INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2018. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO OJEDA BOHÓRQUEZ, JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ, HÉCTOR LARA GONZÁLEZ, TERESO RAMOS HERNÁNDEZ, TAISSIA CRUZ PARCERO Y CARLOS LÓPEZ CRUZ. DISIDENTES: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO, FRANCISCO JAVIER TEODORO ARCOVEDO MONTERO, ANTONIA HERLINDA VELASCO VILLAVICENCIO Y LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. PONENTE: LUIS PÉREZ DE LA FUENTE. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ ALFONSO MONTALVO MARTÍNEZ. SECRETARIA: ROSA AURORA GONZÁLEZ PADILLA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente al día veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis 3/2018; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.
El dos de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la oficialía de partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, el escrito signado por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por ese tribunal, al resolver los incidentes de suspensión en revisión 227/2017, 239/2017, 221/2017, 222/2017 y 223/2017, de su índice, de los que derivó la tesis I.1o.P.98 P (10a.), publicada «en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de marzo de 2018 a las 10:12 horas y» en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo IV, marzo de 2018, registro digital: 2016384, de título y subtítulo: "INSTITUCIONES BANCARIAS. EN EL ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; y el de su homólogo Tercero, al fallar el amparo en revisión 275/2014, de su registro, del cual derivó la tesis I.3o.P.37 P (10a.), publicada en «en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de marzo de 2018 a las 10:12 horas y» en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo III, septiembre de 2015, registro digital: 2010060, de título y subtítulo: "INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA."
SEGUNDO.—Trámite del expediente.
El siete de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, emitió acuerdo en el que registró el asunto como contradicción de tesis 3/2018; lo admitió a trámite; ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que informara si existía o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Máximo Tribunal, respecto a la materia que concierne al caso, lo que se respondió en sentido negativo. Asimismo, se solicitó a los presidentes del Primer y del Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, que informaran si el criterio que sustentaron seguía vigente, situación que corroboraron, y el último de los tribunales remitió copia certificada de la sentencia dictada en el recurso de revisión 275/2014.
El nueve de julio de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, turnó los autos al Magistrado Luis Pérez de la Fuente, para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, formulara el proyecto de resolución correspondiente. Sin embargo, en sesión celebrada el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, la mayoría de los integrantes del Pleno desecharon el proyecto presentado y determinaron que el Magistrado José Alfonso Montalvo Martínez se encargara del engrose del asunto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 9o., 17, 27 y 33 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue realizada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes.
Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, enseguida se analizan las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron sus resoluciones.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el incidente de suspensión (revisión) 227/2017.
Como antecedentes de este criterio contendiente, se advierte que el juicio de amparo de origen es el expediente 642/2017, del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
En ese juicio de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado el aseguramiento de cuentas y su ejecución, ordenado en una averiguación previa, que atribuyó a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otra autoridad; acto respecto del cual solicitó que se le concediera la suspensión, por lo que se dictaron los pronunciamientos respectivos a la suspensión provisional y definitiva.
Posteriormente, el quejoso amplió la demanda de amparo respecto de autoridades responsables, entre otras, señaló a diversas instituciones bancarias (********** ********** ********** ********** y ********** ********** ********** ********** **********, a quienes atribuyó la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias.
Al resolverse sobre la suspensión definitiva relativa a la ampliación de demanda, se negó la medida al peticionario de amparo, al determinarse que los actos revestían el carácter de consumados, además, no se colmaba el requisito de no afectación al interés social ni contravención a disposiciones de orden público, porque se trataba de un aseguramiento de cuentas emitido en la investigación de un delito. Respecto de los bancos señalados como responsables, no se hizo mayor pronunciamiento y se les tuvo con tal calidad.
Esta última determinación, fue la materia de impugnación del incidente de suspensión (revisión) 227/2017, en el que se resolvió modificar la interlocutoria, por dos razones, la primera, al establecer que indebidamente se consideraron como autoridades responsables a las instituciones bancarias; la segunda, al determinarse que debió concederse la suspensión.
En la parte que interesa de dicha resolución, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que, tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias ordenado en una averiguación previa, los bancos, como particulares, no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no actúan unilateralmente y no tienen margen de discrecionalidad, sino que acatan un mandado del Ministerio Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además, si bien dicha medida está regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta ley no permite a los bancos unilateralidad y discrecionalidad en la ejecución de los aseguramientos.
En ese sentido, el tribunal concluyó que tratándose de los aseguramientos de cuentas, ordenados por la autoridad ministerial en la investigación del delito, los bancos únicamente fungen como auxiliares de la administración pública, apoyando al Ministerio Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues son estas dos autoridades, las que en el caso, tienen calidad de autoridad ordenadora y ejecutora, respectivamente. Sin que lo anterior repercutiera en el cumplimiento de la suspensión, porque los bancos eran particulares vinculados a acatarla.
Los argumentos sobre el tema, obran a párrafos 52 a 63 de la resolución, los cuales se transcriben a continuación:
"...
"52. En esas circunstancias, este Tribunal Colegiado considera que en la sentencia recurrida indebidamente se consideró a las instituciones bancarias (Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex; BBVA Bancomer, Sociedad Anónima. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Banco del Bajío, Sociedad Anónima), como autoridades responsables.
"53. Lo anterior es así, porque tratándose del aseguramiento de cuentas bancarias las instituciones bancarias no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que actúan como auxiliares de la administración pública, esto es, del Ministerio Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la ejecución de esa medida.
"54. Al respecto, resulta necesario tener presente, en primer término, lo dispuesto en los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:
"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;
"‘El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley.’
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"‘...
"‘II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
"‘Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’
"55. Esos preceptos establecen, respectivamente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley; que es parte en el juicio la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
"56. Los preceptos referidos fueron motivo de análisis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 174/2015, en la que se sostuvo, entre otras consideraciones, que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, son los siguientes:
"‘(i) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido;
"‘(ii) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y,
"‘(iii) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.’
"57. Efectivamente, en esa ejecutoria la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refirió lo siguiente:
"‘...
"‘Ahora bien, es importante tener en cuenta que la presente contradicción de tesis debe resolverse a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que dio lugar a las modificaciones sufridas, entre otros, por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de fortalecer el juicio de amparo «a partir de la eliminación de tecnicismos y formalismos extremos que han dificultado su accesibilidad y, en consecuencia, su ámbito de protección».
"‘En la exposición de motivos de la iniciativa relativa se destacó la importancia de precisar en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que el juicio de amparo protege a las personas no sólo contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares. Al respecto, se señaló:
"‘Estas bases constitucionales se deberán desarrollar en la Ley de Amparo en cuyo texto deberá enfatizarse que a través del juicio de garantías, se protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares, ya sea que se promueva en forma individual o conjuntamente por dos o más personas, elaborando así el concepto de afectación común, el que resulta básico para la operatividad de la protección de los derechos sociales.
"‘En ese sentido se reconoce la posibilidad de que los particulares violen derechos cuando tengan a su cargo la prestación de servicios públicos o de interés púbico, o bien, cuando actúen en ejercicio de funciones públicas, transformando de esta forma la protección en una protección sustantiva y no puramente formal.
"‘Lo así previsto por el Constituyente Reformador de la Constitución, se ve reflejado en los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que son del tenor siguiente:
"‘...
"‘Cabe mencionar que del proceso legislativo que dio origen a la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se desprende que al desarrollar las bases constitucionales establecidas por el Constituyente Reformador de la Constitución para ampliar el ámbito de protección del juicio de amparo, el legislador ordinario destacó que ‘el concepto de autoridad debe modificarse’, entre otras razones, porque ‘hoy en día, en materia de derechos humanos, la vulneración más importante de tal derechos (sic) no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias.
"‘Señaló que lo anterior, de modo alguno implica desconocer las vías ordinarias previstas para la solución de conflictos entre particulares ni la exigencia de agotarlas antes de acudir al juicio de amparo, sin embargo, precisó, ‘siempre existirán actos que puedan llegar de manera directa al amparo cuando los particulares estén en una situación de supra-subordinación y sin medios de defensa que permitan solventar su pretensión.
"‘Por tal motivo, el legislador ordinario determinó que los particulares tendrán el carácter de autoridad cuando «sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que objetivamente se define en la fracción II (del artículo 5o.) y cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta», de modo tal que su reconocimiento, como tal ‘dependerá del planteamiento realizado por el quejoso y la posibilidad de evaluar, por el tribunal, el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales.
"‘Así, se puede decir que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo.
"‘Debe destacarse que el concepto de los particulares que actúan con carácter de autoridad, ha sido materia de pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su trabajo jurisprudencial, sobre todo al referirse a los alcances de la «responsabilidad estatal». Ejemplo de ello resulta la sentencia dictada en el Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, en el cual determinó que «la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado», toda vez que las «obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales». Sin embargo, dicha responsabilidad estatal, en el caso de actos realizados por particulares no es ilimitada, sino debe entenderse acotada a que exista «conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo», es decir, debe atenderse a «las circunstancias particulares de cada caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía».
"‘De todo lo anteriormente transcrito, se concluye que a la luz del nuevo alcance del concepto de «autoridad» para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual, dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal.
"‘En este orden de ideas, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo, el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. ...’ (Énfasis añadido).
"58. Con base en las consideraciones de esa Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que las instituciones bancarias en el caso de aseguramiento de cuentas no tienen el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, pues son particulares que no actúan unilateralmente, sino por mandato de la orden de la representación social, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no tienen margen de discrecionalidad en su actuación, aunque en la Ley General de Instituciones de Crédito regulen esos embargos, pues esa normativa no permite unilateralidad y discrecionalidad en la ejecución de esos aseguramientos, ya que en el precepto 60(1) de esa legislación, se establece que las instituciones no incurrirán en responsabilidad por el cumplimiento de las órdenes de embargo o de liberación de embargo que sean dictadas por las autoridades judiciales o administrativas correspondientes, de ahí que se considere que los bancos únicamente ejecutan esos aseguramientos como auxiliares de las autoridades ordenadoras, que es la representación social y de la autoridad ejecutora que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"59. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:
"‘NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo.’(2) (Énfasis añadido).
"60. En consecuencia, en el caso no debe tenerse como autoridades responsables a las instituciones bancarias en las que están inmovilizadas las cuentas del recurrente, relativas a los estados de cuenta y contratos que presentó, pues debe tenerse como autoridades ordenadoras a aquellas de la representación social que estimaron procedente esa inmovilización, la solicitaron y la autorizaron, pidiendo su ejecución a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
"61. La determinación anterior no es obstáculo para que se conceda la medida cautelar en la presente ejecutoria (respecto a los efectos y consecuencias de la orden de aseguramiento en las que se acreditó el interés suspensional), porque aun cuando las instituciones bancarias no tienen el carácter de autoridad responsable sí están vinculadas al cumplimiento de la suspensión decretada en el juicio de amparo, pues su actuación se origina en actos de autoridad ordenadora y ejecutora, como se precisó en párrafos superiores.
"62. Apoya las consideraciones de este Tribunal Colegiado, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA A CARGO DE PARTICULARES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: «ACTOS DE AUTORIDAD A CARGO DE PARTICULARES, SUSPENSIÓN EN CASO DE.», sostuvo que el hecho de que el cumplimiento de un acuerdo de autoridad tenga efectos a cargo de un particular no implica que la suspensión contra ellos origine un desvío del amparo hacia el enjuiciamiento constitucional de actos que no son de autoridad sino de particulares, pues si estos últimos obran, lo hacen en virtud del mandato o autorización de la autoridad, por lo que si de dicho acuerdo deriva la causa directa, ello no impide el otorgamiento de la medida suspensiva y tampoco implica que el acto de autoridad pueda considerarse como de particulares, ya que para ello se requeriría que lo realizado por éstos no tuviera su origen en un acto autoritario y, por tanto, al afectar a otro particular caería en el ámbito de aplicación de otras jurisdicciones, mas no en la esfera del amparo. De ahí que tratándose de la ejecución de una autorización, permiso o licencia a cargo de particulares, procede otorgar la medida cautelar solicitada, de manera que concedida la suspensión contra los efectos de los actos emitidos en favor de los terceros perjudicados, la autoridad responsable está obligada a dejar sin eficacia jurídica temporalmente dicha autorización, permiso o licencia y a vigilar que los terceros perjudicados observen el acto de suspensión.’(3) (Énfasis añadido)
"63. Por otra parte, este tribunal no desconoce la tesis aislada de diverso órgano tripartita de este Circuito, en la que se sostiene el criterio contrario al que se plasma en esta ejecutoria, por lo que habrá de denunciarse la contradicción de tesis al no compartirse por las razones sustentadas en este fallo. El criterio referido es el siguiente:
"‘INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL MINISTERIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, dispone que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, si bien las instituciones bancarias son personas morales de derecho privado y, por regla general, contra sus actos es improcedente el juicio de amparo, cuando actúan en auxilio del Ministerio Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el aseguramiento de cuentas bancarias decretado en averiguación previa, su intervención se equipara al de una autoridad ejecutora, ya que son las que materialmente «bloquean» las cuentas objeto del aseguramiento ministerial e impiden, en algunos casos, que el usuario realice cualquier otra operación financiera ante ellas; actuar que es susceptible de afectar derechos fundamentales del cuentahabiente, entre otros aspectos, porque le impiden la libre disposición de su numerario, aunado a que dicho proceder se encuentra regulado por la Ley de Instituciones de Crédito, que es una norma de carácter general; lo anterior permite afirmar que en la hipótesis apuntada, los bancos, como auxiliares de la representación social en la fase de ejecución del aseguramiento de cuentas bancarias decretado en la averiguación previa, intervienen como autoridad en cumplimiento de una disposición legal y no como particulares con motivo de la relación contractual que tienen con el titular de aquéllas.’."(4) (Énfasis añadido).
El referido órgano jurisdiccional reiteró su criterio al resolver los incidentes de suspensión (revisión) 239/2017 –también en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete– 221/2007, 222/2017 y 223/2017 –en sesión de once de octubre de dos mil diecisiete; resoluciones de las que derivó la tesis aislada I.1o.P.98 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo IV, marzo de 2018, registro digital: 2016384, de título, subtitulo y texto siguientes:
"INSTITUCIONES BANCARIAS. EN EL ASEGURAMIENTO DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si se trata del aseguramiento de cuentas bancarias, las instituciones bancarias no tienen el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que actúan como auxiliares de la administración pública, esto es, del Ministerio Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la ejecución de esa medida. Al respecto, es necesario tener presente, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que son parte en el juicio de amparo, entre otros, la autoridad responsable, teniendo ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue sit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28718-f1f66712/instituciones-bancarias-tienen-el-caracter-de-autoridad-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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