LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 2o., PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS NI VULNERA SU AUTONOMÍA. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPALES. EL ARTÍCULO 14 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL EXCLUSIVA DEL MUNICIPIO Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPALES. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 365 QUE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO Y VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL. I. LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LA NORMA LOCAL QUE EXENTA DE OBTENER LICENCIA MUNICIPAL CUANDO SE CONSTRUYAN OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS ESTATAL Y DE GRAN IMPACTO, VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL E INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN V, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUE PREVÉ LA OBLIGACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE MODIFICAR LA NORMATIVA PARA EXENTAR DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN A LAS OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS ESTATAL DE GRAN IMPACTO, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL MUNICIPIO Y VULNERA EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 365 QUE REFORMA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). III. LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE. LA NORMA LOCAL QUE CREA LA CATEGORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INTERÉS ESTATAL DE GRAN IMPACTO, NO INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL MUNICIPAL NI VULNERA LA AUTONOMÍA DEL MUNICIPIO, TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE DEFINE DICHA CATEGORÍA DE OBRAS Y ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA SU DECLARATORIA, SIN QUE ELLO AFECTE LA FACULTAD DEL MUNICIPIO PARA OTORGAR LAS LICENCIAS Y LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVOS (ARTÍCULO 2, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS ÚNICAMENTE ENTRE LAS PARTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 14 BIS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y TRANSITORIO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 365, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 284/2024. MUNICIPIO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE. 13 DE ENERO DE 2026. PONENTE: IRVING ESPINOSA BETANZO. SECRETARIO: LUIS FELIPE RUIZ MARTÍNEZ LASSO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Decreto impugnado: Decreto 365, publicado el 12 de julio de 2024 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, mediante el cual se reformó la Ley de Obras Públicas de Campeche, impugnándose especialmente la adición del último párrafo al artículo 2, el artículo 14 Bis y el transitorio segundo.
Propuesta: Este Tribunal Pleno estima por una parte fundados los conceptos de invalidez planteados por el accionante y por otra infundados.
En principio se realiza el análisis del primer y tercer concepto de invalidez, concluyendo que estos resultan fundados para declarar la invalidez del artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y el artículo transitorio segundo del Decreto 365 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, al estimar que los mismos son inconstitucionales porque vacían de contenido la facultad municipal de otorgar licencias y permisos de construcción establecida en el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal.
En tanto que dichos preceptos normativos exceptúan de la obligación de obtener licencias de construcción a las obras públicas de interés estatal de gran impacto y ordenan a los municipios modificar su normativa para ajustarse a esa excepción, lo cual implica una transferencia de la decisión sobre la autorización de estas obras al Poder Ejecutivo estatal, eliminado, en la práctica, la intervención municipal.
En síntesis, se determina que ya existe criterio emitido por este Alto Tribunal, en el sentido de fortalecer la autonomía municipal, garantizando que los municipios tengan una intervención real y efectiva en la planeación urbana y en la regulación de las construcciones, en ese sentido, los preceptos impugnados no establecen bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la Gobernadora de Campeche, impidiendo que los municipios puedan ejercer su potestad de regular y controlar las construcciones en su territorio.
Ahora bien, por lo que respecta al concepto de invalidez segundo, se determinó que este resulta infundado y se reconoce la validez del último párrafo del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, al considerar que es constitucional porque se limita a definir el concepto de obra pública de interés estatal de gran impacto, sin suprimir ni restringir la facultad municipal para otorgar licencias de construcción prevista en el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal. Toda vez que el contenido es meramente organizativo y no invade la competencia municipal.
Finalmente, en el cuarto concepto de invalidez, también se califica de infundado, en razón de que el Municipio carece de legitimación para impugnar, mediante controversia constitucional, una presunta invasión a competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de asentamientos humanos conforme al artículo 73, fracción XXIX-C, lo anterior, bajo la consideración de que este medio de control solo procede para defender la esfera competencial propia de la autoridad actora.
En consecuencia, de lo anterior, se reconoce la validez del último párrafo del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, adicionado mediante el Decreto No. 365, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 12 de julio de 2024; y se declara la invalidez del artículo 14 BIS de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y el transitorio segundo del mismo Decreto en cita.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 13 de enero de 2026, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 284/2024, promovida por el Municipio de Campeche en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Campeche, en la que demandó la invalidez del Decreto No. 365 por el que se reformó la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, específicamente, impugnó la adición del último párrafo al artículo 2, el artículo 14 Bis y el transitorio segundo, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 12 de julio de 2024.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación de la demanda, poderes demandados y norma impugnada. Mediante escrito presentado el 23 de septiembre de 2024, Yesmy Yaret del Pilar Castillo Couoh, Síndica de Asuntos Jurídicos, en representación del Municipio de Campeche, promovió la presente controversia constitucional en la que demanda la invalidez de la norma que a continuación se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que se señalan:
Entidad, poder u órganos demandados:
• Poder Legislativo del Estado de Campeche.
• Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
Norma general cuya invalidez se demanda:
• El Decreto No. 365, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 12 de julio de 2024, por el que se reformó la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. Específicamente, impugnó la adición del último párrafo al artículo 2, el artículo 14 Bis y el transitorio segundo.
2. Admisión y trámite. La entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente con el número 284/2024 y designó al entonces Ministro Javier Laynez Potisek como instructor del procedimiento,(1) quien, mediante auto de 24 de octubre de 2024, admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche.
3. Contestación. Los Poderes demandados contestaron la controversia e hicieron valer lo que estimaron conveniente.(2)
4. Cierre de la instrucción. La audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos se celebró una vez agotados los trámites de ley. Se hizo la relación de las constancias de autos, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes y se abrió el período de alegatos. Posteriormente, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.(3)
5. Returno. Mediante acuerdo de 4 de septiembre de 2025, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno del presente asunto al Ministro Irving Espinosa Betanzo para que actuara como instructor de este.
II. COMPETENCIA
6. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i),(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, y 16, fracción I,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.) de 3 de septiembre de 2025, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; en virtud de que se plantea un conflicto de invasión de esferas entre el Estado de Campeche y el Municipio del mismo nombre.
III. PRECISIÓN DE LOS ACTOS Y NORMAS IMPUGNADAS
7. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria, establece que todas las sentencias deben fijar las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia.
8. La actora impugnó el Decreto No. 365, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 12 de julio de 2024, por el que se reformó la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. Específicamente, impugnó la adición del último párrafo al artículo 2, el artículo 14 Bis y el transitorio segundo.
IV. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
9. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria(7) establece que las sentencias deben tener por demostradas las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia. El Municipio de Campeche impugnó el Decreto No. 365, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el 12 de julio de 2024. La existencia del decreto impugnado se tiene por demostrada porque está publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.
V. OPORTUNIDAD
10. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de 30 días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales. Tratándose de actos, el plazo se computa de la siguiente forma: (a) a partir del día siguiente al que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; (b) a partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de los actos o de su ejecución; o (c) a partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(8)
11. En este caso, el decreto impugnado se publicó el 12 de julio de 2024 y surtió efectos el mismo día. Por lo tanto, el plazo de 30 días hábiles inició el siguiente 15 de julio de 2024. Para calcular los 30 días hábiles siguientes, es necesario identificar y descontar los días inhábiles del receso del primer periodo de sesiones de la Suprema Corte; así como los días en que se suspendieron las labores y los plazos del Alto Tribunal.
12. El receso del primer periodo de sesiones transcurrió del 16 al 31 de julio del 2024, conforme al Acuerdo Presidencial de fecha 25 de junio de 2024.(9) Por lo tanto, esos días se descuentan del plazo.
13. El 29 de agosto de 2024, la entonces integración del Pleno de la Suprema Corte acordó suspender los plazos de los asuntos de su competencia únicamente por ese día.(10) Posteriormente, acordó suspender los plazos del 4 al 9 de septiembre del mismo año.(11) El día 9 acordó extender la suspensión hasta el 12 de septiembre.(12) Finalmente, el 13 de septiembre el Pleno mantuvo la suspensión de labores y la entonces Ministra Presidenta convocó a sesión hasta el 17 de septiembre.(13)
14. El 16 de septiembre fue inhábil conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(14) En resumen, con motivo de la suspensión de plazos, deben descontarse del plazo para determinar la oportunidad de la demanda, los días 29 de agosto, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de septiembre de 2024.
15. El plazo para presentar la demanda inició el 15 de julio. Luego se interrumpió por el primer periodo de receso del 16 al 31 de julio. Se descontaron los días 29 de agosto, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 16 de septiembre. En este orden, el plazo de 30 días hábiles para la promoción de la controversia terminó el 24 de septiembre de 2024. Como la demanda se presentó el 23 de septiembre de 2024, es oportuna.
VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA
16. El Municipio de Campeche tiene legitimación activa para interponer esta controversia en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.(15) Asimismo, el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria(16) establece que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
17. El Municipio acudió al juicio a través de su Síndica de Asuntos Jurídicos, Yesmy Yaret del Pilar Castillo Couoh, con fundamento en el artículo 73, fracción IV, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.(17) Demostró esta calidad con copia certificada de la Constancia de mayoría y validez de la elección para los ayuntamientos, emitida en el Consejo Municipal de Campeche.(18)
VII. LEGITIMACIÓN PASIVA
18. En las controversias constitucionales se considera parte demandada a la entidad, poder u órgano que emita el acto impugnado. Acorde al artículo 11 de la Ley Reglamentaria, deben comparecer a juicio a través de sus representantes legales.
19. La contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche fue suscrita por Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien se ostentó como Titular de la Consejería Jurídica. Acreditó su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor el 16 de septiembre de 2021, por la Licenciada Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora del Estado de Campeche.(19) Su representación tiene fundamento en el artículo 42, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche,(20) en relación con los artículos 3 y 11, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.(21)
20. La contestación del Poder Legislativo fue suscrita por Alejandro Moo Cervera, quien se ostentó como Secretario General del Congreso del Estado de Campeche. Acreditó su personalidad con el Acuerdo número 124, emitido por la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, publicado el 15 de enero de 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.(22) Su representación tiene fundamento en el artículo 125, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.(23)
VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
21. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni motivos de sobreseimiento en sus contestaciones. El Pleno de esta Suprema Corte tampoco advierte que se actualice alguna en forma oficiosa. Por lo que procede a realizar el estudio de fondo.
IX. ESTUDIO DE FONDO
IX.I Conceptos de invalidez
22. Este apartado sintetiza los conceptos de invalidez y sus respectivas contestaciones. El municipio hizo valer los argumentos siguientes:
1) En el primer concepto de invalidez, alegó que el Congreso de Campeche carece de facultades para exentar a algunas obras de infraestructura pública de la obligación de obtener las licencias municipales de construcción correspondientes. La adición de un último párrafo al artículo 2 y el artículo 14 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, faculta al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche a invadir la esfera de competencia del Municipio de Campeche en materia de licencias y permisos para construcciones. Facultad exclusiva de los municipios de conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción V, inciso f) de la Constitución Federal. El artículo 115, fracción V, inciso f) de la Constitución Federal establece que los municipios, en los términos de las leyes Federales y Estatales relativas, tienen la facultad exclusiva de otorgar licencias y permisos para construcciones. Los Estados no pueden invadir tal facultad para obligar al Municipio a exceptuar a determinada obra de la obligación de tramitar y obtener una licencia y/o permiso de construcción. Por tanto, el decreto de reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche es inconstitucional.
El Decreto impugnado viola el principio de autonomía municipal en cuanto a su administración y régimen interior porque constituye un acto arbitrario, encaminado a interferir en los asuntos municipales. No corresponde al Poder Legislativo de Campeche realizar definiciones alternas a las que la Constitución Federal ha otorgado a la autoridad municipal de manera exclusiva. Es inverosímil que, bajo el argumento de obras de gran impacto que generen beneficios a la población, lesionen las facultades exclusivas del Municipio, las cuales tiene como fin velar la seguridad de la población. Las licencias relacionadas a la construcción son medidas preventivas de seguridad.
2) En el segundo concepto de invalidez, argumenta que el decreto impugnado viola el principio de seguridad jurídica porque impide que el municipio otorgue las licencias necesarias para la construcción de obras públicas de interés estatal. La adición de un último párrafo al artículo 2 y el artículo 14 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche viola el principio de certeza jurídica al impedir que el Municipio de Campeche ejerza sus facultades en materia de construcciones respecto a las obras catalogadas como de interés estatal de gran impacto.
El artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal que faculta al Municipio para el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones, lleva implícito el mandato de que toda construcción debe contar con el permiso o licencia de construcción correspondiente. Por tanto, constitucionalmente no es posible que una obra pública o privada se ejecute sin licencia de construcción. La autoridad municipal debe cerciorarse de que se cumplen los planes de desarrollo urbano y uso de suelo y verificar que la obra se construya con las medidas de seguridad correspondientes y cumpliendo las normas técnicas aplicables. Si no hay licencia de construcción, no existe certeza de que la obra se ejecute con los estándares en materia de construcción previstos en la normatividad. Las normas jurídicas impugnadas impiden al Municipio de Campeche cumplir con sus facultades constitucionales de inspección y verificación en materia de licencias y permisos de construcciones, respecto a las obras catalogadas como de interés estatal de gran impacto.
Esta situación quebranta el orden constitucional y las competencias concurrentes definidas por la ley. No se puede exceptuar del trámite de licencias de construcción porque estas permiten identificar que las obras a realizarse son plenamente seguras y con la viabilidad técnica del desarrollo urbano. El ayuntamiento es el único que puede definir qué documentos pueden ser exceptuados y de qué forma inciden en la planeación urbana, lo que hace el Congreso del Estado al emitir esta disposición es tomar directa o indirectamente una atribución municipal.
3) En el tercer concepto de invalidez, afirma que el transitorio segundo viola la autonomía municipal porque ordena a los municipios a armonizar su normativa con el decreto impugnado. El artículo transitorio segundo del decreto impugnado, que impone a los Municipios de Campeche modificar sus bandos, reglamentos o cualquiera otro instrumento jurídico para armonizarlos con lo contenido en dicho decreto, viola la autonomía municipal para expedir sus reglamentos municipales, prevista en la fracción V, último párrafo del artículo 115 de la Constitución Federal. El artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal establece que el otorgamiento de las licencias y permisos para construcciones es una facultad de los Municipios. El último párrafo de la fracción V establece que, de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la propia Constitución Federal, los Municipios expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Por ello, que el Congreso de Campeche obligue a los Municipios a armonizar sus reglamentos municipales para exentar a las obras del gobierno del Estado de gran impacto viola la autonomía municipal.
Las legislaturas estatales pueden expedir leyes que establezcan una normativa homogénea para garantizar el funcionamiento regular de los ayuntamientos. Sin embargo, no deben intervenir en asuntos que corresponden exclusivamente a los municipios, como la expedición de licencias de construcción, las cuales se expiden con el propósito de que éstas se ejecuten de acuerdo con los proyectos y especificaciones aprobados por la autoridad municipal. No obstante, el Congreso de Campeche sí tiene facultades para legislar, dentro de su ámbito de competencia, en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.
4) En el cuarto concepto de invalidez, refiere que el Congreso local no está facultado para delimitar las competencias de los municipios en materia de regulación de obra pública en los centros de población. La adición de un último párrafo al artículo 2 y el artículo 14 Bis a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su artículo transitorio segundo invaden la facultad legislativa exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73, fracción XXIX-C, en relación con el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Federal, en perjuicio de las facultades del Municipio. El artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Federal otorgó al congreso de la Unión la facultad exclusiva de expedir las leyes que establezcan la concurrencia entre la federación, los estados y los municipios para los fines previstos en el tercer párrafo del artículo 27 de la propia Constitución. Entre éstas se encuentran la emisión de medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas, bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
En cumplimiento de la Constitución, los artículos 3, fracción I, y 11, fracción XI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establecen que corresponde exclusivamente a los municipios otorgar autorizaciones, licencias o permisos para diversas acciones urbanísticas, incluyendo las licencias de construcción de obras públicas. Por lo tanto, al establecer en el decreto impugnado la obligación de que los municipios modifiquen sus bandos, reglamentos o cualquier otro instrumento jurídico para exceptuar de estos requisitos a las obras públicas declaradas de interés general y gran impacto, el Congreso de Campeche invadió la competencia del Congreso de la Unión. Pues es el único facultado para legislar sobre la delimitación de competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia de regulación de obra pública en los centros de población. Las adiciones del decreto impugnado son violatorias de los principios de supremacía constitucional y autonomía municipal que le otorgan los artículos 77, fracción II, inciso b), de la Constitución Estatal y 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Federal. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus artículos 22, 23, 28, 30 y 43, establece que el desarrollo urbano en el territorio nacional queda sujeto a la planeación y regulación del ordenamiento territorial, el cual estará a cargo de manera concurrente de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de acuerdo a la competencia que la Constitución Federal determina.
23. Ahora bien, el Poder Ejecutivo de Campeche contestó los conceptos de invalidez:
A) La Consejería refuta el primer concepto de invalidez porque la materia de asentamientos humanos es concurrente para todos los niveles de gobierno. Respalda su argumento con base en la tesis P./J. 15/2011, de rubro ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL. En ese sentido, argumenta que el artículo 10, fracción XXV, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece la facultad de las entidades federativas de emitir los lineamientos sobre autorizaciones, licencias o permisos relacionados con las acciones urbanísticas. Lo cual es coherente con el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal ya que señala que el municipio es la autoridad facultada para otorgar licencias y permisos para construcciones, en los términos que dispongan las leyes federales y estatales. Por tanto, estima que estos niveles de gobierno deben normar las licencias de construcción, mientras que el municipio deberá autorizarlas conforme a tales normas. Incluye la tesis 1a. CXXXI/2014 (10a.), cuyo rubro es ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO URBANO. LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS EN ESTAS MATERIAS DEBEN DESARROLLARSE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, así como la controversia constitucional 54/2010.
Por lo tanto, considera que debe declararse infundado el concepto de invalidez porque los artículos 2, último párrafo y 14 Bis de la Ley de Obras Públicas del estado de Campeche, establecen de manera general las formalidades, requisitos y procedimiento que deben actualizarse para que una obra pública sea “obra pública de interés estatal de gran impacto”. En consecuencia, el Estado de Campeche solo ejerció sus facultades concurrentes de carácter normativo en materia de asentamientos humanos porque reguló la manera en que se otorgan las licencias de construcción que cumplan con ciertos requisitos.
B) El segundo concepto de invalidez es rechazado porque considera que no existe disposición constitucional que lo ordene así. En su caso, estima que el municipio solo debe otorgar licencias o permisos de construcción (cuando se requieran) y en los términos que dispongan las leyes federales y estatales. Al respecto, el artículo 40 del reglamento de construcciones para el municipio de Campeche dispone las obras que no requieren licencia o permiso de construcción. De este modo, el Congreso de Campeche únicamente ejerció las facultades previstas en el artículo 10, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano porque dispone que las entidades federativas pueden legislar al respecto.
C) Sobre el tercer concepto de invalidez, señala que la materia de asentamientos humanos es de carácter concurrente entre los tres órdenes de gobierno, de modo que las disposiciones municipales deben armonizarse con disposiciones estatales y federales en la materia. De hecho, el Transitorio Tercero de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano ordena que los tres niveles de gobierno adecúen todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas. En consecuencia, el transitorio no vulnera ni invade la competencia municipal.
D) Respecto al cuarto concepto de invalidez, el Ejecutivo señala que el artículo 73, fracción XXIX-C de la Constitución Federal dispone que la materia de asentamientos humanos es concurrente. De ahí que exista una ley general en la materia y que, en ese contexto, el Decreto impugnado introdujo la figura de “obra pública de interés estatal de gran impacto”.
24. Finalmente, el Poder Legislativo de Campeche respondió lo siguiente:
A) Rechaza el primer concepto de invalidez porque considera que es suficiente con cumplir el procedimiento legislativo para que el decreto sea constitucional. En consecuencia, hubo suficiente fundamentación y motivación, cuestión coherente con la tesis de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.
B) Respecto al segundo concepto de invalidez, el Congreso niega que el decreto invada la esfera de competencia de la autoridad municipal en materia de licencias y permisos de construcción. Puesto que, solo incluyó la figura de “obra pública de interés estatal de gran impacto”, lo que no reduce la potestad constitucional del municipio porque la regulación es acorde a la importancia de una obra pública. Así, el municipio aún puede continuar con el ejercicio de la facultad en materia de licencias y permisos de construcción sin repercutir en obras públicas con tal relevancia porque los trámites para obtener permisos son innecesarios. Por ello, el Congreso realizó un ejercicio de ponderación entre el derecho al desarrollo de la sociedad contra el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, de modo que el primero superó al segundo.
C) Además, el decreto no invade la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en legislar en materia de asentamientos humanos, previsto en el artículo 73, fracción XXIX-C, de la Constitución General porque establece la concurrencia entre los tres niveles de gobierno. Tampoco vulnera el artículo 115, fracción V, incisos d) y f), de la Constitución General. Si bien disponen que los Municipios deben autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, así como para otorgar licencias y permisos de construcción, conforme a la concurrencia de la materia, los municipios no tienen una atribución ilimitada porque deben sujetarse a las leyes federales y estatales. Utiliza la tesis 2a. XLIV/2012 (10a.), de rubro ASENTAMIENTOS HUMANOS. EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LOS MUNICIPIOS PARA AUTORIZAR, CONTROLAR Y VIGILAR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, ASÍ COMO PARA OTORGAR LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONSTRUCCIONES DENTRO DE SU TERRITORIO NO ES IRRESTRICTO. Finalmente, puntualiza que el decreto impugnado se basa en el interés público y representa un beneficio colectivo. De ahí su constitucionalidad.
IX.II Artículos constitucionales que se estiman violados
25. La resolución de la presente controversia constitucional exige partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En particular, el artículo 115, fracción V, inciso f), que constituye el eje normativo sobre el que se desenvuelve la autonomía municipal en materia de licencias y permisos de construcción. Este artículo delimita el ámbito de actuación de los municipios y establece los límites a la intervención de los poderes estatales en el ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución Federal reserva a los ayuntamientos.
26. A continuación, se transcribe el artículo 115, fracción V, inciso f), de la Constitución Federal:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
[...]
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
[...]
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
[...]
27. Este artículo contiene la facultad municipal para otorgar licencias y permisos de construcción. Establece que debe ejercerse conforme a las leyes federales y estatales, considerando la competencia municipal.
28. En el siguiente apartado se analizará la línea jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado respecto a la autonomía municipal y los límites constitucionales a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34044-91183767/licencias-de-construccion-municipales-el-articulo-2o-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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