AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS QUE REGULAN DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 83/2019 (10a.) DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO IMPIDE RECLAMARLAS CON MOTIVO DEL ENTERO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FISCO POR PARTE DE LA NOTARÍA PÚBLICA, PLASMADO EN EL RECIBO RESPECTIVO, AUN CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO MÁS DE QUINCE DÍAS DESDE LA ENTREGA DE LOS FONDOS AL FEDATARIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 94/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por ser criterios sostenidos por tribunales colegiados del Decimoséptimo Circuito, comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La denuncia de contradicción de criterios provino de parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión administrativos 845/2021 y 412/2022, en sesiones de veintidós de agosto y veinte de octubre de dos mil veintidós.
4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 71/2022, en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión administrativos 845/2021 y 412/2022, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias y Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 71/2022.
7. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en el amparo en revisión administrativo 845/2021, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. El mismo tribunal colegiado, en el amparo en revisión administrativo 412/2022, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
9. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en una parte de su ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver relatoría
10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, que las tres ejecutorias tuvieron como antecedente el reclamo de normas reguladoras de derechos por concepto de actividad registral con motivo de su aplicación; que en los tres casos la persona quejosa entregó el monto de la contribución al notario público; y que el juicio de amparo se promovió con motivo del acto de aplicación que se hizo consistir en el pago realizado por el fedatario a la hacienda pública, cuando ya habían transcurrido más de quince días desde aquella entrega; pero los pronunciamientos difirieron, como se muestra a continuación:
Ver pronunciamiento
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, respecto a la oportunidad de promover el juicio de amparo indirecto en contra de una norma que regula derechos por concepto de actividad registral con motivo del pago de esa contribución hecho por un notario público a la hacienda pública, que se plasma en el comprobante fiscal respectivo, no obstante que han pasado más de quince días desde que la persona quejosa entregó a aquél el monto correspondiente.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes porque resolvieron la cuestión planteada con base en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.)(5) de rubro siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA."
13. Y se pronunciaron sobre su aplicabilidad, por analogía, cuando se reclaman los numerales 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del apartado IV, intitulado "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado", de la tarifa para el cobro de derechos anexa a la Ley del Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de 2021, decimotercero de la ley de ingresos de la propia entidad federativa para el ejercicio fiscal de 2022, y 29, fracciones I, II, IV, V, inciso a), VI y VII, de la Ley Estatal de Derechos vigente en dos mil veintidós.(6)
14. Sin embargo, entre ellos se generó un diferendo, porque uno, determinó que si transcurren más de quince días entre la fecha de la entrega del monto de la contribución al notario público y la promoción del juicio de amparo, el criterio jurisprudencial en cita conduce a considerar extemporáneo el ocurso inicial por no haberse presentado dentro del plazo de ley computado a partir de la generación de la afectación patrimonial en contra de la persona quejosa, por lo que se actualiza una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento en el asunto; mientras que el otro, sostuvo que de los precedentes de la tesis de jurisprudencia se advierte que aun cuando pasen más de quince días desde la entrega del monto de la contribución al notario público, que se constituye como el primer acto concreto de aplicación tácito de la ley, la persona quejosa puede acudir al juicio de amparo contra una posterior aplicación, ahora expresa, consistente en el pago hecho por el fedatario a la hacienda pública que se hace constar en el comprobante fiscal respectivo, por lo que, en este último caso, la causa de improcedencia no se materializa ni, por ende, conduce a sobreseer en el juicio de amparo.
15. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: Considerando la tesis de jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.) ¿es oportuna la demanda de amparo que se promueva dentro de los quince días siguientes al pago realizado por el notario público a la hacienda pública por concepto de derechos por servicios registrales, que se plasma en el comprobante fiscal respectivo, cuando se pretenda reclamar las disposiciones legales que los establecen?.
16. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito al resolver los amparos en revisión administrativos 845/2021 y 412/2022, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 71/2022.
17. Para alcanzar tal conclusión, no se inadvierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito informó que el criterio sostenido al resolver el amparo en revisión administrativo 71/2022 fue parcialmente superado por el sustentado en la ejecutoria del amparo en revisión administrativo 462/2022, sólo respecto del tema de la suplencia de la queja porque, analizado este último fallo se observa que, en efecto, el cambio producido no versa sobre el tema de la contradicción.
18. En la parte toral del fallo dictado en el amparo en revisión 462/2022, el tribunal colegiado analizó un asunto con las siguientes características:
Ver reseña
19. Esta reseña da cuenta de que no se hizo un pronunciamiento novedoso sobre el tema en disputa, sino que se reiteró el criterio relativo a que cuando pasan más de quince días desde la entrega del monto de la contribución al notario público, que se constituye como el primer acto concreto de aplicación tácito de la ley, la persona quejosa puede acudir al juicio de amparo contra una posterior aplicación, ahora expresa, consistente en el pago hecho por el fedatario a la hacienda pública, plasmado en el comprobante fiscal respectivo.
20. El cambio de criterio ocurrió, según indica el tribunal colegiado, porque anteriormente suplía la deficiencia de la queja en el estudio de los conceptos de violación y ahora ya no, pero esta cuestión no es materia de la presente contienda.
21. Luego, no queda demostrado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito se haya apartado del criterio sostenido sobre el tema a debate en la contradicción de criterios.
22. Tampoco es óbice para considerar existente la contradicción de criterios que las ejecutorias se refieran a disposiciones jurídicas distintas entre sí, porque todas regulan derechos por actividad registral que se relacionan con actos protocolizados ante un notario público.(7)
23. En un asunto –amparo en revisión administrativo 845/2021–, el análisis de procedencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito fue en relación con los numerales 11, 12, 13, 14 y 15 del apartado IV, intitulado "Por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado", de la tarifa para el cobro de derechos anexa a la Ley del Ingresos de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021.
24. Las disposiciones legales en cita se transcriben enseguida:
Ver disposiciones
25. En el otro asunto resuelto por ese tribunal colegiado –amparo en revisión administrativo 412/2022–, se reclamaron los artículos decimotercero de la ley de ingresos de la misma entidad federativa para el ejercicio fiscal de 2022 y 29, fracciones I, II, IV, V, inciso a), VI y VII, de la Ley Estatal de Derechos vigente en dos mil veintidós, que enseguida se reproducen:
"Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo:
"I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de. 167.3734 UMAs.
"II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de. 167.3734 UMAs.
"...
"IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley. 167.3734 UMAs.
"V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:
"a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs.
"VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de alguna de las divisiones no resulte excedente de superficie. 167.3734 UMAs.
"En caso de que resulte excedente, se pagará por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo.
"VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 167.3734 UMAs
"Por la nota marginal correspondiente a cada lote que se autorice dentro del fraccionamiento de que se trate, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs."
"Artículo decimotercero. A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29; en los siguientes términos:
"El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año.
"En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86 %, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción.
"En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50 % del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100 % del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el monto de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año.
"El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema:
Ver esquema
26. Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito examinó las normas referidas en primer término, además del artículo 16 del propio apartado IV de la tarifa de derechos para dos mil veintiuno, que dice así:
Ver artículo 16
27. Así, dada la coincidencia de los contenidos normativos en cuanto al tipo de contribución que regulan, el tema abordado por los órganos jurisdiccionales participantes es el mismo, por lo que la contienda debe resolverse.
28. Es aplicable, en su contenido substancial, la tesis 1a. LXI/2012 (10a.)(8) que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ABORDARON EL ESTUDIO DEL TEMA, CON BASE EN UN PRECEPTO DE IGUAL CONTENIDO JURÍDICO PARA LEGISLACIONES DE DISTINTOS ESTADOS. Cuando al examinar una contradicción de tesis se advierte que los tribunales colegiados pertenecientes a distintos circuitos hicieron el ejercicio interpretativo de una disposición en el ámbito de sus respectivas legislaciones, no procede declararla inexistente por esa sola circunstancia, siempre y cuando los preceptos en análisis sean de igual contenido jurídico; motivo por el cual, ante la divergencia de criterios, lo conducente es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la tesis que debe prevalecer."
29. Es igualmente aplicable, en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 43/98(9) de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."
30. El hecho de que las disposiciones jurídicas hayan perdido vigencia, por corresponder a los ejercicios fiscales dos mil veintiuno y dos mil veintidós, tampoco veda el estudio de fondo de la presente disputa, porque el criterio que prevalezca será útil para resolver asuntos pendientes regulados por aquéllas, como ilustra la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2003(10) de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA DERIVEN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS. Es procedente resolver la denuncia de contradicción de tesis propuesta respecto de tesis en pugna referidas a preceptos legales derogados, pues aun cuando el sentido único de la resolución que se dicte sea fijar el criterio que debe prevalecer, sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los asuntos en los que se hubieren dictado las sentencias que sustentaron las tesis opuestas, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo, la definición del criterio jurisprudencial es indispensable, ya que es factible que aunque se trate de normas derogadas, puedan encontrarse pendientes algunos asuntos que, regulados por ellas, deban resolverse conforme a la tesis que llegue a establecerse con motivo de la contradicción." 31. Además, considerando que lo que se defina por este Pleno Regional puede ser útil tratándose de preceptos similares o para años subsiguientes, es conveniente resolver la presente contradicción de criterios al tenor de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 87/2000(11) que a continuación se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUNQUE DIMANE DE LA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTOS LEGALES DEROGADOS, SI SU CONTENIDO SE REPITIÓ EN LOS VIGENTES. A pesar de que los criterios divergentes deriven del examen de disposiciones legales o reglamentarias que ya no se encuentren en vigor, por haber sido derogados o abrogados los ordenamientos a que pertenecen, es necesario resolver la contradicción de tesis denunciada en el caso de que los ordenamientos vigentes, que sustituyeron a aquéllos repitan, en lo esencial, las hipótesis normativas cuya interpretación por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio lugar a la contradicción de tesis, puesto que este proceder tiende a fijar criterios que conservan vigencia y utilidad en la preservación de la seguridad jurídica."
32. También es aplicable la tesis P. VIII/2001(12) que dice lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO DEBE DECLARARSE INEXISTENTE AUN CUANDO LA NORMA INTERPRETADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO HAYA SUFRIDO UNA REFORMA, SI ÉSTA NO MODIFICÓ SU ESENCIA. No es dable concluir que es inexistente una contradicción de tesis, cuando la norma legal que interpretaron los tribunales y que los llevó a conclusiones discrepantes, sufre una reforma que sólo modificó en parte la terminología empleada, pero no la esencia del precepto, en tanto que se entiende que si el contenido sustancial se mantiene, subsiste la divergencia de criterios que requiere ser superada a través del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
33. Por último, tampoco obsta para tener por existente la contradicción de criterios, la tesis jurisprudencial 2a./J. 83/2019 (10a.), de cuya interpretación partieron los tribunales colegiados contendientes para adoptar sus decisiones, porque la discordancia de criterios incluye la apreciación de los alcances de tal criterio firme.
34. Cobra vigencia, en su contenido substancial, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 53/2010(13) que enseguida se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es."
35. En estas condiciones, es existente la contradicción de tesis, como ya se anunció.
V. Estudio
36. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales y 1o. de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede en contra de normas generales y actos concretos de autoridad positivos o negativos.
37. Tratándose específicamente del amparo indirecto en contra de normas, el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo(14) prevé que una norma puede reclamarse con motivo de su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación.
38. Por su parte, el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la misma legislación(15) refiere que el juicio constitucional es improcedente contra normas o actos consentidos tácitamente, es decir, aquellos contra los que no se presente la demanda de amparo dentro de los plazos previstos legalmente, pero que las normas no se entenderán consentidas aun cuando no se reclamen con motivo de su sola vigencia, si se combaten a partir de su primer acto concreto de aplicación; y que cuando éste pueda ser controvertido a través de algún medio ordinario de defensa, es optativo para el interesado agotarlo o acudir inmediatamente a la instancia constitucional, de manera que, en el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma si no se promueve el juicio de amparo dentro del plazo establecido en la ley, contado a partir de la notificación de la resolución recaída al recurso o de la última resolución del medio ordinario que proceda contra el fallo del recurso.
39. En términos del artículo 17, fracción I, de la propia ley,(16) cuando la norma se reclama con motivo de su sola vigencia, el ocurso inicial deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes al inicio de esa vigencia; y se entiende que cuando se combate con motivo de un acto concreto de aplicación, deberá considerarse este último para determinar el plazo aplicable para promover el juicio.
40. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 71/2000(17) que dice así:
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."
41. No sobra señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido la posibilidad de que la aplicación de una norma se realice mediante la expedición de diversas disposiciones de observancia general que materialicen sus supuestos, caso en el cual la oportunidad de la demanda de amparo deberá examinarse atendiendo a la naturaleza de tal aplicación. Ilustra esta hipótesis la tesis de jurisprudencia 2a./J. 70/2000(18) de rubro y texto siguientes:
"LEYES, AMPARO CONTRA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE SU IMPUGNACIÓN PUEDE CONSISTIR EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El acto de aplicación de una ley con motivo del cual puede promoverse en su contra el juicio de amparo, no tiene que consistir necesariamente en un acto dirigido en forma concreta y específica al peticionario de garantías, sino que también puede ser una diversa disposición de observancia general de igual o inferior jerarquía, dirigida a todos aquellos que se coloquen en la hipótesis legal, y en virtud de la cual surjan o se actualicen situaciones que al vincular al particular al cumplimiento de la ley impugnada puedan dar lugar a que se considere afectado su interés jurídico, causándole perjuicios. En efecto, puede suceder que un reglamento, acuerdo o circular, que pormenorice, desarrolle o se emita con base en lo dispuesto en una ley, concrete en perjuicio del quejoso lo previsto en esta última, lo que permitirá la impugnación de ésta a través del juicio de garantías, aplicando, para su procedencia las mismas reglas del amparo contra leyes."
42. Finalmente, sea cual fuere el plazo que rija al acto reclamado, el artículo 18 de la ley de la materia(19) refiere que debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos su notificación a la persona quejosa o a aquél en que lo conozca o se ostente sabedora de éste o de su ejecución, excepto tratándose de leyes autoaplicativas.
43. Ahora, para determinar si un acto en particular constituye la aplicación de una norma, ha de examinarse el supuesto contenido en el precepto reclamado y si éste se materializa en el acto de que se trate, como se explica en la tesis CXIX/99(20) reproducida a continuación:
"AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN RECLAMADO NO MATERIALIZA LOS SUPUESTOS NORMATIVOS. El artículo 73, fracción XII, párrafo tercero de la Ley de Amparo, establece la opción de que, con motivo del primer acto de aplicación de una ley, se acuda desde luego al amparo contra ésta, o bien, después de agotar los medios ordinarios de defensa; sin embargo, cuando el acto que se señala como de aplicación no materializa los supuestos normativos de la ley, no se surte la hipótesis de la opción mencionada y, por tanto, en contra del acto concreto deben agotarse los medios ordinarios de defensa por no estarse en el caso de la excepción al principio de definitividad."
44. Para considerar que se produce la aplicación de una norma no es requisito necesario y suficiente que en el acto concreto se invoque el precepto que la contiene, pues puede ocurrir que se cite la disposición pero no se materialice –como sucede cuando en una orden de verificación se citan numerosos preceptos en prevención de algún evento que pueda producirse durante la inspección–, en cuyo caso no puede asumirse aplicada; o que se materialice pero no se cite, por deficiencia formal del acto o por decisión de la propia autoridad, supuesto este último en el que se considera llevada a cabo una aplicación tácita o implícita de la ley, como se explica en las tesis de jurisprudencia P./J. 30/96(21) y aisladas 3a. LXI/92(22) y P. LXVII/96(23) enseguida reproducidas:
"INTERES JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32088-ecd38e50/amparo-indirecto-contra-normas-que-regulan-derechos-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN PO (XVIII.3o. J/1 (10a.))
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