AUTORIDAD RESPONSABLE EQUIPARADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. TIENEN TAL CALIDAD LOS PATRONES AL DESATENDER LA NORMATIVA, LOS MANDATOS ADMINISTRATIVOS O LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), GENERADOS DE MANERA EXTRAORDINARIA PARA COMBATIR LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), CUANDO NIEGAN, IMPIDEN U OMITEN AUTORIZAR LA AUSENCIA AL CENTRO DE TRABAJO DE UN TRABAJADOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021. MAYORÍA DE TRECE VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS HERLINDA FLORES IRENE, JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ARTURO CEDILLO OROZCO, ANTONIO REBOLLO TORRES, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, ÁNGELA TERESITA DE JESÚS ESTRADA ESPARZA, TOMÁS MARTÍNEZ TEJEDA, ÁNGEL PONCE PEÑA, VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ, NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA (FORMULA VOTO CONCURRENTE), FERNANDO SILVA GARCÍA (FORMULA VOTO CONCURRENTE), ARMANDO ISMAEL MAITRET HERNÁNDEZ Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. DISIDENTES: OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ, MARÍA EUGENIA OLASCUAGA GARCÍA, LAURA SERRANO ALDERETE Y JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ (FORMULA VOTO CONCURRENTE). PONENTE: VÍCTOR AUCENCIO ROMERO HERNÁNDEZ. SECRETARIO: RAÚL BOLAÑOS MOLINA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como en los artículos 41 Bis y 41, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.
Además, sirve de sustento los Acuerdos Generales 21/2020 y 1/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados Miguel Bonilla López, Fernando Silva García y Tarsicio Aguilera Troncoso, integrantes del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes:
Primero. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien constituye el órgano denunciante, en sesión ordinaria virtual de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, resolvió el recurso de revisión RA. 46/2020, en el cual, en la parte que interesa, determinó:
"13. SÉPTIMO.—Improcedencia del juicio de amparo indirecto.
"13.01 En el presente asunto es innecesario hacer el estudio de los agravios formulados por el recurrente de la revisión principal, quien en esencia argumenta que indebidamente se otorgó la protección constitucional solicitada por el trabajador quejoso, sin tomar en cuenta el Juez de Distrito que en el caso lo que procedía era decretar el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto respecto del ********** de administración de personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, señalado como autoridad responsable, entre otros, ya que si bien acepta que emitió un oficio dirigido al ********** de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, explica que se trata de una comunicación entre autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y que del señalado oficio, se advierte que en ningún momento instruye para restringir y suspender de forma deliberada el permiso para evitar la asistencia del quejoso a su centro de trabajo, como indebidamente se consideró en la sentencia recurrida, sino que su finalidad fue orientar en lo relativo a la continuidad o suspensión de las actividades laborales a cargo del personal adscrito al sector salud de esta Ciudad de México para hacer frente al brote de la enfermedad denominada SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que jamás existió una instrucción que tuviera fuerza vinculante para determinar la continuidad o ausencia del quejoso en sus actividades en el centro de trabajo de su adscripción dentro de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por parte del hoy recurrente, en virtud de que su probable autorización o negación corresponde a su respectiva Unidad Administrativa.
"13.02 Añade que en el Decreto por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, señala las actividades consideradas esenciales y que deberán de continuar en funcionamiento, entre ellas las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud, como también los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención.
"13.03 Expone que el oficio referido lo emitió con dicho parámetro que antecede en concordancia con el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en esa entidad, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2020.
"13.04 Concluye que el Juez de Distrito debió sobreseer por lo que respecta al acto reclamado al ahora recurrente señalado como autoridad responsable, solicitando a este Tribunal Colegiado que se revoque la sentencia recurrida y sobresea este juicio de amparo, por lo que hace a la ********** de Administración de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, toda vez que la autorización o negativa de otorgar el permiso para que el quejoso se ausente de su centro de trabajo es responsabilidad y facultad del ********** la unidad administrativa al que se encuentra adscrito y no del disconforme.
"13.05 Como ya se adelantó, no se analiza la legalidad de la sentencia recurrida a la luz de los agravios expresados por el recurrente, en virtud de que este Tribunal Colegiado de oficio, advierte que en la especie se actualiza una diversa causal de improcedencia que hace improcedente el juicio constitucional promovido por el trabajador quejoso, lo que impone revocar la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, pero no por lo que aduce el recurrente, sino por lo que a continuación se explica.
"13.06 El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que: ‘Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.’
"13.07 Al respecto, este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es de oficio, de orden público y preferente, entonces bajo esa premisa la improcedencia de la acción constitucional debe efectuarse aun cuando las partes no lo hubieran alegado, en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto por el transcrito artículo 62 de la Ley de Amparo.
"13.08 Así, al ser la procedencia del juicio constitucional, como se dijo, de orden público, conduce a determinar que este Tribunal Colegiado puede reasumir jurisdicción y abordar su estudio con base en la causal de improcedencia que advierte y así revocar la sentencia impugnada para sobreseer en el juicio de amparo.
"13.09 Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 192902, de rubro y texto:
"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme.’ (Precisó los amparos en revisión que le dieron origen)
"13.10 Atendiendo a la lectura de la demanda de amparo indirecto, se observa que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridad, lo que en la especie no se materializa, pues el vínculo existente entre el quejoso ********** y el ********** del ********** y otras, emerge de la relación de coordinación y no de supra a subordinación. Tal y como se evidencia a continuación.
"13.11 Los artículos citados disponen:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"‘Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"‘I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.’
"‘Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"‘...
"‘II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.’
"13.12 En efecto, el acto reclamado no constituye un acto de autoridad, sino que emerge del vínculo de supra a subordinación (relación laboral), y no de coordinación (entablada entre un ente público dotado de imperio y un particular). De ahí, la improcedencia del juicio de amparo indirecto.
"13.13 Lo anterior se sostiene en base a que:
"13.14 Del escrito de demanda de amparo indirecto, que se radicó con el número P. 765/2020-V del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se advierte que **********, al promoverlo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (ordenadoras y ejecutoras) y actos reclamados, siguientes:
"Autoridades ordenadoras:
"a) ********** de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
"b) ********** de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
"c) ********** de Administración de Capital Humano de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
"Autoridades ejecutoras:
"d) ********** del hospital ********** de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
"e) ********** de enlace administrativo del hospital ********** de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
"f) ********** de la oficina de Recursos Humanos del **********de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
"Actos reclamados de las autoridades ordenadoras:
"• La instrucción dada a las autoridades responsables ejecutoras, para restringir y suspender de forma deliberada el permiso con goce de sueldo, para evitar la asistencia del quejoso a su centro de trabajo, por medio de actos de aplicación distintos a las normas generales, que establecen las medidas preventivas implementadas por el Estado Mexicano y que deberán de poner en práctica los sectores público, privado y social, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SAR-CoV2 (COVID-19).
"Actos reclamados de las autoridades ejecutoras:
"• La orden recibida por parte de la autoridad responsable ordenadora, para restringir y suspender de forma deliberada, el permiso con goce de sueldo para evitar la asistencia del suscrito a su centro de trabajo, por medio de actos de aplicación distintos a las normas generales, que establecen las medidas preventivas implementadas por el Estado Mexicano y que deberán de poner en práctica los sectores público, privado y social, para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SAR-CoV2 (COVID-19).
"13.15 De lo anterior, se observa que en esencia el quejoso cuestiona la orden y acatamiento de las autoridades como ordenadoras y ejecutoras de restringir y suspender de forma deliberada, el permiso con goce de sueldo para evitar su asistencia a su centro de trabajo.
"13.16 Lo que se estima, converge desde el punto de vista del resultado de una relación de trabajo existente entre el promovente del amparo y su empleador equiparado. Siendo que en las relaciones de coordinación (relaciones laborales) se actúa en un mismo plano, existiendo procedimientos ordinarios para dirimir las diferencias que pudieran llegar a surgir. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados (potestad de imperio), cuya característica son la unilateralidad de los actos. Y, en la especie, el asunto sujeto a revisión, se estima debe ser ventilado ante la autoridad ordinaria, y no a través del órgano de control constitucional.
"13.17 Con apoyo en los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, ya transcritos, se desprende que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad o de particulares que se asimilen a los de una autoridad, cuando sus funciones estén determinadas por una norma general.
"13.18 Resulta importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, y que se caracterizan por la imperatividad, coercitividad y unilateralidad); en contraposición a las relaciones de coordinación (las que se dan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para que en su caso, se resuelvan las controversias que se susciten entre ellos).
"13.19 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro: 194367, de rubro y texto:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.’ (Puso datos de donde se originó)
"13.20 De igual forma es aplicable la jurisprudencial 2a./J. 164/2011, sustentada por la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal, Novena Época, registro digital: 161133, cuyos rubro y texto, dicen:
"‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.’ (Colocó antecedentes que le dieron origen)
"13.21 Respecto de los actos de particulares que se asimilan a los de autoridad, la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal consideró que para que sean considerados como tales, se requiere que cuenten con las siguientes características:
"13.22 Que sean actos equivalentes a los de autoridad, es decir, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido.
"13.23 Que afecte derechos; es decir: creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas.
"13.24 Que sus funciones se contengan en una norma general, confiriéndole atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad.
"13.25 Por lo que, conforme a lo narrado, los actos de particulares que pueden impugnarse en el juicio de amparo, sólo son aquellos que se equiparen a los de una autoridad, esto es, los que surjan de relaciones de supra a subordinación.
"13.26 Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en su parte conducente, en la jurisprudencia 2a./J. 127/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital: 2010018, de rubro y texto:
"‘NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS EN QUE CALCULAN, RETIENEN Y ENTERAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Sobre esa base, cuando el notario público por disposición legal calcula, retiene y entera el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que no actúa de manera unilateral y obligatoria sino en cumplimiento de las disposiciones que le ordenan la realización de esos actos, de donde se entiende que actúa como auxiliar del fisco. Ello no implica desconocer que esos actos pueden ser considerados como la aplicación de una norma general para efectos de la promoción del juicio de amparo.’ (Colocó antecedentes que le dieron origen)
"13.27 De lo anterior, es posible señalar que la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que ofrece el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, atendiendo a las condiciones actuales, resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados como de autoridad, pero la condición para alcanzar ese estatus es que opera sólo cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.
"13.28 Para que un acto de particular pueda ser atendido como de autoridad, las funciones deben estar contenidas en una norma general que le confiera atribuciones para actuar como autoridad del Estado. Siendo que, en el caso, el quejoso señaló como acto reclamado, en esencia, la falta de atención a su petición de seguir en resguardo domiciliario y la afectación a su salario e, incluso, a la pérdida de su empleo, lo que decanta evidentemente en el plano de una relación de trabajo (lo que se evidenciará con mayor amplitud más adelante).
"13.29 Ahora bien, no todos los actos de particulares pueden ser considerados como de autoridad, sino sólo aquellos que se homologuen con ese estatus. Por lo que a fin de distinguir cuando se está en presencia de un acto de autoridad proveniente de un particular, opera el mismo criterio para distinguir un acto de autoridad propia; esto es, que debe tenerse presente el tipo de relación que se da entre las partes, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación y las de supraordinación.
"13.30 Conviene recordar que las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contemplada por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
"13.31 Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, así como el juicio de amparo; este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
"13.32 Finalmente, las relaciones de supraordinación son las entabladas entre los órganos del propio Estado.
"13.33 Derivado de todo lo anterior, como se adelantó, se estima que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, que es aquella en que las autoridades señaladas como responsables no cuentan con esa calidad.
"13.34 Ello es así, pues basta trasladarse al capítulo de actos reclamados que sustenta en la narrativa de los hechos de la demanda de amparo indirecto, así como en el capítulo de antecedentes, donde el quejoso, entre otras cosas, señaló, que: el Estado Mexicano por conducto del Consejo de Salubridad General y en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México emitió diversas medidas preventivas a fin de evitar la asistencia a los centros de trabajo de personas que se encontraran en diversos supuestos (edad y/o enfermedades). Que incluso se emitió un oficio suscrito por el ********** de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que debía ser suscrito por los trabajadores a fin de beneficiarse de esa disposición, pero que el 6 de abril de 2020, el quejoso fue rechazado para obtener ese beneficio con base dijo en actos distintos a las normas generales.
"13.35 El quejoso adujo que, el 6 de abril de 2020, se entrevistó con el ********** (señalado como autoridad ejecutora), a quien le manifestó que:
"‘... soy enfermero, adscrito a medicina preventiva, las que se resumen en: suministrar vacunas programadas a los niños, en la «Jornada Nacional de Vacunación» (no hay programa) y las de la Cartilla Nacional de Vacunación (poca o nula afluencia por el coronavirus), con funciones no esenciales para la mitigación y control de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) ...’
"13.36 Afirmando, que:
"‘... en el mes de agosto de este año, cumplo ********** años de edad y padezco de ********** con tratamiento farmacológico que genera supresión del sistema inmunológico, y de las personas que están a mi alrededor, pues soy el más vulnerable a desarrollar y contagiarlas del virus SARS-CoV2 (COVID-19), considerada enfermedad grave y/o morir a causa de ella ...’
"13.37 Enfatizando que:
"‘... a pesar de lo anterior, me negó el permiso con goce de sueldo, para evitar la asistencia del suscrito a las labores.’ (Fojas 7 y 8 del amparo indirecto)
"13.38 También, en la demanda de amparo indirecto hacen valer diversos argumentos, relacionados a disposiciones implementadas tanto a nivel federal como local, referentes a la contingencia sanitaria, el aislamiento domiciliario y quiénes entran en ese supuesto.
"13.39 De lo anterior se observa que los reclamos que se hacen a las llamadas ‘autoridades responsables’ emergen dentro del contexto del vínculo laboral existente entre el quejoso y ellas; siendo que en su caso, las posibles infracciones en que incurrieron los empleadores equiparados respecto de las normas de seguridad e higiene en el trabajo que garantizan la salud y vida de los trabajadores, derivadas precisamente de la contingencia sanitaria que se vive en la actualidad por el virus SARS CoV2 (COVID-19), por lo que los reclamos decantan en la competencia de la jurisdicción común y no constitucional.
"13.40 Siendo que es de la competencia de los Tribunales Federales del Trabajo, entre otros supuestos, lo relacionado a las materias de seguridad e higiene en el trabajo. Lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 698 y 699 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen:
"‘Artículo 698. Será competencia de los tribunales de las entidades federativas, conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de competencia federal.
"‘El tribunal federal conocerá de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política y 527 de esta ley.’
"‘Artículo 699. Cuando en los conflictos a que se refiere el párrafo primero del artículo que antecede, se ejerciten en la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en materia de capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, el conocimiento de estas materias será de la competencia del tribunal federal, de acuerdo a su jurisdicción.
"‘En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el tribunal, al admitir la demanda, ordenará se saque copia de la misma y de los documentos presentados por el actor, las que remitirá inmediatamente al tribunal federal para la sustanciación y resolución, exclusivamente, de las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento, y de seguridad e higiene, en los términos señalados en esta ley.’
"13.41 De ahí, que se reitera la competencia para el conocimiento de los asuntos como el que nos ocupa, recae en la vía ordinaria laboral, y no de amparo, pues en aquélla se encuentra la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30211-9a1b6ae4/autoridad-responsable-equiparada-en-terminos-del-articulo-5o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUTORIDAD RESPONSABLE EQUIPARADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TIENE TAL CALIDAD EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AUTORIDAD RESPONSABLE EQUIPARADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. TIENEN TAL CALIDAD LOS PATRONES AL DESATENDER LA NORMATIVA, LOS MA (PC.I.L. J/6 L (11a.))
- AUTORIDAD RESPONSABLE EQUIPARADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TIENE TAL CALIDAD EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORE (PC.I.L. J/5 L (11a.))
- SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA A LOS EMPLEADOS DEL SECTOR SALUD QUE FORMEN PARTE DE UN GRUPO VULNERABLE DURANTE EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVAD (VII.2o.T. J/68 L (10a.))
- AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) TIENE ESA CALIDAD CUANDO EL ACTO REC (I.16o.T.75 L (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis