COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JULIO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: GABRIELA ZAMBRANO MORALES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la denuncia de la contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) pues fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
TERCERO.—Criterios contendientes. Ahora, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tomar en cuenta los aspectos más relevantes de las ejecutorias que dieron origen a dichos criterios que, en síntesis, son los siguientes:
I. Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 7/2020.
1. Marisa Leticia Sámano Rodríguez, quien afirmó padecer hipertensión arterial descontrolada y ocupar el puesto de "encargada de guardia nocturna B" en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), promovió juicio de amparo indirecto en contra de las siguientes autoridades:
a) Secretaría de Salud
b) Secretaría de Salud de la Ciudad de México
c) Jefe del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Ciudad de México
d) Jefe sindical de la Sección 13 Rama Médica
e) Licenciada Carolina Mosco
f) Doctora Estrella Albarrán
Asimismo, alegó la falta de aplicación por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas, de la circular SSCDMX/DGAF/012/2020, emitida por el director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que se instruyó a no asistir a su centro de trabajo a las personas ubicadas en algún grupo de riesgo de contraer el virus SARS-CoV2.
Al respecto, la quejosa indicó haber realizado diferentes trámites para quedar exenta de presentarse a laborar, debido a que padece hipertensión; no obstante, señaló que su solicitud fue rechazada.
2. Por razón de guardia correspondió conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, el cual, en acuerdo de tres de mayo de dos mil veinte, la registró bajo el expediente 637/2020; asimismo, declaró su incompetencia por razón de materia para conocer de la demanda.
Al respecto, sostuvo que del estudio integral de la demanda se advertía que la quejosa reclamaba que las autoridades responsables no le hubieran aplicado las siguientes disposiciones:
"1. Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, emitido por la titular de la Jefatura de Gobierno y publicado el 19 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
"2. Circular No. SSCDMX/DGAF/012/2020, relativa a las medidas preventivas COVID-19, emitida por el director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de 19 de marzo de 2020."
En ese sentido, consideró que no tenía competencia para conocer del asunto, en tanto que las normas mencionadas derivaban de políticas en materia de salud pública, al haber sido emitidas por una autoridad administrativa con base en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que correspondía conocer del asunto a un órgano colegiado especializado en materia administrativa.
Finalmente, señaló que si bien el acuerdo reclamado podía impactar en la aplicación de disposiciones de carácter laboral, lo cierto era que éste, por sí mismo, no regulaba cuestiones laborales de forma destacada, al tratarse de medidas sanitarias.
3. De esa manera, el asunto fue turnado al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México quien, en auto de cinco de mayo de dos mil veinte, registró la demanda con el expediente 564/2020 y rechazó la competencia declinada.
Lo anterior, al sostener que la pretensión de la parte quejosa consistía en que el Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en su calidad de empleador, aplicara a su favor las medidas emitidas con motivo de la contingencia generada por el virus SARS-CoV2, al encontrarse entre las personas en riesgo, en caso de padecer COVID-19.
En consecuencia, ordenó la devolución del juicio de amparo al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, quien remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno, a efecto de que se pronunciara respecto al conflicto competencial suscitado.
4. En acuerdo de catorce de mayo de dos mil veinte, el presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito –órgano que se encontraba de guardia–, registró el asunto bajo el expediente conflicto competencial 7/2020 y admitió su trámite.
En sesión extraordinaria, celebrada vía remota, el veintiséis de mayo de dos mil veinte, el órgano colegiado determinó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México era competente para conocer del asunto, esencialmente, por las razones siguientes:
• En principio, para resolver el tema de la competencia en un juicio de amparo, es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado, a partir del análisis de los hechos narrados, los conceptos de violación, así como las pruebas ofrecidas y los preceptos legales invocados, prescindiendo de considerar la relación jurídica existente entre las partes; ello en términos de la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES."
• En ese sentido, la parte quejosa omitió precisar el acto reclamado, pues únicamente se limitó a señalar las autoridades responsables, entre las que figuraba su empleador; no obstante, del análisis de los hechos narrados en su demanda se advierte que la promovente señaló la negativa por parte de la jefa de la unidad departamental de aplicar en su beneficio el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado el 19 de marzo de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
• De esa manera, si la quejosa reclamó la negativa de su empleador respecto a la solicitud que sustentó con base en el estado de emergencia sanitaria, a efecto de no presentarse a laborar como consecuencia de la hipertensión que padece, entonces, debe concluirse que el acto tiene una naturaleza laboral.
• Lo anterior, aun cuando el acuerdo y la circular, cuya falta de aplicación reclama la quejosa, correspondan a actos formalmente administrativos, en tanto que la decisión que contienen es de índole laboral, ya que el origen del acto reclamado consiste en la decisión unilateral del empleador de extinguir un beneficio otorgado a la trabajadora.
II. Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el conflicto competencial 45/2020.
1. Marisa Leticia Sámano Rodríguez, quien afirmó padecer hipertensión arterial descontrolada y ocupar el puesto de "encargada de guardia nocturna B" en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), promovió juicio de amparo indirecto en contra de las siguientes autoridades:
a) Secretaría de Salud
b) Secretaría de Salud de la Ciudad de México
c) Jefe del Centro Regulador de Urgencias Médicas de la Ciudad de México
d) Jefe sindical de la Sección 13 Rama Médica
e) Licenciada Carolina Mosco
f) Doctora Estrella Albarrán
Asimismo, alegó la falta de aplicación por parte del Centro Regulador de Urgencias Médicas, de la circular SSCDMX/DGAF/012/2020, emitida por el director general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de conformidad con el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el que se instruyó a no asistir a su centro de trabajo a las personas ubicadas en algún grupo de riesgo de contraer el virus SARS-CoV2.
Al respecto, la quejosa indicó haber realizado diferentes trámites para quedar exenta de presentarse a laborar, debido a que padece hipertensión; no obstante, señaló que su solicitud fue rechazada.
2. Por razón de guardia correspondió conocer del asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, la registró bajo el expediente 629/2020 y declaró carecer de competencia, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo.
Al respecto, de la lectura integral de la demanda precisó que la pretensión de la parte quejosa consistía en que las autoridades del Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, le permitieran quedarse en su casa, así como justificar sus ausencias, por considerar que acudir a su centro de trabajo constituía un riesgo, al estar ubicada en el grupo de personas vulnerables de contraer el virus SARS-CoV2; de ahí que el acto reclamado correspondía a la materia laboral.
3. De esa manera, el asunto fue turnado al Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México quien, en acuerdo de trece de mayo de dos mil veinte, registró la demanda con el expediente 686/2020 y determinó no aceptar la competencia declinada.
Lo anterior, ya que del estudio integral de la demanda de amparo se advertía que la quejosa solicitaba la protección constitucional con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2; en ese sentido, de conformidad con lo resuelto en los conflictos competenciales 7/2020 y 8/2020, fallados por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondía conocer a un Juzgado Especializado en Materia Administrativa.
En consecuencia, ordenó la devolución del asunto al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien, al insistir en su incompetencia, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que resolviera el conflicto competencial suscitado.
4. En acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veinte, el presidente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito –órgano que se encontraba de guardia– ordenó registrar el asunto bajo el expediente conflicto competencial administrativo 45/2020, así como admitirlo a trámite.
En sesión extraordinaria, celebrada vía remota, el veintiséis de mayo de dos mil veinte, el órgano colegiado resolvió el conflicto competencial en el sentido de declarar competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con base en las razones siguientes:
• De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.", para resolver el tema de la competencia en un juicio de amparo, por razón de materia, es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado.
• En ese sentido, se advierte que los actos reclamados derivan de disposiciones generales emitidas por diversas dependencias gubernamentales, con el fin de mitigar la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, por lo que el reclamo toral conlleva implícitamente el cumplimiento de normas administrativas y recomendaciones de dicha organización internacional, dirigidas a salvaguardar la salud y la vida de las personas con actividades en el sector público y privado, al estar en cercanía constante de pacientes con el padecimiento COVID-19.
• Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 117/2019, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMARON PRESTACIONES DERIVADAS DEL DERECHO A LA SALUD, POR PARTE DE AUTORIDADES DE UN INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. SE SURTE EN FAVOR DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las decisiones de carácter médico de las instituciones de seguridad social que se encuentren relacionados con el derecho a la salud –contemplado en el artículo 4o. de la Constitución Federal–, derivan de una facultad administrativa, por lo que su conocimiento corresponde a la materia administrativa.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(3)
Así, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los Tribunales Colegiados de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
En ese sentido, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico a partir de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar una jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto.
Lo anterior, porque ello conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Apuntado lo anterior, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que, en el caso, sí se configura la contradicción de tesis denunciada, debido a que los órganos contendientes se pronunciaron sobre una misma cuestión jurídica, respecto a la que emitieron criterios diversos.
En principio, de los antecedentes narrados se advierte que los conflictos competenciales resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito derivan de demandas de amparo promovidas por la misma quejosa, en contra de las mismas autoridades responsables y por los mismos actos reclamados; de ahí que los asuntos coincidan en las cuestiones fácticas que les dieron origen.
De esa manera, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el conflicto competencial 7/2020, precisó que de los hechos narrados en la demanda de amparo se advertía que la quejosa reclamaba la negativa de aplicar en su beneficio el acuerdo mediante el que se establecieron diferentes medidas preventivas para evitar riesgos de salud, incluida la circular de diecinueve de marzo de dos mil veinte.
Lo anterior, al pertenecer al grupo de personas en riesgo de contraer el virus SARS-CoV2, por padecer hipertensión; de ahí que se tratara de una decisión unilateral por parte del empleador, en relación con un beneficio otorgado a una trabajadora, por lo que la materia del juicio de amparo consistía en determinar el proceder del patrón, en relación con el derecho a la salud de la parte quejosa.
En consecuencia, concluyó que el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo era competente para conocer del juicio de amparo, en tanto que las disposiciones, cuya aplicación se reclamaba, si bien tenían el carácter de actos formalmente administrativos, lo cierto es que implicaban una decisión de índole laboral.
Por el contrario, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 45/2020, determinó que la naturaleza de los actos reclamados era de índole administrativa, al consistir en el cumplimiento de disposiciones administrativas y recomendaciones emitidas por diversas dependencias gubernamentales, dirigidas a salvaguardar la salud y la vida de las personas con actividades en el sector público y privado, como consecuencia de la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, respecto al virus SARS-CoV2.
Asimismo, precisó que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las decisiones de carácter médico de las instituciones de seguridad social que se encuentren relacionadas con el derecho a la salud derivan de una facultad administrativa; de ahí que el órgano competente para conocer del juicio de amparo indirecto fuera el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.
Como se advierte, ambos órganos jurisdiccionales arribaron a conclusiones diferentes respecto a un mismo punto jurídico, motivo por el que la controversia aquí suscitada se circunscribe en determinar si el conocimiento de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de la negativa de aplicar en beneficio de alguna persona trabajadora las medidas implementadas para prevenir los contagios de la enfermedad COVID-19 en los centros de trabajo, corresponde a un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo, o bien, en materia administrativa.
QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
En primer término, conviene distinguir entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por la primera, la potestad de que se hallan investidos los juzgadores para administrar justicia, mientras que el segundo concepto se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias.(4)
De esa manera, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, es decir, determinar cuáles asuntos deben conocer, debe atenderse a criterios como:(5)
a) La materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo.
b) El territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como Circuitos, distritos o partidos judiciales.
c) El grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse.
En ese sentido, los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada.
Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada(7) detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de la autoridad responsable.
De esa forma, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98,(8) determinó que los conflictos competenciales que se susciten por razón de materia deben resolverse en atención a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto.
En ese mismo sentido, esta Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.",(9) en la que se concluyó que para dirimir los conflictos competenciales suscitados con motivo de la promoción de juicios de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél.
Así, de acuerdo con lo expuesto, corresponde ahora analizar la naturaleza del acto reclamado en los juicios de amparo que originaron los conflictos competenciales resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes; al respecto, de las demandas de amparo promovidas por la parte quejosa, se advierte que ésta reclamó la negativa de aplicar en su favor las medidas implementadas para prevenir la transmisión de la enfermedad COVID-19 en su centro de trabajo.
Con el propósito de contextualizar la temática de esta contradicción de tesis, debe precisarse que el treinta de enero de dos mil veinte la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, como consecuencia de la rapidez de su propagación, así como por su gravedad, tal organización la declaró como una pandemia.
En tales circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2.
Como parte de las medidas para evitar los contagios de la enfermedad COVID-19, se instruyó a los servidores públicos de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los supuestos siguientes:
a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19), los trabajadores deberán permanecer aislados en su domicilio y atender las recomendaciones médicas.
b) Tratándose de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán, optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia.
c) En caso de contar con 68 años o más las personas deberán comunicarlo a su superior jerárquico.
d) Las personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria.
Asimismo, se establecieron diferentes mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, se previó que aquellos ubicados en algún grupo vulnerable y que laboraran en las instituciones de seguridad ciudadana, el sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente.
En todo caso, se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer ninguna clase de amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación.(1)0
Posteriormente, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Como parte de las medidas contenidas en dicho documento, se instruyó a los sectores público, privado y social a evitar la asistencia a los centro de trabajo, de los adultos mayores de sesenta y cinco años o más, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo,(11) quienes en todo momento conservarían su derecho a recibir su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad laboral vigente.
De igual manera, se señaló que las medidas adoptadas se llevarían a cabo con estricto respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores en todos los sectores, además de que las relaciones laborales continuarían rigiéndose conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o condiciones generales de trabajo correspondientes, al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.(12)
Finalmente, el treinta de marzo de dos mil veinte,(13) el Consejo General de Salubridad declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la implementación de acciones extraordinarias, entre las que destaca la suspensión inmediata de las actividades no esenciales durante el periodo del treinta de marzo al treinta de abril de dos mil veinte, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como las de los sectores fundamentales de la economía, entre otras.
En ese orden de ideas, si bien se advierte que los acuerdos mencionados derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellos también tienen un impacto en el mundo del trabajo.
En efecto, del análisis de su contenido, en particular, de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras y los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Lo anterior, en el entendido de que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de las personas trabajadoras; de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de las trabajadoras y los trabajadores al virus SARS-CoV2.
Al respecto, destaca el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo,(14) en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la segurid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29508-e9fc8948/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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