DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA CON FIRMA AUTÓGRAFA EN COPIA SIMPLE A TRAVÉS DEL BUZÓN JUDICIAL. EL JUZGADO DE DISTRITO DEBE PREVENIR A LA PARTE PROMOVENTE PARA QUE EXHIBA EL ORIGINAL CON FIRMA AUTÓGRAFA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 86/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA VANESSA HEIDI NAMBO HUERTA Y DE LOS MAGISTRADOS RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN Y ANTONIO SALAZAR LÓPEZ. PONENTE: MAGISTRADO RODOLFO ALEJANDRO RAMOS SANTILLÁN. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 86/2025, suscitada entre el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito(1) y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito.(2)
El aparente problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se estableció de la siguiente manera: “DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, PRESENTADA A TRAVÉS DEL BUZÓN JUDICIAL. DETERMINAR SI AL CARECER DE FIRMA AUTÓGRAFA ORIGINAL PROCEDE DESECHARLA O REQUERIR AL PROMOVENTE”.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El quince de abril de dos mil veinticinco, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 36/2025, así como el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 311/2014, y el emitido por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 178/2023.
2. Del asunto conoció originariamente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo radicó bajo el número de contradicción de criterios 101/2025, y en sesión de nueve de julio de dos mil veinticinco, estimó que no existía un punto de toque entre los criterios adoptados por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito (Región Centro- Norte) y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Región Centro Sur), toda vez que ambos órganos jurisdiccionales se enfrentaron a problemas jurídicos distintos.
3. A su vez, estableció que en cuanto a la posible contradicción de criterios adoptados por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito al resolver el recurso de queja 36/2025, así como el emitido por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el diverso recurso de queja 178/2023, correspondía a este Pleno Regional dilucidar el tema, debido a que ambos órganos pertenecían a la Región Centro Sur.
4. Trámite ante este Pleno Regional Una vez recibida la ejecutoria de referencia, por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 86/2025.(3)
5. En el mismo proveído, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran las versiones digitalizadas de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustentara el nuevo criterio. De igual manera, se requirió que se pusieran a disposición de este Pleno Regional la consulta de los expedientes electrónicos respectivos.
6. Turno. En esa misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, a la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar, entonces titular de la ponencia “B”.
7. Vigencia de criterios. Por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional tuvo a los órganos contendientes informando que los criterios adoptados en sus respectivas resoluciones continuaban vigentes, así como la habilitación de las constancias a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
8. Integración del Pleno Regional. Mediante auto de diecinueve de septiembre del año en curso, se precisó que de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, por el que se adscriben a las personas electas en el Proceso Electoral Extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025; asimismo, se comisionan, reubican y readscriben, a personas funcionarias de los órganos jurisdiccionales, se designan y, en su caso, prorrogan a personas secretarias en funciones de personas juzgadoras”, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, queda integrado a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco, por la Magistrada Vanessa Heidi Nambo Huerta (Ponencia A), así como por los Magistrados Rodolfo Alejandro Ramos Santillán (Ponencia B) y Antonio Salazar López (Presidente y Ponencia C).
9. Returno. En esa misma determinación, con fundamento en el Artículo Quinto Transitorio del mencionado Acuerdo General, se ordenó returnar el asunto para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente, al Magistrado Rodolfo Alejandro Ramos Santillán.
10. Informe del Alto Tribunal. En proveído de veintinueve de septiembre siguiente, el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que en los archivos internos del Alto Tribunal, no existía contradicción de criterios que guardara relación con el tema a dilucidar en este asunto.
11. Confirmación de turno. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el presente asunto, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
12. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el treinta de septiembre de dos mil veinticinco.
II. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39, fracción I y, artículo Décimo Noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(6) 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
14. No pasa inadvertido para este Pleno Regional que los acuerdos generales invocados para fundar su competencia fueron emitidos por el Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, por disposición expresa del artículo Décimo Noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, esos instrumentos normativos continuarán vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a dicha ley, hasta en tanto el Órgano de Administración Judicial y el tribunal de Disciplina Judicial emitan sus propios acuerdos.
15. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados, sobre los que este Pleno Regional ejerce jurisdicción por materia y por territorio.
16. Además, en el particular, es conveniente precisar que la competencia de trato fue fincada a este Pleno Regional directamente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de criterios 101/2025, en sesión de nueve de julio de dos mil veinticinco, tal como se precisó anteriormente.
III. LEGITIMACIÓN
17. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(7) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III(8) y 227, fracción III(9) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, el que resolvió el amparo indirecto 299/2025, que dio origen a uno de los criterios que contiende en el presente asunto.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
18. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente traer a contexto los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas.
19. Criterio del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Ciudad de México), al resolver el recurso de queja 178/2023.
19.1 Juicio de amparo indirecto. El cuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria y de Hacienda promovió juicio de amparo indirecto contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades.
19.2 Desechamiento. Correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien la registró con el número 3184/2023, y en proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu y 113, todos de la Ley de Amparo, la desechó de plano.
19.3 Lo anterior, en virtud de que el escrito inicial había sido presentado en copia simple, esto es, carecía de la firma original del promovente, de tal manera que no se tenía la certeza de la voluntad del interesado en el ejercicio de sus derechos; para corroborar su determinación, la persona juzgadora citó la tesis de rubro: “DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA.”(10)
19.4 Recurso de queja. En desacuerdo con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y, en auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y lo registró con el número 178/2023.
19.5 En sesión de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, dicho Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el medio de impugnación interpuesto, bajo las consideraciones torales siguientes:
19.6 De inicio, calificó de fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, aunque suplidos en su deficiencia, para ello, se estableció como marco normativo aplicable del asunto:
19.7 El principio de instancia de parte, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, a través de los cuales se estipula que el juicio de amparo únicamente puede instarse por la persona que aduce una afectación en sus derechos.
19.8 El principio de tutela judicial efectiva, previsto en el ordinal 17 constitucional, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone la necesidad de reducir los obstáculos del acceso a la justicia, como excesivas formalidades e inadecuada interpretación y aplicación de normas.
19.9 El principio pro actione previsto en el numeral 17, párrafo tercero constitucional y, proveniente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que ha sido materia de análisis por el Alto Tribunal al resolver el amparo en revisión 271/2016, la contradicción de tesis 96/2022, el recurso de reclamación 66/2021, derivado de la acción de inconstitucionalidad 91/2021, sentencias en las cuales se indicó que dicho principio debe entenderse en el sentido de que, en caso de duda, se debe favorecer la interpretación que mejor asegure el acceso a la justicia, optando por que los justiciables accedan a los mecanismos de tutela de sus derechos.
19.10 Enseguida, el órgano colegiado sostuvo que el actuar de la Juzgadora fue incorrecto al desechar de plano la demanda de amparo indirecto, toda vez que pasó por alto que la presentación en copia simple pudo haber sido un error, aunado a que esa situación es propia de un indicio o duda genuina sobre la intención del quejoso para promover la acción biinstancial.
19.11 Que lo legal era haber requerido a la parte promovente para que exhibiera el escrito con la firma autógrafa respectiva, lo que a su vez, colmaría la duda sobre la voluntad manifiesta para instar el juicio de amparo, aunado a que actuar en ese sentido resultaba acorde con el principio pro actione al impedir obstáculos formalistas o rigoristas que impidieran un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia planteada.
19.12 El Tribunal Colegiado estableció que la observancia del artículo 17 constitucional, es de suma importancia, pues debe apreciarse que contiene un fin supremo esencial como lo es la impartición de justicia en el juicio de amparo, cuya tramitación debe tornarse sencilla y de fácil acceso para todos los particulares.
19.13 Además de ello, asentó que de conformidad con lo dispuesto en el “Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo”, la forma actual de presentación de las demandas, a través de su depósito en el buzón judicial, tanto en casos urgentes como no urgentes, así como la verificación sobre la firma, integración y dirección, correspondía a los propios usuarios, en tanto que en este caso no mediaba el ejercicio del personal técnico capacitado para tal efecto, por lo que la cuestión atinente a la presentación de la copia del escrito inicial, pudo deberse a un mero error de presentación, que en todo caso podría ser subsanable vía requerimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo.
19.14 En efecto, el Tribunal dispuso que atendiendo al marco normativo propuesto y a las particularidades del asunto, la presentación de la demanda de amparo indirecto en copia simple, a través de su depósito en el buzón judicial, consistía en un posible error humano subsanable vía requerimiento, toda vez que partiendo de la buena fe que impera en el juicio biinstancial, era factible presumir que derivado de la mecánica de presentación de los escritos a través del mencionado buzón, los justiciables incurrieran en el error de ingresar la copia fotostática y llevarse consigo el original.
19.15 Se estimó también que tal error en modo alguno configuraba un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como inadecuadamente lo precisó la persona Juzgadora de Distrito, en tanto que no se dio la oportunidad para que la parte promovente indicara si se trató de un error de presentación, habida cuenta de que existían indicios de ello; finalmente, se asentó que no resultaba aplicable al caso el criterio de rubro “DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA” citado por el A quo, porque éste hace alusión a un supuesto jurídico en el que no existen indicios y, que en el caso en concreto sí los había.
19.16 Por dichos motivos, concluyó que era procedente declarar fundado el recurso de queja y, devolver los autos al Juzgado de Distrito para que en todo caso requiriera al promovente y le otorgara la posibilidad de estar en aptitud de presentar el escrito inicial de demanda con la firma autógrafa en original.
20. Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito (Villahermosa, Tabasco), al resolver el recurso de queja 36/2025.
20.1 Juicio de amparo indirecto. Una persona por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto contra el Teniente Coronel de Justicia Militar en su calidad de Juez Militar de Control de la Séptima Región Militar (sic) y, otras autoridades.
20.2 Desechamiento. De la demanda en comento correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien la registró con el número 299/2025 y, por determinación de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la desechó de plano, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, esto es, por falta de instancia de agravio personal y directo.
20.3 Al respecto, indicó de manera específica que, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto, se advertía que el ocurso no contaba con la firma autógrafa en original de la parte promovente, que incluso dicha situación había quedado asentada por el oficial de partes de la adscripción y por el personal que elaboró la papeleta de turno respectiva, de los que se desprendía que la demanda había sido presentada a través del buzón judicial en copia simple.
20.4 Enseguida explicó que la firma autógrafa consistía en la expresión de la voluntad de las partes al ejercer un derecho, y que ante su ausencia no había manera de tener certeza sobre la voluntad del promovente al instar el juicio biinstancial, lo que denotaba también una falta de interés jurídico o legítimo, al no demostrarse la existencia de derecho subjetivo o legítimo individual o colectivo que produjera una afectación real y actual en su esfera jurídica.
20.5 Aseguró que no procedía prevenir al promovente, toda vez que la falta de firma autógrafa en original no se trataba de una omisión de los requisitos, ni tampoco de una irregularidad en términos de lo establecido en los artículos 108 y 114 de la ley de la materia, por lo que desechó la demanda.
20.6 Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, del que por razón de turno correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, el que por auto de seis de marzo de dos mil veinticinco, lo admitió a trámite y lo registró con el número 36/2025.
20.7 En sesión de tres de abril de dos mil veinticinco, dicho Tribunal Colegiado de Circuito declaró infundado el recurso de queja interpuesto, al tenor de las consideraciones siguientes:
20.8 Sostuvo que la determinación adoptada por la persona Juzgadora de Distrito era correcta y que en el caso no era procedente prevenir a la parte quejosa en términos de lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo para subsanar la irregularidad advertida, toda vez que dichos preceptos no contemplan esa posibilidad ante la falta de firma autógrafa del escrito inicial de demanda, aunado a que era obligación del quejoso cumplir con el principio de instancia de parte agraviada, manifestando su voluntad de instar el juicio de amparo indirecto.
20.9 El Tribunal señaló que la firma autógrafa constituye un requisito esencial y que su falta no es subsanable, a través de un requerimiento o una prevención y, que la legislación solo opera en relación con algunas irregularidades remediables, tales como los datos de identificación, fechas o domicilios, los que en modo alguno suponen una voluntad previa al ejercer un derecho o acción. 20.10 Que por disposición expresa de los artículos 107, fracción I, de la Constitución y 5 de la ley de la materia, uno de los principios rectores del juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, mismo que hace alusión a que el ejercicio de la acción pertenece únicamente a la persona que resiente la afectación de manera directa.
20.11 Que el signo revelador de la voluntad de los particulares al acudir a la vía constitucional, es sin duda la firma autógrafa original o electrónica, pues su finalidad es vincular al autor con el acto jurídico, por lo que, al no observarse ese signo en la demanda presentada a través del buzón judicial, era inconcuso que no se encontraba satisfecho el principio de instancia de parte agraviada.
20.12 De igual manera, en el caso particular que tuvo ante sí el Tribunal Colegiado de Circuito, resolvió textualmente lo que sigue:
“En esas condiciones, resulta ineficaz el agravio que aduce el recurrente -defensor del directo quejoso bajo protesta de decir verdad- que él de manera personal llevó la demanda de amparo en la Oficialía de Partes Común del órgano jurisdiccional, que le recibieron las copias y anexos, pero al entregarle el acuse de recibo le devolvieron el escrito que contiene la firma original de su representado donde se aprecia el sello de recepción, lo cual anexó al presente recurso como prueba.
Es decir, básicamente señala que sí existe un juego de demanda firmado por el quejoso de manera autógrafa en original, empero, que el mismo le fue devuelto como acuse de recibo donde se aprecia el sello de recepción; escrito de demanda que presentó como anexo al recurso de queja que nos ocupa, lo que se admitió incluso como prueba para resolver el presente recurso.
Sin embargo, tal manifestación y anexo que acompaña al presente recurso como prueba, no es apta para considerar incorrecto el desechamiento de la demanda pronunciado por el juez de Distrito.
Se afirma lo anterior, debido a que del propio escrito de demanda que como prueba presentó el recurrente, se evidencia que presenta un sello con la leyenda ‘validez de sello sujeto a revisión de documentos’ fechado ‘2025 FEB 24 PM 2:23’, información que implica que la demanda de amparo fue presentada a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado.
Afirmación que se confirma con el escrito de demanda que obra en el sumario constitucional, remitido por el juez de Distrito con motivo del presente recurso, en la boleta de recepción, así como sello del Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco, a las 18:58 horas, en que personal de esa oficina revisó los documentos de la demanda asentando como observación que la demanda se presentó en copia simple, con cuatro copias y dos anexos en copia simple.
El mismo escrito de demanda que se remitió a la Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito, el veinticinco de febrero de dos mil veinticinco a las 8:43 AM, donde se reiteró la observación que el documento se recibió en copia simple.
De ahí que, es dable concluir que contrario a lo que afirma el recurrente la demanda no fue presentada en la Oficialía de Partes Común del órgano jurisdiccional, ni que se haya entrevistado con el oficial de partes o personal del órgano jurisdiccional, y que éste una vez revisado los documentos le haya devuelto como acuse el escrito que contenía la firma original. Máxime que al ser una demanda de amparo aún no se conocía a qué juzgado de Distrito le correspondería.
Todo lo cual resulta acorde con la manera en que funciona el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; así como del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.
Así en el artículo 52 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que dispone que es responsabilidad exclusiva de los usuarios verificar que los asuntos y promociones que depositen en los buzones judiciales estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los órganos jurisdiccionales a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate.
Lo que se reitera en el citado acuerdo 21/2020, en el artículo 10, que prevé que las Oficinas de Correspondencia Común, recepcionan todos los escritos iniciales que se presenten físicamente, mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en esas oficinas, tanto en casos urgentes como no urgentes. (...) ”
20.13 El Tribunal Colegiado de Circuito indicó que era evidente que el quejoso a través de su defensor, realizó el depósito de su demanda, a través del buzón judicial, puesto que la propia persona promovente generó su acuse con el reloj fechador integrado y, por tanto, era su responsabilidad exclusiva verificar como usuario que el depósito en dicho buzón judicial hubiera sido el escrito firmado de manera autógrafa y no una copia.
20.14 Por tales motivos consideró que era inaplicable la jurisprudencia 2a./J.32/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA”.(11)
20.15 Enseguida, el órgano en contienda iteró que la persona Juzgadora de Distrito actuó de manera correcta al desechar la demanda de amparo, toda vez que se estaba ante el incumplimiento de un requisito esencial de validez, que imposibilitaba la satisfacción del principio de instancia de parte agraviada y citó los criterios de rubros: “DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO”,(12) “DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]”(13) y “DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA”.(14)
20.16 Por otro lado, afirmó que no era factible la aplicación del contenido del artículo 15 de la ley de la materia, puesto que el acto combatido no encuadraba en alguno de los actos prohibidos por el precepto 22 constitucional, aunado a que no se advertía que la parte quejosa estuviera involucrada para acudir de manera directa al juicio.
20.17 Finalmente, destacó que la atención al principio pro persona, no resultaba suficiente para superar la improcedencia del juicio de amparo, ante la ausencia de un requisito esencial de validez, además de que no se había vulnerado el derecho de acceso a la justicia y tutela jurisdiccional, toda vez que, ante el desechamiento de la demanda, la persona juzgadora quedó imposibilitada para resolver la cuestión relativa al fondo del asunto.
V. REQUISITOS PARA LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
21. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
22. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de “tesis”, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
23. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en soluc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33727-7afe0e1c/demanda-de-amparo-indirecto-presentada-con-firma-autografa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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