AUTORIDAD RESPONSABLE EQUIPARADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TIENE TAL CALIDAD EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) –A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS PATRONALES INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL AL QUE PERTENEZCAN– AL DESATENDER LA NORMATIVA, LOS MANDATOS ADMINISTRATIVOS O LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), GENERADOS DE MANERA EXTRAORDINARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), CUANDO NIEGAN, IMPIDEN U OMITEN AUTORIZAR LA AUSENCIA AL CENTRO DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS HERLINDA FLORES IRENE, JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ARTURO CEDILLO OROZCO, ANTONIO REBOLLO TORRES, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, ÁNGELA TERESITA DE JESÚS ESTRADA ESPARZA, TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, ÁNGEL PONCE PEÑA, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ, FERNANDO SILVA GARCÍA (FORMULA VOTO CONCURRENTE), ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ Y ALICIA RODRI´GUEZ CRUZ. DISIDENTES: OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ, MARI´A EUGENIA OLASCUAGA GARCI´A, LAURA SERRANO ALDERETE Y JUAN ALFONSO PATIÑO CHA´VEZ (FORMULA VOTO PARTICULAR). POR LA INEXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN SE PRONUNCIÓ NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA (FORMULA VOTO PARTICULAR). PONENTE: VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RAÚL BOLAÑOS MOLINA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como en los artículos 41 Bis y 41, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.
Además, sirven de sustento los Acuerdos Generales 21/2020 y 5/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes:
Previamente, resulta oportuno señalar que el recurso de queja 64/2020, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Primer Circuito, en sesión ordinaria virtual "28" de diez de diciembre de dos mil veinte, no será materia de estudio para dilucidar la contradicción de tesis solicitada, porque se refiere a un tema diverso, como lo es, un acuerdo emitido por la autoridad laboral, en el procedimiento de ejecución, de requerimiento a la patronal para el cumplimiento de un laudo, contra el cual acudió en queja la titular de la Secretaría de Gobernación.
Y como se desprende del resultando segundo de esta determinación, el tema de la contradicción de tesis versa sobre la procedencia o no del juicio de amparo indirecto contra de la omisión de las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de evitar que las personas consideradas vulnerables ante la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), asistan a los centros de trabajo.
Al contrastar ambas temáticas, se puede arribar a la conclusión que abordaron dos cuestiones jurídicas diversas, por lo cual, la resolución que le recayó al recurso de queja 64/2020, antes indicado, no será tomada en consideración en el análisis de la contradicción de tesis solicitada
Para mejor claridad de lo antes expuesto, se procede a transcribir la parte relativa del citado recurso:
"En el caso, el Juez de Distrito, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII; 113 y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo vigente, desechó de plano la demanda de amparo por ser notoria y manifiesta su improcedencia, porque el acto reclamado en el cual la autoridad responsable requirió nuevamente a la parte demandada para que procediera a cumplir en los términos condenados en el laudo, no constituía la última resolución en el procedimiento de ejecución y no advertía el pronunciamiento sobre el cumplimiento total del laudo o haber remitido el expediente al archivo como asunto concluido; por el contrario, el juzgador apreció la existencia de condenas pendientes de cumplimentar como la reinstalación del accionante, pagos de salarios caídos y sus incrementos, aguinaldo y prima vacacional, reconocimiento de antigüedad, inscripción retroactiva y pago de aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; nulidad de los contratos de prestación de servicios profesionales firmados por el trabajador; las cuales fueron decretadas en el laudo de quince de julio de dos mil dieciséis, por lo cual la Sala responsable continuaría con la ejecución del laudo emitido en el juicio de origen; por ende, se trataba de una resolución intermedia dictada en el procedimiento de ejecución, lo cual hacía improcedente el juicio biinstancial.
"Tal determinación es correcta.
"Se afirma lo anterior, pues, como lo sostuvo el a quo, el acto reclamado mediante el cual la autoridad laboral requirió nuevamente a la parte demandada para que procediera a cumplir en los términos condenados en el laudo, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, es decir, aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tampoco la que ordena el archivo del expediente, como lo prevé el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, pues no se ubica en alguno de los supuestos mencionados.
"Además, adverso a lo que afirma la recurrente, el acto impugnado no puede considerarse como de imposible reparación, pues, en concordancia con la redacción de la citada jurisprudencia P./J. 108/2010, no se advierte alguna afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, en tanto en la resolución reclamada la autoridad responsable requirió a la demandada, ahora recurrente, el cumplimiento de diversas prestaciones a las que fue condenada; por ende, no se está en un caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto.
"Sin que obste a lo anterior, que la inconforme cite la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, mayo de 2011, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ (Transcribió su contenido)
"En virtud de que, contrario a lo alegado, el acto reclamado no consiste en una interlocutoria, la cual desestime de manera firme una excepción sustancial y perentoria; pues se trata de un acuerdo emitido por la autoridad laboral. Asimismo, no existe una defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución del laudo, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución; por el contrario, la resolución reclamada impulsa el procedimiento de ejecución. Del mismo modo, no se trata de un convenio de ejecución entre las partes; en tanto fue un acuerdo de la Junta laboral mediante el cual requirió al ahora recurrente el cumplimiento de las correspondientes condenas.
"Por tanto, fue correcta la determinación del Juez Federal consistente en el desechamiento de la demanda de amparo con fundamento en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, primer párrafo; 61, fracción XXIII; 113 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, por notoria y manifiesta su improcedencia, pues el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución; asimismo, dicho acto no puede considerarse como de imposible reparación, ya que no se advierte alguna afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, en tanto en la resolución reclamada la autoridad responsable requirió a la demandada, ahora recurrente, el cumplimiento de diversas prestaciones a las que fue condenada; por ende, no se está en un caso de excepción para la procedencia del juicio de amparo indirecto.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia PC.I.L. J/50 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 3542, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto es el siguiente:
"‘AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS AUTOS O RESOLUCIONES QUE SE EMITAN SOBRE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE UNO O VARIOS PUNTOS DE CONDENA ESTABLECIDOS EN EL LAUDO, AL NO CONSTITUIR UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS.’." (Transcribió su contenido)
Con la anterior transcripción, queda de manifiesto que lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en la queja 64/2020 se trata de un tema jurídico diferente a aquel respecto del cual se hizo la denuncia de contradicción de tesis, por tanto, no será objeto de estudio en la presente determinación.
Hecha la anterior acotación, se procede a destacar los aspectos relevantes de los asuntos que serán materia de verificación de los requisitos para establecer la procedencia o no de la contradicción de tesis denunciada.
A) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien constituye el órgano denunciante, en sesión ordinaria virtual de "23" de cinco de noviembre de dos mil veinte, resolvió el recurso de queja 50/2020, en el cual, en la parte que interesa, determinó:
"...
"TERCERO. La resolución de ocho de septiembre de dos mil veinte, es del tenor siguiente: ‘...Recepción y registro de demanda.—Vista la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra el acto de la titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar ********** perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.—Fórmese el respectivo expediente y regístrese con el número 908/2020-VIII.—De la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama:—1. La omisión de evitar la asistencia de los quejosos a su centro de trabajo y, por ende, de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo segundo, inciso a), señalan los grupos vulnerables que no deben asistir a su centro de trabajo, dentro de los cuales dicen encontrarse los impetrantes.—2. La abstención de observar el contenido de la «Guía de Continuidad para garantizar los servicios de salud en las Unidades Médicas y Unidades Administrativas en la Nueva Normalidad del ISSSTE», versión de once de agosto del año en curso, pues la responsable pretende obligar a los quejosos a que se presenten a trabajar, sin que se haya llevado a cabo el acta constitutiva que ordena ejecutar dicha guía.’
"...
"La señalada determinación es correcta, pues como lo sostuvo el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito, los actos reclamados no son de autoridad para la procedencia del juicio de amparo.
"En efecto, como se estableció en párrafos precedentes, uno de los requisitos indispensables para que una autoridad pueda formar parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, consiste en tener una relación de supra a subordinación con un particular, en donde su voluntad sea impuesta directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, ni de la voluntad del afectado; por lo cual, debe existir como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
"Empero, en la especie no se actualiza una relación de supra a subordinación, pues la titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar **********, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, los ahora recurrentes, tienen una relación jurídica de coordinación, regulada por el derecho laboral, pues la omisión de evitar la asistencia de estos últimos a su centro de trabajo y, por ende, de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte.
"En ese sentido, los ahora recurrentes deben acudir a los tribunales laborales ordinarios para dirimir la controversia suscitada con la titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar **********, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; pues, como lo sostuvo el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito, los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo establecen la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos de trabajo en términos de esa legislación y, cuando se ejerciten acciones relacionadas con la obligación en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, conocerá la Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a su jurisdicción. Asimismo, el numeral 124 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje será competente, en lo que interesa, para conocer de los conflictos individuales suscitados entre titulares de una dependencia o entidad y sus trabajadores.
"Sin que pase desapercibido el argumento atinente a que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito no consideró los artículos 1o., 4o. (derecho a la vida y salud), 73, fracción XVI, Bases 2a. y 3a.; 103, fracción I, 107, fracción VII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el ‘Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.’; el diverso ‘Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 COVID-19).’; y, el ‘Decreto por el que se sanciona el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).’, publicados en el Diario Oficial de la Federación; lo conducente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en relación con los diversos numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, los acuerdos emitidos por el Consejo de Salubridad y la resolución No. 1/2020; pues contrario a lo alegado, el juzgador no soslayó que los quejosos, ahora recurrentes, mencionaron que los actos reclamados transgredían su derecho a la salud, sin embargo, el derecho a obtener el resguardo en su domicilio no derivó de su carácter como particular ante un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral mantenida en un plano de coordinación; lo cual, como se dijo, es correcto por las razones expresadas por el juzgador.
"Asimismo, no obsta que los inconformes aleguen, que el a quo basó su resolución en el criterio sostenido en el recurso de queja 32/2020 del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sin embargo, no tiene similitud con la demanda desechada y debió verificar los requisitos mínimos para sustentar su determinación; ya que independientemente de que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito se apoyara en una diversa resolución, este órgano jurisdiccional considera acertada su determinación.
"Por tanto, los actos reclamados, consistentes en la omisión de evitar la asistencia de los quejosos, ahora recurrentes, a su centro de trabajo y, por ende, de dar cumplimiento al acuerdo emitido por la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el cual se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); así como la abstención de observar el contenido de la ‘Guía de Continuidad para garantizar los servicios de salud en las Unidades Médicas y Unidades Administrativas en la Nueva Normalidad del ISSSTE’, versión de once de agosto del año en curso; atribuidos a la titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar **********, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no constituyen actos de autoridad para la procedencia del juicio de amparo, en tanto la relación con los inconformes es de coordinación y no de subordinación; por lo cual, es correcta la determinación del secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito consistente en el desechamiento de plano de la demanda de amparo por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII; 1o., fracción, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo vigente."
b) El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte, resolvió el recurso de queja 52/2020, en el cual, sobre el tema en análisis, en lo que interesa, determinó:
"TERCERO. El acuerdo recurrido es del contenido siguiente:
"‘Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veinte.
"‘(1) Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 956/2020, del que se desprende que en esta data se ordenó la separación de los juicios 830/2020 y su acumulado 831/2020, esta última promovida por **********, por propio derecho, contra los actos del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, se dicta el siguiente acuerdo:
"‘...
"‘Fijación del acto reclamado.
"‘(5) De la demanda de amparo, se advierte que **********, reclama:
"‘I. Del director general; director Normativo de Administración y Finanzas; director Normativo de Salud; director Normativo de Supervisión y Calidad; delegado Regional Sur; y director de la Clínica de Medicina Familiar **********, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:
"‘a) La omisión de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la «Guía para la Des-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad», emitida el treinta y uno de julio de dos mil veinte, que se traduce en la negativa de permitirle el resguardo domiciliario mediante trabajo en casa, en razón de la imposibilidad de que se le otorgue una licencia médica.
"‘...’
"De lo anterior se desprende que la quejosa es trabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adscrita a la Clínica de Medicina Familiar ********** de dicho instituto; que con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, el tres de agosto de dos mil veinte su patrón le permitió resguardase en su domicilio por tratarse de una persona vulnerable; que el treinta y uno siguiente se le requirió para que reiniciara sus labores, por lo que al día siguiente, la directora de la clínica de su adscripción le solicitó que manifestara si era su voluntad regresar al trabajo o si prefería solicitar licencia médica ante la unidad médica que le corresponde para que pudiera continuar en resguardo domiciliario, eligiendo la segunda opción, pero la licencia le fue negada y, por consecuencia, su patrón le indicó que debía retornar a laborar.
"Lo anterior permite advertir que, en el caso concreto, la quejosa no sólo está atribuyendo los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su calidad de patrón, sino también como ente asegurador, ya que indicó ‘...opté por ir a mi unidad médica por la licencia médica, la cual no se me expide por no ser necesaria ya que tengo controlada mi hipertensión arterial.’
"Ese proceder que se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a través de la unidad médica que corresponde a la quejosa, no es derivado de su calidad de patrón, sino de ente asegurador, toda vez que en términos de la ley que lo rige, con ese carácter le corresponde brindar a los derechohabientes (trabajadores y beneficiarios) los servicios de seguridad social, entre los cuales se encuentra precisamente el de salud, que se encuentra regulado en las disposiciones siguientes:
"‘Sección I
"‘Generalidades
"‘Artículo 27. El instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y restaurar la salud de sus derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental.’
"‘Artículo 28. El instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus derechohabientes, y creará las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para garantizar su cumplimiento.
"‘Para el efecto, la Junta Directiva aprobará los reglamentos en materia de servicios médicos; medición y evaluación del desempeño médico y financiero de los prestadores de servicios de salud del instituto; incentivos al desempeño y a la calidad del servicio médico; financiamiento de unidades prestadoras de servicios de salud a través de acuerdos de gestión; surtimiento de recetas y abasto de medicamentos; oferta de capacidad excedente; reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que considere pertinentes.’
"‘Artículo 29. El instituto desarrollará una función prestadora de servicios de salud, mediante la cual se llevarán a cabo las acciones amparadas por este seguro, a través de las unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con las modalidades de servicio previstas en las secciones III y IV del presente capítulo. Esta función procurará que el instituto brinde al derechohabiente servicios de salud suficientes, oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir o mejorar su salud y bienestar.
"‘El instituto desarrollará también una función financiera de servicios de salud, que administrará este seguro, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará lo mencionado en el párrafo anterior, propondrá asignaciones presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero.’
"‘Artículo 30. La Junta Directiva del instituto emitirá disposiciones reglamentarias para la regionalización de los servicios de salud, considerando criterios demográficos, de morbilidad, de demanda de servicios, de capacidad resolutiva y de eficiencia médica y financiera, entre otros. Asimismo, se establecerán normas y procedimientos para el debido escalonamiento de los servicios, referencias y contrarreferencias, subrogación de servicios y otros que se consideren pertinentes.’
"‘Artículo 31. Los servicios médicos que tiene encomendados el instituto en los términos de los capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos del trabajo, los prestará directamente o por medio de convenios que celebre con quienes presten dichos servicios, de conformidad con el reglamento respectivo. Los convenios se celebrarán preferentemente con instituciones públicas del sector salud.
"‘En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios, estarán obligadas a responder directamente de los servicios y a proporcionar al instituto los informes y estadísticas médicas o administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo instituto.
"‘El instituto, previo análisis de la oferta y la demanda y de su capacidad resolutiva, y una vez garantizada la prestación a sus derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del sector salud la capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con el reglamento respectivo.
"‘En estos casos, el instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio financiero.’
"‘Artículo 31 Bis. Para el instituto, será obligatoria la atención de las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica, en las unidades con capacidad para la atención de urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.’
"Cabe destacar que de conformidad con la ‘Guía para la Des-Reconversión en la Unidades Médicas: Nueva Normalidad’, por personas vulnerables se entienden ‘aquellas que padezcan comorbilidades como son: la hipertensión, obesidad, infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes, entre otras enfermedades crónicas; o aquellas con condiciones específicas como son las personas mayores de 60 años o las mujeres embarazadas’; asimismo, que persona trabajadora en condición de vulnerabilidad, es aquella que, por sus condiciones de vida es susceptible de sufrir o desarrollar una complicación por COVID-19; que, para los que se ubiquen en esa hipótesis, se les otorgarán determinadas consideraciones, como son: Personas trabajadoras que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad y trabajan en áreas COVID se reincorporarán en semáforo amarillo a área No COVID y en semáforo verde a su área; y personas trabajadoras que sí cumplen con el valor de vulnerabilidad se reincorporan a partir de semáforo amarillo a áreas No COVID excepto lactancia, que se incorpora al final del periodo de incapacidad por maternidad, en cualquier color de semáforo; con cáncer se incorpora hasta semáforo verde.
"Para los efectos anteriores, la guía en comento indica: ‘Las personas trabajadoras que caigan en los supuestos establecidos deberán realizar el procedimiento definido en la normativa aplicable para la expedición de licencias médicas o dictaminación por invalidez, según sea el caso, con la finalidad de salvaguardar sus derechos laborales. En caso de reincorporación se deberá de cumplir con recomendaciones de prevención y control de infecciones.’
"De igual forma, que: ‘Para las personas que se encuentren dentro de las condiciones que los pone en situación de vulnerabilidad, se podrá considerar el trabajo en casa, siempre y cuando su trabajo se pueda realizar fuera de las instalaciones y con entregables de acuerdo a su jornada (considerándose como medio de comunicación oficiales que se establezcan como el correo electrónico, teléfono, etcétera); cuando no sea posible realizarlo por la propia naturaleza y relevancia, tendrán que apegarse a la normatividad vigente (Ley del ISSSTE y reglamentos respectivos) y justificar la ausencia mediante: • Incapacidad temporal (licencia médica). • Incapacidad permanente (dictaminación de invalidez).—La incapacidad temporal, se deberá realizar conforme a la normatividad aplicable agregando el visto bueno del Comité Hospitalario para la Nueva Normalidad; con la finalidad de que este grupo colegiado evalúe los estudios y expediente clínico del trabajador que se considere como persona vulnerable.’
"Ahora bien, para definir si el acto que se atribuye al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como ente asegurador, es de autoridad o no para efectos del juicio de amparo, se toman en cuenta las consideraciones que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la ejecutoria del amparo en revisión 772/2015, resuelto en sesión de veintiocho de octubre de dos mil quince, en la que analizó diverso acto que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador; esas consideraciones son las siguientes:
"‘...Caso concreto.
"‘71. En consecuencia, tomando en consideración el proceso legislativo, que concluyó en el texto vigente del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo y los criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llega a la convicción de que los actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, en el caso que se resuelve, son de autoridad en términos del referido artículo, fracción II, párrafo primero, lo cual excluye la posibilidad de que se le ubique en el párrafo segundo de la misma porción normativa, ya que de acuerdo con lo anteriormente relatado, el Instituto Mexicano del Seguro Social con independencia de su naturaleza formal dictó el acto que negó la pensión solicitada por la quejosa de forma unilateral y obligatoria.
"‘72. Es cierto que el instituto, como ente asegurador, es un organismo descentralizado y al someterse a la jurisdicción laboral actúa en igual
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30210-24a1cb1f/autoridad-responsable-equiparada-en-terminos-del-articulo-5o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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