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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LA NORMA IMPUGNADA HA SIDO DEROGADA PERO ALGUNOS DE LOS PRECEPTOS CONTINÚAN VIGENTES (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). IV. SALUBRIDAD GENERAL. SU ORIGEN, EVOLUCIÓN Y MARCO CONSTITUCIONAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. V. SALUBRIDAD GENERAL. MARCO LEGAL QUE RIGE SU REGULACIÓN. VI. SALUBRIDAD GENERAL. CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SU REGULACIÓN. VII. SALUBRIDAD GENERAL. ES FACULTAD DEL GOBIERNO ESTATAL, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ADOPTAR MEDIDAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD ORGANIZAR, OPERAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA PRESTACIÓN DE AQUEL SERVICIO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO PROGRAMAS Y ACCIONES EN LA MATERIA Y, DE MANERA CONCRETA, LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, ASÍ COMO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. VIII. SALUBRIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA. EL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EMITIÓ LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTARON MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN LA ENTIDAD Y EN DONDE SE ORDENARON DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, COMBATIR, CONTROLAR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL HABERSE EXPEDIDO DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). IX. PROCESO LEGISLATIVO. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE MIL VEINTE). X. SALUBRIDAD GENERAL EN EL ESTADO DE SONORA. LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL EMITIÓ LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTARON MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN LA ENTIDAD Y EN DONDE SE ORDENARON DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, COMBATIR, CONTROLAR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19 CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, CONTROLAR, COMBATIR Y ERRADICAR LA EXISTENCIA Y TRANSMISIÓN DEL COVID-19, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE). XI. SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA. LOS ARTÍCULOS DEL DECRETO IMPUGNADO RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO Y LAS ACCIONES QUE DEBERÁ TOMAR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA LOCAL FRENTE A LA CONTINGENCIA SANITARIA DECRETADA, NO LIMITAN NI RESTRINGEN LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN AQUELLAS MATERIAS (DECRETO POR EL QUE LA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, EMITE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLÓGICA Y POR EL QUE SE DICTAN MEDIDAS URGENTES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA GENERAL EN EL ESTADO Y EN DONDE SE ORDENAN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVEN

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2020. · Registro digital (IUS): 30873
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo IV, Pág.3677.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 72/2020. MUNICIPIO DE URES, ESTADO DE SONORA. 20 DE ENERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y PRESIDENTA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS Y FORMULARÁ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 72/2020, promovida por el Municipio de Ures, Estado de Sonora.

El tema jurídico a resolver es determinar si: ¿El decreto impugnado, por el cual la titular del Poder Ejecutivo Local emite declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria, epidemiológica y se dictan medidas urgentes, encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19, vulnera la competencia constitucional del Municipio actor?

1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. 1.1 Presentación de la demanda de controversia. Por escrito recibido el siete de mayo de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Blanca Aurelia Valenzuela, ostentándose como síndica procuradora del Municipio de Ures, Estado de Sonora, promovió controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo, secretario de Gobierno, subsecretario de Servicios de Gobierno, secretario de Finanzas, secretario de Salud, secretario del Trabajo, secretario de Economía, secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura, y el director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

"1. Del Ejecutivo del Estado de Sonora

"a) La aprobación y expedición del decreto por el cual la titular (sic) Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria, epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes, encaminadas al a (sic) conservación y mejoramiento de la salubridad pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19, este de fecha 24 de marzo del año 2020.

"...

"2. Del secretario de Gobierno. El refrendo de la ley citada en el punto que antecede. Y de la autoridad (sic) marcadas como responsables en los incisos del número (I) uno a número (8) (sic) ocho.

"4. (sic) Del director del Boletín Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Sonora. La publicación del decreto de fecha 25 de marzo de la anualidad publicación especial (sic).

"5. (sic) Del secretario de Finanzas del Estado de Sonora. La aplicación y ejecución del decreto por sí o por conducto de sus subordinados, de las disposiciones legales del refrendo, todos los oficios, actos y/o resoluciones que sirvieron como antecedentes directo (sic) para la emisión de los actos reclamados en los párrafos que preceden."

2. 1.2 Conceptos de invalidez. En su escrito inicial de demanda, el Municipio actor hace valer, en síntesis, lo siguiente:

• El Congreso de la Unión nunca ha conferido al Ejecutivo Local facultades para emitir el decreto impugnado, en específico, en lo que respecta a la reasignación de recursos públicos, lo que viola los artículos 122 y 133 de la Constitución Federal. Ello, teniendo en cuenta que la Ley General de Salud se encarga de distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas, siendo que sus artículos 3, fracción II, y 13, apartado B, fracción I, determina que es materia de salubridad general; aunado a que el Ejecutivo Estatal, por su carácter de autoridad local y dentro de su jurisdicción, le corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis del artículo 3 de la ley general citada.

Por tanto, corresponde al Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, y 90 de la Constitución Federal, así como 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dictar disposiciones sobre salud en general, lo cual, en términos del artículo 4o. constitucional, se traduce en la obligación del Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia.

• Se vulnera el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133, en relación con los diversos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, debido a que el Ejecutivo de Sonora no está facultado para emitir disposiciones que regulen la materia de salud; lo anterior, pues es facultad exclusiva de la Federación.

• El decreto impugnado viola el artículo 16 de la Constitución Federal, pues incumple con los requisitos de fundamentación y motivación que sustenten su determinación.

• El decreto impugnado permite al Ejecutivo Local disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para su instauración, lo que es exorbitante y, por tanto, inconstitucional, pues la vaguedad en cuanto a la definición de lo que pudieran constituir las acciones que se requieran a cargo del Estado, incluyendo obligaciones de carácter financiero para solventar acciones de seguridad interior que el Ejecutivo Estatal pudiera determinar de manera unilateral y sin haber recibido petición expresa de la entidad federativa, lo cual limita la esfera jurídica municipal y de la Federación en materia de seguridad y salud pública.

• El decreto impugnado regula una mal llamada seguridad de salubridad interior y permite asignar funciones a las fuerzas armadas, consistentes en actividades que van dentro de la seguridad pública, según lo dispone el artículo 21 constitucional, en la medida en que el decreto impugnado permite que el Ejecutivo Estatal disponga de la totalidad de las fuerzas internas y federales para su instauración, sobre todo realizar (sic) fondo ante organismos nacionales e internacionales, en particular en relación con el Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.

• El Ejecutivo Local no puede direccionar recursos presupuestales del Municipio actor en materia de salud sanitaria social por virtud del decreto impugnado, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través del decreto impugnado.

• Los recursos económicos de que disponga el Gobierno del Estado, los Municipios, así como sus respectivas administraciones públicas descentralizadas, y los organismos autónomos, no se administrarán con eficiencia, economía, transparencia ni honradez para cumplir los objetivos y programas a los que están destinados. Ello, en la medida en que el decreto impugnado no puede direccionar los recursos presupuestales del Municipio actor provenientes de la Federación en materia de salud sanitaria social, máxime que la Legislatura Local no emitió una ley o reforma para cubrir la obligación impuesta a través de dicho decreto.

• Se transgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues la retención de recursos viola los principios de integridad y libre administración de los recursos públicos municipales, lo que afecta la autonomía del ente municipal, el federalismo como sistema que articula la división territorial del poder y el sistema de coordinación fiscal.

• Se viola el artículo 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, por cuanto protege la separación de funciones entre los poderes públicos de una entidad federativa, teniendo en cuenta que el decreto impugnado viola la autonomía presupuestaria y financiera del Municipio actor, así como el sistema de coordinación fiscal, en lo relativo al Fondo de Desastres Naturales ("Fonden") del que dispone el Ejecutivo Federal.

• La intervención del Estado de Sonora respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponde a los Municipios, es de simple mediación administrativa; en el caso de los fondos de aportaciones, su papel es de mediación, control y supervisión, pero no de disposición, suspensión o retención. Por ende, la omisión en la entrega de recursos federales vulnera los principios constitucionales de libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales.

• Se produce una limitación de los derechos humanos reconocidos en el Magno Ordenamiento y en tratados internacionales, como son libertad de acceso a la salud, propiedad privada, libertad de reunión, principio pro persona, principio de progresividad y el derecho a la libertad personal.

• El decreto impugnado es contrario al artículo 40 de la Constitución Federal, que consagra, a su parecer, a la democracia representativa como un derecho humano.

3. 1.3 Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos que la actora estima violados son 4o., 25, 27, 28, 40, 73, fracción XVI, 90, 115, fracción IV, 116, 122 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. 1.4 Radicación y turno. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 72/2020; y al observar la existencia de conexidad con la diversa controversia 53/2020, turnó el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento respectivo.

5. 1.5 Admisión. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda inicial del presente asunto; tuvo como demandados y ordenó emplazar al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sonora, este último en cuanto al refrendo del decreto impugnado, sin reconocer tal carácter al subsecretario de Servicios de Gobierno, así como a los secretarios de Finanzas, Salud, del Trabajo, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, ni al director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, al tratarse de autoridades subordinadas al mencionado poder; tuvo únicamente como tercero interesado al Poder Legislativo del referido Estado, al cual ordenó darle vista para que manifestara lo que a su derecho conviniera en el plazo legal; finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. 1.6 Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido el veintitrés de julio de dos mil veinte, José Cruz Orozco López, en su carácter de subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, formuló su contestación, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Causales de improcedencia

• Han cesado los efectos del decreto impugnado, ya que el diez de junio de dos mil veinte se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora emite las disposiciones para la implementación de los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, así como algunas otras disposiciones relacionadas al intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación económica para el Estado de Sonora", y en su artículo segundo transitorio se determinó abrogar en lo que se opusiera al mismo, el decreto impugnado, por lo que debe sobreseerse en la controversia planteada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Federal.

En el fondo

• El artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sonora establece las facultades exclusivas del gobernador, dentro de las que destacan la promulgación de leyes, decretos y acuerdos en su caso, así como su ejecución; asimismo, se contempla como su facultad la de velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad de los sonorenses en situaciones de emergencia, para lo cual puede dictar medidas urgentes para la conservación y mejoramiento de la salubridad general del Estado.

• Por tanto, la emisión del decreto es un acto que emana de la competencia del Poder Ejecutivo, puesto que su expedición tuvo como finalidad preservar y salvaguardar la seguridad de los sonorenses, así como el funcionamiento de la administración pública, sin que se invada la competencia de otro poder u orden de gobierno, máxime que dicho acto se realizó para dar frente a una circunstancia grave.

• La Constitución Federal ha reconocido expresamente como un derecho humano la protección de la salud, así como el acceso a los servicios de salud, imponiendo al Estado la obligación de su garantía, de manera que, al pretender declararse la invalidez del decreto impugnado, se afectaría el derecho humano de protección a la salud de los sonorenses.

• El artículo 4 de la Ley General de Salud prevé que los gobiernos de las entidades federativas fungen como autoridades sanitarias y que se ocuparán, entre otras cosas, de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general. A nivel estatal esto se encuentra previsto en el artículo 5 de la Ley de Salud para el Estado de Sonora; por tanto, atendiendo a tales ordenamientos, el Ejecutivo de Sonora se encuentra facultado para emitir disposiciones que regulen determinadas circunstancias con objeto de preservar la salud de todas las personas.

• Así, el Congreso de la Unión ha establecido las atribuciones que corresponden a las autoridades sanitarias en forma exclusiva y concurrente, por lo que el Ejecutivo de Sonora, con esa facultad concurrente, se encuentra en aptitud de emitir disposiciones para preservar y salvaguardar la salud de los habitantes del Estado.

• El hecho de que en el decreto impugnado se señale que se debe comunicar las medidas a los Municipios, en modo alguno transgrede su autonomía ni mucho menos la Constitución Federal, pues ello sólo corresponde a un marco de colaboración para garantizar el acceso a la salud.

• Con el decreto impugnado el Estado está estableciendo medidas urgentes para la conservación y mejoramiento de la salubridad general y ordenando acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19, cumpliendo así, en el ámbito de su competencia, con los principios tutelados en la Constitución Federal y Local.

• El decreto impugnado plasma que la obtención de recursos se empleará para dar frente a la alerta sanitaria en el Estado y para proporcionar los servicios de salud en la entidad federativa; por lo que resulta falso que se limite o niegue al Municipio el acceso a los recursos federales, pues en caso de urgencia pueden solicitar a las instancias correspondientes los recursos de los fondos que se crean con el objeto de proporcionar auxilio y asistencia en situaciones de emergencia.

• Aunado a ello, en ningún momento se está disponiendo de los recursos municipales, pues en los artículos séptimo, octavo, décimo y undécimo del decreto impugnado, se establece únicamente la autorización de la Secretaría de Hacienda local para realizar acciones y gestiones a fin de acceder a los recursos federales correspondientes al Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, así como al acceso a medicamentos e insumos para atender debidamente la pandemia, sin que en forma alguna se esté afectando la libre administración de la hacienda municipal.

7. 1.7 Contestación del secretario de Gobierno del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, Miguel Ernesto Pompa Corella, en su carácter de secretario de Gobierno del Estado de Sonora, formuló su contestación, donde señala, esencialmente, lo siguiente:

Causales de improcedencia

• El Municipio actor carece de legitimación activa para promover la presente controversia, ya que el decreto impugnado fue refrendado de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política de dicha entidad federativa y el diverso 23, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de acuerdo a los cuales se contempla la facultad del secretario de Gobierno para refrendar su validez y observancia legal, de todas las leyes, decretos, reglamentos, circulares y acuerdos que suscriba el Ejecutivo Local en ejercicio de sus atribuciones, siendo, además, que la fracción XXIV del último precepto legal referido, contempla la facultad de administrar y publicar el Boletín Oficial del gobierno local. Así, la controversia deviene improcedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 1o. y 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, y el 105, fracción I, de la Constitución Federal, pues el acto impugnado es uno de carácter formal al secretario de Gobierno, motivo por el cual debe sobreseerse, en términos de la fracción II del artículo 20 de la propia ley reglamentaria que rige a este procedimiento constitucional.

• La controversia es improcedente por indebida representación de la parte actora, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, siendo que dicho precepto exige simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende y que, por lo demás, es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver duda al respecto en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades.

En el fondo

• El acto del refrendo que se atribuye al secretario de Gobierno del Estado de Sonora, como se explicó, es exigible a dicho funcionario, pues ante su ausencia, los actos de la titular del Ejecutivo Local estarían viciados en su validez, al no cumplir con los elementos formales necesarios para ello, siendo obligación de esta dependencia refrendar todos los actos emitidos por la gobernadora, conforme al artículo 82 de la Constitución Local y el diverso 23, fracciones VIII y XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.

8. 1.8 Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Los citados funcionarios no formularon manifestación o pedimento alguno.

9. 1.9 Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo constar que las partes no comparecieron, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas aportadas por las partes y se tuvieron por formulados los alegatos del Poder Ejecutivo de Sonora. Finalmente, mediante diverso proveído de la misma fecha, se puso el expediente en estado de resolución.

10. 1.10 Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Ministra presidenta de la Segunda Sala, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y además determinó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución. 2. PRESUPUESTOS PROCESALES

11. 2.1 Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional,(1) pues se trata de un conflicto entre un Municipio y el Poder Ejecutivo de una entidad federativa, en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del presente fallo.

12. 2.2 Precisión y existencia del acto impugnado. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009,(3) sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA.". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1536, registro digital: 166985)

13. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, esta Suprema Corte debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.

14. En ese sentido, de la revisión integral del escrito de demanda y de las constancias aportadas a este expediente, se observa que el Municipio actor impugna: La aprobación y expedición del "Decreto por el que la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, emite la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria y epidemiológica y por el que se dictan medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejoramiento de la salud pública general del Estado de Sonora y en donde se ordenan diversas acciones para prevenir, combatir, controlar y erradicar la existencia y transmisión del COVID-19", publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticinco de marzo de dos mil veinte, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.(4)

15. En esos términos, se tiene por acreditada la existencia del acto impugnado por el Municipio actor en esta controversia constitucional.

16. 2.3 Oportunidad. De conformidad con el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(5) tratándose de actos, el plazo para la promoción de controversias constitucionales será de treinta días, contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

17. Al respecto, debe destacarse que a través de los Acuerdos Generales Números 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020, emitidos por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se declararon inhábiles los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose a su vez el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte.

18. Ahora bien, en los Acuerdos Generales Plenarios Números 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, se prorrogó la suspensión de plazos del primero de junio al treinta de junio y del primero de julio al quince de julio; permitiéndose promover electrónicamente los escritos iniciales de los asuntos de competencia de esta Suprema Corte y ordenándose proseguir, por vía electrónica, el trámite de las controversias constitucionales, sin que en ninguno de estos acuerdos se excepcionara de estas declaratorias como días inhábiles el plazo que corresponde al ejercicio inicial de ese medio impugnativo. Más bien, se permitió habilitar días y horas hábiles, pero sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones que hubieren promovido las partes.

19. Decisiones plenarias que se complementaron con el Acuerdo General Plenario Número 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte, mediante el cual se establecieron las reglas para regular la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como los recursos de reclamación interpuestos por las partes; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de dichos asuntos.

20. Atendiendo a lo anterior, en el caso, el decreto impugnado en la demanda fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticinco de marzo de dos mil veinte, esto es, dentro del periodo declarado como inhábil por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera que el plazo de treinta días hábiles para la presentación de la demanda transcurrió del tres de agosto al once de septiembre de dos mil veinte, descontando los días ocho, quince, veintidós y veintinueve de agosto, así como el cinco de septiembre, por ser sábados; y los días nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de agosto, así como el seis de septiembre, por corresponder a domingos, en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de aplicación supletoria acorde con el artículo 2o. de la ley reglamentaria de la materia.

21. En ese sentido, la demanda promovida se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el siete de mayo de dos mil veinte; por tanto, es dable concluir que su presentación resulta oportuna, sin que sea obstáculo que se haya planteado dentro del ámbito temporal declarado como inhábil por este Tribunal Constitucional, toda vez que dicha declaratoria no privó a los entes legitimados constitucionalmente de su acción para promover controversias constitucionales a pesar de que no corrieran los plazos, como incluso se regula en los referidos acuerdos generales.

22. 2.4 Legitimación activa. Enseguida se aborda el estudio de la legitimación de quien promovió la controversia constitucional.

23. El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) prevé que este Tribunal Constitucional es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos.

24. Por su parte, de acuerdo con los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria que rige a las controversias constitucionales,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

25. En el caso, suscribe la demanda de controversia constitucional, Blanca Aurelia Valenzuela, en su carácter de síndico del Municipio de Ures, Estado de Sonora, lo que acredita mediante copia certificada de la constancia de mayoría y declaratoria de validez de la elección de Ayuntamiento, expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora el tres de julio de dos mil dieciocho; siendo que, conforme al artículo 70, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora,(8) corresponde a los síndicos la representación legal del Municipio; por tanto, en el caso, quien suscribe la demanda de controversia con ese carácter, cuenta con legitimación activa para promoverla.

26. 2.5 Legitimación pasiva. Ahora se procede al análisis de la legitimación de las autoridades demandadas, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de este medio de impugnación.

27. El artículo 105, fracción I, inciso i),(9) de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

28. Por su parte, los artículos 10, fracción II,(10) y 11, párrafo primero,(11) de la mencionada ley reglamentaria, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, poderes u órganos que hubiesen emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

29. En el auto de admisión de este asunto, la Ministra instructora tuvo como demandados únicamente al Poder Ejecutivo y al secretario de Gobierno, ambos del Estado de Sonora, este último en cuanto al refrendo del decreto impugnado, sin reconocer tal carácter al subsecretario de Servicios de Gobierno, así como tampoco a los secretarios de Finanzas, Salud, del Trabajo, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, ni al director del Boletín Oficial, todos de la citada entidad federativa, al tratarse de autoridades subordinadas al mencionado poder, acorde con la jurisprudencia P./J. 84/2000,(12) de rubro: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS.". (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 967, registro digital: 191294)

30. Anotado lo anterior, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, compareció a través de José Cruz Oro

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30873-c37c29f2/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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