I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE UN DECRETO EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA, ATENDIENDO AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y EPIDEMIOLÓGICA, Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LA NORMA IMPUGNADA HA SIDO DEROGADA PERO ALGUNOS DE LOS PRECEPTOS CONTINÚAN VIGENTES (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y EPIDEMIOLÓGICA, Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). V. SALUBRIDAD GENERAL. SU ORIGEN, EVOLUCIÓN Y MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. VI. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECER LA CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN LA MATERIA MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA. VII. SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ES LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TANTO FEDERAL COMO LOCAL, Y LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD DE DAR CUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA SALUD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. VIII. SALUBRIDAD GENERAL. MARCO LEGAL DE LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL EN LA MATERIA. IX. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL GOBIERNO ESTATAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ADOPTAR MEDIDAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA MATERIA Y, DE MANERA CONCRETA, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. X. SALUBRIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA. EL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EMITIÓ LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTARON MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN LA ENTIDAD Y EN DONDE SE ORDENARON DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, COMBATIR, CONTROLAR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL HABERSE EXPEDIDO DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA CON BASE EN LAS FACULTADES QUE LE OTORGA LA LEY GENERAL DE SALUD, LA CONSTITUCIÓN LOCAL, Y EN COORDINACIÓN Y RESPUESTA AL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DE SALUBRIDAD POR EL QUE SE RECONOCE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) EN MÉXICO, COMO UNA ENFERMEDAD GRAVE DE ATENCIÓN PRIORITARIA, ASÍ COMO SE ESTABLECEN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DICHA EPIDEMIA (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). XI. PROCESO LEGISLATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA, Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). XII. SALUBRIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA. LA EMISIÓN DEL DECRE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2020. MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, ESTADO DE SONORA. 9 DE MARZO DE 2022. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados:
En la demanda inicial: "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticinco de marzo de dos mil veinte.
En ampliación: Las "Reglas de operación mediante las cuales se implementará el ejercicio y aplicación de estímulos fiscales en materia de contribuciones y derechos estatales, con la finalidad de atender la situación de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica y hacer frente a los efectos económicos que de las medidas instrumentadas se deriven", emitidas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno Local el veintiséis de marzo de dos mil veinte.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 53/2020, promovida por el Municipio de Guaymas de Zaragoza, Estado de Sonora.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si: ¿El Decreto impugnado, por el cual la titular del Poder Ejecutivo Local, emite declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica y se dictan medidas urgentes, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19, así como las reglas de operación emitidas por la Secretaría de Hacienda de dicho Estado, vulneran la competencia constitucional del Municipio actor?
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda de controversia. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martín Adán Ruelas Velderrain, ostentándose como síndico procurador del Municipio de Guaymas de Zaragoza, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo, secretario de Gobierno, subsecretario de Servicios de Gobierno, secretario de Finanzas, secretario de Salud, secretario del Trabajo, secretario de Economía, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura, y el director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:
"1. Del Ejecutivo del Estado de Sonora
"a) La aprobación y expedición del Decreto por el cual la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID 19, éste de fecha 24 de marzo del año 2020.
"...
"2. Del secretario de Gobierno. El refrendo de la ley citada en el punto que antecede. Y de la autoridad (sic) marcadas como responsables en los incisos del número (I) uno a número (8) (sic) ocho.
"4. (sic) Del director del Boletín Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Sonora. La publicación del Decreto de fecha 25 de marzo de la anualidad publicación especial (sic).
"5. (sic) Del secretario de Finanzas del Estado de Sonora. La aplicación y ejecución del Decreto por sí o por conducto de sus subordinados, de las disposiciones legales del refrendo, todos los oficios, actos y/o resoluciones que sirvieron como antecedente directo para la emisión de los actos reclamados en los párrafos que preceden."
2. Conceptos de invalidez de la demanda inicial. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• El Congreso de la Unión nunca ha conferido al Ejecutivo Local facultades para emitir el Decreto impugnado, en específico, en lo que respecta a la reasignación de recursos públicos, lo que viola los artículos 122 y 133 de la Constitución Federal. Ello, teniendo en cuenta que la Ley General de Salud se encarga de distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, siendo que sus artículos 3o., fracción II y 13, apartado B, fracción I, determina que es materia de salubridad general; aunado a que al Ejecutivo Estatal, por su carácter de autoridad local y dentro de su jurisdicción, le corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis,1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis del artículo 3o. de la ley general citada.
Por tanto, corresponde al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 90 de la Constitución Federal, así como 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dictar disposiciones sobre salud en general, lo cual, en términos del artículo 4o. constitucional, se traduce en la obligación del Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia.
• Se vulnera el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133, en relación con los diversos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, debido a que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora no está facultado para emitir disposiciones que regulen la materia de salud, así como la financiera municipal; lo anterior, pues es facultad exclusiva de la Federación.
• El Decreto impugnado viola el artículo 16 de la Constitución Federal, pues incumple con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación.
• El Decreto impugnado permite al Ejecutivo Local disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para su instauración, lo que es exorbitante y, por tanto, inconstitucional, pues la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo del Estado, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Estatal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido petición expresa de la entidad federativa, lo cual limita la esfera jurídica municipal y de la Federación en materia de seguridad y salud pública.
• El Decreto impugnado regula una mal llamada seguridad de salubridad interior y permite asignar funciones a las Fuerzas Armadas, consistentes en actividades que van dentro de la seguridad pública, según lo dispone el artículo 21 constitucional, en la medida, en que el Decreto impugnado permite que el Ejecutivo Estatal disponga de la totalidad de las fuerzas internas y federales para su instauración, sobre todo realizar fondos ante organismos nacionales e internacionales, en particular, en relación con el Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.
• El Ejecutivo Local no puede direccionar recursos presupuestales del Municipio actor en materia de salud sanitaria social en virtud del Decreto impugnado, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través del Decreto impugnado.
• Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas y los organismos autónomos, no se administrarán con eficiencia, economía, transparencia ni honradez para cumplir los objetivos y programas a los que están destinados. Ello, en la medida en que el Decreto impugnado no puede direccionar los recursos presupuestales del Municipio actor provenientes de la Federación en materia de salud sanitaria social, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través de dicho Decreto.
• Se transgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos públicos municipales, lo que afecta la autonomía del ente municipal, el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder y el sistema de coordinación fiscal.
• Se viola el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, por cuanto protege la separación de funciones entre los poderes públicos de una entidad federativa, teniendo en cuenta que el Decreto impugnado viola la autonomía presupuestaria y financiera del Municipio actor, así como el sistema de coordinación fiscal, en lo relativo al Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.
• La intervención del Estado de Sonora respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios, es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión, pero no de disposición, suspensión o retención. Por ende, la omisión en la entrega de recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales.
• Se produce una limitación de los derechos humanos reconocidos en el Magno Ordenamiento y en los tratados internacionales, como son libertad de acceso a la salud, propiedad privada, libertad de reunión, principio pro persona, principio de progresividad y el derecho a la libertad personal.
• El Decreto impugnado es contrario al artículo 40 de la Constitución Federal, que consagra, a su parecer, a la democracia representativa como un derecho humano.
3. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que el actor estima violados son 4o., 25, 27, 28, 40, 73, fracción XVI, 90, 115, fracción IV, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Radicación y turno. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 53/2020 y designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
5. Admisión. Por auto de siete de abril de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda inicial del presente asunto; tuvo como demandados y ordenó emplazar al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sonora, este último en cuanto al refrendo del Decreto impugnado, sin reconocer tal carácter al subsecretario de Servicios de Gobierno, así como a los secretarios de Finanzas, de Salud, del Trabajo, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, ni al director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, al tratarse de autoridades subordinadas al mencionado Poder; tuvo únicamente como tercero interesado al Poder Legislativo del referido Estado, al cual ordenó darle vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera en el plazo legal; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
6. Contestación del secretario de Gobierno del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, Miguel Ernesto Pompa Corella, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Sonora y en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, formuló su contestación, donde señala, esencialmente, lo siguiente:
Causales de improcedencia
• El Municipio actor carece de legitimación activa para promover la presente controversia, ya que el Decreto impugnado fue refrendado de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política de dicha entidad federativa y el diverso 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de acuerdo con los cuales se contempla la facultad del secretario de Gobierno para refrendar la validez y observancia legal de todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos que suscriba el Ejecutivo Local en ejercicio de sus atribuciones, siendo, además, que la fracción XXIV del último precepto legal referido contempla la facultad de administrar y publicar el Boletín Oficial del Gobierno Local. Así, la controversia deviene improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 1o. y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, y el 105, fracción I, de la Constitución Federal, pues el acto impugnado es uno de carácter formal al secretario de Gobierno, motivo por el cual debe sobreseerse, en términos de la fracción II del artículo 20 de la propia ley reglamentaria que rige a este procedimiento constitucional.
• La controversia es improcedente por indebida representación de la parte actora, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, siendo que dicho precepto exige simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende y que, por lo demás, es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver duda al respecto en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades.
En el fondo
• El acto del refrendo que se atribuye al secretario de Gobierno del Estado de Sonora, como se explicó, es exigible a dicho funcionario pues, ante su ausencia, los actos de la titular del Ejecutivo Local estarían viciados en su validez, al no cumplir con los elementos formales necesarios para ello, siendo obligación de esta dependencia refrendar todos los actos emitidos por la gobernadora, conforme al artículo 82 de la Constitución Local y el diverso 23, fracciones VIII y XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.
7. Ampliación de demanda. Mediante escrito recibido el dieciséis de abril de dos mil veinte, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Municipio actor formuló ampliación de su demanda inicial, en la cual, esencialmente, impugna, como hecho superveniente, lo siguiente:
"1. C.P. Raúl Navarro Gallegos, secretario de Finanzas del Estado de Sonora.
"a) La aprobación y expedición por el secretario de Hacienda emitió las reglas de operación (sic) del programa, donde emitió las reglas de operación. Tal acto es posterior a la presentación de la demanda de controversia. Demanda en contra de la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria, epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes, encaminadas al a (sic) conservación y mejoramiento, de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19 éste de fecha 24 de marzo del año 2020. Lo cual manifiesto desconocer en qué términos es (sic) tales reglas conociendo únicamente que el secretario de Finanzas (sic) de nombre CP. Raúl Navarro Gallegos, es la autoridad que emitió las reglas de operación de la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria.
"...
"2. Del secretario de Gobierno. El refrendo de las reglas de operación citada (sic) en el punto que antecede.
"3. Del director del Boletín Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Sonora. La publicación de las regla (sic) de operación.
"4. Del secretario de Finanzas (sic) del Estado de Sonora su emisión y la aplicación y ejecución, la aprobación y expedición de las reglas de operación del programa por el cual la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria, epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes, encaminadas al a (sic) conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversa (sic) acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID 19 este de fecha nueve de abril del año 2020.—(sic) además la emisión de todos los oficios, actos y/o resoluciones que sirvieron como antecedente directo para la emisión de los actos reclamados en los párrafos que preceden lo cual manifiesto desconocer en qué términos es (sic) tales reglas conociendo únicamente que el secretario de Finanzas (sic) de nombre CP. Raúl Navarro Gallegos, la autoridad que emitió las reglas (sic) de operación de la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria."
8. Admisión de la ampliación de demanda. Por auto de siete de mayo de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por admitida la ampliación de demanda formulada por el Municipio actor; tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, sin reconocer tal carácter al secretario de Gobierno, al secretario de Finanzas, ni al director del Boletín Judicial, todos de la referida entidad federativa, al tratarse de autoridades subordinadas a dicho Poder; requirió al demandado para que formulara su contestación en el plazo legal; no reconoció el carácter de tercero interesado al Poder Legislativo local, por no advertir perjuicio o afectación que pudiera producirle la resolución que se dicte en este asunto y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
9. Conceptos de invalidez formulados en la ampliación. En su escrito de ampliación, el Municipio actor alega, en esencia, lo siguiente:
• El Congreso de la Unión nunca ha conferido al Ejecutivo Local facultades para emitir el Decreto impugnado, en específico, en lo que respecta a la reasignación de recursos públicos, lo que viola los artículos 122 y 133 de la Constitución Federal. Ello, teniendo en cuenta que la Ley General de Salud se encarga de distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, siendo que sus artículos 3o., fracción II y 13, apartado B, fracción I, determina que es materia de salubridad general; aunado a que el Ejecutivo Estatal, por su carácter de autoridad local y dentro de su jurisdicción, le corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis del artículo 3o. de la ley general citada.
Por tanto, corresponde al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 90 de la Constitución Federal, así como 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dictar disposiciones sobre salud en general, lo cual, en términos del artículo 4o. constitucional, se traduce en la obligación del Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia. • Se vulnera el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133, en relación con los diversos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, debido a que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora no está facultado para emitir disposiciones que regulen la materia de salud, así como la financiera municipal; lo anterior, pues es facultad exclusiva de la Federación.
• El Decreto impugnado viola el artículo 16 de la Constitución Federal, pues incumple con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación.
• El Decreto impugnado permite al Ejecutivo Local disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para su instauración, lo que es exorbitante y, por tanto, inconstitucional, pues la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo del Estado, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Estatal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido petición expresa de la entidad federativa, lo cual limita la esfera jurídica municipal y de la Federación en materia de seguridad y salud pública.
• El Decreto impugnado regula una mal llamada seguridad de salubridad interior y permite asignar funciones a las Fuerzas Armadas, consistentes en actividades que van dentro de la seguridad pública, según lo dispone el artículo 21 constitucional, en la medida que el Decreto impugnado permite que el Ejecutivo Estatal disponga de la totalidad de las fuerzas internas y federales para su instauración, sobre todo realizar fondos ante organismos nacionales e internacionales, en particular en relación con el Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.
• El Ejecutivo Local no puede direccionar recursos presupuestales del Municipio actor en materia de salud sanitaria social por virtud del Decreto impugnado, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través del Decreto impugnado.
• Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas y los organismos autónomos, no se administrarán con eficiencia, economía, transparencia ni honradez para cumplir los objetivos y programas a los que están destinados. Ello en la medida en que el Decreto impugnado no puede direccionar los recursos presupuestales del Municipio actor provenientes de la Federación en materia de salud sanitaria social, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través de dicho Decreto.
• Se transgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos públicos municipales, lo que afecta la autonomía del ente municipal, el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder y el sistema de coordinación fiscal.
• Se viola el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, por cuanto protege la separación de funciones entre los poderes públicos de una entidad federativa, teniendo en cuenta que el Decreto impugnado viola la autonomía presupuestaria y financiera del Municipio actor, así como el sistema de coordinación fiscal, en lo relativo al Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.
• La intervención del Estado de Sonora respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponde a los Municipios es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión, pero no de disposición, suspensión o retención. Por ende, la omisión en la entrega de recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales.
• Se produce una limitación de los derechos humanos reconocidos en el Magno Ordenamiento y en los tratados internacionales, como son libertad de acceso a la salud, propiedad privada, libertad de reunión, principio pro persona, principio de progresividad y el derecho a la libertad personal.
• El Decreto impugnado es contrario al artículo 40 de la Constitución Federal que consagra, a su parecer, a la democracia representativa como un derecho humano.
10. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.
11. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el dos de diciembre de dos mil veintiuno tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y por acuerdo de presidencia de la misma fecha se tuvo por cerrada la instrucción del procedimiento a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
12. Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Ministra presidenta de la Segunda Sala, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional,(1) pues se trata de un conflicto entre un Municipio y el Poder Ejecutivo de una entidad federativa, en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente).
II. PRECISIÓN Y EXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS
15. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009,(3) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
16. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, esta Suprema Corte debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.
17. En ese sentido, de la revisión integral del escrito de demanda, de su ampliación y de las constancias aportadas a este expediente, se observa que los actos impugnados por el Municipio actor se reducen, concretamente, a los siguientes:
18. En la demanda inicial se impugna: La aprobación y expedición del "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticinco de marzo de dos mil veinte, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.(4)
19. En la ampliación de demanda se impugna: La aprobación y expedición por parte del secretario de Hacienda del Estado de Sonora, de las "reglas de operación del programa", contenido en el Decreto impugnado en la demanda inicial.
20. Al respecto, en la página 3 de su escrito de ampliación se advierte que el Municipio actor manifiesta que: "Se desconoce cómo son las reglas de operación del programa"; y en el inciso f) del apartado de antecedentes relativo sostiene que "ahora bien tuve conocimiento el día nueve de abril del año en curso que se emitió (sic) reglas de operación de dictamen (sic) impugnado por esta vía desconociendo el contenido, toda vez que el ente demandado (sic) no difundió en su integridad su contenido".
21. En esos términos, se desprende que el Municipio actor no tiene certeza del contenido de las reglas de operación que fueron emitidas por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, en cumplimiento del Decreto emitido por la titular del Ejecutivo de dicha entidad federativa, para hacer frente a la enfermedad COVID-19, impugnado en la demanda inicial.
22. No obstante, se debe hacer notar que el veintiséis de marzo de dos mil veinte, fueron publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Sonora las "Reglas de operación mediante las cuales se implementará el ejercicio y aplicación de estímulos fiscales en materia de contribuciones y derechos estatales, con la finalidad de atender la situación de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica y hacer frente a los efectos económicos que de las medidas instrumentadas se deriven.", emitidas por la Secretaría de Hacienda de dicha entidad federativa, en cumplimiento al "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica y por el que se dictan las medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salud pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19".
23. Así, en la medida en que el Municipio actor impugna en ampliación las "reglas de operación" emi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30862-bfb392d1/i-controversia-constitucional-competencia-de-la-segunda-sala · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCI (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENC (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE EN CONTRA DEL CITATORIO AL CONTRIBUYENTE A LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROC (XVII.2o.10 A (10a.))
- ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE SONORA, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CUATRO. (V.4o. J/2)
- ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE SONORA, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CUATRO. (1042)
- ESTÍMULO FISCAL. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 7o., FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA, VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL CUATRO, (V.4o. J/1)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis