DESTITUCIÓN DE PERSONAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS. NO PUEDE EMPLEARSE COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER EFECTIVO EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO, AL TRATARSE DE UNA SANCIÓN DE NATURALEZA DISCIPLINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 66/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: STEFFANO RAFAELLO LÓPEZ MEDRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al dos de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 66/2026, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero(1) y Segundo,(2) ambos en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.
I. TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
1. Denuncia de contradicción. El dieciocho de mayo de dos mil veintiséis, la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito denunció la posible contradicción de criterios entre lo sustentado por ese órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 232/2025 de su índice, frente a lo razonado por el Primer Tribunal Colegiado especializado en las mismas materias y circuito judicial al dictar sentencia en los diversos recursos de revisión 98/2023 y 52/2024.
2. Radicación y admisión. El veinte de mayo de dos mil veintiséis, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional tuvo por recibida la citada misiva; por lo que radicó el asunto bajo el consecutivo electrónico 66/2026 y lo admitió a trámite.
3. Vigencia de criterios. En el mismo proveído, se solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes remitieran la versión digitalizada de sus respectivas ejecutorias, informaran la vigencia de ellas o, comunicaran si habían sido superadas por un diverso criterio; asimismo, se solicitó habilitaran su consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
4. Paralelamente, se pidió al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía algún precedente judicial radicado en ese tribunal constitucional sobre el siguiente tópico:
“DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE APREMIO Y LAS SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 248, PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE PARA EJECUTAR LOS LAUDOS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL BUROCRÁTICO, O SI POR EL CONTRARIO, SE TRATA DE FIGURAS JURÍDICAS DE NATURALEZA DISTINTA Y CON DIVERSA FINALIDAD, POR LO QUE UNAS NO PUEDEN COMPLEMENTARSE CON OTRAS NI APLICARSE PARA UN FIN DISTINTO.”
5. Turno preliminar. Asimismo, en dicha actuación se turnó de manera preliminar el asunto, para su estudio a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, titular de la ponencia “A”.
6. Recepción de informes de vigencia. Por acuerdos de presidencia de veintisiete de mayo(3) y tres de junio de este año, se tuvieron cumplidos sendos requerimientos formulados a los órganos contendientes, quienes convalidaron la existencia de sus criterios y habilitaron el acceso electrónico a las constancias que integran las ejecutorias en controversia.
7. Informe del Tribunal Constitucional. Luego, mediante proveído de diecinueve de junio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el informe del Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual informó que no se había radicado durante los últimos tres meses alguna contradicción de criterios relacionada con el tópico planteado en esta contienda.
8. Confirmación de turno. Finalmente, en esa misma data, al estar debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito su-especializados en las materias de trabajo, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por la especialización y el aspecto territorial.
11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(4) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) al haber sido formulada por la Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, aunado que, así lo decidió el órgano colegiado en sus resolutivos al dictar sentencia en el amparo en revisión 232/2025 de su índice; por lo que es inconcuso que los denunciantes de manera colegiada además de solicitarlo de forma expresa, intervinieron en la decisión de uno de los criterios génesis de la presente contradicción.
13. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(7) el órgano colegiado denunciante pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de sub-especialización (trabajo) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que sus integrantes se encuentran legitimados para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.
14. De ahí que se estime que uno de los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, cuente con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. A continuación, se sintetizarán los antecedentes más relevantes de los casos que dieron lugar a esta denuncia de contradicción de criterios.
A. Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
Recursos de revisión 98/2023 y 52/2024.
16. Los citados recursos de revisión poseen consideraciones similares en virtud de que en cada uno de ellos se declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la Secretaria de Educación Guerrero, relación con el tema que se detallará más adelante; por tanto, en obvio de repeticiones innecesarias, se constriñen a continuación:
17. Petición de imposición de medida para cumplir laudo condenatorio. En dos procedimientos laborales distintos en etapa de ejecución, las partes -actoras- solicitaron, correlativamente, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero aplicara medidas más enérgicas para cumplir un laudo decretado en contra de la Secretaría de Educación Guerrero, en virtud de que, las medidas de apremio (multas) implementadas con antelación no habían sido suficientes para materializar la condena.
18. Así, en las correlativas peticiones, se requirió puntualmente se decretara la destitución del cargo de la persona funcionaria pública, de conformidad con la sanción prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248;(8) peticiones que fueron acordadas en sentido negativo, respectivamente, por el tribunal burocrático guerrerense.
19. Amparos indirectos. En contra de tales proveídos, los operarios promovieron, correlativamente, amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, quienes radicaron los medios de control constitucional(9) y, desplegado el trámite legal concedieron la protección constitucional para el efecto de que, en sustancia, la autoridad responsable dejara sin efecto los proveídos impugnados y ponderaran la aplicación de la destitución antes aludida.
20. Recursos de revisión. Inconforme con ambas determinaciones, la Secretaría de Educación Guerrero (tercera interesada), por conducto de su representante legal, interpuso sendos recursos de revisión; los cuales se radicaron bajo los consecutivos 98/2023(10) y 52/2024, ambos dentro del acervo estadístico del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
21. Sentencias. Finalmente, tramitados los medios de impugnación, en sesiones ordinarias de distintas datas, el Tribunal Colegiado declaró infundado el agravio único de la autoridad tercera interesada; por lo cual, confirmó las sentencias recurridas y convalidó la concesión del amparo a los quejosos, al tenor de los siguientes razonamientos:
21.1. Respecto del tema nodal(11) convalidó la resolución del Juez de Distrito en el sentido de que la autoridad responsable debía dejar sin efectos el auto combatido y apercibir a la demandada al cumplimiento del laudo bajo el apercibimiento relativo a la “destitución” de su titular, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerero, número 248.(12)
21.2. Para ello, el órgano colegiado adujo que de una interpretación literal de los artículos 125 y 126 de la legislación burocrática la autoridad laboral puede imponer multas para hacer cumplir sus determinaciones. Empero, indicó que, del contenido del diverso numeral 127 del mismo ordenamiento se advertía que, tales medidas de apremio no eran limitativas para materializar el cumplimiento de sus laudos; dado que, ese numeral lo faculta para dictar todas aquellas medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para que los laudos se ejecuten de manera eficaz e inmediata.
21.3. En ese sentido, abundó que la autoridad responsable tiene la posibilidad de implementar como medidas para el cumplimiento las sanciones previstas en el capítulo específico de esa legislación, entre ellas, la destitución del cargo de la persona empleada pública.
21.4. En ese orden, expresó que el artículo 138, fracciones I y II, de la legislación laboral guerrerense estatuyen que las infracciones a dicha ley que no tuvieran prevista otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje se castigarían con multa de hasta veinte días de salario mínimo y destitución del servidor público.
21.5. En ese efecto, estableció que el cumplimiento de un laudo involucraba que se acatara en sus términos; de tal manera que, en caso de no hacerse, era evidente que la desobediencia a esa la resolución dictada por tribunal burocrático podía actualizar el que se imponga como medida la destitución del funcionario.
21.6. Agregó que, si los encargados de acatar los laudos emitidos en los juicios laborales en un juicio burocrático son los funcionarios de la entidad de la administración pública demandada, su desacato es una clara desobediencia a una resolución de la autoridad laboral; por lo cual, iteró, era aplicable la fracción II del artículo 138 de la ley en comento, relativa a la destitución.
21.7. Bajo esa óptica, determinó que en ambos asuntos, se justificaba la concesión del Juzgado de amparo, porque, las partes actoras en el juicio natural solicitaron el uso de la medida de apremio diversa a la multa, al ser evidente que aquellas resultaron totalmente ineficaces ante la negativa de la demandada y al no lograrse de manera fehaciente el pago de lo condenado en el laudo.
21.8. En suma, asumió que las medidas de apremio y sanciones previstas en la ley de referencia tienen como finalidad que las autoridades laborales hagan cumplir sus determinaciones, ante la renuencia de las partes de acatarlas; de ahí que, el Tribunal en disputa indicara que no podía hacerse una distinción en su aplicación, en el que no se había logrado vencer la contumacia de la demandada, para que cumpliera con el laudo.
21.9. En virtud de lo anterior se declaró infundado el único agravio de la Secretaría tercera interesada y se confirmaron las sentencias recurridas.
B. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
Recurso de revisión 232/2025.
22. Petición de imposición de medida para cumplir laudo condenatorio. El apoderado legal de una persona beneficiaria -de un extinto trabajador- solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero aplicara medidas más severas para cumplir el laudo favorable obtenido en contra de la Secretaría de Educación Guerrero, entre ellas: la sanción relativa a la destitución del cargo de la persona funcionaria pública, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerero, número 248.
23. Por acuerdo dictado en el expediente laboral -en etapa de ejecución de laudo- el tribunal burocrático guerrerense negó a la parte peticionaria acordar de manera favorable su solicitud.
24. Amparo indirecto. En contra de ese proveído, la beneficiaria del trabajador promovió el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien, sustanciado el medio de control constitucional en sus fases legales, concedió la protección constitucional para que la autoridad responsable dejara sin efectos el acuerdo impugnado y, emitiera uno nuevo con libertad de jurisdicción dejara sin efectos el proveído impugnado y ponderara la aplicación de la destitución antes referida.
25. Recurso de revisión. Inconforme, la autoridad tercera interesada Secretaría de Educación Guerrero, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de revisión; el cual fue radicado bajo el número 232/2025 dentro del acervo documental del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito.
26. Sentencia. Finalmente, tramitado el medio de impugnación, en sesión ordinaria de once de mayo de dos mil veintiséis, el Tribunal Colegiado en disputa declaró fundado el agravio único de autoridad tercera interesada; por lo cual, revocó la sentencia recurrida y negó el amparo a la parte quejosa, al tenor de los siguientes razonamientos:
26.1. Determinó correcta la decisión de la autoridad responsable en el sentido de negar la solicitud de apercibir a la demandada con la “destitución” de su titular, al no ser ésta una medida de apremio contemplada por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, para hacer cumplir un laudo condenatorio; por lo cual, explicó las diferencias sustanciales entre medidas de apremio y sanciones.
26.2. Respecto de las medidas de apremio precisó que se encuentran reguladas en los artículos 125, 126 y 128 de la legislación burocrática(13) en el capitulado relativo “De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos”; las cuales, establecen la potestad del tribunal burocrático de imponer multas, así como de promover de manera eficaz e inmediata la ejecución de los laudos en la forma y términos que a su juicio estime pertinentes. Además, esbozó que éstas fueron creadas para obligar a una persona a comparecer, realizar o abstenerse de hacer algo.
26.3. Por su lado, sobre las sanciones refirió que se encuentran reguladas en el numeral 138 del mismo ordenamiento legal, dentro del acápite intitulado: “De las Sanciones”,(14) mismas que dotan al tribunal estatal de imponer multas y la destitución del funcionario público, sin responsabilidad para la dependencia, cuando la ley no prevea una infracción distinta a las reguladas o ante la desobediencia de una conducta.
26.4. Superada esa acotación, el órgano colegiado afirmó que la distribución por título y capitulado permite concluir que se tratan de figuras legales con naturaleza distinta y finalidad propia. Es decir, indicó que, al existir un capítulo especializado para cada una de ellas, no es posible acudir a la destitución (como sanción) para hacer efectivo el cumplimiento de un laudo condenatorio.
26.5. Agregó que, la aplicación de la sanción para ejecutar una resolución condenatoria implicaría trastocar el principio de tipicidad y de estricta aplicación que rige la hermenéutica de norma que crean sanciones para un fin determinado, incluso, mencionó que se otorgarían facultades a la autoridad que no fueron consideradas de manera expresa por el legislador ordinario.
26.6. Concretamente, estableció que la sanción por desobediencia implica que el tribunal advierte que la conducta de una persona requerida para dar cumplimiento ha sido renuente de manera sistemática, pues, “a pesar de haberse realizado diversos requerimientos e impuesto las multas y demás medidas de apremio no se logra vencer la resistencia injustificada a cumplir con la resolución judicial”; por ende, le corresponderá al tribunal determinar si en el caso corresponde imponer la sanción de desobediencia, sin confundirla con una medida de apremio más.
26.7. Bajo esa línea, estimó correcta la decisión de la autoridad responsable, pues, como mencionó, no es factible imponer como medida de apremio una sanción (destitución) en el procedimiento laboral burocrático en función de que cada una de las figuras jurídicas persigue una finalidad distinta y no pueden complementarse con otras ni aplicarse para un fin diverso a los previstos.
26.8. Por lo cual, estimó aplicable su criterio aislado XXI.2o.C.T.16 L (11a.), que de rubro y contenido dice:
“MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE GUERRERO. SON FIGURAS JURÍDICAS DE NATURALEZA DISTINTA Y CON DIVERSA FINALIDAD, POR LO QUE UNAS NO PUEDEN COMPLEMENTARSE CON OTRAS NI APLICARSE PARA UN FIN DISTINTO.
Hechos: Un trabajador solicitó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero la destitución del servidor público demandado como sanción por no cumplir con la ejecución del laudo. La autoridad responsable negó la solicitud, por lo que aquél promovió juicio de amparo indirecto; el Juez de Distrito concedió el amparo y ordenó la destitución. Contra esa resolución el demandado interpuso recurso de revisión.
Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las medidas de apremio y las sanciones en el procedimiento laboral burocrático en el Estado de Guerrero son figuras jurídicas de naturaleza distinta y con diversa finalidad, por lo que unas no pueden complementarse con otras ni aplicarse para un fin distinto.
Justificación: Ello es así, ya que los artículos 127 y 138 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, se encuentran en títulos diversos y, al existir un capítulo especial de medidas de apremio y ejecución, no es posible aplicar la sanción de un capítulo diverso para obtener la ejecución de los laudos. Esto es, los medios de apremio establecidos en el título noveno, capítulo cuarto, constituyen la forma creada para que la autoridad obligue a una persona a comparecer, realizar o abstenerse de hacer algo, mientras que las sanciones a las que se refiere el título décimo primero, capítulo único, son la consecuencia de desobedecer una resolución del tribunal o se imponen a quienes infringen las disposiciones que las conforman. Esto es, la naturaleza de ambas figuras diverge, pues mientras las primeras implican un medio para hacer cumplir determinaciones de la autoridad, las segundas son la consecuencia de una conducta de desobediencia.”
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
27. La mecánica para emprender este estudio debe abordarse desde la necesidad de unificar posiciones jurídicas en la región, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía y a las personas juzgadoras.
28. Por cuestión de método en su análisis, lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas; por lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, será suficiente identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
29. Lo anterior tiene sustento con lo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(15) que en su contenido, dispone:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”
30. Además, sirve de apoyo la tesis aislada P. XLVII/2009(16) que establece:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otras posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan”.
31. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes y no en los resultados; entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:
I. Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado.
II. Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se debe encontrar algún punto de toque, es decir, que exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
III. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
32. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas; metodología que se adecua a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34351-baf06d0e/destitucion-de-personas-funcionarias-publicas-no-puede-emplearse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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