al fiscal para que realice las precisiones o aclaraciones correspondientes; aunado que, podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o la participación que tuvo el imputado.
25.12. En esa guisa, expresó que en el referido sistema debe existir una interacción o comunicación directa que constituye el flujo de información entre el emisor y receptor, es decir, entre dos sujetos procesales: representante social y Juez de Control. Así, el objeto de ese medio tecnológico se focaliza en la emisión de la orden de aprehensión; principalmente, a través de la cual, el operador judicial podrá realizar una correcta clasificación jurídica distinta a los hechos planteados o, en su caso, prevenir al representante social.
25.13. De lo anterior, determinó que de un análisis a los preceptos 67 y 143 de la legislación adjetiva nacional antes citados, se desprende que las órdenes de aprehensión deben emitirse de forma oral en audiencia privada en los términos apuntados, con independencia de que después quede registro de la misma o por el sistema informático antes referido. (21)
25.14. Sentadas las consideraciones anteriores, el Tribunal Colegiado al resolver sendos recursos de revisión precisó que, en los procesos penales de origen, los agentes del Ministerio Público solicitaron –correlativamente– a diferentes jueces de control la emisión de una orden de aprehensión por escrito; y los juzgadores la emitieron de esa misma forma, no a través del sistema informático, ni en audiencia privada, como lo prevé el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
25.15. Circunstancia que, además de trastocar la formalidad exigida por el precepto 16 constitucional, también evidenciaba una violación a una formalidad de todo procedimiento prevista en el diverso 14 constitucional que establece que todo acto privativo debe seguirse a través de un juicio ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.(22)
25.16. En relatadas consideraciones, determinó que no resultaba viable analizar la resolución escrita dictada por las autoridades responsables, puesto que las órdenes de captura no fueron libradas bajo alguna de las dos formas que prevé el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(23) lo cual evidencia una formalidad constitucional para su emisión; aunado que, se trastocó el principio de inmediación que permea en el sistema de justicia penal moderno.(24)
25.17. En consecuencia, el Tribunal Colegiado, en lo relativo al tema, revocó las sentencias recurridas y concedió el amparo a los promoventes, para efectos.
25.18. De las consideraciones vertidas en dichas ejecutorias, el órgano colegiado emitió jurisprudencia, preámbulo y contenido de fondo son del tenor siguiente:
"ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. NO DEBE EMITIRSE EN FORMA ESCRITA, SINO EXCLUSIVAMENTE EN AUDIENCIA PRIVADA O POR EL SISTEMA INFORMÁTICO A QUE ALUDEN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, GARANTIZANDO LA ORALIDAD FÍSICA O VIRTUAL.
Hechos: Al resolver la solicitud de orden de aprehensión peticionada por la Fiscalía, el Juez de Control no la emitió por ninguna de las formas establecidas en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, en audiencia privada o mediante el sistema informático respectivo, sino por escrito, en atención a que, a su consideración "no se requería de un debate para el mismo".
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Control, de conformidad con el artículo 143, párrafos segundo y quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe emitir la orden de aprehensión en forma escrita, sino exclusivamente en audiencia privada o a través del sistema informático relativo, garantizando la oralidad (física o virtual), con el fin de que el Ministerio Público pueda realizar las precisiones o aclaraciones correspondientes que le solicite el Juez de Control, a fin de que éste, en su caso, pueda dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvieron los imputados en los mismos.
Justificación: Lo anterior, porque el artículo 143, párrafos segundo y quinto, del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la resolución sobre la solicitud de orden de aprehensión debe emitirse en audiencia privada o por el sistema informático, precisándose que en ambas formas debe existir una intercomunicación entre el juzgador y la Fiscalía durante la emisión de la orden de captura, para realizar precisiones o aclaraciones que solicite el a quo, en la que se privilegie la oralidad; enfatizándose que por el sistema informático, esa comunicación consiste en la interacción de comunicación con flujo de información entre el emisor y receptor, pudiendo tener el Juez de Control y la Fiscalía ambas funciones, al contar con una comunicación activa de información, debiendo emplear la autoridad responsable el sistema aludido que estime pertinente, que contenga los recursos físicos (hardware), lógicos (software) y humanos, por ejemplo, una computadora con un programa de intercomunicación y las personas intervinientes (Juez y fiscal) que hagan uso de los dos recursos anteriores, en la que debe garantizarse la oralidad, ya sea de forma física, en caso de realizarse en audiencia privada, o virtual por el sistema informático que utilicen las partes aludidas, debiendo justificarse lo anterior a través del disco versátil digital (DVD), en caso de audiencia privada, o con la información que justifique qué sistema se utilizó."
Bloque B
Cuestiones preliminares.
26. Este Pleno Regional aprecia que los criterios en disputa a cargo de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito –aquí contendientes– tienen como génesis una plataforma fáctica delictiva idéntica; puesto que, en cada uno de los procesos penales de origen, la Fiscalía General del Estado de Jalisco solicitó, en diversas carpetas de investigación, orden de aprehensión en contra de una misma persona por el delito de fraude genérico previsto y sancionado en los artículos 250 y 251, ambos del Código Penal para el Estado de Jalisco.(25)
27. Por tanto, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidos los segmentos fácticos respecto del hecho típico y las razones que motivaron la protección constitucional en cada uno de los sumarios, como se detallará a continuación.
Antecedentes procesales generales.
28. Amparos indirectos. Una persona promovió sendas demandas de amparo indirecto, en las que reclamó la orden de aprehensión girada en su contra por Jueces de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Distrito Judicial del Estado de Jalisco y su ejecución a cargo de distintas autoridades ministeriales residentes en esa entidad federativa;(26) libelos de las cuales conocieron los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en la citada entidad federativa.
29. Sentencias. Seguido el trámite constitucional en cada uno de los juicios de amparo, los titulares de los Juzgados de amparo al dictar sentencia en los correlativos sumarios negaron la protección constitucional peticionada.
30. Recursos de revisión. Inconforme con cada una de las decisiones adoptadas por los Juzgados de Distrito, el quejoso, por conducto de su apoderado, interpuso sendos recursos de revisión.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
Recurso de revisión 358/2025
31. Radicación. Conoció de uno de los citados medios de impugnación el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, quien lo radicó bajo el consecutivo 358/2025 dentro de su acervo documental.
32. Ejecutoria. Sustanciado el recurso en su trámite normal, el órgano colegiado en sesión ordinaria virtual de doce de marzo de dos mil veintiséis confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo al quejoso.
Consideraciones jurídicas.
33. El Tribunal Colegiado al resolver el medio de impugnación declaró infundados los motivos de disenso desfilados por el imputado, puesto que, estimó que el acto reclamado (orden de aprehensión) colmó las exigencias formales y materiales previstas en el artículo 16 constitucional, así como las insertas en los artículos 141, 142 y, concretamente las del diverso 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
34. Para ello, el órgano colegiado desplegó su análisis de fondo en atención de los múltiples agravios señalados por el imputado en su escrito;(27) sin embargo, para efectos prácticos que nos ocupa en esta contradicción, solamente se analizarán los razonamientos relativos a los requisitos formales en lo que debe constar la resolución relativa al libramiento de una orden de aprehensión previsto en el citado numeral 143 del código adjetivo.
35. Sentado lo anterior, las consideraciones que estableció respecto del tema nodal, se decantaron, sustancialmente, en los siguientes:
35.1. En principio, declaró infundado el agravio del recurrente sin advertir queja que suplir en su deficiencia al sostener que, contrario a lo alegado por el imputado, la orden de aprehensión satisfacía los requisitos de forma y fondo para su emisión, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
35.2. Concretamente, en el tema que nos interesa, el órgano colegiado estimó que resultaba innecesario que el Juez de Control resolviera la solicitud de orden de captura en audiencia privada o a través de un sistema informático con la intervención de la representación social, al no estructurarse, de manera sustancial, un ejercicio de contradicción o debate público entre los sujetos procesales.(28)
35.3. Para dar sustento a esa postura categórica refirió que, en una diversa ejecutoria de su acervo,(29) dicho cuerpo colegiado se pronunció sobre esa facultad jurisdiccional y, la posibilidad de que el libramiento restrictivo constara únicamente por escrito sin necesidad de cuestionar su legalidad; por lo cual, transcribió parte de la ratio decidendi de ese precedente.
35.4. Para ello, en esa reproducción argumentativa precisó que en el sistema de justicia penal mexicano –vigente– es factible que los operadores judiciales emitan sus resoluciones de manera escrita, como una excepción remisoria de la legislación adjetiva.
35.5. Así, explicó de una lectura armónica a los artículos 4(30) y 44 del Código Nacional de Procedimiento Penales, se aprecia que el sistema penal se desarrollará en sus fases de manera oral; en congruencia con ello, indició que el diverso numeral 52 del mismo dispositivo legal(31) establece que las actuaciones procesales deberán ser resueltas por el órgano jurisdiccional a través de audiencia, salvo sus casos de excepción.
35.6. Sobre esta última mencionó que, si el ordenamiento adjetivo no establece que actuación deba estar sujeta al principio de contradicción, es posible que esa providencia se ejecute sin la necesidad de abrir debate; pues, en caso de que sí hubiera una restricción, se estarían afectando los principios de inmediación, inmediatez y sobre todo, oralidad.
35.7. De esa manera, el Tribunal contendiente mencionó de manera enunciativa que, las actuaciones que no requieran de la participación de todas las partes del proceso penal, como lo son: la orden de aprehensión, la autorización de una técnica de investigación antes de judicializado el proceso, la solicitud de audiencia inicial, resguardo de datos de investigación, orden de cateo, entre otras; es factible que su solicitud conste por escrito y que el juzgador lo resuelva de esa manera, sin necesidad de abrir audiencia privada.
35.8. Agregó que en términos del último párrafo, del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que la orden de aprehensión se resuelva por escrito; dado que, ese supuesto normativo dispone que si la "resolución" se registrara por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la citada orden de captura deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.
35.9. Incluso, precisó que lo anterior es congruente con el artículo 17 constitucional que prevé el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita; en el sentido de que las partes no tiene que esperar a la celebración de una audiencia y, por otro, que estén sujetas a la carga del Centro de Justicia Penal para que se les permita el uso de sala.
35.10. Finalmente, resaltó que la potestad de que el juzgador penal pueda emitir una resolución por escrito, no lo exime de verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes al acto sometido a su estudio.(32)
35.11. En virtud de lo narrado, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo al promovente.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.
Recursos de revisión 276/2024, 310/2024 y 255/2025
36. Radicación. De las múltiples sentencias dictadas por los Juzgados de Distrito, en las que se negó la protección constitucional, conoció de tres medios de impugnación el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien los radicó bajo los consecutivos 276/2024, 310/2024 y 255/2025 dentro de su índice administrativo.
37. Sentencias. El Tribunal contendiente al resolver los citados recursos de revisión calificó fundados los agravios esgrimidos en los medios de impugnación referidos, suplidos en su queja deficiente; por lo que revocó los fallos recurridos y, concedió la protección constitucional al recurrente.
38. Consideraciones jurídicas.
39. Como se adelantó en las consideraciones preliminares de este acápite judicial, se observa que, de una lectura acuciosa y apreciación crítica a los razonamientos desplegados por el órgano contendiente, se advierte que, éstos guardan identidad jurídica con los alcanzados por el diverso Primer(33) Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, antes esbozados.
40. Por tanto, en aras de hacer repeticiones innecesarias y para efecto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34242-e3ed0bee/orden-de-aprehension-para-colmar-la-exigencia-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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