Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO DEL ESTADO DE MORELOS. LA RETENCIÓN QUE DE ÉSTOS HACE EL NOTARIO, RESPECTO DE ACTOS CELEBRADOS ANTE ÉL, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD QUE LOS PREVÉ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 194/2011. · Registro digital (IUS): 23743
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Pág. 1145.

AMPARO EN REVISIÓN 194/2011. 25 DE AGOSTO DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARMANDO ERNESTO PÉREZ HURTADO. SECRETARIO: ÓSCAR ROJAS COTA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Resultan infundados los agravios hechos valer por la recurrente.

Los citados agravios se hacen consistir, esencialmente, en que la sentencia reclamada viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 77, fracción II y 78 de la Ley de Amparo, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, basándose para ello en una falsa apreciación de lo manifestado en su demanda, en razón de que en ningún momento señaló que el acto de aplicación de las disposiciones reclamadas ocurrió el catorce de diciembre de dos mil diez, por el contrario, se dijo en los antecedentes del acto reclamado que derivado de los actos jurídicos que se celebraron ante fedatario público, se calcularon y retuvieron los derechos contributivos, omitiéndose señalar fecha de la retención por parte del notario público, tan es así que se aclaró que dicho fedatario no otorgó recibo alguno.

Continúa diciendo la inconforme que, contrario a lo sostenido por el Juez de amparo, no existió confesión de su parte respecto a que haya tenido conocimiento de la aplicación de la ley tildada de inconstitucional en la fecha antes citada, por lo que no se actualiza la causa de improcedencia analizada por el a quo, pues lo que sostuvo en su demanda es que tuvo conocimiento del acto reclamado el día catorce de febrero de dos mil once, fecha en que se actualizó en su perjuicio la aplicación de la norma tildada de inconstitucional, por lo que si la demanda de amparo se presentó el tres de marzo del mismo año, la misma cumplió con el término de quince días previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Agrega que no asiste razón al Juez de Distrito cuando aduce que de las documentales se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de los actos el catorce de diciembre de dos mil diez, porque tales documentales no cuentan con sustento legal.

Señala que el perjuicio de las normas reclamadas no surge con su sola entrada en vigor, sino que se necesita la actuación del tercero que actúa en auxilio de la autoridad para generar el perjuicio, por lo que los actos de aplicación de tales normas resultan ser precisamente las retenciones verificadas por parte del notario público de que se trate al momento de que se lleven a cabo los actos traslativos de dominio, de los que deba dar fe, pues es dicho momento cuando se materializa el perjuicio de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, específicamente de los derechos por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio.

Dice, además, que a efecto de que la operación sobre adquisición de bienes inmuebles que consta en escritura pública sea punto de partida para el inicio del plazo para intentar la vía constitucional, no basta tener por acreditado ese solo hecho, sino además debe encontrarse plenamente demostrado a partir de qué momento el quejoso tuvo pleno conocimiento de dicho acto, para lo cual es menester que ese documento precise que se realizó la retención correspondiente y el sustento legal de dicha actuación, lo que debe acreditarse necesariamente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y, en el caso, no existió confesión de que el quejoso conoció el acto reclamado en la fecha que señala el Juez de Distrito; en tal virtud, considera que el juzgador de amparo sobreseyó en el juicio de garantías con base en una premisa falsa y una interpretación aislada de la demanda de garantías.

Finalmente, señala que resulta inexacto que, el hecho de que la celebración del contrato de compraventa, origen de la aplicación de la ley reclamada, hubiera ocurrido en una fecha anterior a la en que se tuvo conocimiento de dicha aplicación, implique una aceptación espontánea de que fue en tal día en que tuvo verificativo la retención de los derechos de registro público, queriendo dejar perfectamente delimitado que no es jurídicamente trascendente el día exacto de la retención, puesto que el artículo 21 de la Ley de Amparo es claro en cuanto a que el término corre a partir del día siguiente en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado e incluso su ejecución, sin que obste la fecha en ocurrió tal acto.

Se estima correcto el proceder del Juez de amparo, en razón de que, tal como lo sostuvo en la sentencia impugnada, se actualizó en perjuicio de la quejosa la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se refiere a los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de garantías dentro de los términos señalados en los artículos 21, 22 y 218 de la propia ley.

Para arribar a lo anterior, en principio, el Juez procedió a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, que se desprenden del estudio integral de la demanda de garantías, consistente en la expedición, aprobación y promulgación de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, específicamente de su artículo 77, fracciones II, XI, inciso a) y XXV, que se traducen en las retenciones de las cantidades correspondientes para el pago de los derechos de inscripción de documentos ante el Registro Público de la Propiedad.

Posteriormente, al analizar la causa de improcedencia hecha valer por la mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos, autoridad señalada como responsable, el Juez recurrido determinó que le asiste la razón a dicha autoridad, en razón de que la parte quejosa confesó en su demanda de amparo, que el catorce de diciembre de dos mil diez, fecha de celebración de los actos jurídicos que dieron lugar a las diversas escrituras públicas, el aspirante a notario público, en funciones de fedatario sustituto de la notaría pública número cinco, de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal, llevó a cabo el cálculo y retención de las cantidades por concepto de pago de derechos en la inscripción de tales contratos y actos jurídicos, de tal manera que si la retención de las cantidades por esos conceptos constituyen las hipótesis contenidas en el artículo 77, fracciones II, XI, inciso a) y XXV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, resulta inconcuso que con motivo de la confesión de la parte quejosa, fue en esa fecha que tuvo verificativo el acto de aplicación del precepto legal combatido; por tanto, la presentación de la demanda de garantías resulta extemporánea.

Asimismo, señala el Juez Federal, se llegaría a la misma conclusión si se toma en consideración que la persona moral quejosa enteró a las autoridades responsables ejecutoras las cantidades por los diversos conceptos que prevé el precepto legal reclamado, el día dos de febrero de dos mil once, como se aprecia de los recibos de pago que exhibió la agraviada.

De tal manera que, dice el Juez de Distrito, con lo manifestado por la promovente acerca de que el catorce de diciembre de dos mil diez, el fedatario público hizo el cálculo y la retención de las cantidades por concepto de pago de derechos para la inscripción de los documentos respectivos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, concatenado con las documentales consistentes en las copias certificadas de los recibos de entero de las cantidades que por concepto de derechos se entregaron a las autoridades ejecutoras el dos de febrero de dos mil once, se obtiene que la demanda de garantías presentada el tres de marzo de dos mil once resultó extemporánea, tomando en cuenta que quedó de manifiesto que la norma combatida fue aplicada al impetrante de amparo desde la primera fecha citada, agregando el Juez Federal, que lo mismo acontece si se toma en cuenta como fecha de aplicación de la norma reclamada el dos de febrero de dos mil once, en que se enteraron las cantidades correspondientes a las autoridades exactoras por concepto de pago de derechos de inscripción, pues al realizar el cálculo de los días que transcurrieron entre esa fecha y la de presentación de la demanda, se obtiene igualmente que la misma se presentó fuera del plazo previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el reclamo de la inconforme se sustenta básicamente en que el Juez de Distrito, en forma errónea, sostuvo que existió confesión de su parte en cuanto a que el día de la escrituración de la compraventa se retuvieron las cantidades por concepto de derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ya que lo que en realidad manifestó es que derivado de los actos jurídicos celebrados ante fedatario público, éste calculó y retuvo los impuestos y derechos contributivos respecto a dichos actos y que si bien no se le otorgó recibo alguno, se colige que por concepto de derechos se debían enterar ciertas cantidades.

Resulta infundado lo expuesto.

Lo anterior es así, pues de la resolución reclamada no se advierte que el Juez de amparo haya apreciado en forma incorrecta lo manifestado por la quejosa, pues del escrito de demanda de amparo se desprende, efectivamente, que hizo del conocimiento que el notario público número cinco, de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal, con las facultades que la ley le confiere, calculó y retuvo los impuestos y derechos contributivos respecto a los actos jurídicos celebrados el catorce de diciembre de dos mil diez, agregando que si bien dicho fedatario no le hizo entrega de recibo alguno, realizando motu proprio sencillas operaciones aritméticas, dedujo que por concepto de derechos del Registro Público de la Propiedad, se debieron retener las cantidades que detalló en los antecedentes del acto reclamado.

Entonces, resulta correcta la apreciación del Juez en cuanto a que no existe duda alguna de que en la misma fecha de celebración de los actos jurídicos que dan origen a la aplicación de la norma combatida, se efectuó por parte del notario la retención de las cantidades correspondientes al pago de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, arribando correctamente a la conclusión que esa misma fecha es la que se debe tomar en cuenta para estimar que tuvo conocimiento de los actos concretos de aplicación de la norma impugnada que prevé el pago de tales derechos, sobre todo si se toma en cuenta que la inconforme en ninguna forma desvirtúa tal consideración, pues al respecto únicamente sostiene que la retención por parte del notario no se llevó a cabo en la fecha estimada por el Juez sin exponer cual es la fecha correcta, lo cierto es que sí existió tal retención, tan es así que se realizaron los pagos correspondientes por los citados derechos.

El Alto Tribunal Judicial ha resuelto que el primer acto de aplicación de una norma que establece los elementos de un determinado tributo puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concretice tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria principal (el pago del tributo) o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de los gobernados a quienes se les encomienda la retención o la recaudación de una contribución.

Este criterio está sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 67/97, visible en la página 84 del Tomo VI, correspondiente al mes de septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes."

Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada en la página 169 de los Volúmenes 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que enseguida se transcribe:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respecto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares."

De este último criterio se advierte que, de conformidad con los artículos 21 y 73, fracciones VI y XII, de la Ley de Amparo, en los casos en que se impugna una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación, la demanda de garantías debe interponerse dentro de los quince días siguientes a aquel en que se verifica su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso y que debe estimarse como tal no sólo el que emite la autoridad en ejercicio de sus facultades que legalmente le han sido conferidas, sino también el que se realiza por un particular cuando actúa por mandato de ley, ya que en estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública.

En ese orden, es incuestionable que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de leyes tributarias, debe tenerse como primer acto de aplicación de las mismas el realizado por los particulares que por imperativo de ley tienen la obligación de calcular, retener y enterar ante la autoridad hacendaria el impuesto a cargo de terceros, en tanto tienen el carácter de auxiliares de la administración pública (federal o local) en la recaudación de impuestos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125 de los Volúmenes 193-198, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA, POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. La obligación de retener un impuesto a cargo de compradores y posteriormente su entregó a las oficinas hacendarias respectivas, son deberes impuestos a terceros que corresponden a la facultad que el fisco tiene para el más eficaz control de los impuestos y hacer rápida y efectiva su recaudación; esta facultad se encuentra implícita en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que al conceder atribuciones a la Federación para establecer contribuciones, no consigna una relación jurídica simple en la que el gobernado tenga sólo la obligación de pagar el tributo y el Estado el derecho correlativo de recaudarlo, sino que de ese precepto se deriva un complejo de derechos, obligaciones y atribuciones, que forman el contenido del derecho tributario, y entre éstas se halla la de imponer medidas eficaces para la recaudación del tributo mediante el señalamiento de obligaciones a terceros. Esta actividad, puede catalogarse como una cooperación o colaboración de los particulares en la realización de los fines del Estado."

Ahora bien, de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal para el Estado de Morelos,(1) 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Morelos,(2) se advierte que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la administración pública de esta entidad federativa en la recaudación de impuestos y derechos por enajenación, transmisión, gravamen o cualquier otra modalidad legal impuesta a la propiedad raíz, así como por la inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, relacionados con esos actos jurídicos, cuando la operación se hace constar en escritura pública, casos en los que tienen obligación de calcularlo y enterarlo dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubiere pagado la contribución.

En esa tesitura, debe estimarse que la retención que efectúa el notario público por los derechos de registro correspondientes, constituye el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan, para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

El criterio que aquí se sostiene, se sustenta en el hecho de que el acto a través del cual se aplica la ley tributaria, se realiza por un particular que actúa en su carácter de auxiliar de la administración pública en la recaudación de impuestos, como sucede tratándose de la retención del tributo a cargo de un tercero, lo que evidencia que en tal supuesto interviene la autoridad hacendaria, aunque de manera indirecta.

Bajo ese contexto, el acto en virtud del cual el notario público retuvo los derechos correspondientes, debe estimarse como el primer acto de aplicación de los preceptos legales que lo regulan y, por ende, susceptible de generar la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento tácito, al no impugnarse dentro de los quince días siguientes a aquel en que el adquirente tuvo conocimiento de dicho acto; dado que el fedatario sí tiene la obligación de retener el pago de los derechos por servicios (como ya se evidenció anteriormente).

Aunado a lo anterior, tal como lo señaló el Juez en su determinación, existe otro momento de aplicación de la norma impugnada, como es aquel en que se llevó a cabo el entero de las cantidades correspondientes al pago de los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público; es decir, el dos de febrero de dos mil once, como se desprende de los recibos oficiales que obran a fojas 156 a 165, 182 a 195 y 216 a 237, expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Morelos; sin embargo, también conforme a la citada fecha la demanda de amparo resulta extemporánea.

En las citadas condiciones, resulta inconcuso que, tal como lo consideró el Juez de amparo, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional se produjo al momento en que el notario efectuó la retención de las cantidades correspondientes al pago de los derechos de inscripción de los actos jurídicos que protocolizó el catorce de diciembre de dos mil diez, fecha a partir de la cual la quejosa estaba obligada a presentar su demanda dentro del término de quince días previsto por el artículo 21 de la Ley de Amparo; o bien, a partir de la fecha en que se llevó a cabo el entero de las cantidades correspondientes al pago de los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Morelos.

De tal manera que resulta inverosímil lo manifestado por la inconforme en su demanda de garantías, en cuanto a que tuvo conocimiento de los actos reclamados el catorce de febrero de dos mil once, lo que se desvirtúa con la existencia en autos de los recibos de pago citados anteriormente, cuya fecha de expedición es el dos de febrero de dos mil once, de los cuales evidentemente se desprende que la quejosa erogó las cantidades amparadas a través de dichos recibos y en consecuencia, por lo menos desde esa fecha, se aplicó en su contra el contenido del precepto cuya inconstitucionalidad se impugna, aunado al hecho de que la amparista únicamente expone que se debe tomar en cuenta para el inicio del plazo para la presentación de la demanda de garantías, el catorce de febrero de dos mil once, sin exponer los motivos por los cuales debe estimarse que en esa fecha tuvo conocimiento de los actos reclamados, de tal manera que no basta la sola afirmación de la impetrante en tal sentido.

Resulta de aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1148, con el número VI.2o.C. J/194, del Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes:

"ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.-El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada."

En conclusión, si el término para la interposición de la demanda de amparo se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto, en el particular, resulta que el referido término inició por lo menos desde el día tres de febrero de de dos mil once y concluyó el veinticuatro del mismo mes y año, excluyéndose los días cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte del propio mes, por haber sido inhábiles; mientras que la demanda de amparo se presentó hasta el día tres de marzo del año en curso, como se desprende del sello asentado por la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito; entonces, resulta inconcuso que tanto en el caso del primer acto concreto de aplicación de la norma impugnada, como en la hipótesis del conocimiento del acto reclamado, transcurrió con exceso el plazo de quince días que se tenía para presentarla, por lo que se torna evidente la causal de improcedencia invocada por el a quo, al tratarse de un acto consentido tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio dentro del término legal, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías.

Resulta de aplicación al caso, la jurisprudencia 61, visible en la página 103, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:

"ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.-Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala."

En consecuencia, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, en relación con el 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, en contra de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, específicamente las fracciones II, XI, inciso a) y XXV de su artículo 77, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria.

Notifíquese; con el testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen, y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos y firmaron los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, Lino Camacho Fuentes, Armando Ernesto Pérez Hurtado y Juan José Franco Luna, siendo presidente el primero y ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

_______________

1. "Artículo 182. En cada infracción de las señaladas en este Código se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a las reglas siguientes:

"...

"VII. Cuando se omita una prestación fiscal que corresponda a los actos o contratos que se hagan constar en escritura pública o minuta extendida ante corredor titulado, la sanción se impondrá exclusivamente a los notarios o corredores y los otorgantes sólo quedarán obligados a pagar los impuestos omitidos. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los interesados al notario o corredor, la sanción se aplicará a los mismos interesados. ..."

2. "Artículo 43. Siempre que se celebre algún contrato, convenio u operación que afecte derechos reales que implique: enajenación, transmisión, gravamen o cualquiera otra modalidad legal impuesta a la propiedad raíz, las partes otorgantes, los notarios públicos, los corredores y demás funcionarios autorizados para dar fe, tendrán la obligación de manifestar ante la autoridad municipal en el que se ubique el bien raíz, las operaciones que realicen dentro del término de 15 días a partir de la fecha de firma o declaración expresa o de consentimiento en términos de la ley civil."

"Artículo 103. Los servicios que preste la autoridad municipal causarán derechos o aprovechamientos de acuerdo a la ley.

"Los notarios, para los efectos de este artículo tendrán el carácter de retenedores a los derechos causados por gestiones que realicen."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23743-854fda22/derechos-por-inscripcion-en-el-registro-publico-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.