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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES. LOS ACUERDOS DE 25 DE MARZO Y 15 DE DICIEMBRE, AMBOS DE 2020, EMITIDOS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), EN EL CONTEXTO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19), SON CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1611/2024. · Registro digital (IUS): 32847
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ROMÁN ZÚÑIGA HURTADO Y OTROS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.724.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1611/2024. ROMÁN ZÚÑIGA HURTADO Y OTROS. 12 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temáticoCiudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1611/2024, interpuesto en contra de la sentencia dictada en sesión del once de enero de dos mil veinticuatro por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 389/2023.

El problema jurídico por resolver para esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consiste en determinar, en primer lugar, si el recurso de revisión es procedente y, en segundo lugar, si los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ., publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de marzo de dos mil veinte y ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ., publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los que se suspenden los trámites procedimientos administrativos y/o procesos a que se refieren ambos acuerdos, resultan o no constitucionales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Juicio de nulidad. Por escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Román Zúñiga Hurtado, Sheyla Anel Zúñiga Hernández, Norma Angélica Hernández Mancera, José Román Zúñiga Pérez y **********, representada legalmente por Román Zúñiga Hurtado, promovieron juicio contencioso administrativo en contra de lo siguiente:

“[...]

II. Resolución que se Impugna:

La resolución NEGATIVA FICTA, recaída a la reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado interpuesta el 10 de julio de 2020, presentada ante la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante, el Instituto), aclarando que en fecha 05 de noviembre de 2020 se desahogó el requerimiento ordenado por la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección Jurídica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante acuerdo de fecha 20 de octubre de 2020; lo anterior, toda vez que ha transcurrido el plazo de tres meses que prevé el artículo 17, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

[...]

III. Autoridades Demandadas: Señalo al Titular de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante el Instituto), por ser la autoridad a quien se le atribuye a la resolución negativa ficta impugnada.

[...]”.

2. Correspondió conocer del juicio contencioso administrativo a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, radicó la demanda de nulidad con el número de expediente 5994/21-17-14-6 y por diverso proveído de catorce de mayo de esa misma anualidad, la admitió a trámite.

3. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, la Magistrada instructora de la Sala Regional del conocimiento tuvo por recibido el escrito firmado por el titular de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social; acuerdo en contra del cual la parte actora promovió recurso de reclamación.

4. Por sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintidós se resolvió infundado el recurso de reclamación promovido por la parte actora y se confirmó el acuerdo impugnado de ocho de septiembre de dos mil veintiuno.

5. Una vez concluida la secuela procesal correspondiente, la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia el trece de abril de dos mil veintitrés, en la que determinó sobreseer en el juicio, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, fracción XI, y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, puesto que no se configura la negativa ficta, ya que si bien no existe constancia en autos que acredite que la autoridad demandada hubiese dado respuesta a la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada, lo cierto es que no transcurrió en exceso el término de tres meses previsto por el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

6. Demanda de amparo directo. El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, Román Zúñiga Hurtado, Sheyla Anel Zúñiga Hernández, Norma Angélica Hernández Mancera, José Román Zúñiga Pérez y **********, representada legalmente por Román Zúñiga Hurtado, promovieron demanda de amparo directo, presentada en la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde señaló como autoridad responsable a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y como acto reclamado la sentencia de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de nulidad 5994/21-17-14-6.

7. Por acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito registró la demanda de amparo con el número 389/2023.

8. Conceptos de violación. Los quejosos plantearon, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:

• En su concepto de violación primero alegó que la Sala responsable contravino el principio de exhaustividad y, por tanto, de congruencia, al momento de dictar la sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de reclamación contra el auto de admisión de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual incorrectamente se reconoció personalidad al titular de la Coordinación de Asuntos Contenciosos del Instituto Mexicano del Seguro Social, como unidad encargada de la defensa jurídica de dicho Instituto, siendo que dicha unidad carece de legitimación para ello, por lo que se debió tener por no contestada la demanda.

• En su concepto de violación segundo, alega que la Sala responsable contravino el principio de exhaustividad y de congruencia al momento de dictar la sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintidós, al excluir tácitamente al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, como autoridad demandada, ya que omitió realizar pronunciamiento de fondo respecto a lo expuesto en el segundo agravio hecho valer en el recurso de reclamación, el cual está dirigido a demostrar que el Director General es la única autoridad demandada en el juicio de nulidad de origen.

• En su concepto de violación tercero, señala que la Sala responsable contravino el principio de exhaustividad y, por tanto, de congruencia, al momento de dictar la sentencia interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dado que no realizó pronunciamiento respecto a los argumentos hechos valer en la ampliación de demanda en cuanto a que el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social es quien cuenta con competencia originaria para substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, al resolver el juicio de nulidad consideró que tanto la Dirección General como la Coordinación de Asuntos Contenciosos son las unidades administrativas con competencia para conocer de este tipo de procedimientos.

• En su concepto de violación cuarto, apunta que la Sala responsable de manera indebida declaró fundada la causal de improcedencia relativa a que no transcurrió el plazo de tres meses previsto en la Ley para considerar configurada la negativa ficta, al encontrarse suspendidos los plazos y términos en relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado, con lo cual confirió eficacia probatoria a los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ., de veinticinco de marzo de dos mil veinte y ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ., de quince de diciembre de dos mil veinte, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que éstos estuvieran dirigidos al Director General de dicho Instituto, razón por la que, a su juicio, no se afectaron los plazos y términos con que cuenta el aludido Director General para atender y resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado.

• En su concepto de violación quinto, señala que en el supuesto de que los acuerdos publicados el veintisiete de marzo y veintiocho de diciembre, ambos de dos mil veinte, que suspenden plazos y términos exclusivamente para la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de la contingencia provocada por el COVID-19, también incidan en los plazos y términos del Director General de dicho Instituto, se manifiesta ad cautelam que dichos acuerdos son inconstitucionales e inconvencionales al ser contrarios a los derechos humanos de tutela judicial efectiva, de justicia pronta y expedita, de seguridad jurídica, así como al de buena administración pública y sus derechos derivados; consagrados por los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal y por el preámbulo y las disposiciones de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública.

• En lo que toca al derecho a una justicia pronta y expedita, contenido en el derecho a una tutela judicial efectiva, refiere que éste implica que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no pueden supeditar el acceso a la impartición de justicia a ninguna condición, dado que ello implicaría un obstáculo entre los gobernados y las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Ello, de conformidad con la jurisprudencia y tesis aislada, ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte, de rubros: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES”; y, “ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN”.

• Respecto a la buena administración pública, señala que es un derecho fundamental de las personas y un principio de actuación de los poderes públicos con base en el cual deben generarse políticas públicas y acciones encaminadas a la apertura gubernamental, con el objeto de contribuir a la resolución de problemas públicos mediante instrumentos ciudadanos, efectivos y transversales. De tal suerte que la buena administración pública conlleva como obligación principal que la función administrativa no sea suspendida ni interrumpida por ningún motivo, en cuyo caso, deberán implementarse medios alternativos para continuarla ejerciendo, como las tecnologías de la información.

• Máxime que los dos acuerdos son inconstitucionales e inconvencionales dado que no refieren el plazo exacto en que habrán de estar suspendidos los plazos y términos de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual se transgrede la certeza y seguridad jurídica de la parte accionante, toda vez que se paraliza un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin que se señale cuándo se reanudarán los plazos y términos suspendidos.

9. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión celebrada el once de enero de dos mil veinticuatro, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictó resolución en la que determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

10. Las consideraciones que sirvieron de apoyo para arribar a la conclusión anterior fueron las siguientes:

• En cuanto al argumento contenido en el quinto concepto de violación, advirtió que no es verdad que los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ y ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social contravengan la tutela judicial efectiva, obstaculizando el acceso de la parte quejosa a una justicia pronta y expedita, al suspender los plazos y términos procesales de diversos procedimientos administrativos, en concreto, para la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.

• Ello, pues debido a la emergencia de salud generada por la pandemia del virus SARS-CoV-2, se atendió la labor sustantiva del Instituto Mexicano del Seguro Social de garantizar el derecho a la salud y a la asistencia médica, aunado a que una de las estrategias adoptadas a nivel internacional para evitar la propagación del virus y el contagio a personas en riesgo, fue evitar el desplazamiento de personas para actividades no esenciales, en particular, para la realización de trámites administrativos.

• También consideró que no se coarta el derecho de tutela judicial efectiva dado que, al no transcurrir términos procesales, la autoridad aún está obligada a responder la solicitud realizada por la parte quejosa, de tal manera que, al emitir su resolución, el particular puede impugnarla ante los tribunales jurisdiccionales correspondientes. De ahí que el hecho de que mediante los acuerdos emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se suspendieran los términos y plazos administrativos debido a la emergencia de salud derivada de la pandemia del virus SARS-CoV-2, no transgrede el derecho de la parte quejosa de acceder a los recursos judiciales previstos en la normativa que rige el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, aunado a que tampoco se impusieron cargas desproporcionadas para el ejercicio de ese derecho.

• Que no pasa desapercibido que si bien la medida de suspensión de plazos y términos sí implicó un retraso en la tramitación de los procedimientos administrativos, lo cierto es que no se dejó sin respuesta la solicitud planteada, toda vez que de las constancias se desprende que la autoridad demandada le dio trámite a la misma y, el veinte de octubre de dos mil veinte, acordó la apertura del expediente administrativo de reclamación patrimonial del Estado 065/2020, lo cual fue notificado a la parte quejosa el veintinueve de octubre siguiente.

• Que el hecho de que los órganos judiciales hubieran empleado el uso de medios electrónicos para llevar a cabo los procesos judiciales durante la pandemia, no implica que todos los órganos de la administración pública estén obligados a atender dicho proceder, sobre todo si se toma en cuenta que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció como prioridad el enfocar los esfuerzos a la protección de la salud de la población general, así como que el citado fenómeno de salud pública derivó en la parálisis total de la administración pública en el país.

• Que la emisión de los acuerdos tampoco puede ser considerada violatoria del derecho a una buena administración pública, dado que la suspensión de plazos para el trámite de procedimientos administrativos no esenciales se justifica por la atención al fenómeno de salubridad general por parte de una Institución de salud pública que tiene por objeto la prestación de servicios de salud, lo cual no implicó un obstáculo para la participación de la sociedad o una falta de apertura institucional, sino que se priorizó la ejecución de acciones encaminadas a la protección de la salud de la población en general.

• Respecto a los conceptos de violación primero, segundo y tercero, calificó de inoperantes los argumentos de la parte quejosa dado que no se encaminan a controvertir los motivos y razones por los que la Sala responsable consideró que, en el caso concreto, se actualizaba la causa de improcedencia relativa a que no se configura la negativa ficta demandada de la autoridad en el proceso administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado promovido por la parte quejosa.

• En ese sentido, señala que la parte quejosa únicamente sostiene de manera dogmática que la sentencia reclamada es inconstitucional, ya que conculca sus derechos humanos, aunado a que carece de exhaustividad y congruencia dado que no se analizó el fondo de su pretensión, sin que para ello exponga razonadamente por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos impugnados, ni cuestiona las consideraciones de la Sala responsable para arribar a la conclusión de sobreseer en el juicio por estimar que no se configura la negativa ficta, es decir, no expone ningún razonamiento o fundamento legal o convencional que soporte su reclamo.

• En lo que toca al cuarto concepto de violación, también calificó de inoperantes los planteamientos esgrimidos por la parte quejosa dirigidos a sostener que la Sala responsable no tomó en consideración, como hecho notorio, el contenido de la sentencia de nulidad 20145/21-17-14-4, dictada por la misma responsable en la que se declaró infundada una causal de improcedencia idéntica, sin que se combatiera directamente las consideraciones y fundamentos invocados por la Sala responsable para arribar a dicha conclusión. Máxime que el hecho de que se hubiese resuelto una determinada controversia en un sentido particular no implica que otro asunto similar tenga que decidirse igual, dado que en un juicio existen diversos factores que pueden cambiar el sentido del fallo.

• Finalmente, estimó infundado el planteamiento contenido en el cuarto concepto de violación, en el que controvierte que la Sala responsable hubiera declarado fundada la existencia de la negativa ficta, dándole eficacia en su perjuicio a dos acuerdos que no van dirigidos al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, autoridad ante quien se presentó la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, al ser quien tiene competencia originaria. De manera que no debió conferirles eficacia probatoria a los acuerdos, pues al no estar dirigidos al Director General, es evidente que la suspensión de plazos y términos no le afecta a dicha autoridad.

• Lo anterior, pues el hecho de que hubiese presentado su solicitud de reclamación ante la Dirección General de Instituto Mexicano del Seguro Social y de que los acuerdos no estuvieran dirigidos a tal instancia, no incide de ningún modo en la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida, sobre todo si se considera que el órgano que emite ambos acuerdos recurridos es el Consejo Técnico, quien es la máxima autoridad para la toma de decisiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual determinó la suspensión de diversos procedimientos administrativos atendiendo al Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por COVID-19.

11. Recurso de revisión. En contra de lo resuelto en el juicio de amparo directo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual se admitió a trámite por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinticuatro.

12. En el escrito de agravios, el ahora recurrente planteó, en síntesis, lo siguiente:

• En su único agravio señaló que el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió de manera indebida el planteamiento de constitucionalidad hecho valer en el quinto concepto de violación esgrimido en la demanda de amparo. Lo anterior, ya que asevera que los Acuerdos impugnados son inconstitucionales e inconvencionales, al conculcar los derechos humanos de tutela administrativa efectiva, de justicia pronta y expedita, de seguridad jurídica, así como de la buena administración pública y sus derechos derivados, consagrados en los artículos 1 y 17 constitucionales, así como en el preámbulo y disposiciones de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública.

• Al respecto indica que, con base en la interpretación directa del derecho fundamental de justicia pronta y expedita se tiene que el poder público en cualquiera de sus manifestaciones, esto es, Ejecutivo, Legislativo o Judicial, no puede condicionar por ninguna causa el acceso a la impartición de justicia, pues ello implicaría un obstáculo entre los ciudadanos y las autoridades encargadas de impartir justicia. • Así mismo, a partir de una interpretación directa del derecho a la buena administración pública, afirma que ésta debe ser permanente, esto es, ininterrumpida y que las actuaciones administrativas deben ser prestadas dentro de un plazo razonable, de tal suerte que las autoridades administrativas están obligadas a favorecer la continuidad de la substanciación y resolución de los procedimientos administrativos y, en caso de producirse un caso de fuerza mayor, las autoridades están obligadas a implementar medios alternativos, como las tecnologías de la información, para evitar la interrupción de plazos y términos; suspensión esta última, que sólo estaría justificada una vez implementados los medios alternos y que éstos resulten insuficientes.

• Por otro lado, cuestiona la constitucionalidad y convencionalidad de los Acuerdos impugnados, por contravenir los derechos fundamentales de tutela administrativa efectiva y certeza jurídica, ya que no señalan la fecha concreta en que se habrán de reanudar los plazos y términos de los procedimientos administrativos que se suspendieron, lo cual deja en indefensión a la parte reclamante al no contar con dicha información fundamental.

• Que con la creación de medios alternativos para la tramitación, substanciación y resolución de los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado, se hubiera protegido tanto el derecho fundamental a la protección de la salud de los promoventes, como el de una justicia pronta e ininterrumpida, al no suspender los plazos y términos para continuar con el procedimiento administrativo en cuestión.

13. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por oficio recibido el veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal a través del sistema electrónico MINTERSCJN, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primero Circuito remitió las constancias relativas al recurso de revisión interpuesto por la quejosa, lo cual, mediante proveído de Presidencia de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, quedó registrado bajo el toca 1611/2024.

14. Asimismo, manifiesta que el recurso es procedente pues, a juicio de la Presidencia, se advierte que la parte recurrente justifica una cuestión propiamente constitucional y un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, en el recurso de revisión que se hace valer.

15. En este contexto, de un análisis preliminar del asunto, en particular, de la demanda de amparo, la Presidencia advierte que la cuestión planteada por los justiciables versa en alegar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los Acuerdos ACDO.AS2.HCT.250320/99.P.DJ., de veinticinco de marzo de dos mil veinte y ACDO.SA2.HCT.151220/357.P.DJ., de quince de diciembre de dos mil veinte, ambos emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante los cuales se determinó, respectivamente, autorizar la suspensión de trámites y procedimientos administrativos, en razón de la Contingencia por Covid-19. Ello, por considerar que resultan violatorios de los derechos de tutela judicial efectiva, justicia pronta y expedita, seguridad jurídica y buena administración pública, tutelados por los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal; así como en el preámbulo y diversas disposiciones contenidas en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública.

16. Por tanto, al tenor de lo previsto en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno y siete de junio siguiente, se impuso admitirlo y turnarlo a la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

17. Avocamiento. El Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó acuerdo el veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, por el que se avocó al conocimiento del recurso de revisión.

18. Publicación. El proyecto de resolución de esta sentencia fue publicado oportunamente en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

19. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (1) 81, fracción II, (2) y 96(3) de la Ley de Amparo y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) en relación con los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo Plenario 1/2023,(5) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo, donde se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad; sin que se considere necesaria la intervención del Pleno.

20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD

21. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada al quejoso por lista publicada el jueves veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, por lo que dicha notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el viernes veintiséis de enero de dos mil veinticuatro. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes veintinueve de enero al lunes doce de febrero de dos mil veinticuatro, descontándose los días veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro, diez y once de febrero de esa anualidad, por ser sábados y domingos y el cinco de febrero de dos mil veinticuatro, todos inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.

22. Por lo tanto, si el escrito por el que se interpuso el recurso de revisión se presentó ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el once de febrero de dos mil veinticuatro, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.

23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

III. LEGITIMACIÓN

24. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que René Flores Carbajal, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está acreditado que se le reconoció el carácter de persona autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, por acuerdo de trece de febrero de dos mil veinticuatro dictado en el juicio de amparo directo 389/2023.

25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

26. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el recurso de revisión es procedente en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II de la Ley de Amparo. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones:

27. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Punto Primero del Acuerdo 9/2015 emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

28. Dichas disposiciones jurídicas establecen que las resoluciones de los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las excepciones siguientes:

a) Que subsista el problema de constitucionalidad de leyes;

b) Cuando en la sentencia recurrida se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; o,

c) Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de las materias precisadas en los anteriores incisos, no obstante que en los conceptos de violación se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.

29. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso debe analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañan la fijación de un criterio de interés excepcional, que se actualiza:

a) Cuando se trata de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,

b) Cuando las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.

30. Como se señaló, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora establece, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la N

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32847-6d847dfc/suspension-de-tramites-y-procedimientos-administrativos-asi-como · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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