I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD, LA FE DE ERRATAS NO CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO, AL SER ÚNICAMENTE UNA HERRAMIENTA LEGISLATIVA PARA CORREGIR ERRORES EN LA PUBLICACIÓN ORIGINARIA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (LEY NÚMERO 132, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, CUYO TEXTO FUE CORREGIDO MEDIANTE FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL LOCAL EL 20 DE FEBRERO DE 2020). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS DE LA NORMA IMPUGNADA CUANDO CON POSTERIORIDAD SE CORRIGE A TRAVÉS DE UNA FE DE ERRATAS (LEY NÚMERO 132, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, CUYO TEXTO FUE CORREGIDO MEDIANTE FE DE ERRATAS, PUBLICADA EN EL MEDIO DE DIFUSIÓN OFICIAL LOCAL EL 20 DE FEBRERO DE 2020). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA SU PROMOCIÓN RECAE TANTO EN LOS PRESIDENTES MUNICIPALES COMO EN LOS SÍNDICOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA [ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN III, INCISO K), 64 Y 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SONORA]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL SUBSECRETARIO DE LO CONTENCIOSO DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULOS 23 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE SONORA, 9, FRACCIONES XI Y XII, Y 10, FRACCIONES I, II Y X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA REFERIDA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA PUEDE SER REPRESENTADO EN JUICIO POR EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE DICHO ÓRGANO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL, SINO ÚNICAMENTE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (LEY NÚMERO 132, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. EL HECHO DE QUE LA NORMA IMPUGNADA NO HUBIERE SIDO DISCUTIDA EN LO GENERAL, NO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO, PUES AL REMITIRSE EL DICTAMEN FUE CONSIDERADO COMO "URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN", Y LAS RESERVAS PUEDEN SER PRESENTADAS EN EL TRANSCURSO DE LA DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 132, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. EL HECHO DE QUE LA VOTACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA HAYA SIDO DE FORMA ECONÓMICA Y NO NOMINAL, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN FORMAL A DICHO PROCEDIMIENTO QUE NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE, YA QUE NO TRASCENDIÓ DE MANERA FUNDAMENTAL AL CONTENIDO DE LA LEGISLACIÓN COMBATIDA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 132, DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA NOGALES, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019). XI. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES. XII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, AL MODIFICAR O DENEGAR LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS MUNICIPIOS, ESTÁN OBLIGADAS A MOTIVAR RACIONALMENTE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA PROPUESTA ORIGINAL CON LOS ELEMENTOS QUE APORTE EL MUNICIPIO. XIII. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS CONGRESOS LOCALES. XIV. HACIENDA MUNICIPAL. LA POTESTAD
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 23/2020. MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA. 8 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ocho de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda, poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Antonio Pujol Irastorza, en su carácter de presidente Municipal de Nogales, Sonora, Jorge Jaúregui Lewis, en su carácter de secretario del Ayuntamiento de Municipio de Nogales, Sonora, y Julia Patricia Angulo Solís, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Municipio de Nogales, Sonora, promovieron controversia constitucional, en la que solicitaron la invalidez de los actos emitidos por las autoridades siguientes:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Sonora.
• Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
Actos cuya invalidez se demanda:
• La invalidez de los actos que conforman el procedimiento legislativo mediante el cual se aprobó, sancionó, promulgó y publicó la Ley Número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.
SEGUNDO.—Antecedentes. La parte actora señaló como hechos relevantes los siguientes:
• El Ayuntamiento de Nogales, Sonora, en ejercicio de sus atribuciones preparó y presentó en seno y para discusión y eventual aprobación, el proyecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, el cual fue aprobado en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se ordenó remitirlo a la Legislatura Local, para el trámite de aprobación.
• El veintinueve de noviembre de dos mi diecinueve, mediante oficio número PM 1108/11/201, se remitió la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, al Congreso Local, la cual se tuvo por recibida ese mismo día.
• La iniciativa de ley mencionada se turnó a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del Congreso Local, para su revisión, y en su caso, de considerarlo legalmente procedente, emitir el dictamen correspondiente.
• La Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales del Congreso Local, emitió el dictamen correspondiente, según se infiere del texto de la Gaceta Parlamentaria del propio órgano legislativo, correspondiente a veintidós de diciembre de dos mil diecinueve.
• El veinticuatro de diciembre se programó la discusión legislativa de la Ley Número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, sesión en la que se aprobó en lo general y sólo suscitó con efectos en la misma, el contenido de los artículos 101, 104 y 105 del texto dictaminado, se realizó el proceso de votación económica, en la cual no se aprobó el contenido de dichos numerales de la iniciativa.
• Una vez aprobada la iniciativa, se remitió al Poder Ejecutivo para su publicación, lo cual se realizó mediante Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora, en la edición especial de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la parte actora formuló las siguientes consideraciones:
Sostiene que es inconstitucional la Ley Número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte.
Refiere que el proyecto de Ley de Ingresos en cita, fue materia de dictamen de la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del Congreso Local, quien llevó a cabo un análisis, estudio y ponderación del contenido del proyecto recibido.
Manifiesta que la Ley 119 de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, comprendió los conceptos fiscales contenidos en sus artículos 101, 103, 104 y 105, que corresponden básicamente a las previsiones fiscales para el pago de los derechos que como contribuciones fiscales deben enterar las personas que solicitan las contraprestaciones de servicios públicos que son señaladas en tales apartados.
Aduce que esos mismos conceptos los encontramos presentes en los artículos 101, 103, 104 y 105 del proyecto de la nueva Ley de Ingresos para dos mil veinte, adaptados a las nuevas condiciones de toda índole que en este nuevo año fiscal enfrenta el Municipio de Nogales, para la debida prestación de dichos servicios, entre ellos, el costo que le representa otorgarlos y, en general, las circunstancias derivadas de las características específicas de cada servicio, vinculadas en el texto de dichas contribuciones, sustentadas de origen desde la propia iniciativa aprobada por el Cabildo y posteriormente aprobada por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del propio Congreso Local competente.
Precisa que turnado al Pleno del Congreso Local, el proyecto de Ley de Ingresos en estudio, en sesión extraordinaria de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del proceso legislativo necesario para decidir sobre la aprobación de la ley, inició la discusión, y sometida a votación económica, fue aprobado en lo general el proyecto, de conformidad con el dictamen propuesto por la comisión del Congreso Local.
Aduce que posteriormente se procedió al análisis y discusión del proyecto de Ley de Ingresos que nos ocupa y de manera previa a someterla al procedimiento de votación que legalmente prevé el marco normativo de dicha entidad legislativa, destaca la intervención autorizada del diputado Gildardo Real Ramírez, quien en uso de la voz hizo referencia a las previsiones sobre impuesto predial que contenía el proyecto y destacó el punto de acuerdo de no aumentar esta contribución inmobiliaria para este año a no más del diez por ciento; sin embargo, no existió conclusión alguna en su argumento, ni fueron materia de votación sus referencias en este sentido y, por tanto, no influyeron en las normas sobre impuesto predial finalmente aprobadas en la Ley 132, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que parcialmente es objeto de la demanda constitucional.
Manifiesta que es de destacar la mención del diputado Gildardo Real Ramírez respecto al acuerdo de la Cámara para no aumentar el impuesto predial más allá del diez por ciento para este año, porque dicha mención la aplicó en su exposición con los porcentajes propuestos para el pago de derechos contenidos en los artículos 101, 104 y 105 del proyecto dictaminado por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales del propio Congreso Local y que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de veintidós de diciembre de dos mil diecinueve, cuando simplemente las contribuciones inmobiliarias son distintas como impuestos a las contribuciones que se perciben por contraprestaciones proporcionadas por la autoridad municipal, que son derechos; distinción que no fue atendida en cuanto a los parámetros legales y bases que sustentan cada una de ellas y la ley distingue precisamente por tal diversidad.
Afirma, que las consideraciones del diputado Gildardo Real Ramírez, expuestas al Pleno del Congreso Local se circunscribieron al texto y contenido de los artículos 101, 104 y 105 del proyecto dictaminado, no sin antes argumentar sobre las características de toda norma tributaria de proporcionalidad, equidad y racionalidad; sin embargo, de la propia exposición oral que realizó y que se ofrece como medio de prueba, se puede advertir que el legislador sólo se limitó a expresar tales atributos que deben llevar las normas, pretendiendo descalificar la aprobación previa dictaminada, sin proporcionar elementos fácticos y jurídicos que justificaran tal descalificación y sin llevar a cabo un análisis lógico, legal y congruente, con las expresadas como sustento del proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para dos mil veinte, aprobada por el Ayuntamiento de Nogales, Sonora, remitida en los términos ya señalados al Congreso Local y recibida por éste, turnada a la comisión de referencia y a quien se encomendó dictaminarla legalmente como lo hizo de conformidad con el contenido de la publicación que aparece en la Gaceta Parlamentaria de esa Legislatura.
Insiste en que es de destacar la locución del diputado Gildardo Real Ramírez, pues de conformidad con ella se sometió a votación el proyecto en lo particular, y consideró aumentos desconsiderados en los costos de los servicios previstos en los numerales por él contradichos; pues para él, no es admisible probar los conceptos previstos en dichos artículos en cuanto a su costo; sin embargo, nunca alude a la prestación misma y a la necesidad de la ciudadanía de obtenerlos como contraprestación al pago de un derecho, con sus características; sólo se concentra en el mero costo que advierte, seguramente –aduce– sus expresiones nacen de un análisis precipitado que no tomó en consideración otras cuestiones propias del texto y la diversidad de los servicios descritos en tales apartados objetados e incluso, en su apresurada apreciación llegó a la confusión injusta para el Ayuntamiento de Nogales, para la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales del propio Congreso Local que dictaminó y para el propio cuerpo legislativo, de tratar de aplicar un criterio adoptado de acuerdo a su discurso, de no autorizar aumentos a más de diez por ciento para este año, como base para desestimar los importes del costo de los servicios contenidos en los artículos 101, 103, 104 y 105 del proyecto de Ley de Ingresos autorizado en lo general.
Sostiene que la Ley de Ingresos referida, a pesar de que los argumentos del diputado Gildardo Real Ramírez, se enfocaron ilegalmente por falta de motivación suficiente, en el supuesto "gran aumento" en el importe de los derechos que se pretendían regular de esa manera de acuerdo al texto de los artículos 101, 103, 104 y 105, que fue propuesta municipal y aprobada en el dictamen de Comisión de Congreso del Estado de referencia; sencillamente fueron borrados, eliminados.
Refiere que tal acción fue ilegal y violatoria de la esfera jurídica, no sólo de la administración municipal de Nogales, Sonora, sino de la ciudadanía del Municipio de Nogales; pero además de la propia regulación del procedimiento legislativo del mismo Congreso del Estado y su comisión encargada de la elaboración y presentación del dictamen de dicho proyecto de ley.
Afirma que sometida al Pleno del Congreso, la iniciativa fue materia de discusión, y aprobada en lo general, que por intervención del diputado Gildardo Real Ramírez, se anotó su objeción al contenido de los artículos 101, 104 y 105 de la iniciativa propuesta; que las razones que adujo tienen que ver con racionalidad, proporcionalidad y aumento excesivo del importe de los derechos previstos para la prestación de los servicios a que se referían tales preceptos.
Sin embargo, aduce que el mencionado diputado al emitir sus pronunciamientos en uso de la palabra, en su discurso contradictor, dirigiéndose a sus pares, sólo anunció un concepto de objeción (el porcentaje de aumento del costo previsto como compensación al Municipio de Nogales, Sonora, por la prestación de los servicios a que se refieren los numerales en discusión en lo particular), nunca hizo referencia a otras características de las normas tributarias referidas y omitió, en forma clara, vincular su argumento opositor a la amplia exposición de motivos, argumentos y consideraciones, sobre todo de orden fáctico, además de legal, que anunció la administración municipal de Nogales, Sonora, en la propuesta dirigida al Congreso y tampoco refutó de manera puntal los motivos y argumentos por los cuales la Comisión legislativa encargada de emitir el dictamen en cuestión, anotó en el texto del mismo.
Por otra parte, manifiesta que con la votación general y particular de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio en el año dos mil veinte, se violentó sin justificación alguna ni dispensa acordada, el contenido de los artículos 136, 139 Bis, 139 Bis 1 y 139 Bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Sonora.
Asegura que tan se incumplió con el procedimiento que rige esa parte del proceso legislativo, que aun cuando del texto de estos preceptos se infiere que legalmente en esa sesión debería haberse votado de manera nominal, pero de la propia grabación en vivo que aduce ofrece como prueba y es parte de los archivos del Congreso del Estado, se acredita que se llevó a cabo ese proceso por una votación económica que es una manera distinta de la prevista legalmente en el artículo 139 Bis 2 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, lo que destaca como una violación de forma en la que incluso participa quien fungía como presidenta de esa entidad legislativa, al solicitar incluso que así se expresara el sentido del voto, siendo grave que dicha autoridad incurriera en tal transgresión, por el órgano que representa y el ejemplo a la sociedad que representa, para el cumplimiento irrestricto de la ley y máxime cuando no existe motivo o justificación alguna para ese desapego.
Refiere que con la votación general y particular de la Ley Número 132, de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de la Heroica Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, se transgredió el contenido de los artículos 139, 139 Bis, 139 Bis (sic) y 139 Bis 1 y 139 Bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, pues en esa sesión se debió haber votado de manera nominal; y sin embargo, se realizó por una votación económica.
Luego, aduce que el Ayuntamiento del Municipio de Nogales tiene la facultad de intervenir vía reglamentaria como es el caso de las Leyes de Ingresos anuales, dado su objeto y disposiciones que atribuyen a la facultad municipal de percibir por la prestación de los servicios a que se refieren dichos numerales.
Considera que resulta grave sustentar un criterio de oposición a un proyecto de ley, bajo el argumento de que existió un "acuerdo" tomado, quizá en sentido político o electorero o sujeto a caprichos de clase e intenciones que pudieran ser oscuras, pues no pueden conocerse ante la falta de precisión e identificación de esa supuesta regla en que ocurre el orador.
Además, manifiesta que advirtió la ausencia de apoyo a las afirmaciones del diputado, pues no realizó ninguna motivación que sirviera de argumento, ni dio lectura a un supuesto documento que estaba por imprimirse para ese uso de la voz, pues no consta que haya llegado, ni que fuera oportuno, pues el momento adecuado para ello era el día anterior, conforme lo señala el artículo 139 de la Ley Orgánica de esa Cámara, ni siquiera que hubiera dado lectura a tal escrito.
Finalmente, se duele de que a pesar de que eliminaron de la propuesta de la Ley de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinte los artículos 101, 103, 104 y 105, así como sus conceptos, se mantuvo el importe total del presupuesto propuesto en la iniciativa y aprobado por la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales del propio Congreso Local.
En su concepto de invalidez realiza en síntesis las siguientes conclusiones:
1. Sostiene que se actualizó una desatención legal de la iniciativa de la Ley de Ingresos, al no tomar en cuenta el Pleno del Congreso del Estado, ni atender los argumentos, consideraciones y motivos que esa administración municipal hizo en su proyecto enviado al Congreso del Estado, ni atender el dictamen que formuló legalmente la Comisión del Congreso a quien se encomendó tal función, puesto que nunca fue objeto de análisis por ese alto órgano de gobierno legislativo, ni de la más mínima consideración o ponderación, lo que significa una grave omisión, simplemente –aduce– se eliminaron los artículos 101, 103, 104 y 105 del proyecto de la Ley Número 132 de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, el ejercicio fiscal dos mil veinte.
2. El Pleno del Congreso del Estado permitió que el diputado Gildardo Real Ramírez planteara su propuesta de eliminación de los citados preceptos, sin argumentos legales y fundamentos para desestimarlos, transgrediendo el principio de legalidad.
Sostiene que en la propuesta al Pleno que oralmente realizó el mencionado diputado, no existió motivación legal, al no brindar argumentos y consideraciones que la sustenten para eliminar los artículos 101, 104 y 105 del proyecto, incluso en su propuesta no se contiene la eliminación del artículo 103; y sin embargo, el mismo también fue eliminado.
3. Manifiesta que con la eliminación de los artículos deja a la ciudadanía sin acceso a las contraprestaciones por servicios públicos contenidos en los mismos, al no estar en la ley y además sin que el Municipio pueda recaudar las contribuciones derivadas de esos servicios.
Además, se duele de que a pesar de que eliminaron de la propuesta de la Ley de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, los artículos 101, 103, 104 y 105, así como sus conceptos, se mantuvo el importe total del presupuesto propuesto en la iniciativa y aprobado por la Comisión de Presupuesto y Asuntos Municipales del propio Congreso Local.
5. Refiere que existieron violaciones de forma en el desarrollo del proceso legislativo, a saber:
a) Al entrar al análisis particular de los artículos objeto de reserva, el diputado Gildardo Real Ramírez no había presentado la moción o solicitud de intervención ante la mesa directiva con anticipación, como lo establece el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
b) Se incumplió sin justificación alguna el contenido de los artículos 139, 139 Bis, 139 Bis 1 y 139 Bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, puesto que la votación debió ser nominal; y sin embargo se realizó de forma económica, con la cual se eliminaron los artículos 101, 104 y 105 del proyecto.
CUARTO.—Trámite de la controversia. Por proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Ministro presidente de este Alto Tribunal acordó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 23/2020, y ordenó se turnara al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
Mediante diverso proveído dictado el día siguiente por el Ministro instructor, se admitió a trámite la demanda, se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora, se ordenó su emplazamiento para que formularan la contestación correspondiente y, finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que en su caso manifestaran lo que consideraran conducente, además, ordenó que en cuanto a la solicitud de suspensión realizada por los promoventes, se formara el cuaderno incidental respectivo, con copia certificada del escrito de cuenta.
QUINTO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Por escrito recibido el siete de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Cruz Orozco López, subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en su carácter de representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, dio contestación a la demanda entablada en su contra, en la que en síntesis, sostuvo lo siguiente:
En cuanto a la procedencia de la controversia constitucional planteada, sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción VI y 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Refirió que en el caso no se agotó la vía legal existente para dirimir la contracción que plantean los accionantes, la cual se encuentra prevista en la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 166, tercer párrafo, fracción I, que prevé como medio de solución de posibles contradicciones entre normas locales y ella, la controversia constitucional estatal, de la cual conocerá el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Lo anterior, tomando en cuenta que del análisis de los conceptos de invalidez propuestos por los accionantes, no se advierte contradicción alguna entre la norma impugnada y la Constitución Federal, que se plantea, sí, una contradicción, pero única y exclusivamente con la Constitución Estatal.
Respecto del fondo del asunto, el Poder Ejecutivo Local refirió lo siguiente:
Manifiesta que el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora procedió a la promulgación y publicación de las normas impugnadas, con lo cual dio cumplimiento a la obligación que sobre el particular le corresponde, conforme a los artículos 56, 57, 58 y 60 de la Constitución Política del Estado de Sonora.
Refiere que en el presente medio de control constitucional no se plantearon violaciones específicas atribuidas al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
Sostiene que la parte actora no está atacando que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora, para el ejercicio fiscal dos mil veinte no haya observado los ordenamientos jurídicos aplicables relativos al proceso de creación de normas, y mucho menos se combatió que la promulgación de éstas se hubiese efectuado de manera ilegal.
Así, refiere que en los conceptos de invalidez planteados por los accionantes se desprende que la litis planteada no se fija en cuanto a actos propios del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, entendiéndose por ello la participación que tuvo el mismo dentro del proceso de creación de las normas tildadas de inconstitucionales, pues de la observancia al escrito de demanda se advierte que todos y cada uno, se dirigen a realizar argumentos en contra del procedimiento legislativo seguido dentro de la propia Cámara de Congreso del Estado de Sonora, y se centran en cuestiones relativas al debido seguimiento de las disposiciones reglamentarias de dicho recinto legislativo y del propio proceso legislativo, así como al presunto exceso de ejercicio de facultades por parte de los legisladores que lo integran y que aprobaron tales normas.
En ese sentido, manifiesta que aun cuando dentro del cuerpo de la controversia constitucional, se señaló como órgano de gobierno responsable al Poder Ejecutivo del Estado que colaboró con la emisión y promulgación de la leyes impugnadas, sólo obedeció a un requisito enmarcado por la ley de la materia, pero no así por atribuirse alguna ilegalidad a los actos que en su caso ejerció la gubernatura estatal.
Con base en lo anterior, considera que en todo caso, los conceptos de invalidez planteados resultan inoperantes en cuanto hace al Poder Ejecutivo, pues insiste en que en ninguno de los conceptos de invalidez se refieren a sus actuaciones dentro de la creación de la norma impugnada, siendo en todo caso el órgano legislativo el que se encuentra legitimado en lo pasivo, para realizar las manifestaciones que a su juicio sean aplicables al respecto.
Por otra parte, por lo que hace a la constitucionalidad de los artículos 101, 103, 104 y 105 de la iniciativa de la Ley de Ingresos y Prepuesto de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora para el ejercicio fiscal dos mil veinte, sostiene lo siguiente:
Refiere que la ley materia de la presente controversia, cumple con los principios de fundamentación y motivación que todo acto legislativo debe contener en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal y por las interpretaciones que de él ha hecho esta Suprema Corte, ya que la norma combatida fue aprobada por el órgano constitucionalmente facultado, que en la especie es el Poder Legislativo de Sonora, y además se cumplieron con todos los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo, esto es, se presentó una iniciativa por quien está facultado a hacerla, se dictaminó, discutió y aprobó por el Congreso del Estado de Sonora, se promulgó por parte del gobernador del Estado, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y, finalmente, entró en vigor el mismo día de su publicación.
Aduce que respecto de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Municipio de Nogales, Sonora para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, la diputada presidenta del Congreso del Estado de Sonora, de conformidad con el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez aprobada la dispensa de la primera y segunda lecturas, preguntó a la asamblea si algún diputado discutiría alguna Ley de Ingresos; que haciendo uso de la voz de conformidad con el precepto antes citado, el diputado Gildardo Real Ramírez, quien a su vez propone modificaciones a los artículos combatidos en el presente asunto; posterior a ello y siguiendo con lo que marca la legislación aplicable, en este caso la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la diputada presidenta sometió a votación la versión original de la ley de la materia de la controversia en que se actúa, misma que fue rechazada por unanimidad, como podrá advertirse de la sesión de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que una vez rechazada la versión original, se sometió a votación la propuesta realizada por el diputado Gildardo Real Ramírez, aprobándose con la mayoría de los diputados presentes con tres votos en contra, cumpliendo con dos terceras partes de los diputados presentes.
Manifiesta que la litis planteada no se fija en cuanto a actos propios del Poder Ejecutivo de Sonora, entendiéndose por ello, la participación que tuvo el mismo dentro del proceso de creación de la norma controvertida, pues de la observancia al escrito de demanda se advierte que se dirigen a realizar argumentos en contra del procedimiento legislativo seguido dentro de la propia Cámara del Congreso del Estado de Sonora, y se centran en cuestiones relativas al debido seguimiento de las disposiciones reglamentarias de dicho recinto legislativo y del propio proceso legislativo, así como al presunto exceso de ejercicio de facultades por parte de un diputado en específico.
Señala que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al proceso de fijación de las contribuciones, otorga a los Municipios la competencia constitucional para proponer las cuotas y tarifas, a través de la iniciativa de la Ley de Ingresos y, a las Legislaturas de los Estados, la de tomar la decisión final sobre los tributos municipales, al tener la atribución de aprobar las Leyes de Ingresos de los Municipios, en específico los párrafos tercero y cuarto de la fracción IV del citado artículo.
En ese sentido considera que es ineficaz el concepto de invalidez, ya que en sesión extraordinaria de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Congreso del Estado observó las disposiciones que resultan aplicables al caso y, por ende, no transgredió disposición alguna que pudiera acarrear como consecuencia la invalidez del procedimiento legislativo del que derivó la norma impugnada.
Afirma que los diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Sonora, tuvieron a bien aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Nogales, Sonora para el ejercicio fiscal de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 126 y 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora; que el Pleno de Congreso del Estado al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 128 de dicho ordenamiento, procedió a dispensar la primera y segunda lecturas del dictamen.
Considera que no asiste razón alguna a la parte actora en cuanto a que no se siguió el debido procedimiento legislativo establecido en Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, ya que del contenido del artículo 127 se puede advertir que en el mismo se señalan de manera expresa los supuestos por los cuales se podrá dispensar dicho trámite, resultando procedente la dispensa de segunda lectura del dictamen, toda vez que en términos de dicho numeral se establece que: "en los casos de urgencia notoria o de obvia resolución o cuando esté próximo a terminar un periodo de sesiones el pleno del Congreso del Estado podrá dispensar el trámite de segunda lectura".
Así, concluye que deviene ineficaz el concepto de invalidez, ya que en las relatadas circunstancias, y toda vez que como ya se demostró anteriormente, en sesión extraordinaria de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Congreso del Estado al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, procedió a dispensar la segunda lectura del dictamen en cuestión, habiéndose observado las disposiciones que al caso resultan aplicables y, por ende, no se transgrede disposición alguna que pudiera acarrear como consecuencia la invalidez del procedimiento legislativo del que derivó la norma impugnada y así habrá de considerarse por este Alto Tribunal.
SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al presidente de la mesa directiva del Congreso de Sonora, en representación del Poder Legislativo del Estado de Sonora, contestando la demanda de controversia constitucional de manera extemporánea.
Lo anterior, en virtud de que el plazo de treinta días hábiles transcurrió del veintisiete
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30443-f8f69c2e/i-controversia-constitucional-para-determinar-la-oportunidad-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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