I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DENOMINADO "AUTORIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE" EN SUS ARTÍCULOS 2, 3, FRACCIÓN V, INCISOS A), B) Y D), Y 4, FRACCIONES II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII Y XVIII, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2022. LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 21 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ
ÍNDICE TEMÁTICO
Normas impugnadas: Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", en sus artículos 2, 3 fracción V, incisos A, B y D, y 4, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el 23 de diciembre de 2021.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiuno de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 34/2022, promovida por la Federación, por Conducto del Poder Ejecutivo Federal, contra el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", en sus artículos 2, 3 fracción V, incisos A, B y D, y 4, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el 23 de diciembre de 2021.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y en representación del Presidente de la República promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, de quien reclama lo siguiente:
Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", en sus artículos 2, 3, fracción V, incisos A, B y D, y 4, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el 23 de diciembre de 2021.
2. En la demanda se exponen como antecedentes, medularmente, lo siguiente:
I. Los monumentos arqueológicos son todos aquellos bienes muebles e inmuebles producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional. De ahí que al independizarse México del Gobierno Español, todos esos bienes pasaron a formar parte de su patrimonio, en virtud de que la propiedad sobre las tierras y aguas del territorio nacional y los bienes a ellos incorporados, le corresponde originariamente a la Nación, siendo que, con respecto de los monumentos arqueológicos, no ha transmitido bajo ningún título o concepto la propiedad a los particulares o a los estados miembros, formando parte de los bienes que tiene bajo su dominio directo, atento a lo ordenado en el párrafo primero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Los bienes arqueológicos e históricos forman parte del patrimonio de la Nación que han estado sujetos a la jurisdicción de los poderes federales, al momento de expedirse la Constitución Federal en 1917, en los términos que establezcan las leyes que expida el Congreso de la Unión, atento a lo ordenado por los artículos 73, fracción XXV, y 132 de nuestra Carta Magna
III. El régimen jurídico de los monumentos y zonas arqueológicos e históricos es de competencia y jurisdicción federal.
IV. Conforme lo dispone el artículo 6o., fracción VIII, de la Ley General de Bienes Nacionales, los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos e históricos, conforme a la ley de la materia, están sujetos al régimen de dominio público de la Federación y corresponde a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ejercer su posesión, vigilancia, conservación, administración y control.
V. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, su Reglamento, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley General de Bienes Nacionales, consideran de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, ya que son bienes sujetos al régimen de dominio público de la Nación, inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que, los bienes arqueológicos comprendidos en las Zonas Arqueológicas de Balamkú, Becán, Calakmul, Chicanná, Edzná, El Tigre, Hochob, Santa Rosa Xtampak, Xpuhil, y los sitios arqueológicos que se tienen registrados, así como los monumentos históricos que conforman la Ciudad Histórica y Fortificada de Campeche, Fuerte de San José el Alto, Baluarte de la Soledad, Fuerte de San Miguel, Hecelchakán, Museo de San Carlos, Casa Teniente del Rey, y los monumentos históricos muebles e inmuebles por determinación de la ley, que se localizan en el estado de Campeche, forman parte del patrimonio cultural de la Nación, que por su naturaleza jurídica son bienes nacionales y atento a lo que señalan los ordenamientos antes descritos son de competencia exclusiva de la Federación.
VI. El artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Federal en la parte que interesa establece que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional. Respecto de esta materia, la CPEUM sólo confiere atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano legislativo, el cual, en todo caso, en la ley que al efecto expida, establecerá o no la posibilidad de que los estados y los municipios, en cuyo territorio se encuentren dichos bienes, intervengan, disponiendo la forma en que deberán hacerlo.
VII. En el presente caso, el Poder Ejecutivo del estado de Campeche, expidió el Acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el 23 de diciembre de 2021, que en sus artículos 2, 3 fracción V, incisos A, B y D, y 4 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, otorga atribuciones y facultades al órgano creado, para ejecutar acciones de identificación, registro, catalogación, preservación, conservación, restauración, rehabilitación y protección del patrimonio cultural del estado de Campeche, que lo conforman en bienes inmuebles, muebles, inmateriales, documentales y naturales, incluyendo en éstos los sitios arqueológicos, edificios, fachadas, monumentos históricos, pintura mural, escultura, cerámica, textil, material etnográfico, documentos, libros, fotografías que por sus valores evidénciales, informativos o testimoniales, sirvan de sustento para conformar la memoria histórica institucional y social.
3. Conceptos de invalidez. En su demanda la parte actora sostiene, en esencia, que el Poder Ejecutivo del Estado de Campeche con la emisión del acuerdo impugnado, viola el numeral 73, fracción XXV de la Constitución Federal, en razón de que invade la competencia del Congreso de la Unión, al legislar respecto de la protección de los monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, que se localicen de esa entidad.
4. Explica que las atribuciones y facultades que se le otorga al organismo denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", así como el concepto de Patrimonio Cultural, establecidos en la normativa cuya invalidez se reclama, constituye realmente la creación de un organismo descentralizado, que tendrá como objetivo ejecutar acciones de protección, conservación, restauración, rehabilitación, preservación, identificación, registro, investigación y disposición de los monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, imponiendo un régimen de salvaguardia de los monumentos, lo cual compete exclusivamente a la Federación, ya que el Congreso de la Unión de conformidad con lo señalado en el numeral 73, fracción XXV, de la Constitución Federal, es el único facultado para legislar en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación es de interés nacional.
5. Por tanto, el Estado de Campeche al legislar y establecer facultades a un organismo descentralizado en dicha materia, transgrede el ámbito competencial exclusivo otorgado a la Federación, ya que por determinación de la ley, los monumentos arqueológicos y zonas de monumentos están sujetos al régimen de dominio público de la Nación.
6. Menciona que, según los considerandos VI, VII y VIII del Acuerdo que se impugna, se desprende que la intención del ejecutivo estatal es crear un organismo descentralizado en materia de patrimonio cultural, que realizará el rescate, conservación y difusión del patrimonio cultural, el que se integra por los sitios arqueológicos y monumentos históricos localizados en el estado de Campeche, lo que recae dentro de la competencia del ámbito federal, teniendo así el objeto y las atribuciones de un órgano de la Administración Pública Federal que el Congreso de la Unión creó, en el ámbito de sus facultades exclusivas, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dotándolo de las atribuciones y funciones de protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural arqueológico e histórico, la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto.
7. Lo anterior, en la vía de los hechos, constituye un régimen inconstitucional, al salvaguardar bienes que por disposición de la ley son propiedad de la Nación, inalienables, imprescriptibles e inembargables; siendo asimismo, bienes sujetos al régimen de dominio público de la federación, por lo que, se estima indebido que el estado de Campeche, pretenda regular bienes de dominio público de la federación, pues impone, de manera autoritaria su sujeción a la protección jurídica de la entidad federativa, creando un organismo descentralizado con facultades que no le corresponden.
8. Adicionalmente a la invasión de competencia que ha quedado evidenciada, la autoridad emisora del Acuerdo, con su publicación vulnera el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad, reconocidos en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Fundamental, los cuales dotan al gobernado de herramientas a las que tienen acceso para estar en la posibilidad de oponerse frente a la actuación del Estado y así defender sus derechos, además de exigir que todos los actos que realicen las autoridades en uso de sus facultades se encuentren apegadas a las disposiciones de la ley.
9. Radicación y turno. Por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 34/2022 y, por razón de turno, se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
10. Admisión. Atento a lo anterior, mediante proveído de nueve de marzo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la presente controversia constitucional; tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, a quien requirió para que formulara su contestación de demanda; y, como terceros interesados únicamente a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, no así a la Secretaría de Cultura ni al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al tratarse de dependencias subordinadas del Poder Ejecutivo actor. Asimismo, ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República a efecto de que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.
11. Promoción del demandante. Mediante acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, el Ministro instructor agregó al expediente el oficio recibido el siete del mismo mes y año, a través del cual el delegado del Poder Ejecutivo Federal, hizo saber al Ministro Instructor, que el once de febrero del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el acuerdo mediante el cual se efectuaron diversas reformas al diverso acuerdo impugnado en el presente medio de control constitucional, modificación normativa que considera implica un hecho superveniente, el cual podría actualizar una causal de improcedencia.
12. Contestación del Poder Ejecutivo local. Enviado a través del Sistema Electrónico el dieciocho de mayo de dos mil veintidós y recibido el diecinueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, JUAN PEDRO ALCUDIA VÁZQUEZ, Titular de la Consejería Jurídica del Estado de Campeche, representando al Poder Ejecutivo del Estado dio contestación a la demanda, esencialmente, en los siguientes términos:
"... con fecha 11 de febrero de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, el ‘Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el diverso por el que se creó el organismo descentralizado de la administración pública paraestatal denominado «Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche»’ (Acuerdo Modificatorio); por el que se modificó no solo los artículos impugnados sino sustancialmente el alcance del Acuerdo.
"En efecto, en el Acuerdo Modificatorio, se eliminó la referencia a ‘sitios arqueológicos’ y ‘monumentos históricos’, se estableció que la autoridad del patrimonio cultural del Estado de Campeche podrá ‘por sí o en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, llevar a cabo la identificación, registro, catalogación, preservación, rehabilitación y, en su caso, restauración, protección y conservación, de los bienes que componen el patrimonio cultural del Estado, esto en estricto respeto al marco jurídico general, federal y estatal aplicable; así como salvaguardar información de sus resultados’3; y dotó de atribución a la citada Autoridad para ‘Suscribir con autoridades federales, estatales y municipales instrumentos de colaboración y de coordinación que permitan dar cumplimiento a sus atribuciones.’
"En ese sentido, con el Acuerdo Modificatorio se dio certeza y seguridad jurídica tanto a la autoridad estatal como federal en el ámbito de su competencia, toda vez que su contenido fue armonizado con el marco jurídico federal y, en consecuencia, dejaron de producir los efectos de las disposiciones del Acuerdo de creación de fecha 23 de diciembre de 2021, que motivaron la litis constitucional en contra de las normas 2, 3 fracción V incisos A, B, D; y 4 fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. ..."
13. Manifestaciones de los terceros interesados. Por escritos presentados el cuatro de mayo y diecisiete de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, expusieron, de manera coincidente, lo siguiente:
14. El Acuerdo impugnado es inconstitucional al invadir la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de monumentos arqueológicos e históricos, establecida en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, el principio de legalidad.
15. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
16. Audiencia constitucional. Agotado el trámite respectivo, el uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia; se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
17. Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente, mediante proveído de primero de junio de dos mil veintitrés, dictado por el Ministro Presidente en funciones de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
18. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario número 1/2023 del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, toda vez que no se plantea la inconstitucionalidad de una norma general, sino que se plantea el sobreseimiento de la controversia constitucional entre la Federación y un Estado, en la que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LA LITIS
19. De una lectura integral del escrito de demanda, esta Primera Sala concluye que la pretensión del actor en la demanda, es que se declare la invalidez del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", en sus artículos 2, 3 fracción V, incisos A, B y D, y 4, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, básicamente porque estima que esas normas invaden la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, previsto en el artículo 73 fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(1)
III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
20. Es innecesario analizar las cuestiones relativas a la oportunidad en la presentación de la demanda y la legitimación de las partes contendientes, pues se advierte que, con independencia de dichos análisis, la controversia constitucional es improcedente.
21. En el caso, tanto la parte demandante como la demandada, exponen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber cesado en sus efectos la norma cuya invalidez se demanda en esta controversia constitucional, por las razones que enseguida se señalan.
22. El citado precepto legal prevé como causa de improcedencia de la controversia constitucional la cesación de los efectos de la norma general o acto impugnado en los siguientes términos:
"ARTICULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:
"...
"V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;
"... ."
23. Por su parte, el artículo 105, fracciones I y II, y penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, así como el artículo 45 de la Ley Reglamentaria establecen:
"Artículo. 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I.- De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"...
"La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
"ARTICULO 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
24. El Tribunal Constitucional ha interpretado dichos preceptos en el sentido de que la cesación de efectos de leyes o actos tiene diferencias sustanciales en las materias de amparo y de controversias constitucionales.
25. En el juicio de amparo, para que opere la improcedencia no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, cuyo objeto es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
26. Mientras que tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que simplemente basta que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución General y 45 de su Ley Reglamentaria.
27. En ese sentido, las controversias constitucionales son improcedentes simplemente cuando haya dejado de existir la materia de la controversia, por ejemplo, si la norma general impugnada dejó de surtir efectos, ya sea porque fue modificada o derogada, o bien, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación haya expulsado la norma del ordenamiento jurídico en algún otro medio de control constitucional.
28. Dichos razonamientos dan sustento a la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro y texto siguiente:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." (2)
29. Ahora bien, como quedó precisado en apartados previos de esta resolución, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, parte demandante en la presente controversia constitucional y la demandada a través de su representante, informaron a esta Suprema Corte que el once de febrero de dos mil veintidós, el Ejecutivo del Estado de Campeche publicó el "Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se modifica el diverso por el que se creó el organismo descentralizado de la administración pública paraestatal denominado ‘Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche.’" (Acuerdo Modificatorio).(3)
30. Para tal efecto, es conveniente recordar que en la demanda, la Federación a través de la Consejería Jurídica en representación de la Presidencia de la República, instó la presente controversia constitucional para solicitar de esta Suprema Corte la declaración de invalidez del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", en sus artículos 2, 3 fracción V, incisos A, B y D, y 4, fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el 23 de diciembre de 2021, básicamente porque estimó que esas normas invadían la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, previsto en el artículo 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al legislar respecto de la protección de los monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, que se localicen de esa entidad.
31. Explicó que las atribuciones y facultades que se le otorga al organismo denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche", así como el concepto de Patrimonio Cultural, establecidos en la normativa cuya invalidez se reclamaba, constituye realmente la creación de un organismo descentralizado, que tendrá como objetivo ejecutar acciones de protección, conservación, restauración, rehabilitación, preservación, identificación, registro, investigación y disposición de los monumentos arqueológicos e históricos, muebles e inmuebles, imponiendo un régimen de salvaguardia de los monumentos, lo cual compete exclusivamente a la Federación, ya que el Congreso de la Unión de conformidad con lo señalado en el numeral 73, fracción XXV, de la Constitución, es el único facultado para legislar en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación es de interés nacional.
32. Así, tenemos que en la comprobación del texto normativo objeto de estudio se advierte lo siguiente:
Ver cuadro comparativo
33. Si bien a partir de la reforma de once de febrero de dos mil veintidós no se reformó la totalidad de los preceptos impugnados, sino únicamente los artículos 3, fracción V, inciso A y 4, fracciones III y IV, lo cierto es que cambió el sentido normativo de todas las normas impugnadas. Esto, pues todas ellas giran en torno al concepto de "patrimonio/bien cultural" cuyos alcances son distintos con motivo de la modificación al artículo 3 fracción V.
34. Por tanto, en virtud de lo antes señalado, al actualizarse la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos de la norma general impugnada, en virtud de los motivos aducidos por el demandante y la parte denunciada, de conformidad con el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
Por lo expuesto y fundado, se
RESUELVE:
PRIMERO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional.
SEGUNDO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese, haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de la Señora Ministra y los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Juan Luis González Alcántara Carrancá quien se reserva su derecho a formular voto concurrente, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente).
Firman el Ministro Presidente de la Primera Sala y Ponente con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
________________
1. Al respecto es aplicable el criterio contenido en la Jurisprudencia del Pleno P./J. 112/2001, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. Si bien el medio de control de la constitucionalidad denominado controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal, debe tomarse en cuenta que la normatividad constitucional también tiende a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de tales órganos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Constitución Federal y, por ende, cuando a través de dicho medio de control constitucional se combate una norma general emitida por una autoridad considerada incompetente para ello, por estimar que corresponde a otro órgano regular los aspectos que se contienen en la misma de acuerdo con el ámbito de atribuciones que la Ley Fundamental establece, las transgresiones invocadas también están sujetas a ese medio de control constitucional, siempre y cuando exista un principio de afectación."
2. Jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190021, localizada en la página 882, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001 Novena Época.
3. Publicación de la que se acompañó copia certificada en la contestación a la demanda, así como en la promoción de la demandante y que fueron relacionada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32264-cc4065a1/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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