I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE RECONOCERSE A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE DE SU MESA DIRECTIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN LA PROMOVIDA CONTRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEBE RECONOCERSE AL JEFE DE GOBIERNO EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD [ARTÍCULOS 11, APARTADO L, PÁRRAFO SEGUNDO; 18, APARTADO A, NUMERAL 3, ÚNICAMENTE EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "ARQUEOLÓGICOS" ASÍ COMO "Y PALEONTOLÓGICOS"; 44, APARTADO A, NUMERAL 3, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LA LEY DETERMINARÁ LOS CASOS EN QUE LOS PARTICULARES PODRÁN EJERCER LA ACCIÓN PENAL ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL", 45, APARTADO B, 35, APARTADO C, INCISOS A), EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "CONVENCIONALIDAD" Y "EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,", Y B), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES", ASÍ COMO LA PORCIÓN NORMATIVA "EXCLUSIVA" DEL ARTÍCULO 41, NUMERAL 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO]. V. REGULACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL TERRITORIO NACIONAL. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PREVÉ EXPRESAMENTE QUE ES UNA MATERIA COINCIDENTE PORQUE SU MANEJO REQUIERE NECESARIAMENTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO (ARTÍCULO 9, APARTADO F, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VI. DERECHO AL AGUA. FACULTAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REGULAR LAS AGUAS DE JURISDICCIÓN LOCAL E IMPONER EN SU CONSTITUCIÓN LOCAL CIERTOS ATRIBUTOS DEL AGUA POTABLE PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO (ARTÍCULO 9, APARTADO F, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. DERECHO AL AGUA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE ESTE RECURSO NATURAL PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO DERECHO HUMANO, TIENE LA CARACTERÍSTICA DE "IRRENUNCIABLE", NO INVADE EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULO 9, APARTADO F, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. DERECHO AL AGUA. SI BIEN LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ SUJETA CONSTITUCIONALMENTE A LOS DESIGNIOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN RESPECTO A LAS AGUAS NACIONALES, NO LO ESTÁ RESPECTO DE SUS AGUAS LOCALES (ARTÍCULO 9, APARTADO F, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IX. DERECHO AL AGUA. LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE EL USO PERSONAL Y DOMÉSTICO DE ESTE RECURSO NATURAL COMO DERECHO HUMANO IRRENUNCIABLE ES INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LOS DERECHOS A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO Y A LA SALUD (ARTÍCULO 9, APARTADO F, NUMERAL 3, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). X. DERECHO AL AGUA. DIFERENCIA ENTRE EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS NACIONALES POR PARTE DE PARTICULARES O SOCIEDADES CONSTITUIDAS CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y LA FACULTAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REGULAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO PERSONAL Y DOMÉSTICO (ARTÍCULO 9, APARTADO F, NUMERAL 3, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE "LA GESTIÓN DEL AGUA SERÁ PÚBLICA Y SIN FINES DE LUCRO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XI. SEGURIDAD PÚBLICA. LA PREVISIÓN DE QUE LA CORRESPONDIENTE A LA CIUDAD DE MÉXICO ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD ALTERA EL RÉGIMEN COMPETENCIAL DE LA MATERIA PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 41, NUMERAL 1, ÚNICAMENTE DE LA PORCIÓN NORMATIVA "EXCLUSIVA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). XII. EDUCACIÓN. FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LAS LEYES NECESARIAS CON EL FIN DE UNIFICARLA Y COORDINARLA EN TODA LA REPÚBLICA. XIII. EDUCACIÓN. FACULTADES CONCURRENTES DE LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS EN LA MATERIA. XIV. EDUCACIÓN. LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ FACULTADA Y OBLIGADA A GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MÉTODOS EDUCATIVOS, LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RELATIVAS A LA EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, INCLUYENDO LA INDÍGENA, Y ESPECIAL QUE LA PROPIA LEY CONFIERE A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS. XV. EDUCACIÓN. LA ACTIVIDAD MATERIAL DE PRESTAR EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA, INCLUYENDO LA INDÍGENA, Y ESPECIAL DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE ENCUENTRA EN VACATIO LEGIS, MAS NO ASÍ LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA EDUCATIVA, HASTA QUE SE DESCENTRALICEN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD. XVI. EDUCACIÓN. LA CIUDAD DE MÉXICO GOZA DE AUTONOMÍA EN TODO LO CONCERNIENTE A SU RÉGIMEN INTERIOR Y A SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA PARA VINCULAR EN SU CONSTITUCIÓN LOCA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 97/2017. CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: RON SNIPELISKI NISCHLI, ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO, ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN, JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO Y JAZMÍN BONILLA GARCÍA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del diez de septiembre de dos mil diecinueve emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 97/2017, promovida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en contra del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el cinco de febrero de dos mil diecisiete.
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de demanda. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, promovió controversia constitucional(1) en contra de diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México.
2. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar, registrar el expediente relativo y turnarlo al Ministro Javier Laynez Potisek para que fungiera como instructor.(2)
3. El Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas al jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,(3) al estimar que la existencia y funciones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México –órgano emisor de la norma impugnada– habían cesado con la publicación de la nueva Constitución Local.(4)
4. Sin embargo, la Segunda Sala determinó, por un lado, que la Asamblea Constituyente sí debía ser parte demandada en el juicio y, por otro, que aunque en principio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue llamada como parte demandada, en realidad su carácter debía ser de tercero interesado en el proceso.(5)
5. En consecuencia, contestaron la demanda en este procedimiento la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,(6) el jefe de Gobierno y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
6. Una vez que fueron recibidas las contestaciones de demanda y que se realizó la audiencia en términos del artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, "ley reglamentaria"),(7) el expediente quedó en estado de resolución.
II. COMPETENCIA
7. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) al tratarse de un conflicto suscitado entre la Federación y una entidad federativa.
III. OPORTUNIDAD
8. El actor impugna disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. Al tratarse de una norma general, se debe tomar en cuenta el plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria para determinar si la demanda fue presentada en tiempo.(10)
9. Si la Constitución capitalina fue publicada el cinco de febrero de dos mil diecisiete, dicho plazo transcurrió del siete de febrero al veintidós de marzo de dos mil diecisiete.(11) Por lo tanto, si la demanda se presentó el diecisiete de marzo del mismo año, concluimos que fue promovida oportunamente.(12)
IV. LEGITIMACIÓN
10. Tanto la parte actora como las demandadas tienen legitimación en la causa, en términos del artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se trata de una controversia constitucional promovida por la Cámara de Senadores, en representación de la Federación, contra una entidad federativa.(13)
11. Partiendo de tal supuesto procederemos a analizar si cada una de las partes están debidamente representadas, en términos del artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria.(14)
12. Legitimación activa. La parte actora es la Cámara de Senadores, misma que presenta este medio de control para proteger las atribuciones que se confieren al Congreso de la Unión. Nuestros precedentes son claros en cuanto a que cualquiera de las Cámaras del Congreso en lo individual está legitimada para plantear la defensa de las atribuciones que el artículo 73 constitucional establece a favor del Congreso de la Unión.(15)
13. En este sentido, conforme al artículo 67, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores será representada por el presidente de la Mesa Directiva.(16)
14. La demanda fue presentada por Pablo Escudero Morales, quien se ostentó con el carácter de presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores y lo acreditó con copia certificada del acta de la junta previa de la Cámara de Senadores.(17) Por lo tanto, concluimos que sí cuenta con legitimación activa.
15. Legitimación pasiva. El artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria(18) dispone que tendrán el carácter de parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general objeto de la controversia. En la presente controversia, las partes demandadas son el jefe de Gobierno, por ser el órgano que promulgó la norma impugnada, y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México el que la emitió. En este último caso conviene destacar, además, que la Segunda Sala le reconoció ese carácter en el recurso de reclamación 57/2017-CA, como antes lo señalamos.
16. El jefe de Gobierno debe ser representado por la Dirección General de Servicios Legales, de conformidad con los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal(19) y 116, fracciones I y II,(20) del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
17. Dado que compareció Vicente Lopantzi García en su carácter de director general de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, y acreditó esa personalidad con copia certificada del nombramiento emitido a su favor por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México,(21) concluimos que el jefe de Gobierno sí cuenta con legitimación pasiva.
18. Por otra parte, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México,(22) es el presidente de la Mesa Directiva el facultado para representar legalmente a la Asamblea Constituyente. En el proceso compareció Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, personalidad que acreditó con el acta de la sesión en la que dicha asamblea aprobó la integración de su Mesa Directiva.(23) Por tal razón, concluimos que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México también tiene legitimación pasiva.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
19. Tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México consideran que debe sobreseerse la controversia constitucional por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(24) en relación con el numeral 10(25) de la ley reglamentaria, pues no se les puede considerar como órganos emisor y promulgador de la Constitución Local, en tanto que dicha labor correspondió a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, órgano al que consideran debió dársele vista para su defensa.
20. Sus planteamientos son infundados. En relación con la Asamblea Legislativa, tal como se señaló en el apartado de antecedentes, aunque en principio fue llamada como parte demandada en el juicio, posteriormente la Segunda Sala modificó su carácter y la consideró tercero interesado en el proceso. De esta manera se le dio la oportunidad de manifestarse como parte respecto del presente juicio en términos de lo dispuesto en la fracción III del artículo 10 de la ley reglamentaria, sin que ésta haya hecho valer argumento alguno tendiente a fortalecer o controvertir los planteamientos hechos valer por la parte actora. Por esta razón, consideramos infundada la causa de improcedencia que formula.
21. Por su parte, también es infundado lo que argumenta el jefe de Gobierno. Contrario a su manifestación, aquél efectivamente tiene el carácter de demandado, pues con independencia de que el régimen transitorio de la reforma política de la Ciudad de México establece que su Constitución "no podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se publique",(26) éste efectivamente promulgó la norma impugnada y ordenó su publicación tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, como en el Diario Oficial de la Federación. Esa participación es suficiente para estimar que sí es parte en el presente juicio, en términos del artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria.
22. Por otro lado, la Asamblea Constituyente sostiene que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores carece de legitimación activa para promover esta controversia, pues se trató de una deliberación personal que no fue puesta a consideración del Pleno. Consideramos infundada esta causal de improcedencia, pues si bien es cierto que sería conveniente que al interior de la Cámara se genere un consenso para la promoción de una controversia constitucional, conforme a la ley reglamentaria y nuestros precedentes basta que la acción sea promovida por el presidente de la Mesa Directiva por ser quien tiene la legal representación de la Cámara de Senadores.(27)
23. Finalmente, en términos del artículo 19, último párrafo, de la ley reglamentaria oficiosamente advertimos que se actualiza la causa de improcedencia prevista en su fracción V, respecto de los artículos 11, apartado L, párrafo segundo; 18, apartado A, numeral 3, únicamente en las porciones normativas "arqueológicos" así como "y paleontológicos"; 44, apartado A, numeral 3, en la porción normativa "La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial", y 45, apartado B, de la Constitución de la Ciudad de México que son impugnados por la Cámara de Senadores. Esto es así porque han cesado sus efectos toda vez que este Tribunal Pleno los invalidó al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017.(28) De igual manera, al resolver la controversia constitucional 83/2017(29) este Alto Tribunal invalidó el artículo 35, apartado C, incisos a), en las porciones normativas "convencionalidad" y "en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", y b), en la porción normativa "y por los tratados internacionales", así como la porción normativa "exclusiva" del artículo 41, numeral 1, de la Constitución de la Ciudad de México. En consecuencia, lo procedente es sobreseer la controversia respecto de todos esos preceptos, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria.
VI. FIJACIÓN DE LA LITIS
24. La Cámara de Senadores impugnó en su demanda la inconstitucionalidad de los artículos 8, apartado B, numeral 7; 9, apartados D, numeral 7, y F, numeral 3; 10, apartado B; 11, apartados I y L, párrafo segundo; 18, apartado A, numeral 3; 35, apartados C y D, numeral 3, inciso a); 41, numeral 1; 42, apartado C, numeral 3; 44, apartado A, numeral 3; 45, apartado A; y quinto transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.
25. No obstante, conviene precisar que aunque sostiene que controvierte genéricamente el artículo 8, apartado B, numeral 7, en realidad sus argumentos se dirigen únicamente a controvertir la porción normativa: "La Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales velarán por que los materiales y métodos educativos, la organización escolar y la infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos específicos de las y los alumnos asegurando su desarrollo progresivo e integral, conforme a las capacidades y habilidades personales." Lo mismo ocurre con el artículo 9, apartado F, numeral 3, ya que sus argumentos únicamente combaten las porciones normativas "inembargable, irrenunciable" y "la gestión del agua será pública y sin fines de lucro." De igual manera, aunque anuncia que controvierte la totalidad del artículo 41, numeral 1, en realidad sólo cuestiona la porción "La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México."
26. Por tal razón, atendiendo a la cuestión efectivamente planteada, en términos del artículo 39 de la ley reglamentaria,(30) y al haberse sobreseído el juicio respecto a los artículos señalados en el apartado V, únicamente analizaremos la constitucionalidad de los siguientes artículos:
Ver artículos
VII. ESTUDIO DE FONDO
1.Derecho al agua
27. El Senado de la República impugnó(31) la constitucionalidad del artículo 9, apartado F, numeral 3,(32) de la Constitución de la Ciudad de México en las porciones normativas antes precisadas, pues a su juicio invade las competencias del Constituyente Permanente y del Congreso de la Unión para legislar en materia de agua en términos de los artículos 4o., párrafo sexto;(33) 27, párrafos primero, quinto y sexto,(34) y 73, fracción XVII,(35) de la Constitución Federal. Por una parte, señala que la Asamblea Constituyente excedió sus facultades al atribuirle al agua el carácter de irrenunciable e inembargable, pues además de que la Constitución dispone que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible, y no que sea inembargable, la competencia para legislar sobre la definición constitucional del derecho al agua es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Por la otra, argumenta que al establecer que la gestión del agua "será pública y sin fines de lucro", el precepto impugnado define un concepto y sistema de explotación, uso y aprovechamiento del agua y, por tanto, invade las competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, impidiendo en la Ciudad de México la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales.
28. Por su parte, tanto el jefe de Gobierno como la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México contestaron que el precepto es constitucional porque no se refiere a las aguas nacionales reguladas por el artículo 27 de la Constitución Federal, sino exclusivamente a las aguas de jurisdicción local de la ciudad. Sostienen, además, que al establecer que el agua es un bien inalienable, inembargable e irrenunciable, el artículo impugnado solamente reproduce los atributos o características propias del derecho humano al agua previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General número 15 del comité respectivo de las Naciones Unidas, que son vinculantes para el Estado Mexicano.
29. Del análisis del régimen de distribución competencial que establece la Constitución Federal en relación con el agua se desprende que, contrariamente a lo que plantea la parte actora, la norma impugnada no invade en momento alguno las competencias o facultades del Constituyente Permanente ni las del Congreso de la Unión por establecer que el agua es un bien irrenunciable e inembargable, ni tampoco por disponer que su gestión será pública y sin fines de lucro. Para efectos de claridad en la exposición, abordaremos cada uno de estos dos planteamientos por separado.
El agua como bien irrenunciable e inembargable
30. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, este Tribunal Pleno declaró la validez del artículo 9, apartado F, numeral 3, de la Constitución de la Ciudad de México, en la porción normativa "Es inalienable, inembargable, irrenunciable."(36) En tanto que los planteamientos del Senado contra esta porción normativa ya se formularon en aquella ocasión por la Procuraduría General de la República y las consideraciones vertidas en aquel medio de impugnación rigen también la resolución del presente asunto en este punto específico.
31. Concretamente, en dicho precedente sostuvimos que el régimen competencial que establece la Constitución Federal en relación con el agua se traduce en facultades específicas tanto para la Federación como para las entidades federativas y los Municipios. En torno a las aguas comprendidas dentro del territorio nacional, la propia Constitución Federal dispone la existencia de: (i) aguas nacionales o de jurisdicción federal, (ii) aguas que corresponde regular a las entidades federativas, (iii) aguas utilizadas para los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, cuya prestación es competencia de los Municipios y; (iv) aguas que son propiedad de los particulares.
32. En relación con las aguas nacionales, el artículo 27 constitucional enumera prolijamente en su quinto párrafo cuáles son las aguas que son propiedad de la Nación. El mismo precepto dispone en su párrafo sexto que el dominio sobre aquéllas es inalienable e imprescriptible y, en consecuencia, que la explotación, el uso o aprovechamiento de esos recursos hídricos por parte de particulares únicamente podrá realizarse mediante las concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y bajo las condiciones que establezcan las leyes. En este sentido, el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal, faculta al Congreso de la Unión para dictar leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
33. La Constitución también determina residualmente las aguas que se encuentran bajo la jurisdicción de las entidades federativas. Específicamente, el referido párrafo quinto del artículo 27 constitucional dispone que el aprovechamiento de todas las aguas que no estén enumeradas como aguas nacionales y que, además, se localicen en más de un solo predio, se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten las entidades federativas.
34. Asimismo, el texto constitucional dispone que la competencia sobre determinados servicios públicos relacionados con el agua corresponde al Municipio. Específicamente, el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal,(37) establece que son los Municipios quienes tienen a su cargo el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Dado que la Ciudad de México no tiene Municipios y estas atribuciones no están conferidas a sus alcaldías, en la capital de la República dichas funciones corresponden al gobierno local sobre la base de lo dispuesto en el artículo 124 constitucional.
35. Finalmente, también por disposición del multicitado artículo 27 constitucional, los particulares son propietarios y, por tanto, pueden disponer libremente de las aguas que no estén enumeradas como aguas nacionales y que corran por –o cuyo depósito se encuentre en– algún terreno que sea de su propiedad, siempre y cuando dichas aguas no se localicen en dos o más predios, en cuyo caso estarán bajo la jurisdicción de la entidad federativa respectiva.
36. Del régimen competencial aquí sintetizado se desprende claramente que, en relación con la regulación de los recursos hídricos en el territorio nacional, la Constitución Federal prevé expresamente la intervención de las entidades federativas. Dicho de otro modo, el agua es constitucionalmente una materia coincidente porque el manejo de ese bien requiere necesariamente la participación –es decir, implica el ejercicio de competencias o facultades– de tres órdenes distintos de gobierno. Así, lo decisivo aquí no es dilucidar si la Ciudad de México tiene obligaciones constitucionales ni, por lo tanto, si cuenta con facultades en torno al agua como materia, toda vez que sí las tiene. Lo relevante es, en cambio, dilucidar si la regulación específica del agua en la Constitución capitalina implica el ejercicio de una facultad que en relación con ese bien la Constitución Federal reserve exclusivamente para sí o para el Congreso de la Unión.
37. En este sentido, si se examina el artículo impugnado de manera integral y, por tanto, se tiene en cuenta a qué se refiere exactamente, los mismos preceptos ahora invocados por el Senado de la República demuestran que establecer las características de inembargable e irrenunciable para el agua no invade competencia alguna del Congreso de la Unión.
38. Ciertamente el numeral impugnado establece a la letra que el agua tiene, entre otras, las características de inembargable e irrenunciable. Sin embargo, como sostuvimos en la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas, del análisis de dicho numeral en su conjunto –es decir, incluyendo los numerales 1 y 2 del mismo apartado F– se desprende claramente que la Constitución de la Ciudad de México sólo se refiere al derecho humano al agua y su saneamiento y, por lo tanto, únicamente establece el carácter inembargable e irrenunciable del "agua potable para uso personal y doméstico." Mientras que el apartado F –donde se ubica el numeral impugnado– se titula "Derecho al agua y su saneamiento", el numeral 1 prevé expresamente que "toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para uso personal y doméstico" y el numeral 2 que "la ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable." Los atributos que impone al agua el numeral 3, por lo tanto, sin duda están referidos única y exclusivamente al agua potable mediante la cual la Ciudad de México debe cumplir sus obligaciones de suministro frente a los habitantes de la capital. Esta actividad regulatoria a nivel local, por tanto, no es violatoria en modo alguno del orden competencial que establece la Constitución Federal en relación con el agua.
39. Contrariamente a lo que argumenta el Senado de la República, los términos específicos del numeral impugnado –es decir, el establecimiento de atributos del agua potable para uso personal y doméstico en la Ciudad de México– no invaden las facultades del Congreso de la Unión para legislar como parte de sus atribuciones en términos del artículo 73, fracción XVII, de la Constitución Federal. Como ya se dijo líneas arriba, conforme al sistema de facultades residuales, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en la Ciudad de México corresponden a ésta. Tan es así, que desde mil novecientos noventa y tres la capital de la República ha tenido la facultad constitucional para regular la prestación y concesión de los servicios públicos en su territorio(38) y desde ese entonces las responsabilidades de las autoridades capitalinas principalmente se han incrementado, sin que en las reformas constitucionales de enero de dos mil dieciséis se haya establecido alguna facultad a la Federación para regular la prestación del servicio de agua potable en la capital.
40. En esta tesitura, si la Ciudad de México tiene indudablemente atribuciones constitucionales en relación con la regulación del servicio de suministro de agua potable en el territorio de esa entidad federativa y, por su parte, el numeral impugnado al establecer ciertos atributos para el agua se refiere única y exclusivamente al agua potable para uso personal y doméstico, entonces es claro que no invade en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión.
41. Por otra parte, la facultad constitucional otorgada al legislador federal para expedir normatividad sobre la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal –facultad que se ejerció a través de la Ley de Aguas Nacionales– tampoco es una razón para inhibir a las entidades federativas en general y a la Ciudad de México en particular para emitir normas que impacten en la utilización de las aguas de jurisdicción local.
42. Si bien las entidades federativas están constitucionalmente sujetas a los designios del Congreso de la Unión en torno a todo lo relativo a las aguas nacionales, no lo están en relación con sus aguas locales y, en principio, pueden perfectamente hacerlas objeto de una norma constitucional local, sea de derechos humanos o de alguna otra índole. Tan es así, que la misma Ley de Aguas Nacionales –reglamentaria de la fracción XVII del artículo 73 constitucional– se refiere exclusivamente a las aguas establecidas como "aguas nacionales" en el párrafo quinto del artículo 27 constitucional.(39) En suma, si las entidades federativas no están sujetas a las disposiciones de la Federación en lo que se refiere a las "aguas no nacionales", entonces es evidente que la Ciudad de México tiene también facultades constitucionales para establecer regulación sobre las aguas de jurisdicción local y, en esa medida, para imponerles ciertos atributos o características en su constitución local.
43. No escapa a nuestra atención que el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional dispone a la letra que "el Estado garantizará el derecho humano al agua y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines" y además, que el artículo transitorio del decreto que introdujo este texto a la Constitución Federal en dos mil doce fijó al Congreso de la Unión un plazo de un año para emitir una Ley General de Aguas.(40) Suponiendo sin conceder que estas porciones normativas fueran entendidas en el sentido de establecer que la materia de agua potable es concurrente y, por lo mismo, que el Congreso de la Unión tiene facultades para distribuir competencias entre los distintos niveles de gobierno para garantizar tal derecho humano, es un hecho que el legislador federal no ha ejercido tal atribución. Si, como sostuvimos en el precedente referido, no existe hasta ahora un alcance cierto del contenido material de dicha facultad legislativa, no consideramos procedente vedar por ahora cualquier facultad normativa de las entidades federativas en una materia en la que claramente tienen atribuciones constitucionales.
44. Finalmente, los términos en los que está redactado el numeral impugnado tampoco vulneran atribuciones del Constituyente Permanente. Al establecer que el agua para uso personal y doméstico, en tanto derecho humano, tiene las características de inembargable e irrenunciable, la porción normativa impugnada simplemente explicita dos de las propiedades que ya se reconocen implícitamente a ese bien en el parámetro de regularidad constitucional.
45. Por una parte, el artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Federal señala textualmente que "toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible." Pues la única manera de que el Estado garantice plenamente tal suficiencia y asequibilidad a todas las personas es precisamente que el agua para consumo personal y doméstico nunca pueda ser objeto de embargo en perjuicio de sus titulares (inembargable).
46. Por otra parte, en la medida en que un mínimo de agua para consumo personal y doméstico es indispensable para asegurar los derechos "a un nivel de vida adecuado y a la salud" previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 4o. constitucional,(41) así como en los artículos 11(42) y 12(43) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquélla es en sí misma un derecho humano y, en consecuencia, también es irrenunciable para las personas.(44)
47. Así, la porción normativa impugnada simplemente explicita ciertas características esenciales del agua para consumo personal y doméstico como derecho fundamental ya contenidas en las normas del parámetro de regularidad constitucional. No se advierte, por tanto, que se invada alguna facultad del Constituyente Permanente.
48. Por estas razones, es infundado el planteamiento del Senado de la República en este rubro y, por tanto, se reconoce la validez del artículo 9, apartado F, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en la porción normativa "inembargable, irrenunciable."
Gestión pública y sin fines de lucro
49. El Senado de la República también se equivoca cuando afirma que la porción normativa "la gestión del agua será pública y sin fines de lucro" define un concepto y sistema de explotación, uso y aprovechamiento del agua y, por tanto, invade las competencias del Congreso de la Unión para legislar en materia de uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, impidiendo en la Ciudad de México la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales.
50. Para dar respuesta a este planteamiento, primero debemos reiterar que la porción impugnada se encuentra en un artículo que se refiere al derecho humano al agua y su saneamiento y, por lo tanto, se refiere únicamente a la gestión del "agua potable para uso personal y doméstico." Esta distinción es fundamental porque permite advertir que la porción impugnada se refiere exclusivamente a la provisión del servicio de agua potable y, consecuentemente, a la obligación constitucional que tienen las autoridades capitalinas de garantizar el suministro de este recurso a los habitantes de la Ciudad de México.
51. Ya señalamos líneas arriba que la Ciudad de México no cuenta con Municipios y, por tanto, que la prestación de los servicios públicos enumerados en el artículo 115 de la Constitución Federal –suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales– le corresponde al gobierno central de la capital de la República, de conformidad con el criterio de competencias residuales establecido en el artículo 124 constitucional. Esto impli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30390-ffa66417/i-controversia-constitucional-el-titular-del-poder-ejecutivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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