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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAME A LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE JALISCO LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA A UNA VÍCTIMA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN O DE UNA CARPETA ADMINISTRATIVA JUDICIAL. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO O SEMIESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 85/2026. · Registro digital (IUS): 34349
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-30
Promovente: Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 85/2026. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN, Y DE ALAN ANTONIO MORÁN HERRERA, SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO. PONENTE: VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA. SECRETARIO: VÍCTOR RAÚL CAMACHO SEGURA.

El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Que resuelve la contradicción de criterios 85/2026, suscitada entre el Primer(1) y Segundo(2) Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito.(3)

I. ANTECEDENTES

1. Denuncia de contradicción de criterios. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y el 226 de la Ley de Amparo prevén que, cuando existan criterios discrepantes entre tribunales colegiados de circuito, deberá promoverse la denuncia de contradicción para que el Pleno Regional resuelva cuál criterio debe prevalecer.

2. En ese sentido, mediante escrito signado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, se denunció la posible existencia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial ********** y el recurso de revisión **********, respectivamente. En consecuencia, se actualizó formalmente la procedencia de la denuncia de contradicción de criterios ante este Pleno Regional.

3. Trámite ante este Pleno Regional. El Pleno Regional tiene la obligación de radicar y tramitar las denuncias de contradicción, recabando los informes de los tribunales involucrados y notificando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar si existe jurisprudencia sobre la materia.

4. Por lo anterior, el escrito mencionado fue recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el quince de junio de dos mil veintiséis; por lo que el dieciséis siguiente, la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional radicó la denuncia con el número señalado al rubro, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados contendientes para que remitieran la versión electrónica con firmas, del proveído en el que informaran si el criterio sustentado de su índice seguía vigente; asimismo, remitieran su determinación y pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta del expediente electrónico de tales asuntos, a través del Sistema Electrónico del Órgano de Administración Judicial; además, informaran si existía alguna circunstancia por la cual los asuntos referidos no hubieren causado ejecutoria.

5. De igual forma, ordenó hacer saber al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión de la presente contradicción de criterios para que comunicara si existía precedente obligatorio radicado en ese Máximo Tribunal sobre el tema que se delimitó preliminarmente por presidencia de la siguiente manera: “DETERMINAR SI LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA, DE ASUNTOS EN LOS QUE SE RECLAME LA FALTA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LAS VÍCTIMAS EN UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN O ADMINISTRATIVA, SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, POR PARTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE JALISCO, CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL O EN MATERIA ADMINISTRATIVA”.

6. Por último, se turnó electrónicamente el asunto a la ponencia de la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

7. Posteriormente, en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la Presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, comunicó que se encuentra vigente el criterio sustentado en el recurso de revisión **********; asimismo indicó que el expediente electrónico aludido estaba a disposición de este Pleno Regional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para su consulta.

8. Mediante acuerdo de veintiséis de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio mediante el cual la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito informó que el criterio emitido al resolver el conflicto competencial ********** continúa vigente; asimismo indicó que el expediente electrónico mencionado estaba a disposición de este Pleno Regional para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

9. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiséis, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que refirió que durante los últimos tres meses no había sido radicada en ese máximo tribunal contradicción de criterios alguna en la que el tema fuera el ya precisado en párrafos precedentes.

10. Por lo que, al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

11. No obstante, por proveído de cinco de agosto de dos mil veintiséis se hizo del conocimiento la licencia médica expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otorgada al Magistrado Antonio Salazar López, titular de la ponencia “C” de este Pleno Regional, por lo que se encuentra legalmente imposibilitado para desempeñar las funciones inherentes a su cargo durante el periodo que comprende dicha licencia.

12. En virtud de lo anterior, al no encontrarse integrado este órgano jurisdiccional en los términos previstos por los artículos 17 del Acuerdo General 67/2022, del entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe imposibilidad jurídica para llevar a cabo los actos procesales cuya emisión requiera la participación del Pleno Regional debidamente integrado, en tanto subsista la referida circunstancia.

13. Por tanto, al no encontrarse debidamente integrado este Pleno Regional para resolver de manera colegiada, ante la ausencia por cuestiones médicas de uno de ellos, se ordenó suspender el plazo para emitir la sentencia correspondiente, hasta en tanto este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones jurídicas y materiales para ello.

14. Así, en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiséis se estableció que este Pleno Regional quedaba debidamente integrado para reanudar sesiones, toda vez que el Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación aprobó designar en sesión celebrada el trece de agosto de dos mil veintiséis al Licenciado Alan Antonio Morán Herrera, como persona secretaria en funciones de magistrado, en sustitución del Magistrado Antonio Salazar López, con motivo de su licencia médica, con efectos a partir del catorce de agosto de dos mil veintiséis, mientras subsistan las condiciones o hasta que el Órgano de Administración Judicial así lo determine.

15. De esa manera, se levantó la suspensión decretada en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiséis, por lo que al estar debidamente integrada la presente contradicción, se confirmó el turno electrónico a la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta.

II. COMPETENCIA

16. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1°, fracción III, 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, párrafo primero, del Acuerdo General 67/2022, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales vigente; y en los artículos 1°, fracción II, punto 1 y 2° del Acuerdo General 108/2022, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; ambos, emitidos por el entonces Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

17. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y territorio.

18. Cabe precisar que los acuerdos generales del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal invocados, continúan vigentes en todo lo que no se opongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno transitorio de la citada legislación orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

III. LEGITIMACIÓN

19. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, interviniente en el conflicto competencial y recurso de revisión que motivaron los criterios en disputa, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal(4) y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(5)

20. Además, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales , el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco pertenece a la Región Centro-Sur; y su área de especialización (penal) corresponde a la de este Pleno Regional, por lo que su titular se encuentra legitimado para hacer la denuncia correspondiente; en virtud de que a los órganos judiciales pertenecientes a una determinada región y área de especialización les resulta obligatoria la jurisprudencia emanada del pleno de la región a la que pertenecen, y concomitantemente, a los integrantes de tales órganos se les otorga legitimación para formular las denuncias de contradicción de criterios cuya resolución habrá de fijar un criterio que les será de acatamiento obligatorio para la resolución de los casos sometidos a su potestad.

21. De ahí que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, cuente con plena legitimación para denunciar la presente contradicción de criterios.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

22. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios es pertinente tener en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.

A. Antecedentes que dieron origen al conflicto competencial 5/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

23. Demanda de amparo. El uno de marzo de dos mil veintidós, unas personas solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, de quien reclamaron el auto del veinticinco de febrero de dos mil veintidós con relación al número interno de expediente CEEAVJ/**********/2020 y/o CEEAVJ/**********/2018.

24. Trámite del amparo indirecto. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien lo radicó bajo el expediente 126/2022, y previno a la parte quejosa para que especificara el contenido del acuerdo reclamado.

25. Declinación de competencia. En acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa dando contestación a la prevención realizada y ahí mismo, el órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda presentada y ordenó declinarla al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno.

26. Rechazo de competencia. Por razón de turno le correspondió conocer del asunto al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien lo radicó con el expediente 517/2022, y en acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, no aceptó la competencia declinada y ordenó la devolución de los autos al Juez declinante.

27. Reiteración de incompetencia. Mediante proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco insistió en carecer de competencia legal para conocer del juicio de derechos fundamentales, por lo que ordenó remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en turno a fin de dilucidar el conflicto competencial suscitado.

28. Radicación y resolución del conflicto. Por razón de turno, correspondió conocer del aludido conflicto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo presidente, en acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, lo radicó con el expediente 5/2022 y previo turno que se hiciera del asunto al magistrado relator para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en sesión ordinaria de trece de mayo de la citada anualidad, el pleno de dicho órgano resolvió que sí existió conflicto y estimó legalmente competente por razón de materia al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco para seguir conociendo del juicio de amparo.

• Consideraciones jurídicas respecto al tema de la denuncia que nos ocupa:

29. En el considerando quinto de la ejecutoria en contienda, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estimó que la competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos correspondía al Juez Cuarto de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, para lo cual tomó en consideración las actuaciones del juicio de amparo natural, lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como del diverso libelo aclaratorio y los anexos que presentó, de donde advirtió que el acto reclamado se hizo consistir en “el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintidós” emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Jalisco, en respuesta a los diversos escritos que se le presentaron en los expedientes CEEAVJ/**********/2020 y/o CEEAVJ/**********/2018 conexos y relacionados con las carpetas administrativas ********** y de investigación ********** y su acumulada **********.

30. El Colegiado contendiente estableció que, para determinar la competencia en el conocimiento de los juicios de amparo, así como de los Juzgados de Distrito por razón de la materia debía atenderse a lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada.(6)

31. Así, advirtió que dichos numerales tienen como base fijar la competencia por razón de la materia de los Juzgados de Distrito, la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable, para lo cual, incluso citó las jurisprudencias 83/1998(7) y 145/2015 (10a.)(8) de rubros: “COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES” y “COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA, SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE”.

32. A partir de lo anterior, el tribunal colegiado en contienda reseñó las razones en que se apoyaron el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco para declinar su competencia, y el Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para rechazarla. Hecho lo cual, consideró que asistía razón al órgano jurisdiccional declinado en cuanto sostuvo que el acto reclamado estaba relacionado a la asesoría jurídica que los quejosos -como víctimas del delito- tienen derecho dentro de la carpeta de investigación, por lo cual estimó que la naturaleza del acto era de índole penal.

33. Ciertamente, el tribunal antagónico precisó que del escrito inicial de demanda y anexos que se adjuntaron se advertía que el origen del acto reclamado es la asesoría jurídica que se le está brindando dentro de la carpeta de investigación y carpeta administrativa antes aludidas, pues bastaba imponerse del acuerdo reclamado, para advertir las respuestas y acciones que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, ha realizado a favor de los quejosos, entre ellos la formulación de los escritos necesarios para presentarlos ante las agencias 11 de fraude y abuso de confianza, y 06 de litigación y seguimiento de la Fiscalía del Estado de Jalisco; así como los diversos a fin de que se les dicten las medidas precautorias o cautelares, y la restitución de sus derechos, atento a los artículos 110 y 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

34. Destacó el Colegiado contendiente que, tales acciones van encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de adecuada defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva de los quejosos, dado que el acto que reclamaron se tradujo en la falta de asesoría jurídica durante la integración de una carpeta que se verifica en la etapa de investigación inicial del proceso penal acusatorio y tales derechos están regulados por normas penales sustantivas y adjetivas; como es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales.

35. Incluso, precisó que la jurisprudencia 1/2021, con la cual el juez declinante sostuvo su determinación, no resultaba aplicable al caso en cuanto se refería a un tema distinto relacionado con un procedimiento administrativo que se sigue ante la propia multicitada Comisión Ejecutiva, lo que no sucedía en la especie, pues lo reclamado repercutía en una carpeta de investigación de un procedimiento penal.

36. No obstante ello, trajo a colación algunos razonamientos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso en la ejecutoria génesis de dicha jurisprudencia, los cuales, una vez que transcribió, determinó que el acto reclamado indudablemente se relaciona con un proceso penal, en el que los quejosos manifiestan tener el carácter de víctimas y el acto reclamado se trata de la respuesta a varios escritos en los que han solicitado a la Comisión referida que un asesor jurídico asignado por dicha autoridad intervenga en su favor tanto en las carpetas de investigación como en la carpeta administrativa a las que se ha hecho referencia, todo lo cual ha provenido de un procedimiento penal acusatorio.

37. Por tanto, estimó que el análisis de ese acto necesariamente debe realizarse de acuerdo con las normas penales que lo rigen y que garantizan los derechos de adecuada defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva, cuya protección solicitaron los promoventes del juicio de amparo, contenidas entre otros ordenamientos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no únicamente atendiendo a las disposiciones previstas en la Ley de Víctimas de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, relativas a las atribuciones de la autoridad responsable.

38. De ahí que concluyera que la Juez de Distrito declinante partió de una premisa equivocada al afirmar que no se actualizaban los supuestos del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de un acto formal y materialmente administrativo por relacionarse a una respuesta a diversas solicitudes realizadas directamente a dicha autoridad.

39. En apoyo de lo anterior, citó las jurisprudencias 89/2004(9) y 164/2012(10) emitidas, respectivamente, por las extintas Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafes: “AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA.” y “COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN LAUDO ARBITRAL EMITIDO POR AQUÉLLA, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.”

40. Así como la tesis aislada del Pleno del Máximo Tribunal del país, con epígrafe: “COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN ESA MATERIA EL CONOCIMIENTO DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA QUE DETERMINE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ FACULTADO PARA DICTAR MEDIDAS TENDENTES A ASEGURAR LOS BIENES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO.”(11)

B. Antecedentes que dieron origen al recurso de revisión 86/2026, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

41. Demanda de amparo indirecto. Una persona, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Juez Noveno de Control de Enjuiciamiento Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial, y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ambas del Estado de Jalisco, a quienes reclamó la violación al derecho a la asesoría jurídica de la víctima u ofendido del delito con fundamento en los artículos 20 apartado “C”, fracción I constitucional y 12 fracciones II y IV de la Ley General de víctimas.

42. Trámite y resolución del amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda al Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco, la radicó bajo el expediente 1243/2025, y requirió al quejoso a fin de que aclarara lo siguiente:

“PRIMERO. Manifieste si también reclama el acto que señala en el punto de antecedentes que identifica como ‘3-’;

SEGUNDO. En caso de ser afirmativo, precise si ese acto lo hace consistir en:

a) La omisión de dar intervención a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, en el ámbito de sus atribuciones y facultades como representante, asesor y defensor de la víctima u ofendido del delito conforme a la ley, en la carpeta de investigación **********; o

b) Si consiste en la falta de respuesta o proveído a los escritos que afirma haber presentado en nueve, veintiuno y veintisiete de mayo, cuatro y quince de junio, siete de agosto, once de diciembre (dos escritos), todos de dos mil veinticuatro, así como de seis de enero del año que transcurre, en la carpeta de investigación **********.

[...]

No obstante, en el capítulo que señaló como “ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO”, en lo que interesa en sus puntos 1 y 2, precisa cuales son las omisiones que reclama del Juez Noveno de Control, así como de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco; empero en el 3, pareciere que también se inconforma de la falta de proveído de los ocursos que ahí señala, o en su defecto, de la omisión de dar intervención a la citada Comisión, pero no advierte la certeza de ello; incluso, no se precisa a que autoridad le reclama ello.”

43. Por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo al quejoso aclarando su demanda, respecto de las autoridades responsables y actos siguientes:

“1. Del Juez Noveno de Control y Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, la falta u omisión de garantizar el derecho de asesoría jurídica que le asiste como víctima en la carpeta administrativa **********; y 2. De la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, la falta de asesoría jurídica como víctima en la carpeta de investigación **********, en contravención a sus obligaciones legales al haber sido designada con tal encomienda en la citada indagatoria”

44. Por tanto, se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio legal intervención al agente del ministerio público adscrito y se reservó proveer sobre algún tercero interesado.

45. De esa manera, el veintiséis de enero de dos mil veintiséis, tuvo verificativo la audiencia constitucional y por sentencia de veintiocho del citado mes y año, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo.

46. Interposición y trámite del recurso. Inconforme con la anterior determinación, por escrito presentado el diez de febrero del año que transcurre, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer por razón de turno, al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien lo radicó con el número 66/2026, y mediante proveído de cuatro de marzo siguiente, ordenó la remisión del recurso al Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, en virtud de que advirtió que dicho órgano conoció de un diverso recurso de queja 36/2026, que derivó del juicio de amparo 1243/2025, el cual también emana el recurso de revisión.

47. Así, mediante acuerdo de presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, se aceptó el returno planteado y se radicó el recurso con el expediente 86/2026 avocándose a su conocimiento.

48. Resolución del recurso. Previo turno que se hiciera del asunto al magistrado relator, en sesión ordinaria virtual de veintiocho de mayo de dos mil veintiséis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco dentro del juicio de amparo 1243/2025 dejara insubsistente el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, y dictara uno nuevo en el cual admitiera la demanda de amparo únicamente por lo que ve el acto reclamado al Juez Noveno de Control Enjuiciamiento Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial y por lo que ve al diverso acto reclamado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, ordenara remitir copias certificadas de la demanda y del escrito aclaratorio y de sus anexos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco en turno; hecho lo anterior, celebrara la audiencia constitucional y dictara la sentencia correspondiente en la que reiterara las consideraciones respecto del Juez Noveno de Control Enjuiciamiento Justicia Integral para Adolescentes adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial y del acto que se le reclamó.

• Consideraciones jurídicas respecto al tema de la denuncia que nos ocupa:

49. En el considerando séptimo, una vez que el tribunal antagónico sintetizó los actos reclamados hechos valer por el quejoso recurrente, estimó improcedente analizar los agravios formulados, ya que en términos de la fracción IV, del artículo 93, de la Ley de Amparo,(12) advirtió que en el caso, se actualizó una violación a las reglas que norman el procedimiento del juicio de amparo que trascendían al resultado del fallo, lo que ameritó, en su opinión, reponer el procedimiento; lo cual apoyó en la jurisprudencia de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “PROCEDIMIENTO. SÓLO DEBE REPONERSE CUANDO LA VIOLACIÓN AL MISMO TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA”.

50. Al efecto, el colegiado contendiente consideró que el Juez de Distrito debió declararse incompetente para conocer de la demanda de amparo respecto del acto reclamado a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco; y ordenar su remisión a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, para su conocimiento y resolución.

51. Lo anterior, en cuanto que el órgano colegiado refirió que, el acto reclamado consiste en “la falta de asesoría jurídica como víctima en la carpeta de investigación **********”, en contravención a sus obligaciones legales al haber sido designada con tal encomienda en la citada indagatoria respecto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, de modo que el tribunal consideró que la naturaleza del acto era meramente administrativo; en consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se surte alguno de los supuestos de la competencia en favor de un Juzgado Especializado en Materia Penal.

52. Señaló que en la demanda de amparo, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco se le reclamó un acto de manera unilateral, esto es, la falta de asesoría jurídica a la víctima y no bajo la orden de la autoridad judicial señalada también como responsable.

53. Por tanto, estimó que el referido acto reclamado se atribuye a una autoridad administrativa con motivo del desempeño de sus funciones, lo cual resultaba ajeno a la integración de una carpeta de investigación, por ello, consideró que la competencia para conocer de dicho acto recaía en un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por razón de la materia.

54. Para arribar a dicha determinación, el tribunal colegiado contendiente, en principio seña

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34349-140b0d21/competencia-por-razon-de-materia-para-conocer-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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