INSTITUCIONES BANCARIAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS DE EMBARGO, RETENCIÓN O LIMITACIÓN DE FONDOS DE CUENTAS BANCARIAS DERIVADOS DE UNA ORDEN JURISDICCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 26/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIA: MARÍA ISABEL PECH RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales (reformado mediante Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia, domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés); en relación con el 1o., fracción II, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados pertenecientes a la Región Centro-Sur.
Y si bien la divergencia de criterios se suscita entre un Tribunal Colegiado con competencia especializada en materia civil, y otro con competencia semiespecializada en materia penal y de trabajo, e incide en un tema procedimental del juicio de amparo en general (en concreto, acto de autoridad para los efectos del juicio del juicio de amparo), la competencia de este órgano se encuentra señalada en el "Acuerdo General 1/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, que en su artículo 14 fracción I, prevé:
"Artículo 14. Competencia en contradicción de criterios. Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 42, fracciones I y II de la Ley Orgánica; 226 y 227 de la Ley de Amparo y demás normas aplicables, los Plenos Regionales tienen competencia para:
"I. Resolver las contradicciones de criterios que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito que pertenezcan a la misma región.
"Tratándose de contradicciones de criterios en materia común, sustentadas entre órganos jurisdiccionales de distinta especialización, corresponderá conocer de la contradicción al Pleno Regional que ejerza jurisdicción por territorio y por materia sobre el Tribunal Colegiado de Circuito que emitió el primero de los criterios en contienda; y ..."
De ahí que este Pleno Regional en Materias Civil y Administrativa de la Región Centro-Sur con residencia en la Ciudad de México, es el que resulta competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en tanto que de las constancias integradas electrónicamente se observa que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, fue el que emitió el primero de los criterios (esto es, el cinco de junio de dos mil diecinueve, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lo emitió el trece de octubre de dos mil veintitrés), respecto del cual este Pleno Regional ejerce jurisdicción por territorio y materia.
SEGUNDO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitima, al haberse formulado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en virtud de que conoció del asunto que motivó la contradicción de criterios.
TERCERO.—Criterios denunciados. Para mejor comprensión del asunto, a continuación se precisa cuáles fueron los criterios denunciados como probables contendientes:
a) Amparo en revisión 293/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, resuelto –por unanimidad de votos– el trece de octubre de dos mil veintitrés.
Antecedentes
• Una institución de salud del Estado de Oaxaca, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia contra los actos y autoridades siguientes:
"... III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
"Señalo como tales en términos del artículo 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo a:
"a) El Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en ...
"b) El actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, comisionado en las diligencias de ejecución y requerimiento de pago y embargo del expediente número **********.
"c) La institución de crédito: **********, con domicilio en ..., se señala en términos del artículo 5, fracción II, segundo párrafo de la Ley de Amparo, al ser una institución particular, realiza actos equivalentes a los de autoridad y que afectaran la esfera jurídica de mi representada.
"IV. ACTOS RECLAMADOS:
"Del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, reclamo:
"a) El acuerdo de veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós, dictado por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca.
"b) La orden de trabar embargo sobre bienes de mi representada **********, organismo público descentralizado de la administración pública estatal.
"c) El inminente acto de ordenar la entrega al ********** de la cantidad de $**********, mediante cheque certificado o de caja, a favor de **********, embargada mediante diligencia de embargo de 30 de marzo de 2023.
"Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca:
"d) La diligencia de requerimiento de pago o embargo llevada a cabo y actos de ejecución llevada a cabo en el juicio laboral **********, que se tramitó ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca.
"e) El embargo de los recursos financieros en la cuenta bancaria **********, en la institución financiera **********, con clave interbancaria: **********, a nombre de los **********, por la cantidad de cantidad de $**********; que corresponden a la cuenta de administración y pago de los recursos correspondientes a la Transferencia Federal Etiquetada, por concepto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
"f) El oficio sin número fechado el 30 de marzo de 2023, suscrito por la autoridad responsable, dirigido al **********, en el cual notifica que se trabó embargo a los **********, hasta por la cantidad de $************; en la cuenta bancaria **********, con clave interbancaria: **********, a nombre de los **********, por la cantidad de cantidad (sic) de $**********.
"g) Los actos a través del cual la autoridad responsable, mediante el oficio sin número fechado el 30 de marzo de 2023, dirigida al **********, ordena la acción de: ‘... congelar las cuentas bancarias del referido demandado hasta por la cantidad de $********** ..., debiendo poner a disposición del presidente de la H. Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en ..., el cheque certificado o de caja por la cantidad ya señalada a nombre del acto o en su caso, el saldo por la cantidad que exista en la cuenta ya descrita, dentro del término de tres días, agregando que la cantidad requerida quedará a disposición del Presidente Ejecutor de la Junta Especial número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado’; emitido por el Actuario, **********; de La institución de crédito: **********.
"h) La inminente puesta a disposición del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la cantidad de $**********, embargada en diligencia de 30 de marzo de 2023, dentro del juicio laboral **********, que se tramitó ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. i) El inminente acto de entrega por parte del ********** de la cantidad de $ **********, mediante cheque certificado o de caja, a favor de **********, por orden disposición del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca.
"Tales actos quedan patentados en el acta de diligencia de requerimiento de pago o embargo, practicada a las once horas del 30 de marzo de 2023, la cual se anexa a esta demanda en copias simples que fueron entregadas."
• Por razón de turno, tocó conocer de la demanda de amparo al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, registrándola con el número **********, quien por una parte, desechó la demanda respecto a la autoridad señalada como responsable, **********; y, por otra, admitió a trámite la demanda respecto a los diversos actos reclamados al Presidente Ejecutor y al Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; ordenó tramitar el incidente de suspensión solicitado, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, se pronunció con relación a las pruebas ofrecidas por la quejosa; requirió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; y, dio la intervención que correspondía a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
• Inconforme con el desechamiento parcial de demanda, la parte quejosa, interpuso recurso de queja; y, por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, admitiéndolo a trámite con el número **********; y, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, lo declaró fundado.
• En cumplimiento a dicha determinación, el dos de junio de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca tuvo como autoridad responsable a la institución bancaria admitiendo la demanda respecto de ésta y por los actos que le fueran reclamados, por lo que solicitó el informe justificado correspondiente, asimismo, ordenó levantar la suspensión del procedimiento decretado dada la interposición de citado medio de impugnación.
• Finalmente, el catorce de agosto de dos mil veintitrés celebró la audiencia constitucional y en la misma fecha dictó sentencia, en la cual sobreseyó en el juicio.
• Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa, interpuso recurso de revisión, el cual se turnó al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en donde se registró con el número ********** y en sesión ordinaria virtual de trece de octubre de dos mil veintitrés, el pleno de ese órgano colegiado consideró, en lo conducente:
"... OCTAVO.—ESTUDIO. En principio, es pertinente destacar que el análisis de los agravios formulados por la parte quejosa recurrente se hará conforme al principio de estricto derecho, en la medida que de las constancias de autos se advierte que comparece al juicio la parte demandada, patronal en el sumario laboral de origen, por tanto, no subsiste la desventaja técnica procesal que tutela el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo.
"Asimismo, es de destacarse que su estudio se realizará en orden diferente al propuesto, sin que ello irrogue agravios a la parte recurrente, en términos de lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo; pues, con independencia de que los planteamientos se aborden en lo individual, en su conjunto, en el orden expresado u otro, lo trascendente es que se analicen en su totalidad.
"...
"Los anteriores agravios son, unos, parcialmente fundados (atento a su causa de pedir) y, otro diverso, infundado.
"I. RESPECTO A LA INSTITUCIÓN BANCARIA SEÑALADA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.
"AGRAVIOS PARCIALMENTE FUNDADOS (MARCADOS COMO UNO, DOS Y TRES).
"Son parcialmente fundados los agravios marcados bajo los puntos uno a tres, atendiendo a su causa de pedir, en los cuales, en síntesis, la parte recurrente afirma que:
"* El sobreseimiento decretado por el Juez de amparo, con base en la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual interpretó de manera conjunta con los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II de la citada ley, no está debidamente fundado y motivado porque no expone extenuantemente su postura para fijar su criterio, además de que es errónea su actualización porque la Institución bancaria ********** señalada como autoridad responsable sí tiene dicho carácter para efectos del juicio de amparo;
"* El A quo de amparo no realiza un análisis íntegro del acto reclamado a la Institución bancaria vulneró en su perjuicio diversos dispositivos de la Ley de Amparo, entre ellos el referido 5o. fracción II; artículos Transitorios del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; que reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles; y,
"* El Juzgador perdió de vista que en términos de la citada fracción II prevé que es autoridad también la que ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, sin que medie voluntad de la persona afectada restringiendo sus derechos, de ahí que si dicha Institución ejecutó la inmovilización o ‘congelamiento’ de su cuenta bancaria etiquetada como FASSA, violó sus derechos fundamentales de seguridad jurídica para concentrar y disponer de esos recursos públicos trasferidos de la fuente de financiamiento federal, atento al auxilio que se brindó al Presidente Ejecutor en el juicio laboral de origen para entregar el numerario por determinada cantidad al aquí tercero interesado, siendo también omiso en aplicar el criterio que cita.
"Sustenta lo anterior la jurisprudencia 109 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 86, Novena Época, registro digital: 917643, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’
"Tal calificativa atiende a que, en efecto, asiste parcialmente razón a la parte recurrente en tales argumentos, porque, efectivamente, no se actualizaba en el caso la causa invocada por el A quo de amparo y, por el contrario, este Tribunal advierte que, en términos del artículo 5o., fracción II de la Ley de la materia, dicha autoridad bancaria sí es de aquellas para efectos del juicio de amparo, lo que debió ser analizado correctamente.
"Para sostener lo anterior, conviene precisar que las reformas en materia de derechos humanos y al juicio de amparo de dos mil once han configurado en México ‘un nuevo paradigma’ en el constitucionalismo jurídico mexicano, que se caracteriza por la ampliación de los derechos individuales y el perfeccionamiento de los instrumentos para su defensa, en particular del juicio de amparo. En ese sentido, se apuntalaron a los derechos humanos como eje central de la articulación estatal, y se incorporaron los de origen internacional en la cúspide del ordenamiento jurídico mexicano a la par de la Constitución general.
"De esta manera, las normas de derechos humanos forman un parámetro de control de regularidad que goza de supremacía constitucional, las cuales se articulan de manera que se prefirieran aquéllas cuyo contenido proteja de manera más favorable a la persona, atendiendo al principio pro persona.
"En esta lógica, y en aras de poder garantizar una mayor protección a los derechos humanos, el legislador ordinario destacó durante el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo vigente, que el concepto de autoridad debía modificarse, entre otras razones, porque la vulneración más importante de tales derechos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias.
"Señaló que lo anterior no implicaba desconocer las vías ordinarias previstas para la solución de conflictos entre particulares ni la exigencia de agotarlas antes de acudir al juicio de amparo, sin embargo, precisó, que siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan solventar su pretensión.
"En ese sentido, el legislador determinó que los particulares tendrían el carácter de autoridad cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que se define en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, de modo tal que su reconocimiento como tal dependerá del planteamiento realizado por la parte quejosa y la posibilidad de evaluar, por el Tribunal Federal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales.
"Este artículo 5o., fracción II, dispone lo siguiente:
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ...
"‘II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"‘Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’
"Así, la Ley de Amparo incorporó la posibilidad de promover el juicio constitucional contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, aunque, como se aprecia del segundo párrafo de la transcrita fracción normativa, esta nueva concepción de ‘autoridad’ para efectos del juicio de amparo no permite que se reclamen a través de ese proceso todos los actos de particulares que vulneren derechos fundamentales, sino sólo aquellos que estén determinados por una norma general; esto es, deben estar revestidos de una ‘túnica de estatalidad’, al haber sido consagrado su actuar en una norma emanada del Estado.
"En otras palabras, la ‘autoridad particular’ se ubica en una relación de supra a subordinación respecto del gobernado, cubriéndose de un ‘ropaje estatal’ y actuando como si fuera una entidad pública, sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado, a través de una norma general. "Al actuar como si fuera el poder público, el particular está directamente obligado por los derechos fundamentales en una típica relación jurídica subjetiva, no por una derivada de la dimensión objetiva de esos derechos.
"Entonces, para que un acto de un particular sea objeto de un juicio de amparo, se requieren fundamentalmente de dos elementos:
"1) Que el acto sea equivalente a los que realiza una autoridad, esto es, actos que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y
"2) Que el particular realice funciones que estén previstas en una norma general.
"A continuación, se analizan cada uno de ellos.
"1. Que el acto sea equivalente a los que realiza una autoridad. Para comprender este requisito, es necesario señalar qué entiende la Ley de Amparo por autoridad responsable, ya que, en el caso de los particulares, remite a este concepto.
"En términos del transcrito artículo 5o., fracción II, primer párrafo, de esa ley, la autoridad para efectos del amparo es la que, con independencia de su naturaleza formal, emite un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"Esta nueva fórmula otorga expresión legal a los caracteres esenciales del acto de autoridad que han reconocido la doctrina y la jurisprudencia, y su finalidad es la de ‘dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite’.
"Las características esenciales que se han atribuido al acto de autoridad son la unilateralidad y la obligatoriedad, con las cuales se establece una relación de supra a subordinación entre la autoridad y la persona a quien se dirige el acto, y en virtud de la cual se crea, modifica o extingue una situación jurídica respecto de la última.
"Además, tiene importancia que dicho precepto legal ya concibe a la autoridad responsable, con independencia de su naturaleza, lo que deja fuera de duda que los organismos descentralizados tengan ese carácter cuando emiten actos unilaterales y obligatorios.
"Este concepto legal recoge los perfiles que la reciente doctrina jurisprudencial ha establecido con relación a la autoridad para efectos del amparo; en específico, proyecta el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la tesis P. XXVII/97, intitulada ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.’
"En esa tesis se abandonó el criterio sobre la disponibilidad de la fuerza pública, para ahora señalar que lo que caracteriza a la autoridad para los efectos del amparo es que esté en posibilidad de emitir, con fundamento en una norma, actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.
"Este criterio fue reiterado por la Segunda Sala de Suprema Corte en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, del rubro ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’, en la que precisó que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, es decir, el gobernante actúa en un plano superior al gobernado, imponiendo su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; b) que esa relación tenga su nacimiento en una norma general, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.
"2. Que el particular realice funciones que estén previstas en una norma general. La Ley de Amparo no precisa qué tipo de funciones tiene que realizar un particular para que sus actos puedan ser objeto del juicio, es decir, si corresponden a funciones que le competen al Estado y que hayan sido delegadas a los particulares, o bien, si también se incluyen actos de auxilio a las autoridades que no impliquen propiamente el ejercicio de funciones pero que afecten la esfera de derechos de la o el justiciable.
"Sin embargo, atendiendo a que el objeto de la reforma constitucional al juicio de amparo fue la de eliminar formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y su ámbito de protección de los derechos humanos, y tomando en cuenta que éstos se rigen por el principio pro persona y el de progresividad, entendido este último como la obligación de las autoridades (incluidas las judiciales) de lograr su efectividad gradual y progresiva; puede concluirse que el juicio de amparo procede contra actos de particulares en ejercicio tanto de funciones delegadas como de auxilio a las autoridades, que estén previstas en una norma general.
"En suma, como ya lo puntualizó la Corte Suprema en México al resolver las contradicciones de tesis 423/2014, 174/2015 y 364/2016, las características que deben ostentar los actos realizados por un particular con calidad de autoridad son los siguientes: a) que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, bajo las condiciones antes apuntadas; b) que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y c) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.
"A partir de estas premisas, este Tribunal determina que sí es procedente el juicio indirecto instando contra los actos reclamados al **********, quien es un particular.
"En la especie, ante el inminente cumplimiento a la orden de congelamiento de la cuenta ... y la entrega del numerario correspondiente (pues se tuvieron por presuntamente ciertos los actos reclamados), derivado del oficio S/N suscrito por el Actuario de la Junta de mérito y dirigido a **********, efectivamente esta Institución actúa en un plano superior dentro de las relaciones jurídicas de supra a subordinación con los particulares; por tanto, tiene el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, ya que está legalmente facultada para dar cumplimiento a la referida orden de forma unilateral, creando una situación que afecta la esfera legal del particular al inmovilizar la cuenta bancaria del patrón demandado, por lo que su actuación sí vulnera derechos sustantivos de este último, causándole una perjuicio al no poder disponer de los fondos de dicha cuenta y, por ende, realizar sus fines.
"Asimismo, las funciones del Banco en la ejecución al congelar cuentas actúa con imperio como una autoridad ejecutora; en tanto que ********** estaba obligado a acatar lo solicitado, de forma que la inmovilización de las cuentas no surge por impulso de su parte, sino mediante autorización del Estado, en virtud de las atribuciones que la norma le dota –a través de la Ley Nacional Bancaria y de Valores (artículo 2o., entre otros), el Reglamento Interno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (por mencionar el artículo 49) y de la Ley de Instituciones de Crédito (artículos 8, 46 y 46 bis)–, con la finalidad de cumplimentar las ordenado en el juicio laboral de origen y, por ende, con el laudo en que resultó condenada ..., de conformidad a la Ley federal del Trabajo.
"Sirve de apoyo a lo anterior, de manera ilustrativa, la jurisprudencia PC.I.P. J/56 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 67, junio de 2019, Tomo V, página 4357, con registro digital: 2020073, de rubro: ‘INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL.’
"De ahí que este Tribunal determina que, al **********, sí le asiste el carácter como autoridad para efectos del juicio de amparo.
"Dado el criterio que adopta este Tribunal con relación a que una Institución bancaria sí es autoridad para efectos del juicio de amparo, aun cuando actúa en auxilio de diversas autoridades con la finalidad de que se cumplimente la condena emitida en un laudo, y que va en contra de lo sostenido por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la queja 145/2019 de su índice y que dio origen a la tesis con el registro digital 2020847, de rubro: ‘INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN JUDICIAL.’, atento a lo expuesto en el estudio de este asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, se estima necesario en todo caso realizar la denuncia de contradicción de criterios a los efectos de abonar a la certeza y seguridad sobre esos tópicos y que sea el Pleno Regional correspondiente.
"Lo anterior, en términos de lo que disponen los artículos 15 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y func
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32398-4d2e2bc0/instituciones-bancarias-no-tienen-el-caracter-de-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE APERTURAR UNA CUENTA BANCARIA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA PORQUE NO ES UN ACTO EQUIVALENTE AL DE UNA AUTOR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN (I.15o.C.6 K (10a.))
- INSTITUCIONES BANCARIAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS DE EMBARGO, RETENCIÓN O LIMITACIÓN DE FONDOS DE CUENTAS BANCARIAS DERIVAD (PR.A.C.CS. J/1 K (11a.))
- INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROC (PC.I.P. J/56 P (10a.))
- BLOQUEO, SUSPENSIÓN Y/O LIMITACIÓN DE LOS FONDOS DE UNA CUENTA POR PARTE DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA EN TÉRMINOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON LA PERSONA USUARIA. NO SON ACTOS DE AUTO (P./J. 11/2026 (12a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis