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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 73, FRACCIONES III Y IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE, ASÍ COMO 10, FRACCIÓN I, Y 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE TENGA EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 125, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO (DICTAMEN FINAL DE SOLVENTACIÓN EMITIDO COMO RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA EN RELACIÓN CON EL DICTAMEN TÉCNICO PARA EFECTO DE LA VALORACIÓN DEFINITIVA DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA PRACTICADA CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LO QUE RESPECTA A SU H. AYUNTAMIENTO, CONFORME A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASEIDAC/110/2021 POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS, DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES, O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (DICTAMEN FINAL DE SOLVENTACIÓN EMITIDO COMO RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD FISCALIZADA EN RELACIÓN CON EL DICTAMEN TÉCNICO PARA EFECTO DE LA VALORACIÓN DEFINITIVA DEL INFORME INDIVIDUAL DE AUDITORÍA PRACTICADA CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, EN LO QUE RESPECTA A SU H. AYUNTAMIENTO, CONFORME A LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA ASE/DAC/110/2021 POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2022. · Registro digital (IUS): 200888
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 62/2022. MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: DIANA RANGEL LEÓN.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado. La emisión del "Dictamen final de solventación que se emite como resultado de la valoración de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada en relación con el Dictamen técnico para efecto de la valoración definitiva del informe individual de auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del municipio de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Campeche, conforme a la orden de visita domiciliaria ASE/DAC/110/2021" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día treinta de noviembre de dos mil veintidós emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 62/2022, promovida por el municipio de Campeche, estado de Campeche, en contra de la emisión del "Dictamen final de solventación que se emite como resultado de la valoración de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada en relación con el Dictamen técnico para efecto de la valoración definitiva del informe individual de auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del municipio de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Campeche, conforme a la orden de visita domiciliaria ASE/DAC/110/2021" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el municipio de Campeche, estado de Campeche. Por escrito recibido el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yesmy Yaret del Pilar Castillo Couoh, quien se ostentó como Síndica de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del municipio de Campeche, estado de Campeche, promovió controversia constitucional en contra de la Auditoría Superior de la misma entidad. En la demanda, señaló como acto reclamado lo siguiente:

La emisión del "Dictamen final de solventación que se emite como resultado de la valoración de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada en relación con el Dictamen técnico para efecto de la valoración definitiva del informe individual de auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del municipio de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Campeche, conforme a la orden de visita domiciliaria ASE/DAC/110/2021" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche.

Por otro lado, al considerar que la entidad demandada es un órgano de apoyo del Poder Legislativo del Estado de Campeche, señaló como tercero interesado a este último.

2. Conceptos de invalidez. La parte actora señaló en su demanda, como único concepto de invalidez, que la Auditoría Superior del Estado de Campeche, al emitir el Dictamen final de solventación reclamado, invadió sus esferas competenciales, pues al realizar su actividad fiscalizadora consideró que el Ayuntamiento del municipio de Campeche no tenía competencia para emitir una declaratoria de desastre natural con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2.

Señaló que lo anterior es relevante, pues con base en esa premisa la entidad demandada realizó una observación sobre el gasto público que ejerció el municipio actor para mitigar los efectos de la pandemia, la cual en el Dictamen final se tuvo como no solventada sin fundamentar ni motivar esa decisión.

En ese sentido, el municipio actor refirió en su demanda que la entidad demandada no tenía facultades para calificar la legalidad de la declaratoria de desastre natural y de sus actos o para determinar si tenía competencia o no para emitirla, sino solo para determinar si se ejercen correctamente o no los recursos públicos, por lo cual se violaron en su perjuicio los artículos 4, 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.

Para sustentar lo anterior, expuso las siguientes consideraciones:

- Refirió que la Auditoría Superior del Estado de Campeche invadió la autonomía municipal, pues al emitir el Dictamen final de solventación no tenía facultades para determinar que el Concejo Municipal de Protección Civil del citado municipio carecía de competencia para emitir un Acuerdo mediante el cual hizo la declaratoria de desastre natural a nivel municipal derivada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Destacadamente, en el punto primero de dicho Acuerdo, se aprobó la disposición del fondo de desastres naturales y fenómenos sanitario-ecológicos del municipio de Campeche, para hacer frente a dicho desastre natural. Esa disposición de fondos tuvo como consecuencia que, eventualmente, la entidad demandada determinara que se ejerció incorrectamente ese gasto público, observación que se tuvo por no solventada en el Resultado número 1 del Dictamen final de solventación.

- Sostuvo que la entidad demandada solo tiene atribuciones para determinar si se ejerce o no correctamente el gasto público, lo cual no implicaba calificar la competencia y legalidad de los actos administrativos celebrados por el Ayuntamiento del municipio.

- Por ello, reclamó la invalidez del Resultado número 1 del Dictamen final de solventación.

- Argumentó que la autonomía municipal se desglosa en diversos apartados: 1) Autonomía política; 2) Autonomía administrativa; y, 3) Autonomía financiera.

- Adicionalmente, adujo que los Ayuntamientos tienen autonomía reglamentaria, esto es, la capacidad de emitir sus propias normas, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general en su respectiva jurisdicción sin la intervención de otro nivel de gobierno.

- Consideró que lo anterior tiene sustento en las fracciones I y II del artículo 115 de la Constitución Federal.

- Citó como aplicables las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS DIVERSOS ÓRDENES JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TIENEN AUTONOMÍA FUNCIONAL Y ASIGNACIONES COMPETENCIALES PROPIAS"; "ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO)"; y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 115, FRACCIONES I Y II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RECONOCE LA EXISTENCIA DE UN ORDEN JURÍDICO PROPIO."

- Después, refirió que de los artículos 116, fracción II de la Constitución Federal; 54, fracciones XX y XXI y 108 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; y 1 y 21, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche, no se advierte que la Auditoría Superior del Estado de Campeche tenga competencia para calificar o determinar la legalidad de los actos administrativos emitidos por los ayuntamientos, esto es, si tienen o no competencia para emitir sus actos.

- En ese sentido, sostuvo que la demandada no fundamentó y motivó la resolución mediante la cual tuvo por no solventada la observación realizada con motivo del ejercicio de recursos públicos para atender el fenómeno sanitario-ecológico por el virus SARS-CoV-2.

- Insistió en que la demandada se extralimitó en sus facultades al determinar en el Dictamen final de solventación de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2020 que el Ayuntamiento de Campeche a través de su Consejo Municipal de Protección Civil carece de facultades para emitir una declaratoria de desastre natural a nivel municipal.

- Alegó que ese precedente permite que un órgano de fiscalización del Poder Legislativo del Estado califique las acciones municipales para determinar si es justificada o no la aplicación de recursos financieros. Lo anterior, agrega, puede dar lugar a que exista presión intimidación y/o control político sobre los municipios.

- Por otro lado, consideró que los razonamientos anteriores son igualmente aplicables a las observaciones contenidas en los resultados 2, 3 y 4 del Dictamen final de solventación impugnado, pues en ellos la autoridad demandada presume que los documentos proporcionados por el municipio para solventar las observaciones realizadas fueron elaborados a "conveniencia por la entidad fiscalizada", sin que existiera fundamento o motivo para arribar a esa conclusión, máxime que no existía una declaratoria jurídica de parte de una autoridad jurisdiccional que le restara validez a los mismos.

- Agregó, que los razonamientos de la demandada no son suficientes para generar la ineficacia de los actos del municipio, sino que estos gozan de una presunción de legalidad y validez que solo puede ser derribada por una determinación judicial.

- Por todo lo anterior, la actora solicitó que se declare que la demandada invadió su esfera de competencias, pues en el Dictamen final de solventación de la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2020, sostuvo que el Ayuntamiento del municipio de Campeche, a través de su Consejo Municipal de Protección Civil y su Cabildo, carecen de facultades para haber emitido una declaratoria de desastre natural a nivel municipal; además que consideró que los documentos aportados por la actora para solventar diversas conclusiones fueron elaborados "a conveniencia del ente auditado".

- Por último, solicitó la suspensión de los efectos y consecuencias del acto impugnado, para que la autoridad demandada mantenga las cosas en el estado en el cual se encuentran, específicamente, que no inicie procedimientos derivados del acto impugnado.

3. Radicación y turno. Mediante acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, el Ministro Presidente ordenó formar y registrar el expediente correspondiente a esta controversia constitucional y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que fungiera como instructora del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

4. Admisión y trámite. En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como promovente a la síndica del municipio demandante y, como autoridad demandada, al Poder Legislativo del Estado de Campeche, pero no a la Auditoría Superior de esa entidad federativa; ello, por ser un órgano de apoyo del Congreso local, que no cuenta con personalidad jurídica para intervenir en el presente medio de control constitucional.

5. Asimismo, emplazó a la autoridad demandada para que formulara su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles, le requirió que señalara domicilio en esta ciudad y para que enviara a este Alto Tribunal copia certificada de todas las documentales que se relacionen con el acto impugnado.

6. También les dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniere.

7. Por último, respecto a la solicitud de suspensión del acto reclamado realizada por la parte actora, se ordenó formar el cuaderno incidental respectivo, en el que se negó la medida cautelar solicitada.

8. Recurso de reclamación. Inconforme con el acuerdo de admisión, el Poder Legislativo del Estado de Campeche interpuso un recurso de reclamación que fue registrado con el número de expediente 97/2022-CA. Posteriormente, el diecisiete de agosto del mismo año, la Segunda Sala determinó que el recurso era infundado y confirmó el acuerdo recurrido, esencialmente, porque las causales de improcedencia alegadas por el recurrente no eran manifiestas e indudables, por lo cual su análisis correspondía al estudio de la sentencia definitiva.

9. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo del Estado de Campeche. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, a través del sistema electrónico, del servicio de mensajería privada y depositado en la oficina de correos de la localidad, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Alberto Ramón González Flores, quien se ostentó como secretario general del Congreso del Estado de Campeche, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:

- Causales de improcedencia. En primer lugar, refirió que el acto controvertido no es un acto definitivo, toda vez que los actos intermedios de la revisión de la cuenta pública carecen de definitividad, por lo cual no son susceptibles de ser impugnados en controversia constitucional.

- Así, de acuerdo con la legislación aplicable en el estado de Campeche, la fiscalización de la cuenta pública encomendada a la legislatura local se compone por la revisión y calificación. Lo que no transgrede el artículo 115, fracción IV, constitucional.

- Considera que, en ese sentido, es improcedente la controversia constitucional, conforme el artículo 19, fracciones IV y IX, en relación con el diverso 1, de la ley reglamentaria de la materia.

- Cita como aplicable a este aspecto la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 45 Y 58, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE FACULTAN AL CONGRESO DE ESA ENTIDAD PARA REVISAR Y CALIFICAR LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES, NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

- Por otra parte, argumenta que, del acto impugnado, no se encuentra pronunciamiento alguno sobre la validez o invalidez a partir de la calificación de la legalidad de los actos del Consejo Municipal de Emergencias, por lo cual no hay materia de estudio en la causa.

- Por tanto, señaló que no se actualiza la procedencia del juicio, debido a la ausencia de acto concreto que produzca la afectación sugerida por el demandante.

- Por lo que, estimó, es improcedente la controversia constitucional, conforme el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 1, de la ley reglamentaria de la materia.

- Citó como aplicable a este tema la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO."

- Luego, planteó que la demandante hace valer cuestiones de legalidad como causa de estudio en la controversia constitucional.

- Ello, pues la parte demandante formuló una solicitud de revisión del acto reclamado basada en su inconformidad con el sentido que produjo el dictamen reclamado de la Auditoría Superior del Congreso local, pero fue omisa la accionante en presentar una violación concreta y directa a su ámbito constitucional de competencias.

- Explicó, además, que el objeto de la controversia no es conocer cuestiones de legalidad, sino, por un lado, fungir como medio de protección del sistema federal de gobierno, destinado a mantener la efectividad de las normas constitucionales que dan atribuciones específicas a los órganos originarios del Estado; y por otro, salvaguardar las disposiciones constitucionales contra actos, normas generales o tratados internacionales que pretendan suprimir el orden previsto por la Constitución Federal.

- Por lo anterior, consideró que es improcedente la controversia constitucional, conforme el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 1, de la ley reglamentaria de la materia.

- Citó como aplicables a este aspecto las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEGALIDAD Y NO POR UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVA A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA."; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."

- Luego, argumentó que el acto reclamado en ninguna forma invadió el ámbito constitucional de competencias del municipio, debido a que se emitió en ejercicio de la función de revisión y fiscalización de las cuentas públicas encomendadas a la Auditoría Superior del Congreso local,

- Que, en tal sentido, con el ejercicio de la función fiscalizadora no es posible invadir el ámbito competencial del demandante, debido a que el municipio no cuenta con competencia para fiscalizar la cuenta pública.

- Lo que hace improcedente la demanda presentada, sobre el tema, citó en su apoyo la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA."

- Más adelante, explicó que el municipio actor no acreditó su interés legítimo en la controversia constitucional, debido a que no se corrobora ni existe violación a la disposición que reconoce su ámbito constitucional de competencias, ni mucho menos a su autonomía constitucional.

- Al respecto, consideró aplicables las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA."

- Por otra parte, adujo que las facultades fiscalizadoras hacia los municipios, por parte de la Auditoría Superior local, se encuentran contenidas en los artículos 115, fracción IV, 116, fracción II de la Constitución Federal, 54, fracción XXII, 105, fracción III y 108 bis de la Constitución local, 1, 2, 4, 18 y 21 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

- Así, que la materia que la parte actora presenta no es susceptible de analizarse por la vía de controversia constitucional, pues se trata de un asunto de mera legalidad, pues el municipio no impugnó el documento con el que la Auditoría Superior desplegó su función constitucional, con lo que -de ser el caso- se habrían invadido esferas competenciales pertenecientes al municipio.

- Continúo argumentando que el municipio solo impugnó las razones que el Ente Fiscalizador consideró para llegar al resultado; que no se aprecia facultad constitucional que se haya visto lesionada; y que no demostró que la Auditoría Superior local se haya arrojado una facultad originaria del actor.

- Sobre el tema, citó en su apoyo las tesis de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA ORDENA DAR DE BAJA A PERSONAL INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE RESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON PAGADOS (SAN LUIS POTOSÍ)."; "AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. ALCANCE DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES."

- Contestación al concepto de invalidez. Por otra parte, como contestación al concepto de invalidez, reiteró que la revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal y la autonomía de administración de la Hacienda Pública se encuentran previstas en los artículos 115, fracción IV y 116, fracción II de la Constitución General, así como en diversas disposiciones locales.

- Asimismo, insistió en que el municipio no planteó ningún argumento concerniente a una invasión de su autonomía constitucional, sino solo argumentos de legalidad, que no son objeto de la controversia constitucional.

- En ese orden de ideas, estimó aplicables las tesis de rubros: "CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL (ESTADO DE MORELOS). LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE SU REVISIÓN NO VIOLAN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL."; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO."; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ÓRGANOS ESTATALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, POR MOTIVOS DE MERA LEGALIDAD Y NO POR UN PROBLEMA DE INVASIÓN DE ESFERAS, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVA A DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA."; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."; "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA." 10. Pedimentos. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en la presente controversia constitucional, a pesar de haber sido debidamente notificadas.

11. Audiencia. Una vez substanciado el trámite de esta controversia constitucional, el once de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual la Ministra instructora relacionó las pruebas documentales presentadas por las partes y se relacionaron los alegatos presentados por escrito por el Poder Legislativo del Estado de Campeche.

12. Cierre de la instrucción. Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto para el efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

13. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Federal,(1) 10, fracción I, y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo 5/2013,(3) de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

15. En términos del numeral 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(4) es dable fijar los actos u omisiones objeto de esta controversia y apreciar las pruebas respectivas para tenerlos o no por demostrados.

16. Al respecto, la parte actora señaló como acto reclamado el siguiente:

La emisión del "Dictamen final de solventación que se emite como resultado de la valoración de las justificaciones y aclaraciones presentadas por la entidad fiscalizada en relación con el Dictamen técnico para efecto de la valoración definitiva del informe individual de auditoría practicada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020 del municipio de Campeche, en lo que respecta al H. Ayuntamiento de Campeche, conforme a la orden de visita domiciliaria ASE/DAC/110/2021" por parte de la Auditoría Superior del Estado de Campeche.

17. En ese sentido, la existencia del referido acto se acredita a partir de las constancias que remitió a este Alto Tribunal el Poder Legislativo del Estado de Campeche, específicamente, la copia certificada de la práctica de auditoría en la que se emitió el acto que impugna la parte actora.(5)

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

III. OPORTUNIDAD

19. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales,(6) el que se computará, tratándose de actos, como se actualiza en el caso concreto, de la forma siguiente:

a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame.

b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución.

c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

20. En el caso, el acto reclamado fue notificado a la parte demandante el once de febrero de dos mil veintidós,(7) por lo que el plazo de treinta días para impugnarlo transcurrió del catorce de febrero al veintiocho de marzo del citado año,(8) en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria,(9) en relación con los diversos 3 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) el Punto Primero del Acuerdo General 18/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los incisos a), b), f), y m).(11)

21. Por lo tanto, al haberse presentado la demanda el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, el último día del plazo, se concluye que su presentación es oportuna.

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA

23. La demanda fue presentada por parte legítima, en virtud que fue promovida por Yesmy Yaret del Pilar Castillo Couoh, síndica de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del municipio de Campeche, estado de Campeche, lo que acreditó con copia certificada del Acta de la Décimo Novena sesión solemne del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche, celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil veintiuno; constancia que contiene la lista de las personas que integran el Ayuntamiento del municipio de Campeche electos para el período de gobierno 2021-2024.(12)

24. En efecto, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria(13) establece que las partes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los poderes, órganos o entidades correspondientes.

25. En ese sentido, el Ayuntamiento del municipio de Campeche es representado en este juicio por su síndica de Asuntos Jurídicos, quien cuenta con la atribución para ello, en términos de lo previsto en el artículo 73, fracciones III y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.(14) Por lo tanto, la parte actora cuenta con la legitimación necesaria para promover esta controversia constitucional.

26. Cabe mencionar que el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General dispone que esta Suprema Corte conocerá y resolverá las controversias constitucionales que se susciten entre una entidad federativa y uno de sus municipios.

27. En este caso, el municipio de Campeche, del estado de Campeche plantea el presente juicio en contra del Poder Legislativo de esa entidad; por lo tanto, es válido concluir que la presente controversia constitucional se promovió por parte legitimada, conforme lo establecido en el artículo 73, fracciones III y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, así como 10, fracción I,(15) y 11 de la Ley Reglamentaria que rige este medio de impugnación.(16)

28. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf (ponente), Javier Laynez Potisek y Presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

V. LEGITIMACIÓN PASIVA

29. Esta Segunda Sala estima que el poder demandado tiene legitimación pasiva, puesto que, en el caso, el Poder Legislativo del Estado de Campeche comparece por conducto de Alberto Ramón González Flores, secretario general de dicho poder, en representación del Congreso de la referida entidad federativa, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.

30. Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, primer párrafo de la Ley Reglamentaria, el citado funcionario cuenta con atribuciones de representación del Congreso del Estado de Campeche, en términos del artículo 125, fracción XXIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.(17)

31. Ahora, tal como se precisó en el apartado de antecedentes y trámite de la demanda, no pasa inadvertido el hecho que, en su escrito de demanda, el municipio accionante señaló como autoridad demandada a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, por ser la autoridad que emitió el acto reclamado; sin embargo, tal como lo determinó la Ministra Instructora, mediante el auto de admisión de veinticinco de abril de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto por el párrafo primero, del artículo 108 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche,(18) la referida Auditoría es un órgano de apoyo del Congreso local, y no cuenta con personalidad jurídica para intervenir en el presente medio de control constitucional.

32. Por lo tanto, la autoridad que se tiene como demandada y que cuenta con legitimación pasiva para comparecer a este medio de control constitucional es el Poder Legislativo del Estado de Campeche.(19)

33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200888-bd70d3c6/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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