FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE ORDENAR RATIFICARLA CUANDO ADVIERTA, COMO HECHO NOTORIO, QUE NO COINCIDE CON LA QUE OBRA EN DIVERSO ASUNTO TRAMITADO POR LA MISMA PERSONA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 32/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 10 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
I. Competencia
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción I, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito, sobre el que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero(11) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(12) de la Ley de Amparo, ya que la formuló un juez de Distrito.
III. Amicus curiae
13. Conforme a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento de algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la sesión en que se programe la resolución del asunto.
14. Antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. En caso de recibir alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla, será señalado en la sentencia respectiva.
IV. Criterios denunciados
15. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
16. Aspectos procesales comunes. Diversas personas promovieron sendas demandas de amparo indirecto, de las cuales conocieron distintos jueces de Distrito en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan,(13) quienes de manera coincidente, las previnieron a fin de que ratificaran la firma que calzaba dichos escritos, en virtud de que, como hecho notorio, sostuvieron que no coincidía con la signatura que obraba en otro juicio de amparo promovido ante ese propio órgano jurisdiccional, por la misma persona.
16.1. Luego, al no haberse desahogado dicho requerimiento, los jueces de Distrito tuvieron por no presentadas las demandas de amparo.
16.2. En desacuerdo con tal determinación, los autorizados de las personas promoventes interpusieron diversos recursos de queja.
17. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 202/2023.
17.1. Postura. Declaró fundado el medio de defensa, al efecto el Tribunal estableció que la prevención formulada era ilegal por resultar innecesaria e injustificada, debido a que el Juez se extralimitó al requerir a la parte promovente para que ratificara la firma que calza el escrito, ya que ese supuesto no está expresamente previsto por la Ley de Amparo, además de que se tomaron en consideración datos ajenos a los que obran en el propio juicio de amparo.
17.2. Consideró que la ratificación de escritos presentados en el juicio de amparo, sólo está prevista en los artículos 14, 15 y 63 de la ley de la materia; agregó que ni en dichos numerales ni en algún otro, se prevé la posibilidad de requerir a la persona promovente para que ratifique su firma, por el solo hecho de que, a criterio del juzgador, discrepe de la que aparece en un diverso juicio o trámite de su conocimiento, ajeno al propio expediente o al asunto administrativo o jurisdiccional del que derive el acto reclamado.
17.3. Sostuvo que si bien el artículo 114 de la Ley de Amparo faculta al juzgador a analizar la demanda y, previo a su admisión, mandar aclararla o completarla cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones, lo cierto es que en ninguna de sus fracciones se contempla expresamente la facultad de mandar prevenir a la persona promovente cuando se suscita una discrepancia en la firma, con relación a otros expedientes o documentos que no integran el sumario constitucional.
17.4. Precisó que tampoco podía justificarse dicho requerimiento, por el hecho de que el juez de Distrito esté obligado a indagar sobre la posible actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo, aún cuando su estudio sea de oficio.
17.5. En apoyo a su decisión, invocó la jurisprudencia 2a./J. 59/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."(14)
17.6. Concluyó que el juzgador Federal sí puede prevenir a la parte promovente del amparo, a efecto de que ratifique la firma que calza el escrito de demanda, única y exclusivamente cuando discrepe de otras firmas que estén plasmadas en diversas actuaciones que obren en el propio juicio; y, además, que dicha diferencia se advierta a simple vista.
17.7. Afirmó que ninguno de esos supuestos se cumplió, por lo que declaró fundado el recurso de queja, para el efecto de que el juez de Distrito proveyera de nueva cuenta lo relativo a la admisión de la demanda de amparo.
18. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de queja 185/2023.
18.1. Postura adoptada. Declaró infundado el recurso de queja, al considerar correcto el actuar del juzgador federal.
18.2. Indicó que los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo facultan al juez a prevenir a la parte promovente ante imprecisión, irregularidad u omisión que pudiese advertir en el escrito de demanda.
18.3. También precisó que uno de los principios rectores del juicio de amparo es el de iniciativa o instancia de parte agraviada, el cual prevé que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien le perjudica el acto o la ley que se reclame; expresó que la manera en que se exterioriza esa voluntad es a través de la firma que se estampe en la demanda por sí o mediante representante legal, al ser ésta una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como determinar la autenticidad de la propia demanda.
18.4. Hizo hincapié en que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la firma de una persona puede variar con el simple transcurso del tiempo;(15) lo cierto es que el solo requerimiento de comparecer ante la potestad judicial y ratificar el contenido del escrito de demanda, no le irroga un perjuicio grave a la persona accionante.
18.5. Dispuso que por esa razón la parte promovente pudo acudir ante la autoridad judicial a ratificar la firma de su escrito inicial para tener por cumplido dicho requerimiento, sin embargo, no lo realizó, tampoco señaló impedimento alguno para no presentarse e, inclusive, pudo ratificarla ante fedatario público en caso de que no hubiera podido concurrir al recinto judicial.(16)
18.6. Bajo esa guisa, señaló que la parte promovente contaba con una amplia gama de posibilidades para concurrir ante la potestad judicial y cumplir con la prevención ordenada.
18.7. Apuntó que la Ley de Amparo no prohíbe en forma alguna a los órganos jurisdiccionales tomar en consideración diversos asuntos que son sometidos ante su potestad para advertir discrepancias entre las firmas que obran en los ocursos respectivos, y al hacer referencia al principio de realidad, en ese amplio número de asuntos tramitados ante un órgano jurisdiccional, expuso que en muchas ocasiones existe concurrencia entre las partes promoventes, de ahí que encontró ajustado a derecho tomar en cuenta los demás asuntos para advertir diversas situaciones, como en el caso aconteció con la firma del promovente de amparo.
V. Requisitos para la existencia de la contradicción
19. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
20. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de "tesis", basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
21. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 72/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(17)
22. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
23. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
24. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
25. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(18), así como la tesis aislada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(19)
26. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VI. Existencia de la contradicción
27. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver las ejecutorias denunciadas.
28. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.
29. Se acredita el primer requisito, ya que los respectivos órganos colegiados ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.
30. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 202/2023, sostuvo que la prevención materia de análisis en esta contradicción, es ilegal por resultar innecesaria e injustificada, debido a que el Juez se extralimitó al requerir a la parte promovente para que ratifique la firma que calza el escrito inicial, ya que ese supuesto no está expresamente previsto por la Ley de Amparo, además de que no se pueden tomar en consideración datos ajenos a los que obran en el propio juicio de amparo, aunado a que la firma no es visiblemente discrepante.
31. En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 185/2023, determinó lo contrario, esto es, que dicha prevención se encuentra ajustada a derecho, ya que el solo requerimiento de comparecer ante la potestad judicial y ratificar el contenido del escrito de demanda, no irroga un perjuicio grave a la persona accionante, además de que la Ley de Amparo no prohíbe en forma alguna a los órganos jurisdiccionales a tomar en consideración diversos asuntos que son sometidos ante su potestad para advertir discrepancias entre las firmas que obran en los ocursos respectivos, y al hacer referencia al principio de realidad, expuso que en muchas ocasiones existe concurrencia entre las partes promoventes, por lo que consideró correcto tomar en cuenta los demás asuntos para advertir diferentes situaciones, como en el caso aconteció con la firma del promovente de amparo.
32. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.
33. Se considera que los órganos jurisdiccionales contendientes se ocuparon del mismo tema jurídico; esto es, determinar si es jurídicamente correcto prevenir a la parte promovente del juicio de amparo indirecto para que ratifique la firma que calza la demanda, al advertirse como hecho notorio, que no coincide con la que obra estampada en diverso asunto tramitado por la misma persona, ante el propio órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada.
34. De lo relatado, se advierte que los órganos jurisdiccionales no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y resultados fueron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de criterios.
35. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción de criterios.
36. De lo hasta aquí expuesto, es válido concluir que los criterios de los órganos contendientes reflejan la siguiente discrepancia a dilucidar: ¿es jurídicamente correcto prevenir a la parte promovente del juicio de amparo indirecto para que ratifique la firma que calza la demanda, al advertirse como hecho notorio, que no coincide con la que obra estampada en diverso asunto tramitado por la misma persona, ante el propio órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada dicha demanda? 37. Todo lo anterior, se refleja en la siguiente tabla comparativa:
Ver tabla comparativa
38. No es obstáculo a la anterior decisión, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el criterio en contienda, además, haya tomado en consideración para declarar fundado el recurso de queja, que la firma no era tan notoriamente diferente a la que calza el escrito de demanda que analizó, porque es un factor que consideró en demasía de lo que es materia de estudio, y que entra dentro del campo de la apreciación subjetiva de quien juzga, esto es, en el arbitrio judicial.
VII. Estudio de fondo
39. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que enseguida se desarrolla.
• La demanda de amparo
40. La demanda de amparo es el acto procesal, en virtud del cual una persona física o jurídica inicia el ejercicio de una acción constitucional en contra de una autoridad señalada como responsable de violar algunos de sus derechos fundamentales.
41. Ese ocurso debe cumplir con las formalidades reseñadas en el artículo 108(20) de la ley de la materia.
42. La demanda de amparo es considerada un documento privado, en términos de los artículos 129(21) y 133(22) del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo,(23) porque no proviene de funcionario público revestido de fe pública o en ejercicio de sus funciones.
43. Por ello, es evidente que como tal, puede ser objetada de falsa en cuanto a su continente (autenticidad de firmas), por ser el documento a través del cual se pretende manifestar o exteriorizar la voluntad de ejercicio de un derecho.
44. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 148/2000,(24) sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del país, que dispone:
"DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos ‘los documentos’ que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado."
• Instancia de parte agraviada, como principio rector del juicio de amparo
45. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico."
46. Por su parte, los numerales 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, prevén:
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
"El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo."
"Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley."
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia."
47. El análisis armónico y sistemático de los preceptos legales apenas transcritos, pone de manifiesto uno de los principios rectores del juicio de amparo, esto es, el principio de instancia de parte agraviada.
48. En virtud de éste, el ejercicio de la acción de amparo es facultad reservada a quien padece algún menoscabo en su esfera de derechos, grosso modo, con motivo de la norma, acto u omisión reclamadas.
49. La instancia de parte agraviada(25) sirve para examinar la legitimación del accionante de amparo a partir de la apreciación de los conceptos de interés jurídico y legítimo, cuya satisfacción gira en torno a dos ejes susceptibles de caracterizarse, por un lado, como la expresión de voluntad de inconformarse y, por otro, la existencia de un agravio o lesión emanados de determinada expresión de autoridad o imperium.
50. Sobre este aspecto, debe reconocerse que dicho principio imprime al amparo un carácter individualista, puesto que sólo procede a instancia de parte.
51. En el ámbito jurídico procesal, la expresión de la voluntad se materializa documentalmente mediante la firma de los intervinientes; entonces, en materia de amparo, la firma del promovente en el escrito inicial es la voluntad de accionar el juicio de derechos fundamentales.
• La firma
52. En el Diccionario de la Lengua Española,(26) se define a la firma como el rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento.
53. La otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que la firma se constituye por los signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita, acreditándose con ella la autoría del escrito, tal y como se advierte de la siguiente tesis:
"DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio."(27)
54. Cabe precisar que la firma podrá ser autógrafa –signo gráfico– o electrónica –información encriptada–, cuyo objeto, en cualquier caso, será establecer un vínculo de carácter creativo, participativo u obligacional con el contenido de cierto documento.
55. Así, la firma plasmada en la demanda de amparo es el signo manuscrito a través del cual la parte quejosa expresa su voluntad en el sentido de ejercer la acción de amparo, lo cual resulta acorde con la premisa esencial de que el juicio debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional y del numeral 6o. de la Ley de Amparo.
56. Entonces, la firma en el escrito de demanda es un presupuesto indispensable de existencia del ejercicio de la acción, pues constituye la expresión de la voluntad de la persona quejosa, en el sentido de promover un juicio de amparo.
• La buena fe en el juicio de amparo indirecto con relación al requisito de procedencia "bajo protesta de decir verdad"
57. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,(28) la buena fe deriva del latín bona fides, es un principio general del derecho consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión o título de propiedad.
58. Exige una conducta recta y honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso.
59. En el derecho procesal, Eduardo Couture en su obra titulada Fundamentos del Derecho Procesal Civil,(29) lo define como la "calidad jurídica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón".
60. La buena fe es el principio de derecho que sustenta las relaciones jurídicas y permea todo el sistema normativo, se define como la creencia de una persona que actúa confo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32438-cdf2e5a7/firma-que-calza-la-demanda-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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