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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRE SU ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. SALUBRIDAD GENERAL. SU ORIGEN, EVOLUCIÓN Y MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. IV. SALUBRIDAD GENERAL. MARCO LEGAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. V. SALUBRIDAD GENERAL. CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SU REGULACIÓN. VI. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL GOBIERNO ESTATAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ADOPTAR MEDIDAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA MATERIA Y DE MANERA CONCRETA, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. VII. SALUBRIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA. EL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITIÓ LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL HABERSE EXPEDIDO DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO ALGUNAS OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTADO DE SONORA). VIII. PROCESO LEGISLATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO ALGUNAS OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTADO DE SONORA). IX. SALUBRIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA. LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITIÓ LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO ALGUNAS OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTADO DE SONORA). X. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA. LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO IMPUGNADO RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES QUE DEBERÁ TOMAR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOCAL FRENTE A LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA, NO LIMITAN NI RESTRINGEN LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN AQUELLAS MATERIAS (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO ALGUNAS OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTADO DE SONORA). XI. HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA. LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO IMPUGNADO RELACIONADO CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA ENTIDAD PARA HACER FRENTE A LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19, NO AFECTAN LOS RECURSOS QUE EL MUNICIPIO ACTOR RECIBE POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES O APORTACIONES FEDERALES (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA LA REAPERTURA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE MAYO DE 2020, ASÍ COMO ALGUNAS OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL INTERVALO ENTRE LA CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLÓGICA Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA EL ESTADO DE SONORA). XII. HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA. LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS Y ESTÍMULOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO IMPUGNADO, NO RESTRINGEN NI LIMITAN LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO ACTOR NI AFECTAN SU AUTONOMÍA FINANCIERA (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJEC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2020. · Registro digital (IUS): 30874
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, ESTADO DE SONORA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo IV, Pág.3747.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2020. MUNICIPIO DE GUAYMAS DE ZARAGOZA, ESTADO DE SONORA. 20 DE ENERO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 96/2020, promovida por el Municipio de Guaymas de Zaragoza, Estado de Sonora.

El tema jurídico a resolver es determinar si: ¿El decreto impugnado, por el cual la titular del Poder Ejecutivo Local emite las disposiciones para la implementación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, así como algunas otras disposiciones relacionadas al intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación económica para el Estado de Sonora, vulnera la competencia constitucional del Municipio actor?

1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE.

1. 1.1 Presentación de la demanda de controversia. Por escrito recibido el veintinueve de junio de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Martín Adán Ruelas Velderrain, ostentándose como síndico procurador del Municipio de Guaymas de Zaragoza, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo, secretario de Gobierno, secretario de Finanzas y el director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

"1. Del Ejecutivo del Estado de Sonora

"a) La aprobación y expedición del decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora emite las disposiciones para la implementación de los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación (sic) el 29 de mayo de 2020, así como algunas otras disposiciones relacionadas al intervalo entre la contingencia santiaria epidemiológica y la reactivación económica para el Estado de Sonora y se reclama todas las consecuencias y actos posteriores que deriven de la aplicación del referido decreto. Se tuvo conocimiento y se publicó en el Boletín Oficial el diez de junio del año en curso ...

"...

"2. (sic) del secretario de Gobierno. El refrendo de la ley citada en el punto que antecede y de la autoridad marcada como responsable.

"4. (sic) del director del Boletín Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Sonora. La publicación del decreto de fecha 25 de marzo de la anualidad (sic), publicación especial.

"5. (sic) del secretario de Finanzas del Estado de Sonora. La aplicación y ejecución del decreto por sí o por conducto de sus subordinados, de las disposiciones legales del refrendo, todos los oficios, actos y/o resoluciones que sirvieron como antecedente directo (sic) para la emisión de los actos reclamados en los párrafos que preceden."

2. 1.2 Conceptos de invalidez. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• El Congreso de la Unión nunca ha conferido al Ejecutivo Local facultades para emitir el decreto impugnado, en específico, en lo que respecta a la reasignación de recursos públicos, lo que viola los artículos 122 y 133 de la Constitución Federal. Ello, teniendo en cuenta que la Ley General de Salud se encarga de distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, siendo que sus artículos 3, fracción II y 13, apartado B, fracción I, determina que es materia de salubridad general; aunado a que el Ejecutivo Estatal, por su carácter de autoridad local y dentro de su jurisdicción, le corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general, a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis del artículo 3 de la ley general citada.

Por tanto, corresponde al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, y 90 de la Constitución Federal, así como 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dictar disposiciones sobre salud en general, lo cual, en términos del artículo 4o. constitucional, se traduce en la obligación del Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia.

• Se vulnera el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133, en relación con los diversos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, debido a que el Ejecutivo de Sonora no está facultado para emitir disposiciones que regulen la materia de salud, así como la financiera municipal; lo anterior, pues es facultad exclusiva de la Federación.

• El decreto impugnado viola el artículo 16 de la Constitución Federal, pues incumple con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación.

• El decreto impugnado permite al Ejecutivo Local disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para su instauración, lo que es exorbitante y, por tanto, inconstitucional, pues la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo del Estado, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Estatal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido petición expresa de la entidad federativa, lo cual limita la esfera jurídica municipal y de la Federación en materia de seguridad y salud pública.

• El decreto impugnado regula una mal llamada seguridad de salubridad interior y permite asignar funciones a las fuerzas armadas, consistentes en actividades que van dentro de la seguridad pública, según lo dispone el artículo 21 constitucional, en la medida en que el decreto impugnado permite que el Ejecutivo Estatal disponga de la totalidad de las fuerzas internas y federales para su instauración, sobre todo realizar fondo ante organismos nacionales e internacionales, en particular en relación con el Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.

• El Ejecutivo Local no puede direccionar recursos presupuestales del Municipio actor en materia de salud sanitaria social en virtud del decreto impugnado, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través del decreto impugnado.

• Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, no se administrarán con eficiencia, economía, transparencia ni honradez para cumplir los objetivos y programas a los que están destinados. Ello, en la medida en que el decreto impugnado no puede direccionar los recursos presupuestales del Municipio actor provenientes de la Federación en materia de salud sanitaria social, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través de dicho decreto.

• Se transgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos públicos municipales, lo que afecta la autonomía del ente municipal, el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder y el sistema de coordinación fiscal.

• Se viola el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, por cuanto protege la separación de funciones entre los poderes públicos de una entidad federativa, teniendo en cuenta que el decreto impugnado viola la autonomía presupuestaria y financiera del Municipio actor, así como el sistema de coordinación fiscal, en lo relativo al Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.

• La intervención del Estado de Sonora respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponde a los Municipios, es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión, pero no de disposición, suspensión o retención. Por ende, la omisión en la entrega de recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales.

• Se produce una limitación de los derechos humanos reconocidos en el Magno Ordenamiento y en tratados internacionales, como son libertad de acceso a la salud, propiedad privada, libertad de reunión, principio pro persona, principio de progresividad y el derecho a la libertad personal.

3. 1.3 Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que la actora estima violados son 4o., 25, 27, 28, 73, fracción XVI, 90, 115, fracción IV, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. 1.4 Radicación y turno. Por acuerdo de dos de julio de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 96/2020; y al observar la existencia de conexidad con las diversas controversias 53/2020 y 72/2020, turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento respectivo.

5. 1.5 Admisión. Por auto de siete de julio de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda inicial del presente asunto; tuvo como demandados y ordenó emplazar al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sonora, éste último en cuanto al refrendo del decreto impugnado, sin reconocer tal carácter al secretario de Finanzas, ni al director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, al tratarse de autoridades subordinadas al mencionado poder; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. 1.6 Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido el veinte de agosto de dos mil veinte, José Cruz Orozco López, en su carácter de subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, formuló su contestación, señalando, en síntesis, lo siguiente:

• El artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sonora establece las facultades exclusivas del gobernador, dentro de las que destacan la promulgación de leyes, decretos y acuerdos en su caso, así como, su ejecución; asimismo, se contempla como su facultad la de velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad de los sonorenses en situaciones de emergencia, para lo cual puede dictar medidas urgentes para la conservación y mejoramiento de la salubridad general del Estado.

• Por tanto, la emisión del decreto es un acto que emana de la competencia del Poder Ejecutivo, puesto que su expedición tuvo como finalidad preservar y salvaguardar la seguridad de los sonorenses, así como el funcionamiento de la administración pública, sin que se invada la competencia de otro poder u orden de gobierno, máxime que dicho acto se realizó para dar frente a una circunstancia grave.

• La Constitución Federal ha reconocido expresamente como un derecho humano la protección de la salud, así como el acceso a los servicios de salud, imponiendo al Estado la obligación de su garantía, de manera que, al pretender declararse la invalidez del decreto impugnado, se afectaría el derecho humano de protección a la salud de los sonorenses.

• El artículo 4 de la Ley General de Salud prevé que los gobiernos de las entidades federativas fungen como autoridades sanitarias y que se ocuparan, entre otras cosas, de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general. A nivel estatal esto se encuentra previsto en el artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; por tanto, atendiendo a tales ordenamientos, el Ejecutivo de Sonora se encuentra facultado para emitir disposiciones que regulen determinadas circunstancias con objeto de preservar la salud de todas las personas.

• Así, el Congreso de la Unión ha establecido las atribuciones que corresponden a las autoridades sanitarias en forma exclusiva y concurrente, por lo que el Ejecutivo de Sonora, con esa facultad concurrente, se encuentra en aptitud de emitir disposiciones para preservar y salvaguardar la salud de los habitantes del Estado.

• El hecho de que en el decreto impugnado se señale que se debe comunicar las medidas a los Municipios, en modo alguno transgrede su autonomía ni mucho menos la Constitución Federal, pues ello sólo corresponde a un marco de colaboración para garantizar el acceso a la salud.

• Con el decreto impugnado el Estado convoca a un pacto social, para que se sumen todos los actores sociales, poderes y sectores, para promover la actividad económica, sin poner en riesgo el valor fundamental de la salud y la vida, porque no puede haber desarrollo económico si no hay vida, lo cual resulta fundamental ante la situación de riesgo que se viene en el Estado ante el avance de propagación del COVID-19, por lo que resultó necesario ponderar la necesidad de emitir este tipo medidas extraordinarias con la finalidad de contener y mitigar su propagación, ya que de no hacerlo se vería afectado el interés colectivo y el sistema de salud local no tendría la capacidad de afrontar dimensiones de casos mayores a los que se están atendiendo.

• El decreto impugnado plasma que la obtención de recursos se empleara para dar frente a la alerta sanitaria en el Estado y para proporcionar los servicios de salud en la entidad federativa; por lo que resulta falso que se limite o niegue al Municipio el acceso a los recursos federales, pues en caso de urgencia pueden solicitar a las instancias correspondientes los recursos de los fondos que se crean con el objeto de proporcionar auxilio y asistencia en situaciones de emergencia.

• Aunado a ello, en ningún momento se está disponiendo de los recursos municipales, tan lo es así que el mismo no aporta elemento de prueba que como tal logre acreditar que con la emisión de dicho decreto se le hayan retirado o redireccionado recursos que correspondieran a dicho Municipio, lo cual es totalmente falso y tendencioso, ya que no se habla de manera particular de quitar recursos o invadir competencias municipales respecto del manejo de sus recursos, sino que, por el contrario, el decreto impugnado se refiere, en términos generales, que se autoriza a la Secretaría de Hacienda del Estado para que realice gestiones para acceder a recursos federales correspondientes al fondo para la prevención y atención de las emergencias que existan o lleguen a existir, así como al acceso de medicamentos, insumos, equipamiento médico o cualquier otra necesidad para atender debidamente la pandemia derivada del COVID-19.

7. 1.7 Contestación del secretario de Gobierno del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido el primero de septiembre de dos mil veinte, Miguel Ernesto Pompa Corella, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Sonora, formuló su contestación, donde señala, esencialmente, lo siguiente:

Causales de improcedencia.

• El Municipio actor carece de legitimación activa para promover la presente controversia, ya que el decreto impugnado fue refrendado de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política de dicha entidad federativa y el diverso 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de acuerdo a los cuales se contempla la facultad del secretario de Gobierno para refrendar su validez y observancia legal, de todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos que suscriba el Ejecutivo Local en ejercicio de sus atribuciones, siendo, además, que la fracción XXIV del último precepto legal referido, contempla la facultad de administrar y publicar el Boletín Oficial del Gobierno Local. Así, la controversia deviene improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 1o. y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, y el 105, fracción I, de la Constitución Federal, pues el acto impugnado es uno de carácter formal al secretario de Gobierno, motivo por el cual debe sobreseerse, en términos de la fracción II del artículo 20 de la propia ley reglamentaria que rige a este procedimiento constitucional.

• La controversia es improcedente por indebida representación de la parte actora, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, siendo que dicho precepto exige simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende y que, por lo demás, es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver duda al respecto en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades.

En el fondo.

• El acto del refrendo que se atribuye al secretario de Gobierno del Estado de Sonora, como se explicó, es exigible a dicho funcionario, pues ante su ausencia, los actos de la titular del Ejecutivo Local estarían viciados en su validez, al no cumplir con los elementos formales necesarios para ello, siendo obligación de esta dependencia refrendar todos los actos emitidos por la gobernadora, conforme al artículo 82 de la Constitución Local y el diverso 23, fracciones VIII y XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.

8. 1.8 Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.

9. 1.9 Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el diecinueve de noviembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo constar que las partes no comparecieron, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas aportadas por las partes y se tuvieron por formulados los alegatos del Poder Ejecutivo de Sonora. Finalmente, mediante diverso proveído de la misma fecha, se puso el expediente en estado de resolución.

10. 1.10 Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Ministra presidenta de la Segunda Sala, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y además determinó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.

2. PRESUPUESTOS PROCESALES.

11. 2.1 Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional,(1) pues se trata de un conflicto entre el Municipio de Guaymas de Zaragoza, Estado de Sonora y el Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.

12. 2.2 Precisión y existencia del acto impugnado. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009(3) sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1536, registro digital: 166985). 13. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, esta Suprema Corte debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.

14. En ese sentido, de la revisión integral del escrito de demanda y de las constancias aportadas a este expediente, se observa que el Municipio actor impugna: La aprobación y expedición del "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora emite las disposiciones para la implementación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, así como algunas otras disposiciones relacionadas al intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación económica para el Estado de Sonora", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el diez de junio de dos mil veinte, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.(4)

15. En esos términos, se tiene por acreditada la existencia del acto impugnado por el Municipio actor en esta controversia constitucional.

16. Ahora bien, no pasa desapercibido para esta Segunda Sala que el decreto impugnado en esta instancia, acorde con sus artículos segundo y sexto transitorios, abrogó, en algunas de sus disposiciones, el diverso "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria y epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salud pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para Prevenir, Combatir, Controlar y Erradicar la Existencia y Transmisión del COVID-19", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en los términos siguientes:

"Segundo. Se abroga, en lo que se oponga al presente, el ‘Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria y epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salud pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, combatir, controlar y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19’, publicado el día 25 de marzo de 2020 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en el tomo CCV, Edición Especial."

"...

"Sexto. Continuarán vigentes mientras se encuentre en etapa de intervalo entre la contingencia sanitaria y la reactivación económica las siguientes disposiciones, las que deberán ser observadas e interpretadas conforme al semáforo emitido por la Secretaría de Salud Federal, los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, el presente Decreto, así como por las determinaciones que en su caso adopte el Consejo General de Salud, el Consejo de Salud del Estado y las secretarías de salud federal o estatal:

"A. Ejes rectores de prevención, control, combate y erradicación del COVID-19

"1. Se mantiene la estrategia integral ‘quédate en casa’ y ‘distanciamiento social’.

"2. Se continúa realizando las actividades esenciales previstas en Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, y particularmente en el Estado de Sonora, los servicios, producción y distribución de agua potable o purificada, incluyendo infraestructura relacionada a garantizar el suministro de agua, energía eléctrica, recolección, producción, transportación y venta de alimentos; producción y venta de medicamentos y equipo médico; producción y distribución de gas, gasolina y diésel, comunicaciones o servicios asociados, análogos o similares, incluyendo sucursales relacionadas a dichos servicios, televisión de paga, transporte público en general local o foráneo, plataformas de transporte privado, servicios médicos en cualquier especialidad, hospitales, clínicas o centros de tratamiento de aspectos inherente a la salud o cuidado de las personas, clínicas de rehabilitación o servicios análogos, farmacias, boticas o servicios similares, transporte o venta de productos de primera necesidad, servicios públicos como recolección de basura, seguridad pública, servicios públicos esenciales, entre otras actividades que puedan considerarse de manera enunciativa y no limitativa, y que por sus características no puedan dejar de ser prescindibles.

"3. La (sic) mantienen los programas alimentarios para los que se encuentren en extrema vulnerabilidad.

"B. Acciones relacionadas a la población en general.

"1. Continúan suspendidos los eventos sociales o públicos de la población en general, debiendo estar sujetos al semáforo que dé a conocer el Gobierno Federal y el Consejo Estatal de Salud, estando entre ellos de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: asambleas ciudadanas, audiencias públicas, reuniones de culto religioso, ferias, festivales, foros, inauguraciones, presentaciones, seminarios, talleres, torneos, verbenas, celebración de bautizos, bodas, cumpleaños, primeras comunicaciones o quinceañeras, bailes comunitarios, además de clases, conciertos, concursos, conferencias, diplomados, entrenamientos de cualquier especie, exposiciones, palenques, eventos o partidos de cualquier deporte que impliquen una actividad física en conjunto de personas o la asistencia a auditorios, bibliotecas, centros comunitarios, centros culturales o de entretenimiento, cibercentros, gimnasios, guarderías, museos, salones polivalentes o cualquier otro análogo, reuniones o festejos familiares que impliquen aglomeración de personas en espacios cerrados.

"2. Se mantiene el cierre de bares, casinos, cantinas, centros de espectáculos, deportivos o recreativos, centros nocturnos, cines, circos, centros sociales, clubes sociales, discotecas y comercios informales fijos o semifijos que presten servicios no esenciales, debiendo estar sujetos al semáforo que dé a conocer el Gobierno Federal y el Consejo Estatal de Saludo.

"3. Los establecimientos de comida en cualquier modalidad, incluyendo venta de alimentos preparados o congelados, fruterías, palapas, puestos de calle fijos o semifijos, seguirán prestando servicios de atención a la población, pero bajo medidas estrictas de no aglomeración o hacinamiento de personas, reduciendo el consumo presencial a la distancia recomendada para evitar contacto y preferentemente otorgando las facilidades para llevar los alimentos a consumirse en casa o servicio a domicilio, además de que el personal que labore en dichos establecimientos deberá contar con estrictas medidas de higiene conforme a las recomendaciones dictadas por el Consejo Estatal de Salud. Los proveedores relacionados a esta cadena productiva también quedarán exentos de suspender sus actividades.

"4. Los mercados, supermercados, comercios informales fijos o semifijos cuyo servicio sea de alimentos o productos de primera necesidad, tiendas de conveniencia, de cadena comercial o venta de alimentos seguirán brindando servicio para el abastecimiento de alimentos, productos o artículos de primera necesidad o higiene en los horarios normales en que prestan dichos servicios. Los proveedores relacionados a esta cadena productiva también quedarán exentos de suspender sus actividades.

"5. El tránsito y desplazamiento de personas relacionadas a las cadenas productivas, así como aquellas que el gabinete económico determine como actividades exentas, podrán continuar siempre que se extremen medidas sanitarias y de distanciamiento social, conforme al plan de contingencia.

"6. Conforme al semáforo que dé a conocer el Gobierno Federal y el Consejo Estatal de Salud los servicios que sean prestados por particulares y sean de especial requerimiento de la población por eventualidades que requieran recuperación urgente podrán seguir prestando servicios, entre los que se encuentren servicios de suministro y materiales o de oficios diversos para arreglar, componer, enmendar o restaurar cosas urgentes como plomería, llanteras, ferreterías, refaccionarias o servicios similares; así como los servicios de paquetería que tengan relación con aspectos de salud o de envíos de urgencia; igualmente también aquellos establecimientos para realizar actividades inherentes a exequias o servicios similares podrán prestar el servicio correspondiente siempre que observen las medidas de sanidad que al efecto dicte el Consejo Estatal de Salud.

"7. Los negocios que sean atendidos por mujeres relacionados a cadenas de tiendas de conveniencia o abarroterías deberán implementar y proporcionar las medidas de seguridad indispensables para que su actividad laboral se realice de manera segura y no se ponga en riesgo su vida o integridad física.

"8. Se mantiene la restricción debiendo estar sujetos al semáforo que dé a conocer el Gobierno Federal y el Consejo Estatal de Salud de todas las personas que por cualquier motivo, residan, habiten o transiten por el Estado de Sonora de cumplir y coadyuvar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30874-32580cba/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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