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Modo: Corpus Pro

NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2015. · Registro digital (IUS): 25840
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-09-25
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , Pág. 474.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 174/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 19 DE AGOSTO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

Lo anterior encuentra apoyo, además, en el criterio contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Pleno, tesis aislada, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, tesis P. I/2012 (10a.), página 9, registro digital: 2000331].

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227 de la Ley de Amparo(1) fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, prevén que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran, los Jueces de Distrito y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante este Alto Tribunal, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Según se expuso, dentro de los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis se encuentran los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado, en el caso, la denuncia correspondiente fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Luego, es claro que están legitimados para formular la denuncia correspondiente, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Ejecutorias contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, es menester formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Por lo que hace al recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resuelto en sesión de veintiuno de mayo de dos mil quince, tenemos como antecedentes, los siguientes:

1. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ********** promovió demanda de amparo en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el jefe delegacional en Benito Juárez, la Secretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planeación Financiera, la Tesorería General, la Tesorería Oficina Auxiliar Delegación Benito Juárez, la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal y el notario público número ciento treinta y tres del Distrito Federal; de quienes reclamó, entre otros, el artículo 30, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, mediante cantidades calculadas y retenidas por el notario público ciento treinta y tres del Distrito Federal, en la escritura pública número sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos.

2. Tocó conocer de la demanda al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuyo titular, por acuerdo de diez de febrero de dos mil quince, la registró con el número **********, y requirió por dos ocasiones a la parte quejosa para que aclarara dicho escrito, lo que se llevó a cabo mediante escritos presentados el veinticinco de febrero y doce de marzo siguiente, en los cuales precisó que señalaba como acto reclamado el artículo 112 del Código Fiscal de la Federación. Y por auto de trece de marzo admitió a trámite el asunto, en el cual ordenó, entre otras cuestiones, emplazar al notario público número ciento treinta y tres del Distrito Federal, señalado como autoridad responsable.

3. Cabe agregar que en el acuerdo de diez de febrero de dos mil quince, el Juez de Distrito, a efecto de mejor proveer, requirió a Héctor Guillermo Galeano Inclán, notario público número ciento treinta y tres del Distrito Federal, para que en el plazo de veinticuatro horas informara cuándo hizo del conocimiento del quejoso, la liquidación de contribuciones relacionadas con la escritura pública sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos.

Lo que fue desahogado mediante escrito de trece de febrero de dos mil quince, por el cual esa persona informó que cumplió con la obligación de cálculo y entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles, ya que recibió la cantidad de ********** (**********) del contribuyente, el dos de julio de dos mil catorce y la enteró al fisco el veintidós siguiente, mediante los formatos de declaración y pago.

4. En contra del proveído de trece de marzo de dos mil quince, por el que se admitió la demanda de amparo, Héctor Guillermo Galeano Inclán, notario público número ciento treinta y tres del Distrito Federal, interpuso recurso de queja, cuya ejecutoria es materia de la presente contradicción de tesis, la cual, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"CUARTO.-Previamente conviene precisar que, como en el auto recurrido se dio trámite a la demanda de amparo, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para analizar, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo conforme a la nueva Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución. En el caso, el Juez de Distrito dio al mencionado notario público la categoría de particular señalado como autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.

"La explicación que antecede implica que este tribunal resuelva, en primer lugar, si en este medio de impugnación, en el que alega el inconforme que no es autoridad para efectos del amparo, puede hacer pronunciamiento en cuanto a si el recurrente tiene esa calidad.

"Para verificarlo, se da noticia de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: ‘AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.’, estableció la regla general, consistente en que en un proveído de esa naturaleza (trámite) no es posible realizar un análisis exhaustivo, pues sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas adjuntas, por cuyo motivo no es la actuación procesal oportuna para verificar si una autoridad tiene tal carácter para efectos del juicio de amparo y, por ende, si la acción es procedente contra el acto que se le reclame.

"No obstante, excepcionalmente a dicha regla, si en el recurso de queja se tienen elementos suficientes para establecer que quien en la demanda o ampliación se señala como autoridad responsable no tiene tal categoría, el Tribunal Colegiado puede válidamente, al ocuparse de los agravios, hacer pronunciamiento sobre ese tópico, siempre y cuando resulte evidente, clara y fehaciente la improcedencia.

"Sentado lo anterior y del examen de las constancias procesales es posible asumir que sí se tienen los elementos suficientes para establecer que es evidente, claro y fehaciente que el notario público no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, por lo que se procede al estudio de los agravios.

"Pues bien, el Juez de Distrito, en proveído de trece de marzo de dos mil quince, admitió la demanda y ordenó emplazar al notario público ciento treinta y tres del Distrito Federal, señalado como autoridad responsable en la demanda y en su ampliación, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sin haber realizado alguna explicación adicional (folios 68 y 69 del expediente).

"Para controvertir la consideración que precede, el recurrente alega, en esencia, que es incorrecta la determinación del Juez, dado que, como notario público, al calcular y recibir el impuesto sobre adquisición de inmuebles y enterarlo al fisco, actúa como auxiliar de la autoridad y no con esta categoría, en virtud de que entre él y los contratantes en la compraventa contenida en la escritura pública que menciona no existe una relación de supra a subordinación, toda vez que su actividad no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de ellos por ser quienes solicitan sus servicios.

"Expone que, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad en el juicio de amparo la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos reconocidos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

"Argumenta que no se colman los supuestos previstos en el citado numeral, en virtud de que la norma tributaria prevé el deber a su cargo de calcular y recibir el importe del impuesto y enterarlo, lo cual no equivale a un acto de autoridad para efectos del amparo que transgreda los derechos de las personas que acuden ante él a realizar un acto jurídico en el que su actuación la hace en interés de las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 30 y 42 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y, por ende, no crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, situaciones jurídicas en contra de la esfera legal de los gobernados.

"La lectura de los argumentos sintetizados permite afirmar que el notario público recurrente pretende demostrar que, atendiendo al contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y al acto reclamado, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo.

"El precepto citado en el párrafo que precede, así como el diverso 1o., último párrafo, de la Ley de Amparo establecen:

"‘Artículo 1o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 5o.’ (se transcribe)

"El artículo 1o., último párrafo, dispone que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo.

"El artículo 5o., fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquel que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría.

"El segundo párrafo de esa fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que ello acontece cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general.

"Por tanto, para que un particular adquiera calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, se requiere:

"1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.

"2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.

"3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general.

"Al dictaminar la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo, que entró en vigor a partir del dos de abril de dos mil trece, las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos establecieron que la posibilidad de pedir amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado.

"Explicaron que esa teoría tenía razón de ser en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra-subordinación en que sólo el Estado podía afectar el conjunto de derechos de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales.

"Se dijo que esa concepción fue modificada principalmente por tres razones: por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social; y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada.

"Finalmente, se explicó que como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantice un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual, se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues, en otros casos, la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa.

"De lo anterior se advierte que, cuando el legislador incorporó al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio constitucional, pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión.

"Esa es la razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo en los casos en que, conforme a sus funciones, puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos.

"En otras palabras, para que un particular sea llamado al juicio de amparo como autoridad responsable se requiere que realice actos equivalentes a los de autoridad y que, dentro del cúmulo de funciones que le otorga la norma general y abstracta que los regula, se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos.

"Estas consideraciones se ven reflejadas en la tesis aislada I.1o.A.13 K, sustentada por este órgano judicial, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1887, que establece:

"‘PARTICULARES EN EL JUICIO DE AMPARO. CASOS EN QUE PUEDEN SER LLAMADOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe)

"Con base en la reseña realizada, se concluye que el problema jurídico a resolver en esta instancia, consiste en determinar si, atendiendo al contenido del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y al acto reclamado, el notario público señalado como responsable, tiene o no esa calidad para efectos del juicio de amparo.

"En primer lugar, se narran algunos antecedentes que se desprenden del expediente:

"• El notario público ciento treinta y tres del Distrito Federal, mediante escritura pública ********** (sic), de dos de julio de dos mil catorce, hizo constar la compraventa que celebran **********, en su carácter de comprador, y **********, ********** y **********, en su calidad de vendedores, respecto del inmueble que se describe y en las condiciones que se mencionan (folios 30 a 34 del cuaderno de queja).

"• El referido notario público, mediante escrito de trece de febrero de dos mil quince, informó al Juez de Distrito que efectivamente cumplió con la obligación de cálculo, recaudación y entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles, pues manifestó (sic) la cantidad de ********** (**********), la recibió del contribuyente el dos de julio de dos mil catorce y que la enteró al fisco el veintidós siguiente mediante los formatos de declaración y pago (folios 47 y 48 del expediente).

"El artículo 28 del Código Fiscal del Distrito Federal establece:

"‘Artículo 28.’ (se transcribe)

"El artículo reproducido dispone que las obligaciones fiscales nacen cuando se actualizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las disposiciones fiscales, las cuales se determinarán y liquidarán, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento.

"Por consiguiente, las hipótesis del artículo 115 del citado código definen las diversas formas de adquisición de inmuebles a partir de las cuales nace la obligación del pago del impuesto sobre adquisición de ese tipo de bienes.

"La determinación del impuesto, por regla general, estará a cargo de los contribuyentes conforme al artículo 29 del propio código, que dice:

"‘Artículo 29.’ (se transcribe)

"Como se observa, la autoridad fiscal sólo debe realizar la determinación, en cuyo supuesto el contribuyente está obligado a proporcionarle la información necesaria dentro de los quince días contados a partir del nacimiento de la obligación tributaria.

"Otra excepción se encuentra en los casos en que la norma tributaria establece la obligación a cargo de una tercera persona, que se considera como auxiliar de la administración pública, de recibir el monto del impuesto generado por el contribuyente quien, posteriormente, deberá enterarlo al fisco por los medios autorizados, ya que la recepción de ese modo presupone la determinación del crédito fiscal, como acontece con el impuesto por adquisición de inmuebles cuando el acto jurídico se hace constar en escritura pública y su forma de pago está regulada por el artículo 121 del Código Fiscal del Distrito Federal, el cual dispone:

"‘Artículo 121.’ (se transcribe)

"El numeral reproducido también establece que cuando las adquisiciones se realicen en documento privado el adquirente tendrá la obligación de calcular y enterar el monto del impuesto base su responsabilidad.

"Y el plazo para hacerlo es de quince días, en términos del artículo 120 del Código Fiscal del Distrito Federal.

"Mientras que, cuando la adquisición se efectúe en escritura pública, el fedatario, que por disposición legal tenga funciones notariales, tendrá el deber de calcular la cantidad que resulte del impuesto causado bajo su responsabilidad y también deberá enterarla en el plazo mencionado a través de declaraciones exhibidas en las oficinas autorizadas, previa recepción de parte del contribuyente obligado.

"Del último numeral reproducido se desprende que los notarios públicos tienen la categoría de auxiliares de la administración pública local en la recaudación del impuesto referido, en virtud de que tienen la obligación de calcular y enterar, bajo su responsabilidad, mediante declaración, la contribución generada por los sujetos y aplicando la base gravable que establecen los artículos 112 y 116 del Código Fiscal del Distrito Federal y, por tal motivo, son considerados responsables solidarios del contribuyente, en términos del artículo 48, fracción I, de dicho ordenamiento.

"Bastan las explicaciones que anteceden para asumir que el notario público ciento treinta y tres del Distrito Federal, como auxiliar de la autoridad fiscal, no reúne los requisitos para ser considerado autoridad para los efectos del juicio de amparo, por la sencilla razón de que la actividad mencionada no constituye un acto equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, ni que haya omitido actuar en determinado sentido; que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas y tampoco que sus funciones estén determinadas en una norma general.

"En efecto, no basta con que calcule, recaude y entere el impuesto mencionado para concluir que, en términos de lo previsto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, puesto que no está demostrado que tales actos son equivalentes a los de una autoridad.

"En consecuencia, son fundados los agravios, por lo que lo procedente es revocar el auto recurrido únicamente para el efecto de que no se tenga como autoridad responsable al notario referido."

II. Por lo que toca al amparo en revisión **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, resuelto en sesión de seis de febrero de dos mil quince, se tienen los siguientes antecedentes:

1. **********, mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil trece, promovió demanda de amparo en la que señaló, como autoridades responsables, al Congreso, gobernador, secretario de Gobierno, director del Periódico Oficial, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Hacienda, todos del Estado de Morelos, al notario público número cinco de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos y al tesorero municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; y como actos reclamados, entre otros, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en específico, los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 77, fracciones II y IV, 94-BIS al 94 BIS-12, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125; y la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Estado de Morelos, en sus artículos 8, 9, 13 y 14.

2. De la demanda de amparo tocó conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil catorce, la admitió a trámite y registró con el número **********. Seguidos los trámites de ley, celebró audiencia el veintinueve de mayo de dos mil catorce y dictó sentencia terminada de engrosar el trece de agosto siguiente, en la que sobreseyó en el juicio.

Cabe agregar que en esa resolución, en el apartado de precisión de los actos reclamados, el Juez de Distrito anotó que de la lectura integral a la demanda de amparo se desprende que se reclama el cobro de derecho realizado con motivo de la escritura pública setenta y seis mil trescientos catorce, derivado de la aplicación de las fracciones I y IV del artículo 77 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; así como el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles establecido en los artículos 94 BIS a 94 BIS-12 de la Ley referida, derivado de la adquisición del bien inmueble a que se refiere la escritura pública ya indicada.

También es importante indicar que el a quo sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico y por actos consentidos tácitamente.

3. En contra de esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, cuya ejecutoria es materia de la presente contradicción de tesis, la cual en las consideraciones que interesan, son del tenor siguiente:

"(1) CUARTO.-Resulta innecesario el estudio de los agravios expuestos por el recurrente, toda vez que este cuerpo colegiado advierte, de manera oficiosa, la actualización de una causa diversa a la invocada por el Juez de Distrito, que hace improcedente el juicio de garantías promovido por **********, cuestión que no se encuentra al arbitrio de los órganos jurisdiccionales, sino que es una obligación establecida en la Ley de Amparo, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social, además de que el análisis de las causas de improcedencia debe hacerse de manera preferente al estudio de los agravios hechos valer y en cualquier etapa del juicio de garantías, lo que conduce a confirmar, aunque por diversas razones, la sentencia recurrida y a sobreseer en el juicio de garantías.

"(2) Lo anterior encuentra su fundamento, primeramente, en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece:

"‘Artículo 62.’ (se transcribe)

"(3) Sustenta lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe).

"(4) Una vez precisado lo anterior, y con motivo de una nueva reflexión de este órgano colegiado, se determina que en la especie el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 107, y con el diverso 217, todos de la Ley de Amparo, mismos que a la letra establecen:

"‘Artículo 61.’ (se transcribe)

"‘Artículo 107.’ (se transcribe)

"‘Artículo 217.’ (se transcribe)

"(5) En esa tesitura, se deben analizar varios aspectos que explican la improcedencia del juicio constitucional:

"(6) En principio, este tribunal estima, que el cálculo o retención que realiza el notario público del importe a pagar por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos registrales, constituye un acto de autoridad que afecta la esfera jurídica del adquirente en tanto que le impone

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25840-735ce9ef/notarios-publicos-no-son-autoridad-para-efectos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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