DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 451/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 13 DE FEBRERO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(2) de donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización y no así para resolver contradicciones de tesis entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como es el caso.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos que son competencia de los Tribunales Colegiados contendientes y, de lo contrario, se prolongaría la resolución del presente asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)
TERCERO. Las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son las siguientes:
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO. Se estima que los agravios expuestos por el recurrente son esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, por las siguientes consideraciones: El Juez de Distrito sostuvo que el juicio de amparo debía sobreseerse al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción VI de la Ley de Amparo (sic), que establece: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que necesite un acto posterior de aplicación para que origine tal perjuicio ...’. Sirviendo de base para dicha determinación la consideración de que, al tratarse el acto reclamado de una ley heteroaplicativa, debe promoverse el juicio de garantías dentro de los quince días siguientes a aquel en que se dé el primer acto de aplicación, considerando como tal el momento en que las cantidades de pago de derechos ingresan a las arcas del Estado por conducto de la oficina oferente del servicio y receptora de la contraprestación. Sin poder tomar en consideración el cobro que lleva a cabo el notario público, pues en el caso de pago de derechos por servicios al fedatario no se le impone la obligación de retenerlos, ‘... pues el hecho de que a través del notario se solicite la inscripción de los actos contenidos en escrituras, deriva de una práctica convencional de las partes suscriptoras, pues nada impide que los interesados acudan a realizar los trámites del servicio público de que se trata ...’. En ese mismo sentido, el Juez recurrido sostuvo que es entonces con los recibos oficiales expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado que se demuestra el primer acto de aplicación de los preceptos cuya inconstitucionalidad se reclama, sirviendo su fecha de expedición como base para el cómputo de la presentación de la demanda de amparo. Por lo que si dichos recibos fueron expedidos el tres de febrero de dos mil once y la presentación de la demanda de garantías fue el veintiocho de diciembre de dos mil diez, es inconcuso que a la fecha de su presentación la aplicación de los preceptos no se había materializado en perjuicio del quejoso. Ahora bien, inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión, en cuyos agravios sostiene que el Juez recurrido dejó de observar lo que establecen los artículos 77, fracción II y 78 de la Ley de Amparo, pues aplicó de manera inexacta la fracción VI del artículo 73 del mismo ordenamiento legal, pues dice: 1. Desde el escrito inicial de demanda se manifestó que el día veintitrés de diciembre de dos mil diez, había tenido conocimiento del acto reclamado al firmar la escritura pública **********. 2. Que el primer acto de aplicación de una ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley, en el caso, el notario público, quien actúa como un auxiliar de la administración pública. 3. Que derivado de la celebración de la compraventa y de su escrituración correspondiente, el aspirante a notario público número ********** de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal, con las facultades fiscales que la ley le confiere, calculó y retuvo los impuestos y derechos contributivos, constituyéndose este acto como el primer acto de aplicación. 4. El Juez de Distrito incurre en un error de interpretación de la demanda de garantías al no realizar un análisis integral de la misma. Motivos de disenso que, tal como se dijo al inicio del presente considerando, resultan esencialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, pues en efecto, este cuerpo colegiado advierte que el Juez de Distrito interpretó de manera errónea la demanda de garantías. En este sentido es menester señalar que tal y como lo hace valer el recurrente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido a través de la jurisprudencia visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XI, abril de 2000, del rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’, que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, es preciso señalar lo que de las constancias de autos se desprende: El veintiocho de diciembre de dos mil diez, **********, promovió demanda de amparo con motivo de la inconstitucionalidad del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, ofreciendo como pruebas la documental pública consistente en la escritura pública **********, pasada ante la fe del licenciado **********, aspirante a notario público, en funciones de fedatario sustituto de la Notaría Pública número **********, de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal, de donde, refirió el quejoso, ‘... haciendo unas sencillas operaciones aritméticas se deduce que por concepto de derechos de registro público de la propiedad se debió retener la cantidad de $********** (**********) por el registro de la compraventa; lo anterior porque, al tomar como referencia el valor de la operación de la compraventa, mismo que asciende a $********** (**********), fue tal cantidad la que le debió servir de base al fedatario público para el cálculo y retención del impuesto y de los derechos de registro público y en relación a los DERECHOS POR INSCRIPCIONES REGISTRALES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS, las cantidades de $********** (**********) por DERECHOS DE APERTURA DE CRÉDITO (**********) y $********** (**********) por DERECHOS DE APERTURA DE CRÉDITO (INFONAVIT) y esto porque la fracción IV del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, establece que para determinar el monto que el particular debe enterar al Estado por concepto de inscripciones de embargo de bienes inmuebles o por contratos de hipoteca celebrados por instituciones de crédito debe atenderse al porcentaje equivalente al ********** por ciento al millar del valor consignado en el acta de embargo o hipoteca ...’. Asimismo, ofreció la documental pública consistente en el acuse que ostenta sello original de la promoción dirigida a la Notaría Pública número ********** por medio de la cual solicitó, según lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo, el recibo de entero a la Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos, respecto de los derechos de Registro Público de la Propiedad y derechos por inscripciones registrales de créditos hipotecarios que retuvo el fedatario por motivo de la compraventa. Manifestando bajo protesta de decir verdad ‘... que a la fecha de presentación de este libelo de garantías, el fedatario no me ha proporcionado copia certificada del recibo de entero a la Subsecretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos, lo anterior se manifiesta para los efectos legales procedentes ...’; instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana, así como el informe justificado que presentarán las autoridades señaladas como responsables. Por su parte, el veintinueve de diciembre de dos mil diez, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, emitió un acuerdo por el que previno al promovente del amparo para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, aclarara su demanda y manifestara si a la fecha el notario público número ********** dio contestación a la solicitud hecha. Asimismo y con independencia de lo anterior, requirió al fedatario público de referencia para que igualmente en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del acuerdo, informara al Juzgado Federal si ya había llevado a cabo el entero ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos. Apercibiéndolos, respectivamente, en caso de incumplimiento a los requerimientos solicitados. Cabe destacar que a ambas partes, quejoso y notario, les fue notificado el acuerdo anterior con fecha treinta de diciembre de dos mil diez. El cuatro de enero de la presente anualidad, el quejoso cumple con lo solicitado y manifiesta nuevamente bajo protesta de decir verdad que el notario no ha dado contestación alguna a la solicitud realizada. El ********** de enero posterior, el juzgador admite la demanda de garantías y pide los informes justificados correspondientes a las autoridades señaladas como responsables. Mismas que al aceptar algunas la existencia del acto reclamado y al negarlo otras, hacen valer causales de improcedencia, mismas que serán analizadas en líneas subsecuentes. En relación al requerimiento solicitado al notario público, cabe mencionar que fue hasta el día primero de febrero de dos mil once que es entregada su respuesta al Juez Federal, en la que manifiesta que en cumplimiento a lo ordenado informa que ‘es cierto el acto reclamado’, que en la escritura pública sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés, se hizo constar el contrato de compraventa celebrado entre el quejoso y **********; el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado con el INFONAVIT, el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado con banco **********; así como la constitución de garantía hipotecaria que otorgó el quejoso a favor del INFONAVIT y el BANCO. Asimismo, aclara que por lo reciente de su otorgamiento, no se ha enterado cantidad alguna, pero que sin embargo, tan pronto se realice el entero ante la autoridad competente, lo informará en vía de alcance a su informe. En ese sentido, el día cuatro de febrero del dos mil once, es presentado ante la Oficialía de Partes Común
de los Juzgados de Distrito, un nuevo ‘informe’ del fedatario público, mismo que fue recibido en el Juzgado Sexto el día ocho de febrero de la misma anualidad, en este escrito se informa nuevamente en relación a la veracidad del acto reclamado, lo siguiente: ‘... Que en la escritura pública ********** otorgada ante mí ... hice constar: EL CONTRATO DE COMPRAVENTA que celebran, de una parte el señor **********, en lo sucesivo la «PARTE COMPRADORA», y, de otra la señora **********, por su propio derecho, en lo sucesivo la «PARTE VENDEDORA», con la concurrencia del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, para efectos de la cláusula segunda de este capítulo, en lo sucesivo el «INFONAVIT», representado por la señora **********: EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA que celebran por una parte «INFONAVIT» representado como ha quedado antes dicho, y por otra parte el señor **********, por su propio derecho, en lo sucesivo «EL TRABAJADOR». EL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA que celebran por una parte, ‘**********, en lo sucesivo «EL BANCO» representado por los señores ********** y **********, y por otra parte el señor **********, en lo sucesivo se le denominará indistintamente como el «ACREDITADO» y/o «LA PARTE ACREDITADA». LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA que otorga el señor **********, a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como «EL TRABAJADOR» o «LA PARTE ACREDITADA» o «GARANTE HIPOTECARIO» y/o «LA PARTE GARANTE HIPOTECARIA», a favor del «INFONAVIT» y de «EL BANCO ...». Por lo que derivado del acto jurídico I con fecha 3 de febrero del año 2011, fueron enterados los pagos de derechos retenidos en cumplimiento al artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda en el Estado de Morelos, ante la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, expidiendo para tal efecto la GLOSA RECOFICIAL número **********, por la cantidad de $********** (**********). Por concepto de derechos de inscripción el contrato de compraventa en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Morelos, y como consecuencia del acto jurídico II con fecha 3 de febrero del año 2011, fueron enterados los pagos de derechos retenidos en cumplimiento al artículo 77, fracción IV, de la Ley General de Hacienda en el Estado de Morelos, ante la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, expidiendo para tal efecto la GLOSA RECOFICIAL número ********** por la cantidad de $********** (**********). Por concepto de derechos de inscripción por el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria con ‘INFONAVIT’ en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Morelos. Como consecuencia del acto jurídico III con fecha 3 de febrero del año 2011, fueron enterados los pagos de derechos retenidos en cumplimiento al artículo 77, fracción IV de la Ley General de Hacienda en el Estado de Morelos, ante la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Morelos, expidiendo para tal efecto la GLOSA RECOFICIAL número ********** por la cantidad de $********** (**********). Por conceptos de derechos de inscripción por el contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria de **********, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Morelos. Asimismo, anexa copias certificadas tanto de la escritura pública **********, como de los recibos de entero a las autoridades señaladas como responsables. De todo lo cual se colige, válidamente, que si bien es cierto, el quejoso sólo presentó copia de la escritura pública y no adjuntó a su demanda de garantías recibo alguno que acreditara el pago realizado por concepto de derechos de registro, también lo es que dicho hecho no puede ser imputable a él, máxime que sí adjuntó y probó la solicitud hecha al fedatario público para que le exhibiera los recibos que lo pudieran acreditar. Por lo que en una correcta interpretación de la demanda de garantías debe entenderse que el acto reclamado se hizo consistir en la expedición, aprobación, promulgación, refrendo, publicación, aplicación y ejecución del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, aplicación de los preceptos que se materializó en el acto mismo de la firma de la escritura pública número **********, por así haberlo reconocido expresamente el notario público mediante el escrito invocado en líneas precedentes. De tal manera que no pueden desvincularse las documentales exhibidas por el quejoso al momento de la presentación de la demanda, de lo manifestado por el notario público y de los recibos exhibidos por éste, máxime cuando las causales de improcedencia deben ser una excepción para la promoción del juicio de garantías y no un obstáculo para que los ciudadanos puedan tener acceso a él, debiendo por tanto estar plena y fehacientemente acreditadas, situación que el caso, no se presenta. Sirviendo de orientación a lo expuesto, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 165538; localizable en la Novena Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, enero de 2010; materia común; página 324; cuyos rubro y texto establecen: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.’ (se transcribe). Por lo que resulta fundado lo alegado en relación a que el primer acto de aplicación se actualiza en el momento en que el notario público retiene las cantidad por concepto de pago de derechos de inscripción, pues en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo) o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de los gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución; inclusive, el Máximo Tribunal ha considerado que se actualiza el primer acto de aplicación, cuando una norma irrumpe en la individualidad de un gobernado, generándole un agravio en su esfera jurídica, mediante una aplicación formal o material, así como de manera escrita o de hecho. Este criterio está sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 67/97, visible en la página 84 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que enseguida se transcribe: ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY.’ (se transcribe). De este último criterio se advierte, que de conformidad con los artículos 21 y 73, fracciones VI y XII, de la Ley de Amparo, en los casos en que se impugna una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación, la demanda de garantías debe interponerse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se verifica su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso y que debe estimarse como tal no sólo el que emite la autoridad en ejercicio de sus facultades que legalmente le han sido conferidas, sino también el que se realiza por un particular cuando actúa por mandato de la ley, ya que en estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública. En ese orden, es incuestionable que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de leyes tributarias, debe tenerse como primer acto de aplicación de las mismas, el realizado por los particulares que por imperativo de ley tienen la obligación de calcular, retener y enterar ante la autoridad hacendaria, el impuesto a cargo de terceros, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración pública (federal o local) en la recaudación de impuestos. Ahora bien, de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos, se advierte que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la administración pública de esta entidad federativa en la recaudación de impuestos y derechos por enajenación, transmisión, gravamen o cualquiera otra modalidad legal impuesta a la propiedad raíz, así como por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, relacionados con esos actos jurídicos, cuando la operación se hace constar en escritura pública, casos en los que tienen obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado la contribución. Lo expuesto permite concluir que el primer acto de aplicación de las fracciones II y IV del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que establecen el pago de derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, se actualiza cuando el notario público retiene las cantidades por ese concepto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que así debe considerarse la actuación de un particular, quien por mandato de la ley, aplica una norma para recaudar una contribución e irrumpe en la individualidad del gobernado, generándole un agravio en su esfera jurídica. En el caso, los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal para el Estado de Morelos, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal de la misma entidad, establecen que los notarios públicos son auxiliares de la administración pública, en la recaudación de los derechos registrales, cuando los actos jurídicos respectivos se hacen constar en escritura pública y tienen la obligación de calcularlo, retenerlo y enterarlo dentro de los quince días siguientes a la protocolización. De manera que basta demostrar dicha retención, para considerar aplicada la norma en perjuicio del quejoso y con base en esa actuación, determinar la procedencia del juicio de amparo en que se reclame su inconstitucionalidad, de conformidad con la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo. ..."
Similares consideraciones sostuvo el citado Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión ********** y **********, por lo que es innecesaria su transcripción.
Por otra parte, el mismo Tribunal Colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, determinó lo siguiente:
"SEXTO. Resulta innecesario analizar la resolución recurrida así como los agravios enderezados en su contra, pues este tribunal advierte una causal de improcedencia del juicio de garantías diversa a la estimada por el juzgador federal, cuyo estudio oficioso, aun en el recurso de revisión, es preferente al fondo del presente medio de impugnación, por ser una cuestión de orden público, según lo dispone el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, tal como así lo consideró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 122/99, visible a foja 28, del Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época,(sic) con el rubro y texto siguientes: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Pues bien, como puede advertirse de la lectura del escrito de revisión, el inconforme se duele de la parte considerativa de la sentencia de amparo en la que el Juez de amparo decretó el sobreseimiento en el juicio, respecto del acto de aplicación del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, que se traduce en el pago de los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos, respecto de los contratos de compraventa y apertura de crédito simple con garantía contenidos en la escritura pública **********, protocolizada el treinta de noviembre de dos mil diez, en la Notaría Pública Número Uno, de la Novena Demarcación Notarial del Estado de Morelos, al estimar dicho Juez que dicho acto de aplicación se concretó en el momento en que el contribuyente realizó el pago de los derechos correspondientes ante el erario público y no cuando el notario público llevó a cabo la retención de dichas cantidades. En disenso de lo resuelto por el juzgador federal, este órgano jurisdiccional estima que en relación a las disposiciones legales antes mencionadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estar en presencia de actos consentidos tácitamente, toda vez que el juicio de garantías no se promovió dentro del término de quince días que prevé el artículo 21 de la propia ley, como se verá a continuación. El Alto Tribunal Judicial ha determinado que el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo) o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de los gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución. Este criterio está sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 67/97, visible en la página 84 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que enseguida se transcribe: ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY.’ (se transcribe). De este último criterio se advierte, que de conformidad con los artículos 21 y 73, fracciones VI y XII, de la Ley de Amparo, en los casos en que se impugna una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación, la demanda de garantías debe interponerse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se verifica su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso y que debe estimarse como tal no sólo el que emite la autoridad en ejercicio de sus facultades que legalmente le han sido conferidas, sino también el que se realiza por un particular cuando actúa por mandato de la ley, ya que en estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública. En ese orden, es incuestionable que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de leyes tributarias, debe tenerse como primer acto de aplicación de las mismas, el realizado por los particulares que por imperativo de ley tienen la obligación de calcular, retener y enterar ante la autoridad hacendaria, el impuesto a cargo de terceros, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración pública (federal o local) en la recaudación de impuestos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125 de los Volúmenes 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente: ‘LEYES HETEROAPLICATIVA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24333-b0bc648e/derechos-por-inscripcion-en-el-registro-publico-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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