IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS. SU CÁLCULO Y RETENCIÓN POR UN NOTARIO PÚBLICO CON MOTIVO DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, IMPUGNABLES A PARTIR DE LA FIRMA DE LA ESCRITURA RESPECTIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 496/2014. 24 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIO: ÓSCAR ROJAS COTA.
CONSIDERANDO:
(1) QUINTO.-Resulta innecesario el estudio de los agravios expuestos por el recurrente, toda vez que este cuerpo colegiado advierte, de manera oficiosa, la actualización de una causa diversa a la invocada por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en funciones de Juez, que hace improcedente el juicio de garantías promovido por **********, cuestión que no se encuentra al arbitrio de los órganos jurisdiccionales, sino que es una obligación establecida en la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social, además de que el análisis de las causas de improcedencia debe hacerse de manera preferente al estudio de los agravios hechos valer y en cualquier etapa del juicio de garantías, lo que conduce a confirmar, aunque por diversas razones, la sentencia recurrida y a sobreseer en el juicio de garantías.
(2) Lo anterior encuentra su fundamento, primeramente, en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece:
"Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."
(3) Sustenta lo anterior la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."(3)
(4) Una vez precisado lo anterior, y con motivo de una nueva reflexión de este órgano colegiado, se determina que, en la especie, el juicio de garantías es improcedente, de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 107 y con el diverso 217, todos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. ..."
"Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. ..."
(5) En esa tesitura, se deben analizar varios aspectos que explican la improcedencia del juicio constitucional:
(6) En principio, este tribunal estima que el cálculo o retención que realiza el notario público del importe a pagar por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica del adquirente, en tanto que le impone una carga económica.
(7) Es así, porque desde el momento en que el gobernado, en su carácter de adquirente, acepta los términos y consecuencias del acto jurídico que celebra, entre ellos el relativo al pago de las contribuciones que él mismo genera, lo relevante para el caso es que al momento de realizar el pago ante el notario público, que generalmente es a la firma de la escritura, salvo caso en contrario o en casos específicos, es que se resiente la afectación a su esfera jurídica y desde entonces el gobernado está en condiciones de controvertirla.
(8) Luego, si dicho acto de autoridad no es impugnado oportunamente por el afectado a través de los medios legales conducentes, inclusive, vía amparo, entonces adquirió firmeza.
(9) En semejantes términos se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer las notas distintivas de la autoridad para efectos del juicio de amparo, en la jurisprudencia que dice:
"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.-Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."(4)
(10) Sobre el tema, no pasa inadvertido a este tribunal, que conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN).",(5) se considera que los notarios públicos no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello se estimó así para un caso específico, esto es, cuando actúan como simples fedatarios de los actos o hechos que para su protocolización les someten los particulares que continúan ante ellos extrajudicialmente el trámite de una sucesión; sin embargo, a consideración de este tribunal, conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, sí podían tener tal carácter en otros casos, como es aquellos en que actúan por mandato de una ley frente a los particulares provistos de una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad, tal como ocurre con el cálculo y retención del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y sobre derechos registrales, en tanto que así se desprende de los artículos 182, fracción VII, del Código Fiscal, 43 y 103 de la Ley de Catastro Municipal, ambos ordenamientos del Estado de Morelos,(6) de cuyo análisis integral se puede concluir que los notarios públicos tienen el carácter de auxiliares en la administración pública del Estado de Morelos, en la recaudación de impuestos y derechos por la inscripción de documentos en el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado, cuando la operación se hace constar en escritura pública, casos en los que tienen obligación de calcularlos y enterarlos dentro de los quince días siguientes a aquel en que se protocolice el acto, excepto cuando se trate de operaciones respecto de las cuales ya se hubieren pagado; de ahí que no actúan únicamente en su calidad de fedatarios públicos, por lo que tampoco resultan aplicables las diversas tesis aisladas de rubros: "NOTARIOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD." y "NOTARIOS, AMPARO CONTRA LOS.",(7) las cuales además, por ser criterios aislados, no resultan vinculantes para este órgano jurisdiccional.
(11) Ahora bien, en el caso concreto, del informe rendido por el notario público número ********** de la ********** Demarcación Notarial del Estado de Morelos y del Patrimonio Inmueble Federal ante el Juzgado de Distrito recurrido, se advierte que, anexo al mismo, remitió copia certificada de la escritura pública número **********, de fecha **********, en cuyo capítulo primero, cláusula novena, relativo a la compraventa, se estipuló:
"Compraventa: ...Novena.-Todos los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen con motivo de la presente operación, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado, serán cubiertos por la parte compradora, con excepción del impuesto sobre la renta, que será cubierto por la parte vendedora. ..."(8)
(12) En el capítulo primero, cláusula décima, relativa a impuestos, se establece, en la parte que aquí interesa, lo siguiente:
"Liquidación de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Operación. Compraventa. Base según escritura **********.-Impuesto tasa 2%.-**********.-Más 25% adicionales.-$**********.-Total a pagar.-$**********."(9)
(13) Asimismo, en dicho instrumento público se asentó lo siguiente:
"Doy fe:
"...
"V. De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento en voz alta y explicándoles el valor y la fuerza legal de su contenido me manifestaron su conformidad con el mismo, ratificándolo y firmándolo en comprobación el mismo día del mes de su otorgamiento, haciéndoles sabedores de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, bajo protesta de decir verdad, para su identificación por sus generales me manifestaron ser: ..."(10)
(14) De igual modo, en su informe justificado el notario público número ********** de la **********, Demarcación Notarial del Estado de Morelos, manifestó haber retenido y enterado los derechos por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, al cual anexó copia de la escritura pública y los recibos correspondientes.(11)
(15) Por otra parte, en su demanda de garantías, el quejoso, aquí recurrente, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:
"Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados son ciertos: ..."(12)
(16) Asimismo, en los hechos de la demanda manifestó:
"Antecedentes
"1. La que suscribe (sic) formalizó contrato de compraventa y apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria respecto del inmueble identificado como la casa número **********, resultante de la constitución del régimen de propiedad en condominio denominado **********.
"2. Actos jurídicos que quedaron plasmados en la escritura pública número **********, pasada ante la fe del notario público número **********, de la ********** Demarcación Notarial en el Estado de Morelos.
"3. Derivado de la celebración de los actos jurídicos citados en el punto inmediato anterior, el notario público número **********, de la ********** Demarcación Notarial en el Estado de Morelos, con las facultades fiscales que la ley confiere como tercer auxiliar de la administración pública, calculó y retuvo los impuestos y derechos, sin especificarme el fundamento legal del mismo.
"4. De la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales tuve conocimiento el día 25 de agosto de 2014, toda vez que la suscrita (sic) por cuestiones fiscales tuve que acudir a la notaría a preguntar el concepto de las retenciones y su fundamento legal, ya que del recibo de retenciones no se desprende tal situación, en donde se me informó de la aplicación de las leyes tildadas de inconstitucionales.
"5. La suscrita (sic) sin estar de acuerdo con el cobro de las cantidades en aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, considero que son actos ilegales de las autoridades responsables, por las razones que expresaré en los conceptos de violación dentro de la misma. ..."(13) (Lo resaltado es propio).
(17) De lo que se colige que, por lo menos a partir del **********, el hoy recurrente se enteró fehacientemente del agravio sufrido en su esfera jurídica.
(18) Esto es, a partir de esa fecha tuvo conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que le causaba perjuicio, pues conoció que con motivo del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria erogó diversas cantidades por concepto de impuestos y derechos.
(19) De ahí que, al tratarse de un acto de autoridad que le causaba perjuicio en su patrimonio y no contener, como el propio quejoso y recurrente lo reconoce, fundamento legal alguno que explicara los cobros respectivos, debió haberlo impugnado por las vías legales conducentes, inclusive con el juicio de amparo, este último dentro del término genérico de quince días previsto en la propia Ley de Amparo.
(20) No obstante lo anterior, decidió permanecer en ese estado de desconocimiento, en su propio perjuicio, ya que promovió su demanda de garantías hasta el **********,(14) por lo que la conducta omisiva del propio quejoso ha tenido como consecuencia jurídica natural que el acto de autoridad mencionado adquiera firmeza plena, lo que implica que ya no pueda modificarse.
(21) Ahora bien, la norma general impugnada por el recurrente, conjuntamente con el acto de aplicación, es de naturaleza heteroaplicativa, porque su afectación está condicionada a que exista un acto de aplicación en su perjuicio, contrariamente a lo que sucede con las leyes autoaplicativas, que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado, lo que se fundamenta en el siguiente criterio jurisprudencial:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."(15)
(22) De esta guisa, se tiene que de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 17 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene la obligación de que, en tratándose de leyes heteroaplicativas, como en el caso ocurre, el amparo sólo puede ser promovido con motivo de un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, no pudiendo el Juez de Distrito desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación.
(23) Por lo que, si de conformidad con lo que el mismo recurrente manifiesta, el primer acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales se materializó con el acto de autoridad ya señalado, y éste quedó firme por falta de impugnación, resulta improcedente el análisis de las normas combatidas, en estricto acatamiento a la citada jurisprudencia, la que versa al tenor literal siguiente:
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada".(16)
(24) Arribar a diversa conclusión nos llevaría al absurdo de que todo acto de autoridad carente de fundamento pudiera impugnarse vía amparo sin restricción de tiempo hasta en tanto el gobernado afirmara haber conocido las leyes que le fueron aplicadas; o que la fecha de conocimiento del acto reclamado aducida por el quejoso, pudiera desvirtuar la firmeza que tiene el acto de autoridad que no se impugnó en tiempo.
(25) Aceptar lo que pretende la parte quejosa implicaría avalar, sin justificación legal alguna, que el gobernado, cuando así le conviniera o lo considerara favorable a sus intereses, investigue cuáles son las normas que han sido declaradas inconstitucionales por jurisprudencia obligatoria, de entre aquellas que en algún momento le han sido aplicadas por un acto considerado como carente de fundamentación y motivación, e impugnarlas posteriormente sin restricción temporal alguna; lo que desde luego es lógica, moral y jurídicamente insostenible, en razón de que, como se ha venido diciendo, al existir un acto de autoridad lesivo a su patrimonio, desde que tuvo conocimiento del mismo (el pago que realizó por concepto de derechos y retención de impuestos), el afectado estaba en condiciones de controvertirlo y, al no haberlo hecho así, éste adquirió firmeza, sin que ahora pueda beneficiarse de la conducta desinteresada en que incurrió.
(26) Sin que pasen desapercibidas para este órgano colegiado, las manifestaciones vertidas por el recurrente, mediante escrito presentado el **********, específicamente en la parte relativa a la vista ordenada en el diverso auto de diez de diciembre de dos mil catorce, porque como se ha señalado en líneas anteriores, es a partir de la fecha de la escritura en que el ahora recurrente tuvo conocimiento de la existencia de un acto que le causaba perjuicio y desde la firma de esa escritura estuvo en posibilidad de reclamarlo a través del medio de defensa correspondiente, y al no haberlo hecho así, adquirió firmeza el acto del que ahora se duele; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada.
(27) El criterio adoptado en esta ejecutoria no significa desatender las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN." y "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO INFORMADA POR PARTE DEL NOTARIO PÚBLICO AL CONTRIBUYENTE, CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE REGULAN ESE TRIBUTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.";(17) lo anterior, en razón de que dichos criterios deben entenderse aplicables en aquellos casos en que el gobernado desconoce la existencia de un acto de autoridad lesivo a sus intereses jurídicos, y la causa que se aplicó para resolver el asunto fue la relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda de amparo; situaciones, una y otra que, como se analizó hasta aquí, no ocurren en la especie.
(28) Por lo anteriormente relatado, lo procedente es confirmar, aunque por diversas razones, la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
(29) Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en los artículos del 76 al 79 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese en términos de ley; en el entendido de que la versión pública de la presente sentencia no deberá contener los datos personales de las partes; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió, por unanimidad de votos, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, integrado por los Magistrados Ana Luisa Mendoza Vázquez, Alejandro Roldán Velázquez y Guillermo del Castillo Vélez, siendo presidenta la primera y ponente el último de los nombrados.
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
______________
3. Novena Época. Registro digital: 192902. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, materia común, tesis P./J. 122/99, página 28.
4. Novena Época. Registro digital: 161133. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia común, tesis 2a./J. 164/2011, página 1089.
5. Novena Época. Registro digital: 167897. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, materia civil, tesis 1a./J. 99/2008, página 199.
6. "Artículo 182. En cada infracción de las señaladas en este código se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a las reglas siguientes:
"...
"VII. Cuando se omita una prestación fiscal que corresponda a los actos o contratos que se hagan constar en escritura pública o minuta extendida ante corredor titulado, la sanción se impondrá exclusivamente a los notarios o corredores y los otorgantes sólo quedarán obligados a pagar los impuestos omitidos. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los interesados al notario o corredor, la sanción se aplicará a los mismos interesados. ..."
"Artículo 43. Siempre que se celebre algún contrato, convenio u operación que afecte derechos reales que implique: enajenación, transmisión, gravamen o cualquiera otra modalidad legal impuesta a la propiedad raíz, las partes otorgantes, los notarios públicos, los corredores y demás funcionarios autorizados para dar fe, tendrán la obligación de manifestar ante la autoridad municipal en el que se ubique el bien raíz, las operaciones que realicen dentro del término de 15 días a partir de la fecha de firma o declaración expresa o de consentimiento en términos de la ley civil."
"Artículo 103. Los servicios que preste la autoridad municipal causarán derechos o aprovechamientos de acuerdo a la ley. ..."
7. Quinta Época. Registro digital: 323537. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, Núm. 1, materia común, página 367.
Quinta Época. Registro digital: 386150. Instancia: Sala Auxiliar. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación, Tomo CX, Núm. 7, materias administrativa y civil, página 1654.
8. Foja 139.
9. Foja 139 vuelta.
10. Ídem, foja 150 vuelta.
11. Ibídem, fojas 152 a 161.
12. Ibídem, foja 3 vuelta.
13. Ibídem, fojas 3 vuelta y 4.
14. Foja 1 del expediente de origen.
15. Novena Época. Registro digital: 198200. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, materias constitucional y común, tesis P./J. 55/97, página 5.
16. Novena Época. Registro digital: 191311. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, materia constitucional, tesis 2a./J. 71/2000, página 235.
17. Décima Época. Registro digital: 2003270. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Tomo 2, abril de 2013, materia común, tesis 2a./J. 47/2013 (10a.), página 1238.
Novena Época. Registro digital: 176048. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, materia administrativa, tesis 2a./J. 5/2006, página 657.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25664-64e0b96f/impuesto-sobre-adquisicion-de-bienes-inmuebles-y-derechos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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