COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ARTÍCULO 83, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO O SEMIESPECIALIZADO EN ESA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 76/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: STEFFANO RAFAELLO LÓPEZ MEDRANO.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al dos de septiembre dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 76/2026, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Decimoprimero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
I. TRÁMITE DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
1. Denuncia de contradicción. Por oficio de veintidós de mayo de dos mil veintiséis, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo con sede en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito(1) y el Decimoprimer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito judicial.(2)
2. Radicación y admisión. Por acuerdo de tres de junio de este año, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la radicó bajo el consecutivo electrónico 76/2026.
3. Vigencia de criterios. En el mismo proveído, se solicitó a la presidencia de los tribunales contendientes remitieran la versión digitalizada de sus respectivas ejecutorias, informaran la vigencia de ellas o, comunicaran si habían sido superadas por un diverso criterio; asimismo, se solicitó habilitaran la consulta electrónica de los criterios en disputa a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
4. Simultáneamente, se solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía algún precedente judicial radicado en ese tribunal constitucional sobre el siguiente tópico:
"DETERMINAR QUIÉN DEBE CONOCER DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 83 DEL REGLAMENTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS, ATRIBUIDO A LA DIRECCIÓN Y SERVICIOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS COMO AUTORIDAD RESPONSABLE."
5. Turno preliminar. En consecuencia, en el mismo acuerdo se turnó de manera preliminar el asunto, para su estudio a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta, titular de la ponencia "A".
6. Recepción de informes de vigencia. Por determinaciones de Presidencia de este Pleno Regional de doce y quince de junio de dos mil veintiséis,(3) se tuvieron cumplidos, respectivamente, los requerimientos formulados a los órganos contendientes en auto admisorio.
7. Informe del Tribunal Constitucional. Después, por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el informe del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual informó que no se había radicado durante los últimos tres meses alguna contradicción de criterios relacionada con el tópico planteado en esta contienda.
8. Confirmación de turno. Finalmente, en auto de veintitrés de junio de dos mil veintiséis, al estar debidamente integrado el expediente, se confirmó el turno electrónico para la elaboración del proyecto de sentencia.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1o., fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1o., fracción II, punto 1 y 2o. del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
10. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito especializados en las materias de trabajo y penal, respectivamente, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por la especialización y el aspecto territorio.
11. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio(4) de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
III. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) al haberse formulado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; aunado que, el citado operador judicial conoció de uno de los medios de control constitucional que motivó –en vía de controversia competencial– uno de los postulados aquí en contienda.
13. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(7) el Juzgador denunciante y su área de especialización (laboral) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo cual, se encuentra legitimado para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, al integrante de tal órgano se le otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.
14. De ahí que el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México cuente con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. A continuación, se sintetizarán los antecedentes más relevantes de los casos que dieron lugar a esta denuncia de contradicción de criterios.
A. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Conflicto competencial 12/2026
Antecedentes procesales.
16. Amparo indirecto. Una persona, en su carácter de jubilado promovió amparo indirecto en contra de la Dirección de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a quien le atribuyó de manera destacada el siguiente acto:
"LA NORMA GENERAL, ACTO, OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME;
En el artículo 83 penúltimo párrafo del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, que ordena la exclusión de incrementos a jubilaciones vigentes con base en la homologación con un tabulador que regula remuneraciones de trabajadores activos en clara contravención con el artículo 14 constitucional causándome consecuencias en detrimento de mi esfera jurídica."
17. Radicación e incompetencia por declinatoria. El veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, radicó el expediente ********** dentro de su acervo documental y declinó la competencia en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno.(8)
18. Rechazo de la declinatoria. Por razón de turno conoció del asunto el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, quien por acuerdo de treinta y uno de marzo siguiente, registró el medio de control constitucional ********** y en dicho proveído rechazó la competencia declinada, bajo el argumento de que el asunto detentaba una naturaleza administrativa; por lo que devolvió el expediente al juzgado de amparo que previno del conocimiento.(9)
19. Insiste en rechazo y eleva asunto a conflicto competencial. Recibidos los autos, por auto de ocho de abril de dos mil veintiséis, el Juzgado de Distrito Auxiliar insistió en carecer de competencia y, reiteró que, desde su perspectiva, el quejoso reclamó la aplicación de un ordenamiento emitido por Petróleos Mexicanos que impacta con el ajuste de pensiones y no se vincula con el tema de remuneraciones de los servidores públicos, tópico respecto del cual sí cuenta con competencia cualitativa; por tanto, elevó el asunto a conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en turno.
20. Conflicto competencial. El dieciséis de abril de dos mil veintiséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, radicó el conflicto competencial 12/2026 dentro de su acervo documental y se avocó a su conocimiento.
21. Sentencia. Seguido el trámite legal, en sesión virtual de ocho de mayo de dos mil veintiséis, el Tribunal contendiente dictó sentencia en la que determinó que era legalmente competente para conocer del asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno; es decir, un órgano jurisdiccional distinto a los contendientes en ese sumario (tercero).
22. Consideraciones jurídicas. Las consideraciones legales que desplegó el tribunal en disputa para fincar la competencia en favor de un tercer órgano jurisdiccional –distinto a los contendientes en ese asunto– se constriñen en las siguientes:
22.1. En principio, el tribunal en disputa puntualizó que el artículo 17 constitucional prevé la garantía de seguridad jurídica como un principio rector de la administración de justicia y, a partir de ese postulado, anunció que no se encontraba obligado en fincar el conocimiento del asunto entre alguno de los dos Juzgados de Distrito en pugna en ese sumario.(10)
22.2. En congruencia con ello, asumió que en el caso particular la competencia jurisdiccional para conocer del libelo constitucional surtía en favor de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, debido a la especialización y campo de la ciencia jurídica en la que se ubica la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo.
22.3. Para ello, refirió que la distribución de los órganos jurisdiccionales especializados puede dar origen a conflictos competenciales; empero, para solventar esa inquietud dijo que, en criterio del Pleno del Alto Tribunal se debe atender a la naturaleza de la acción que motivó el conflicto competencial, misma que puede identificarse preponderantemente a partir del análisis de la demanda de amparo y prescindiendo de la relación jurídica de las partes.(11) Además arguyó que, la otrora Segunda Sala constitucional en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009(12) fue categórica al expresar que la competencia por razón de materia de los Juzgados de Distrito (sic) se debe determinar de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.
22.4. Sentado lo anterior, detalló que el conflicto sometido a su potestad se planteó por cuestiones materiales entre el campo administrativo y del trabajo. Bajo esa óptica indicó que los artículos 54 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en las citadas materias.
22.5. Después, dijo que en el juicio de origen la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad de un precepto del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, al estimar que, su aplicación afectaba sus derechos pensionarios al impedirle gozar de un ajuste anual a dicha prerrogativa de seguridad social, lo cual incidía con un aspecto estrictamente administrativo.
22.6. Acotado ese punto, refirió que de una lectura al artículo 27 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos(13) se apreciaba que el Presupuesto de Egresos de la Federación debía contemplar los montos para el pago de prestaciones de retiro a quienes desempeñaron cargos en el servicio público; de ahí que estimara que el tema reclamado en el medio de control constitucional contrastara con ello y, en consecuencia, denotara un matiz administrativo.
22.7. Incluso, mencionó que la antigua Segunda Sala constitucional al emitir la jurisprudencia 2a./J. 68/2019 (10a.)(14) deducida de la contradicción de tesis 37/2019, del índice de esa Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que son competencia de los órganos jurisdiccionales en materia administrativas aquellos juicios de amparo indirecto en los que se reclaman los decretos en materia de remuneraciones de los servidores públicos,(15) los cuales están ligados, entre otros puntos, con los ingresos y percepciones de los empleados de la Nación; entre ellos, también el tema relativo a pensiones.
22.8. Siguiendo esa línea jurisprudencia expresó que el Tribunal Constitucional fue congruente al estimar que tales ordenamientos tutelaban un bien jurídico de carácter administrativo y en atención a ello, los órganos jurisdiccionales especializados en esa materia eran los legalmente competentes para conocer de los medios de control constitucional en los que se impugnen los anunciados decretos, así como los actos de aplicación que incidan con dicho tópico, por ejemplo: los proyectos de presupuestos, los tabuladores y manuales de remuneraciones y demás percepciones (ordinarias y extraordinarias) y todos los demás actos tendientes a lograr su ejecución.
22.9. Aclarado lo anterior, iteró que en el juicio de amparo de origen se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 83, penúltimo párrafo, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza; por tanto, su aplicación afecta derechos pensionarios al impedirle un incremento anual de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, aunado que, su erogación se encuentra regulada y prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
22.10. En ese sentido, el tribunal en disputa identificó que, bajo las directrices anunciadas y en apego al criterio jurisprudencial referido el acto reclamado se ubicaba en la materia administrativa y, en consecuencia, la competencia para conocer de ese asunto surtía en favor de un órgano jurisdiccional especializado en esa área de la ciencia jurídica; incluso, abundó que se trata de una normatividad que vincula a todo el aparato estatal y de sus empleados públicos, condición que incide en un bien jurídico tutelado por el derecho administrativo.
22.11. Finalmente, aclaro que contrario a lo razonado por el Juzgado de Distrito del Centro Auxiliar, se perdió de vista la naturaleza del acto reclamado, dado que, el quejoso ya contaba con una pensión y solamente se duele de ser excluido de los incrementos anuales antes referidos; por lo cual, puntualizó que dicha determinación competencial no prejuzgaba sobre la procedencia de la acción ejercitada, en tanto que, será hasta el dictado de la resolución definitiva cuando se analicen las peticiones plantada, los hechos controvertidos y las pruebas ofertadas.
B. Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Conflicto competencial 17/2026
Antecedentes procesales.
23. Amparo indirecto. Una persona, por propio derecho y en su carácter de jubilado, promovió amparo indirecto en contra de la Dirección de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), a quien le atribuyó de manera destacada la inconstitucionalidad del artículo 83, párrafo penúltimo del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos.(16)
24. Radicación e incompetencia por declinatoria. Conoció de la demanda el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiséis, lo radicó bajo el expediente laboral ********** dentro de su índice administrativo y declaró carecer de competencia legal para conocer del medio de control constitucional.
25. Ello al estimar que, su competencia cualitativa se focalizaba, sustancialmente, en el trámite, resolución y cumplimiento de sentencias de juicios relativos a las remuneraciones de funcionarios públicos, entre otros.(17) Además adujo que la acción constitucional versaba en la inconstitucionalidad de un precepto del Reglamento de Confianza de Petróleos Mexicanos, el cual contempla, medularmente, los derechos laborales mínimos constitucionales y legales de sus trabajadores; por tanto, declinó la competencia en favor de un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno.
26. Rechazo de la declinatoria. Por gestión documental, el treinta y uno de marzo posterior, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, radicó el sumario ********** y rechazó la competencia declinada, bajo el argumento de que, el acto reclamado no era de naturaleza laboral, sino administrativa, porque, a su juicio, el artículo 83 del Reglamento de Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos regula el mecanismo de actualización de las pensiones con base en disposiciones presupuestarias y de remuneraciones de los funcionarios públicos; de ahí que devolviera el expediente al Juzgado de amparo de primigenio.
27. Insiste en rechazo y eleva asunto a conflicto competencial. En atención a lo que precede, por auto de nueve de abril de dos mil veintiséis, el juzgado auxiliar insistió en carecer de competencia legal para conocer del asunto, al iterar sustancialmente lo narrado en auto inicial; por lo que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno, para sustanciar el conflicto competencial apuntado.
28. Conflicto competencial. Por razón de turno conoció del asunto el Decimoprimer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien registró el conflicto competencial 17/2026 en su índice administrativo y se avocó al conocimiento.
29. Ejecutoria. Seguido el trámite legal, en sesión ordinaria virtual de ocho de mayo de dos mil veintiséis, el órgano colegiado dictó sentencia en la que se determinó por unanimidad, declarar legalmente competente para conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
30. Consideraciones jurídicas. Los argumentos jurisdiccionales, en las que se decantó el órgano jurisdiccional para fincar la competencia en favor del Juzgado de amparo especializado en materia de trabajo radicaron, sustancialmente, en los siguientes:
30.1. A manera de introducción, el tribunal contendiente refirió que en términos de los artículos 54 y 58 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia de un Juzgado de Distrito se cristaliza, preponderantemente, a partir de la naturaleza del acto reclamado.
30.2. En ese orden enfatizó que, según corresponda, la competencia jurisdiccional surtirá en favor de un órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa o del trabajo, circunstancia que, también presupone que no se deberá atender a la relación substancial entre las partes; criterio que sustentó con tesis de jurisprudencia P./J. 83/98,(18) así como el criterio aislado I.6o.T. 278 L.(19)
30.3. Sentado lo anterior mencionó que, en el caso en escrutinio se apreciaba que el quejoso (jubilado) reclamó la inconstitucionalidad del artículo 83, penúltimo párrafo, del Reglamento del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos;(20) numeral que, de manera sistémica remite al diverso 42, último párrafo, del mismo ordenamiento legal.(21)
30.4. Bajo esa óptica, el órgano colegiado narró que de los antecedentes fijados en el escrito de demanda se obtenía que el justiciable es una persona jubilada de Petróleos Mexicanos, lo cual constató con los recibos de pago ofertados en su ocurso inicial. De tal suerte que, a partir de tales circunstancias se advertían dos premisas fundamentales i) El quejoso tiene el carácter de pensionado y ii) la litis constitucional se circunscribe al análisis de la norma impugnada, concretamente, el artículo 83, penúltimo párrafo del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, el cual prevé el mecanismo de ajuste a las pensiones jubilatorias, así como una excepción al mismo.
30.5. Entonces, a partir de ello expuso que, la jubilación es una prestación extralegal prevista en el Contrato Colectivo de Trabajo, mismo que constituye un convenio entre la parte empleadora y el sindicato correspondiente. Por tanto, indicó que la cuestión relativa a las prerrogativas para las pensiones de los trabajos jubilados prevista en la norma reclamada compone un aspecto de índole laboral y no administrativo.
30.6. Silogismo categórico que sustentó con las tesis aisladas PR.L.CS.3 K (11a.)(22) y PR.P.T.CS.1 L (11a.)(23) ambas emitidas por este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur.
30.7. Esbozado lo anterior, el tribunal contendiente anunció que no soslayaba el argumento vertido por uno de los Juzgados de Distrito en conflicto, en el sentido de que, el acto denotaba una naturaleza administrativa (pago de incremento de una pensión) al estar intrínsecamente relacionado con la autorización del gasto público que contemplaba la Ley Federal Presupuestaria y de Responsabilidad Hacendaria en concordancia con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
30.8. Sin embargo, insistió que la jubilación es una prestación extralegal prevista en el contrato colectivo de trabajo que constituye un convenio entre la parte empleadora y el sindicato correspondiente; por lo cual, desde esa óptica, asumió que la cuestión relativa al tema de pensiones de trabajadores jubilados compone un aspecto de tipo laboral y no uno de índole administrativo; silogismo que respaldó con la jurisprudencia PR.L.CS. J/28 L (11a.) emitida por este Pleno Regional.(24)
30.9. En relatadas condiciones, en apego al artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinó que el acto es de naturaleza laboral y, por ende, la competencia jurisdiccional para conocer del juicio de amparo en cuestión surtía en favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; precisando que dicha determinación no implicaba un pronunciamiento sobre el asunto sujeto a escrutinio constitucional, pues lo razonado atendía de los hechos hasta allí expuestos, sin perjuicio de aquellos que se puedan desfilar con posterioridad.
V. ANÁLISIS DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
31. La mecánica para emprender este estudio debe abordarse desde la necesidad de unificar posiciones jurídicas discrepantes en la región y sentar criterios uniformes en la aplicación normativa, puesto que, el objetivo es otorgar seguridad jurídica a la ciudadanía y a las personas juzgadora.
32. Por cuestión de método en su análisis, lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas; por lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que, para que exista una contradicción de criterios, será suficiente identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
33. Lo anterior tiene sustento con lo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(25) que en su contenido, dispone:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
34. De igual forma, sirve de apoyo la tesis aislada P. XLVII/2009(26) que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otras posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34348-2f5f5c3a/competencia-por-materia-para-conocer-del-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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