I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPECHE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA, AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA SUPLIR AL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL (ARTÍCULOS 125, FRACCIÓN XXIII, Y 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO 42, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE). VI. PRINCIPIO DE ANUALIDAD. DE ACUERDO CON ÉSTE, LA VIGENCIA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN LAS LEYES DE INGRESOS Y EGRESOS CONCLUYE CON EL EJERCICIO FISCAL QUE REGULA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER CONCLUIDO SU VIGENCIA (ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 174 QUE CONTIENE LA "ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023"). VIII. CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. IX. HACIENDA MUNICIPAL. SE INTEGRA CON LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A CARGO DEL MUNICIPIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y C), PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS REGULA EL MARCO RELATIVO A LA FACULTAD DE INICIATIVA DE LOS MUNICIPIOS EN LA MATERIA DE INGRESOS EN SUS ÁMBITOS TERRITORIALES. XI. HACIENDA MUNICIPAL. ALCANCE DE LOS PRINCIPIOS DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL, INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS Y EXISTENCIA DE FUENTES DE INGRESO RESERVADAS A ÉSTOS. XII. HACIENDA MUNICIPAL. PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTABLECER EXENCIONES O SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONA O INSTITUCIÓN ALGUNA RESPECTO A LAS CONTRIBUCIONES QUE ESTABLEZCAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SALVO BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CON CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. XIII. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS CONGRESOS LOCALES. XIV. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. LA PROPUESTA REALIZADA POR LOS MUNICIPIOS A LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA SU ELABORACIÓN GOZA DE VINCULATORIEDAD DIALÉCTICA. XV. HACIENDA MUNICIPAL. EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE CONSTITUYE UN LÍMITE A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN TRIBUTARIA POR PARTE DEL LEGISLADOR Y UNA CONCRECIÓN DE LA FACULTAD DE INICIATIVA EN MATERIA DE INGRESOS RECONOCIDA A LOS MUNICIPIOS. XVI. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. EL GRADO DE DISTANCIAMIENTO FRENTE A LA PROPUESTA DE INGRESOS ENVIADA POR EL MUNICIPIO Y LA EXISTENCIA Y GRADO DE MOTIVACIÓN EN LA INICIATIVA PRESENTADA POR ÉSTE, SON PARÁMETROS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN ADECUADA EXIGIBLE A LAS LEGISLATURAS ESTATALES CUANDO SE APARTAN DE LAS PROPUESTAS MUNICIPALES. XVII. LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES. LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, AL MODIFICAR O DENEGAR LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS MUNICIPIOS, ESTÁN OBLIGADAS A MOTIVAR RACIONALMENTE LOS CAMBIOS REALIZADOS A LA PROPUESTA ORIGINAL CON LOS ELEMENTOS QUE APORTE EL MUNICIPIO. XVIII. HACIENDA MUNICIPAL DE CAMPECHE, DEL ESTADO DE CAMPECHE. LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL DE CUMPLIR CON UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE PARA MOTIVAR EL DISTANCIAMIENTO ENTRE LA PROPUESTA PRESENTADA POR UN MUNICIPIO Y LA APROBADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO, RESPECTO DE LAS TABLAS DE ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO ANTEPENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 174 QUE CONTIENE LA "ZONIFICACIÓN CATASTRAL Y TABLAS DE V
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 214/2023. MUNICIPIO DE CAMPECHE, CAMPECHE. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: Determinar si el Congreso del Estado de Campeche se apartó justificadamente de la iniciativa municipal, al expedir el Decreto Número 174 que contiene la "Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés".
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día siete de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 214/2023, promovida por el Municipio de Campeche en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche.
La litis en este asunto se circunscribe a verificar si el Congreso del Estado se apartó justificadamente de la iniciativa municipal al expedir el Decreto Número 174 que contiene la "Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés".
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Campeche, Campeche, por conducto de su síndica de Asuntos Jurídicos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, en la que designó como acto impugnado el Decreto Número 174 que contiene la "Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés", publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de diciembre de dos mil veintidós.
2. El Municipio actor señaló como preceptos violados los artículos 14, 16 y 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expuso los conceptos de invalidez que estimó convenientes.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 214/2023 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
4. Posteriormente, por acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche y ordenó emplazar a dichas autoridades para que presentaran su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación de las autoridades demandadas. Por acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Legislativo del Estado de Campeche, por conducto del encargado del despacho de su Secretaría General, y Ejecutivo del Estado, por conducto de su consejero jurídico, dando contestación a la demanda.
6. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.
7. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el doce de julio de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar que la comparecencia del Municipio actor y de los Poderes locales demandados, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que las indicadas partes formularon alegatos.
8. Finalmente, mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.
I. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre una entidad federativa y uno de sus Municipios, en relación con un decreto legislativo.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
10. El Decreto Número 174 que contiene la "Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés", publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de diciembre de dos mil veintidós.
III. OPORTUNIDAD
11. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será: "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia", mientras que el artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que haya sido publicada.
12. En el caso, el decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el veinte de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la presente controversia constitucional transcurrió del dos de enero al trece de febrero siguientes.(1)
13. Luego, si la demanda se presentó a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el trece de febrero de dos mil veintitrés, es claro que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
14. El artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: ... i) Un Estado y uno de sus Municipios", sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:
15. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(2) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, Poder u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.
16. En el caso, la demanda fue promovida por el Municipio de Campeche, Campeche, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de un Municipio de una entidad federativa que además, acude al medio de defensa a través de quien tiene facultades para representarlo, a saber, su síndica de Asuntos Jurídicos, quien, conforme al artículo 73, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche,(3) tiene la atribución de representación jurídica en los litigios. Funcionaria que además, acredita su personalidad con copia certificada de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para el Ayuntamiento del Municipio de Campeche para el periodo de gobierno comprendido de dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro, así como con la copia certificada del acta de veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno de la décimo novena sesión solemne de dicho Ayuntamiento, en la que tomó protesta para ocupar el cargo.
17. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria(4) señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, Poder u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.
18. En el caso, se designaron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, dado que se trata de Poderes de una entidad federativa que, además, acuden al medio de defensa a través de quienes tienen facultades para representarlos, habida cuenta de que:
a. El Poder Legislativo compareció por conducto de su subsecretario de Servicios Parlamentarios, quien, en términos de los artículos 125, fracción XXIII,(5) y 129(6) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, tiene la atribución de suplir al secretario general en sus funciones de representación jurídica en las controversias constitucionales. Funcionario que además, acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Estado el uno de diciembre de dos mil veintidós.
b. El Poder Ejecutivo compareció por conducto de su consejero jurídico, quien, de acuerdo con el artículo 42, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche,(7) cuenta con la representación legal en las controversias constitucionales. Funcionario que además, acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por la Gobernadora del Estado el uno de enero de dos mil veintidós.
V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO
19. Conceptos de invalidez. La síndica de asuntos jurídicos del Municipio de Campeche expuso dos conceptos de invalidez, en los que medularmente sostuvo lo siguiente:
• El artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal otorga a los Municipios la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales, entre otros aspectos, las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las construcciones inmobiliarias, lo que constituye el "principio de reserva de fuentes de ingresos", conforme al cual esas Legislaturas no pueden determinar con absoluta libertad las modificaciones a esas tablas, a efecto de asegurar a los Municipios la disposición de ciertos ingresos para atender el cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas.
• Las propuestas de los Ayuntamientos no son estrictamente vinculantes, pero implican la imposibilidad de que la Legislatura introduzca cambios sin justificarlos en argumentos objetivos, razonables y públicamente expuestos en alguna etapa del proceso que da lugar a la disposición resultante. Esto es, aun cuando la decisión final corresponde al Congreso Local, lo cierto es que éste debe dar el peso suficiente a la opinión del Municipio a través de la motivación suficiente que, en su caso, explique por qué se aparta de la propuesta.
• Además, el estándar de motivación exigible a los Congresos Locales deberá atender a un criterio de razonabilidad, por lo que sus argumentos deberán ser cualitativamente superiores a los expresados en la propuesta municipal, independientemente de la existencia, inexistencia, abundancia o escasez de motivos expuestos en esta última, sobre todo porque las motivaciones de las iniciativas constitucionales no constituyen un requisito constitucional.
• El principio de motivación objetiva y razonable funciona como un límite a la libertad de configuración del legislador local por lo que hace a los tributos, y como una concreción de la facultad de iniciativa en materia de ingresos que tienen reconocidos los Municipios en la Constitución Federal. De ahí que cuando el Congreso se aparta de la iniciativa presentada por el Ayuntamiento, sin aportar fundamentos y motivos que justifiquen dicha determinación, soslaya el alcance de esa facultad legislativa compartida y se torna en una decisión arbitraria.
• Aun cuando la facultad de los Ayuntamientos para proponer a las Legislaturas estatales las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre materia inmobiliaria es de rango constitucional, el legislador estatal ignoró de manera franca y abierta el ejercicio de esa atribución en perjuicio del ahora Municipio actor.
• Frente a la propuesta del Ayuntamiento del Municipio de Campeche, el legislador estatal no proporcionó motivación suficiente para sostener su determinación de apartarse de esa propuesta, ya que se limitó a hacer argumentos generales sin exponer razonamientos técnicos, no obstante que su deber era hacer un estudio proporcional con el alcance de lo que se le planteó. Vicio que además, derivó en perjuicios financieros, ya que se redujo la recaudación que correspondía al Municipio a pesar de que éste se encuentra protegido por el principio de fuentes.
• La intención de la propuesta del Municipio fue su fortalecimiento financiero, mientras que la Legislatura Local desestimó puntos medulares de su iniciativa –como la incorporación de ciertos fraccionamientos–, sin razonar y sopesar, de manera proporcional, la afectación que ello pudiera causarle, lo que se constituye en una privación de los recursos que le son necesarios para hacer frente a sus obligaciones inherentes.
• El presupuesto del Municipio se formuló con base en ingresos estimativos, pero sin atender a la propuesta municipal y, por ende, disminuye los recursos que el Ayuntamiento hubiera recibido, de forma tal que éste no contará con los haberes suficientes para enfrentar sus compromisos.
• En las relatadas condiciones, estima que el decreto impugnado vulnera los principios de libre administración pública municipal, integridad de los recursos económicos y reserva de fuentes de ingresos.
• Finalmente, considera que resultan aplicables al caso las consideraciones vertidas por este Alto Tribunal en las controversias constitucionales 14/2004, 13/2006, 15/2006, 18/2006 y 1/2015.
20. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Campeche. En su escrito, manifestó esencialmente lo siguiente:
• El Municipio no aportó, en su propuesta, los elementos suficientes para que el Congreso Estatal la aprobara en sus exactos términos ni remitió el dictamen de la comisión de hacienda en el que se expusieran las razones o intenciones de esa propuesta, por lo que no es posible alegar una vulneración a los principios de libre administración pública municipal, integridad de los recursos económicos y reserva de fuentes.
• El proceso legislativo que originó la publicación del decreto impugnado cumplió con todas las exigencias previstas por los artículos 46, 47, 48 y 49 de la Constitución del Estado de Campeche y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, por lo que no adolece de vicio de constitucionalidad alguno.
21. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Esta autoridad esgrimió los argumentos de defensa que se resumen a continuación:
• La tabla de valores unitarios de suelo aprobada por el Congreso Estatal es la misma que remitió el Municipio accionante en el proyecto de iniciativa en comento, por lo que no existió modificación alguna.
• La Legislatura Local decidió mantener los montos del impuesto establecidos en el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en virtud de las condiciones actuales de la economía y los efectos que generó la inflación, lo cual constituye una razón objetiva y razonable para apartarse de la propuesta planteada por el Municipio, pues de los principios de equidad y proporcionalidad de los tributos se desprende la obligación estatal de garantizar que las tarifas tributarias sean acordes a la capacidad económica de los contribuyentes, ponderando el bienestar social.
• El Congreso del Estado de Campeche fundó y motivó de manera objetiva las razones por las cuales se alejaba de la iniciativa presentada por el Municipio, actuando así en estricto apego a las facultades a las que se refieren los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal, y 54, fracción XXXII, y 107 de la Constitución Local.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
22. Este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causal prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) que establece que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, esto es, cuando hayan dejado de surtir efectos jurídicos.
23. A diferencia del resto de las normas, cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación, las disposiciones contenidas en las leyes de ingresos y de egresos y el resto de los ordenamientos que les dan contenido o que de ellas dependen, están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.
24. Este principio se advierte del artículo 116, fracción II, cuarto párrafo, de la Constitución Federal(9) que establece, en la parte que interesa, que corresponde a las Legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente; principio que se refleja en el artículo 54 Bis de la Constitución Política del Estado de Campeche,(10) que dispone que el Congreso Local, a más tardar el veinte de diciembre de cada año, se ocupará de analizar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado y las Leyes de Ingresos de los Municipios para el ejercicio fiscal siguiente, para lo cual, deberán ser presentados los proyectos respectivos hasta el diecinueve y el treinta de noviembre, respectivamente, a efecto de que puedan regir a partir del uno de enero inmediato.
25. Más aún, el artículo 54 de la propia Constitución Local(11) prevé que el legislador deberá aprobar anualmente las contribuciones y demás ingresos que deban corresponder tanto al Estado como a los Municipios para cubrir su correspondiente presupuesto anual de egresos; lo que revela que los cuerpos legales o decretos vinculados con estas contribuciones o ingresos públicos comparte esa naturaleza anual y, en ese tenor, su vigencia depende directamente de la de los presupuestos de egresos en los cuales se basan.
26. Ahora bien, en el caso, se impugnó el Decreto Número 174 que contiene la "Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés", el cual sirve de base para el cálculo del impuesto predial y demás contribuciones a la propiedad inmobiliaria, desde luego, durante ese ejercicio fiscal.
27. Ese decreto, en su artículo tercero transitorio, dispone lo siguiente:
"TERCERO: Se autoriza el 20 % de descuento en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, a los contribuyentes que lo realicen dentro del mes de enero del año 2023, el 15 % de descuento en el pago a los contribuyentes que lo efectúen dentro del mes de febrero de 2023 y el 10 % de descuento en el pago a los contribuyentes que lo efectúen dentro del mes de marzo de 2023; estos descuentos se calcularán sobre la base gravable del impuesto predial." 28. Como se ve, esta disposición transitoria establece los descuentos para el pago del impuesto predial, a saber, del 20 % (veinte por ciento) si se paga en enero, del 15 % (quince por ciento) si se paga en febrero y del 10 % (diez por ciento) si se paga en marzo de dos mil veintitrés; sobre el cual, por cierto, la pretensión última del Ayuntamiento actor es que, para estos descuentos, rijan los montos que él propuso en la iniciativa que dio lugar al decreto impugnado en los términos siguientes:
"TERCERO: Se autoriza el 15 % de descuento en el pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2023, a los contribuyentes que lo realicen dentro del mes de enero del año 2023 y el 10 % de descuento en el pago a los contribuyentes que lo efectúen dentro de los meses de febrero y marzo del 2023; ambos descuentos se calcularán sobre la base gravable del impuesto predial."
29. Así, es claro que esta norma ha cesado en sus efectos, en tanto que su operatividad se ciñe exclusivamente a eventos que transcurrieron durante los primeros tres meses de este año, es decir, enero, febrero y marzo, que es el único tiempo en que es posible que los contribuyentes se beneficien de un descuento por pago anual anticipado del monto correspondiente al impuesto predial que les corresponda.
30. No se desconoce que el precepto transitorio en comento aún continúa vigente, dado que no ha sido derogado ni sustituido por otro y, menos aún, ha entrado en vigor un nuevo decreto; sin embargo, se insiste, la cesación de efectos deriva no de su desaparición del mundo jurídico, sino de que ya no puede ser aplicado ni, por ende, generar consecuencias hacia el futuro, dado que, aun cuando se declarara su invalidez, ya no sería posible que se produjeran sus efectos, es decir, aplicar los descuentos en los términos que pretende el Municipio actor, máxime que no es el caso en que pueda darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo pudiera adoptarse, al no tratarse de normas de naturaleza penal en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria(12) y de la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(13)
31. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en la controversia constitucional respecto del artículo tercero transitorio del Decreto Número 174 que contiene la "Zonificación Catastral y Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Campeche para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés", conforme al criterio sustancial contenido en la parte conducente de la jurisprudencia de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS."(14)
32. Dado que no se advierte la actualización de algún otro motivo de improcedencia, se procede al estudio de fondo del asunto.
VII. ESTUDIO
33. Son fundados los conceptos de invalidez a través de los cuales la parte actora expone argumentos dirigidos a demostrar su pretensión esencial, a saber, que el legislador local desconoció y transgredió su esfera de competencias, dado que modificó algunos aspectos de la propuesta municipal del decreto que contiene la zonificación catastral y los valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre materia inmobiliaria en el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, sin justificar, además, esa modificación de manera suficiente, lo que repercutió en el presupuesto asignado al Ayuntamiento en franco desconocimiento a la facultad que el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), de la Constitución Federal prevé en favor de los Municipios.
34. A efecto de demostrar la afirmación anterior, resulta pertinente reproducir el artículo 115, fracción IV, de la Ley Fundamental, que dice:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ...
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
"Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
"b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
"c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
"Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.
"Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley."
35. Esta disposición constitucional regula las relaciones entre los Estados y sus Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales, al tiempo que establece diversas garantías a favor de estos últimos y consagra los principios de: a) libre administración de su hacienda, b) integridad de los recursos económicos municipales; y, c) existencia de fuentes de ingreso reservadas a los Municipios.
36. Al respecto, adquiere relevancia que, entre los ingresos que corresponden a los Municipios, están las contribuciones que establezcan las entidades federativas sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles; siendo que incluso, las disposiciones estatales no podrán establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de esos tributos, salvo los bienes de dominio público que no estén siendo utilizados por entidades paraestatales o particulares para finalidades distintas a su objeto público.
37. En este escenario, en el proceso para expedir la normatividad estatal que regule esas contribuciones –que se insiste, corresponden al Municipio–, la propia Constitución Federal es expresa en asignar atribuciones específicas tanto a los Municipios como a las Legislaturas Locales, a saber: 1) a los Ayuntamientos corresponde proponer las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que constituyan la base de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y 2) al legislador estatal toca determinar en definitiva los valores unitarios y las tasas aplicables para el cobro de los indicados tributos, lo que se refleja en el momento en que aprueba las normas respectivas.
38. Sobre este tema, adquiere relevancia la controversia constitucional 14/2004,(15) fallada por este Tribunal Pleno el dieciséis de noviembre de dos mil cuatro, en cuya ejecutoria se precisó lo siguiente:
• Los Congresos Estatales deben partir de la propuesta que hagan los Municipios para determinar las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.
• La atribución de los Ayuntamientos de formular la iniciativa legislativa goza de rango constitucional, por lo que las Legislaturas Estatales sólo puedan alejarse de ella cuando provean los argumentos necesarios que justifiquen objetiva y razonablemente esa decisión, ya que la confluencia de competencias constitucionales exige un proceso de discusión y decisión que refleje una interacción sustantiva y no meramente formal entre los Municipios proponentes y las Legislaturas que toman la decisión final.
• La regulación de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria es el resultado de un proceso legislativo distinto al ordinario, en el que la facultad de iniciativa concedida al Municipio no se agota con su sola presentación ante el Congreso Local. Por el contrario, dicha propuesta debe ser la base sobre la cual se construyan las leyes de ingresos respectivas considerando u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32083-5940e11b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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