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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO ESTÁ JUSTIFICADO QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE PRECISE LOS DATOS DE LA NOTARÍA, LA FECHA DE LA RETENCIÓN DEL TRIBUTO Y LA ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA, CUANDO RECLAMA LA NORMA GENERAL QUE ESTABLECE EL COBRO DEL DERECHO POR LA INSCRIPCIÓN TRASLATIVA DE DOMINIO DE PROPIEDAD INMUEBLE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SI LA PARTE QUEJOSA MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PAGÓ LA CONTRIBUCIÓN EN UNA FECHA DETERMINADA ANTE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 4/2022. · Registro digital (IUS): 31010
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-10-28
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPT
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, Pág.2827.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 4/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS IGNACIO CUENCA ZAMORA (PRESIDENTE), AMÍLCAR ASAEL ESTRADA SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, GABRIEL ASCENCIÓN GALVÁN CARRIZALES, HÉCTOR GUZMÁN CASTILLO Y JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. DISIDENTE: EDUARDO OCHOA TORRES, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIO: GUILLERMO CASTILLO SOTOMAYOR.

II. COMPETENCIA

6. Este Pleno de Circuito es competente para conocer de la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III,(2) de la Ley de Amparo; 42, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quinto transitorio(4) del Acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;(5) y 9, párrafo primero,(6) del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(7) Esto es así, por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Decimoséptimo (sic) Circuito, donde sólo existe un Pleno de Circuito sin especialización por materia.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(8) de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por un Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede dentro de la circunscripción territorial que comprende el Decimoséptimo (sic) Circuito, conforme al punto primero, fracción XVII,(9) del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(10)

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

8. Previo a verificar la existencia de la contradicción, se estima necesario relatar los antecedentes de los criterios en contienda.

A) Recurso de queja 283/2021 [Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo (sic) Circuito].

9. Demanda de amparo indirecto. Este asunto derivó del juicio de amparo indirecto 1842/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, que promovió **********, por derecho propio, el doce de noviembre de dos mil veintiuno, contra los actos de las autoridades que se sintetizan a continuación:

• Del Congreso y de la gubernatura del Estado de Chihuahua, reclamó: la aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., que contenía la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, así como la tarifa para el cobro de derechos, en su apartado IV, numeral 11, que contiene el derecho por inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble, servicio prestado por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.

10. Antecedentes bajo protesta de decir verdad. En ese escrito, precisó que impugnaba las "normas de carácter heteroaplicativo, con motivo de su primer acto de aplicación, lo que aconteció al momento de que el suscrito realicé el pago del derecho". Además, narró los hechos siguientes bajo protesta de decir verdad:

• El veinte de octubre de dos mil veintiuno, pagó ante la Secretaría de Hacienda del Estado la cantidad de dieciséis mil quinientos treinta y nueve pesos, por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de una escritura que contenía una traslación de dominio de inmueble; operación que se registró con el número **********.

11. Prevención. El dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito radicó la demanda y previno a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad, manifestara de manera sucinta, cronológica y completa el procedimiento que tuvo que realizar para el pago del derecho por inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble, es decir, "lo concerniente al notario público, quien retuvo el citado pago y la fecha en que se hizo dicha retención, así como la data y número de escritura de la que derivó dicho pago". Esto, porque la parte promovente fue omisa en exponerlo, aun cuando también conformaba antecedente del acto reclamado y era necesario "para fijar debidamente la litis, al tratarse de datos indispensables para proveer sobre la admisión o no de la demanda ... pues así las autoridades responsables podrán tener en claro con mayor panorama los actos que se les atribuyen". También lo apercibió que, de no desahogar la prevención, se tendría por no presentada la demanda.

12. No presentada. El nueve de diciembre siguiente tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto.

13. Sentido del recurso de queja. Ambas resoluciones fueron confirmadas en el recurso de queja aludido, por las razones que más adelante se expondrán.

B) Recurso de queja 302/2021 [Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo (sic) Circuito].

14. Demanda de amparo indirecto. Este recurso provino del juicio de amparo indirecto 1537/2021, también de la estadística del Juzgado Decimoprimero (sic) de Distrito en el Estado de Chihuahua, que promovió **********, por derecho propio, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, contra los actos de las autoridades que se sintetizan a continuación:

• Del Congreso, la gubernatura, la Secretaría General de Gobierno, la Jefatura del Departamento de Talleres Gráficos, todas del Estado de Chihuahua, reclamó: la discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., que contenía la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, así como la tarifa para el cobro de derechos.

• De la Secretaría de Hacienda del Estado y la Oficina de Recaudación de Rentas de Chihuahua, Chihuahua, reclamó: la aplicación de la ley citada, cuyo artículo primero, numeral 4.3.2.3. remitía a la tarifa anexa en su apartado IV, numeral 11, que contiene el derecho por inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble, servicio prestado por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado.

15. Antecedentes bajo protesta de decir verdad.

• La quejosa precisó que la legislación reclamada le fue aplicada "por primera vez el día 26 de agosto de 2021, toda vez que ese día pagué ante Recaudación de Rentas" la suma de quince mil setecientos cincuenta y nueve pesos, de los cuales quince mil fueron por concepto del derecho por inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble, según constaba en la factura relativa a la operación **********. Agregó que "el pago anterior representa el primer acto de aplicación en mi perjuicio".

16. Prevención. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito registró la demanda y previno a la parte quejosa para que bajo protesta de decir verdad, ampliara los hechos que constituían antecedentes del acto reclamado, dado que "fue omiso en señalar lo relativo al procedimiento que llevó a cabo para realizar el pago de derechos ... como lo es el notariado público que retuvo el pago y la fecha en que se hizo dicha retención, así como la data y número de escritura de la que derivó el pago". La razón de ello fue que el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo "no sólo se refiere al deber de ... señalar ‘bajo protesta de decir verdad’ los hechos o abstenciones ... sino también la obligación de señalar detalladamente y de forma cronológica cuáles son los mismos" y, de no hacerlo, "crearía incertidumbre a este juzgador federal, pues sólo realizando dicha aclaración, se podrá juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado, pues la forma en que lo está planteando no es precisa". Por último, apercibió a la parte promovente que tendría por no presentada la demanda para el caso de no desahogar la prevención en el plazo de cinco días.

17. No presentada. El veintisiete de octubre siguiente, tuvo por no presentada la demanda de amparo indirecto.

18. Sentido del recurso de queja. Esta última resolución fue revocada en el recurso de queja, como se detallará en el considerando siguiente.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

19. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de criterios que ha fijado el derecho jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 72/2010, del Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.",(11) así como en la sustentada por la Primera Sala 1a./J. 22/2010,(12) que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

20. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Al resolver las cuestiones litigiosas planteadas, los tribunales contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a la solución de cada caso. Ello se advierte en las resoluciones que participan en esta contradicción de criterios, como se sintetiza a continuación:

21. Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo (sic) Circuito resolvió –por unanimidad de votos– el recurso de queja 283/2021 en sesión de dieciocho de marzo de dos mil veintidós.

El caso revistió las características siguientes:

• Comenzó con la cita de los artículos 108, fracción V, y 114 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales preveía que la demanda de amparo indirecto debía contener, entre otras cosas, los hechos o abstenciones que constituyeran los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad; y el segundo, que el órgano judicial de amparo mandaría requerir a la parte quejosa para que aclarara su escrito inicial cuando omitiera alguno de los requisitos enlistados en el numeral 108.

• Enseguida, transcribió el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el Juzgado de Distrito previno a la parte quejosa para que manifestara "de manera sucinta lo relativo al procedimiento ... para el pago de derechos del impuesto de traslación de dominio de bienes inmuebles ... esto es, lo concerniente al notario público quien retuvo el citado pago, la fecha en que se hizo dicha retención, así como la data y número de escritura de la que derivó dicho pago".

También anotó que en acuerdo de nueve de diciembre de ese año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, porque transcurrió el plazo relativo sin que la parte quejosa cumpliera el requerimiento.

• Después, reprodujo las consideraciones que expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo en revisión 1167/2015, que integró la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), de título: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA.".(13) Destacó que ahí se analizaron los momentos en que podía reclamarse una norma general, "lo que hace evidente que la prevención se encuentra justificada para determinar el momento en que se aplicó la norma general y la oportunidad en su presentación".

• Así, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la prevención no era caprichosa o injustificada, ni una extensión al artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, sino que "tal información es necesaria para determinar el momento a partir del cual comenzó a contar el plazo de quince días para promover el amparo", por lo que se adecuaba a esa disposición normativa.

• Además, si bien en el caso singular la parte quejosa relató antecedentes en su demanda de amparo –los cuales reprodujo el Tribunal Colegiado de Circuito– éstos eran insuficientes para cumplir con el precepto 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Con esto justificó lo infundado del agravio primero.

• Por otro lado, calificó de inoperante el agravio segundo, donde se planteó que la información requerida eran actuaciones previas al acto de aplicación de la norma reclamada. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que se trataba de una cuestión ajena a la litis del recurso de queja, que lo era "si la prevención se encontraba justificada o no ... y no por el momento del acto de aplicación".

• En esa línea de pensamiento, confirmó el auto recurrido.

22. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo (sic) Circuito falló –por unanimidad de votos– el recurso de queja 302/2021, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintidós.

Las consideraciones en que descansó el sentido de la decisión fueron:

• Partió de que, conforme a los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, si se omite alguno de los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entonces el Juzgado de Distrito debe requerir a la parte quejosa para que lo subsane en el plazo de cinco días y, de no hacerlo, tendrá por no presentada la demanda.

• En el caso singular, la parte quejosa solicitó el amparo contra actos del Congreso, la gubernatura, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la oficina de Recaudación de Rentas, la Jefatura del Departamento de Talleres Gráficos y el Registro Público de la Propiedad, todos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó el Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el que se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, y la tarifa de derechos anexa, publicados en el Periódico Oficial de esta entidad federativa el treinta de diciembre de dos mil veinte, así como el cobro del derecho por inscripción registral de una compraventa a razón de quince mil pesos.

• Reseñó que el Juzgado de Distrito estimó que la narración de antecedentes era deficiente, porque era necesaria la explicación sucinta del procedimiento que llevó a cabo la parte quejosa para el pago de los derechos impugnados, como era la notaría pública que le retuvo el impuesto, la fecha de su pago, así como la fecha y número de escritura pública de la que derivó el pago efectuado.

• A partir de ese panorama, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la autoridad de amparo previno a la parte quejosa para que subsanara uno de los requisitos de la demanda de amparo, a saber, los hechos y abstenciones que constituían los antecedentes del acto reclamado. Sin embargo, la información solicitada constituía "datos muy técnicos que van encaminados a la actualización de una posible causa de improcedencia" y también "datos exhaustivos que no se consideran necesarios para determinar sobre la admisión de la demanda de amparo."

• Lo anterior se debía a que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que las normas reclamadas le fueron aplicadas el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, lo cual era suficiente para establecer la fecha del primer acto de aplicación y realizar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo.

• Además, los puntos solicitados por el Juzgado de Distrito podían ser obtenidos una vez rendidos los informes con justificación de las autoridades responsables y, en caso de duda, podía allegarse de las constancias que estimara necesarias, acorde al artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

• Agregó que era criterio reiterado de ese Tribunal Colegiado de Circuito que cuando se tuviera certeza sobre una afectación económica por el pago de un derecho, el plazo para promover el juicio de amparo no necesariamente iniciaba a partir de que se realizara el trámite ante la notaría pública, ni cuando se efectuara el pago por su conducto, sino hasta que existiera conocimiento expreso de las normas impugnadas.

• Así, la información requerida por la autoridad de amparo no era indispensable para tener por satisfechos los requisitos de la demanda de amparo que enlista el artículo 108 de la ley de la materia, sino que ya contaba con datos suficientes para decidir sobre su admisión o desechamiento.

• Por tanto, la manera de proceder del juzgador federal trastocó el derecho de acceso a la jurisdicción, porque a la postre tuvo por no presentada la demanda de amparo, al no cumplir con el requerimiento dentro del plazo y en los términos que fijó.

• En vista de lo anterior, declaró fundado el recurso de queja y ordenó al Juzgado de Distrito revocar el auto recurrido y admitir la demanda de amparo indirecto de no existir motivo de improcedencia.

23. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. La segunda condición queda colmada, ya que en los ejercicios interpretativos que realizaron los tribunales contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.

24. Esto es así, porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo (sic) Circuito sostiene que cuando se reclama el derecho por inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble (servicio prestado por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado), establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, con motivo del primer acto de aplicación consistente «en» el pago efectuado en la oficina hacendaria, está justificado que el Juzgado de Distrito prevenga a la parte quejosa en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, a fin de que precise la notaría pública que retuvo el pago correspondiente, la fecha en que hizo la retención, y el número y fecha de la escritura pública de la cual derivó el pago. Lo anterior, por ser información necesaria para computar el plazo para promover el juicio de amparo, y tratarse de hechos que constituyen antecedentes del acto reclamado, de acuerdo con el diverso numeral 108, fracción V, de la ley en cita.

25. En sentido opuesto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo (sic) Circuito sostiene que, en ese mismo escenario, es incorrecto que el Juzgado de Distrito formule la prevención descrita, porque la información solicitada no es indispensable para decidir sobre la admisión de la demanda de amparo, sino que va encaminada a corroborar si se actualiza una causa de improcedencia. En cambio, para establecer la temporalidad para promover el juicio de amparo es suficiente que haya precisado bajo protesta de decir verdad, la fecha en que realizó el pago que invoca como primer acto de aplicación de la norma. En todo caso, de los informes con justificación pueden obtenerse datos diversos e incluso el Juzgado de Distrito puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. 26. Tercer requisito: Que pueda formularse un cuestionamiento a resolver. Este elemento también se satisface, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios discrepantes, cabe la pregunta siguiente:

• Cuando se reclama el derecho por inscripción traslativa de dominio de propiedad inmueble establecido en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021 y la parte quejosa manifiesta en su demanda, bajo protesta de decir verdad, que el primer acto de aplicación en su perjuicio lo constituye el pago de dicha contribución ante la oficina recaudadora en la fecha que especifica, ¿está justificado que el Juez de Distrito la prevenga en términos de los artículos 108, fracción V y 114 de la Ley de Amparo para que precise qué notaría pública le retuvo esa contribución, cuándo ocurrió, así como el número y fecha de la escritura pública de la que derivó el pago?

VI. ESTUDIO

27. Acotada así la contradicción de criterios, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta este Pleno de Circuito que, esencialmente, se orienta en el sentido de que dicho requerimiento carece de justificación, pues la narración de hechos en los términos acotados es suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo indirecto.

28. La solución integral del problema jurídico exige realizar un ejercicio interpretativo de los artículos 108, fracción V y 114 de la Ley de Amparo, conforme con el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de precisar, a la luz de esos parámetros, cuál es el objetivo, alcance y límite constitucional y convencional, tanto del requisito exigible en la demanda de amparo, consistente en la manifestación "bajo protesta de decir verdad" de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, como de la prevención a la parte quejosa para subsanar las irregularidades u omisiones en ese aspecto. Hecho lo anterior, en el estudio se precisará por qué en el escenario sometido a la potestad jurisdiccional de los órganos colegiados contendientes, sí se cumplió con el requisito previsto en el artículo 108, fracción V y, por tanto, no se justifica la prevención o requerimiento para aclarar la demanda.

29. Respecto de los requisitos de la demanda de amparo indirecto, el artículo 108 de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:

"I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;

"II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;

"III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;

"IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;

"V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;

"VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o. de esta ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame;

"VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y

"VIII. Los conceptos de violación."

El propósito de esa disposición es que el Juez de Distrito pueda cumplir con las exigencias procesales de la Ley de Amparo y emitir las determinaciones que correspondan (solicitar los informes con justificación, emplazar a la parte tercero interesada, dar intervención al Ministerio Público de la Federación y, en su caso, proveer sobre la suspensión del acto reclamado). Ilustra este punto la tesis aislada P. VII/2001(14) que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación postuló en la Novena Época, que se reproduce:

"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa."

31. Destaca, por su relación con esta resolución, que la fracción V del precepto transcrito exige que la parte quejosa manifieste, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten y que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación.

32. Al respecto, en la contradicción de tesis 16/1996,(15) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un recuento histórico sobre dicha exigencia e identificó sus antecedentes en el juramento religioso, cuya evolución derivó en la frase "protesta de decir verdad", como equivalencia a una promesa de decir verdad.

33. A partir de lo anterior, definió que la intención del requisito en estudio era evitar el abuso del juicio de amparo, de modo que se sancionara a quienes manifestaran hechos falsos, y que también procuraba el equilibrio entre las partes del proceso para evitar que impidieran conseguir el fin del juicio de amparo –la restitución de los derechos fundamentales violados–, el cual no se lograría si la parte quejosa afirmase hechos falsos.

34. Por tanto, concluyó que la protesta de decir verdad es un requisito formal que implica la aceptación del conocimiento de que quien declare hechos falsos puede ser acreedor a las sanciones previstas en la propia Ley de Amparo.

35. Posteriormente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la contradicción de tesis 5/2015,(16) en la que explicó que las manifestaciones expresadas bajo protesta de decir verdad contienen información relevante sobre los antecedentes del acto reclamado, en los cuales se narra el momento y la forma en que se realizaron los hechos que le dieron origen, así como los pormenores de los actos tendentes a su ejecución.

36. Además, reconoció que es el único elemento con que inicialmente cuenta el Juez de Distrito para proveer sobre el escrito de la demanda, quien asume que los hechos narrados sucedieron en la forma descrita por el quejoso, lo que entraña una responsabilidad directa de éste.

37. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró las consideraciones sintetizadas al resolver la contradicción de tesis 192/2019.(17)

38. En todos los precedentes citados se estableció que, ante la omisión de ese requisito, la autoridad de amparo debe prevenir a la parte quejosa para que la realice y, de no hacerlo, tener por no presentada la demanda. Sobre esto, se volverá más adelante.

39. En suma, el requisito de la manifestación de los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad tiene como objetivo crear certeza en el juzgador para que pueda tomar en el juicio las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos.

40. En armonía con los requisitos que el artículo 108 de la Ley de Amparo exige debe contener la demanda, sistemáticamente los diversos numerales 112 a 115 delimitan la metodología que el órgano jurisdiccional debe seguir cuando la recibe, al establecer:

"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31010-5c05d7c8/demanda-de-amparo-indirecto-no-esta-justificado-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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